Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP

Logo Flip

 
Miércoles, 12 August 2020 17:51

21 años sin Jaime Garzón

Hoy se cumplen 21 años del asesinato del periodista y humorista Jaime Garzón. En la FLIP lo recordamos siempre, pero hoy especialmente queremos volver sobre los hitos relevantes de este caso, los momentos más importantes en la búsqueda de justicia.

El 13 de agosto de 1999 Jaime Garzón fue asesinado por sicarios en Bogotá cuando se dirigía a la emisora Radionet. Garzón llevaba meses denunciando que estaba siendo amenazado y su temor se hizo realidad. Su asesinato silenció a una voz que por medio del humor hacía fuertes críticas políticas. Su labor periodística es invaluable.

En la investigación de la Fiscalía se han vinculado a distintos actores como el jefe paramilitar Carlos Castaño; el exdirector del extinto DAS, Miguel Narvaez; y el coronel  retirado, Jorge Plazas Acevedo. Sin embargo, después de 21 años aún no se ha condenado a toda la cadena criminal que participó del homicidio. 

En la siguiente línea de tiempo podrán conocer algunos de los momentos más relevantes en la investigación del caso Jaime Garzón. 

Por otro lado, para evocar la memoria del periodista, invitamos a tres ilustradores a que nos compartieran con sus trazos cómo recuerdan a Jaime Garzón. Las ilustraciones de María José Guzmán de Manizales, Raúl Orozco (Raeioul) de Medellín y Rowena Neme (Nemero) de Bogotá acompañan algunos de los hitos de esta línea de tiempo. 

Desde la FLIP queremos que ustedes también se unan a esta iniciativa y nos compartan por redes sociales cómo es el Jaime Garzón que recuerdan. Pueden hacerlo a través de una ilustración, un texto o un video. No olviden etiquetarnos  y compartir su recuerdo con el #21AñosSinGarzón. Queremos seguir reconstruyendo la memoria colectiva de Jaime Garzón Forero y queremos que ustedes nos acompañen a no olvidar.

Publicado en Noticias
Miércoles, 05 August 2020 11:34

En la FLIP no olvidamos - John Félix Tirado

Hoy en nuestra cápsula de memoria recordamos al periodista John Félix Tirado, asesinado hace 28 años en Pereira, Risaralda.

El caso del asesinato de John Félix Tirado prescribió en 2012. Aunque la justicia no se ha pronunciado, no queremos que su nombre y su trabajo sean olvidados. Gracias por recordar con nosotros.

En la FLIP no olvidamos.

Publicado en Noticias

Antes de cerrar el mes de julio, queremos recordar a los nueve periodistas que han sido asesinados en un mes como este desde 1986. Todos los casos siguen impunes, pero no queremos que caigan en el olvido.

Gracias por recordar con nosotros.

En la FLIP no olvidamos.

 

Publicado en Noticias
Jueves, 16 July 2020 09:45

Voces silenciadas un 16 de julio

Hoy, 16 de julio, conmemoramos los asesinatos de cuatro periodistas colombianos, todos los casos siguen en completa impunidad. Este año es el aniversario número 34 de la muerte de Roberto Camacho, el número 33 de la muerte de Fernando Bahamón, y no se ha siquiera señalado a ningún responsable por sus homicidios. Por otro lado, las investigaciones por los asesinatos de Eduardo Estrada y Denis Sánchez; desde 2001 y 2002, respectivamente, continúan en vilo. Sus familiares esperan respuestas. 

Luis Roberto 

Luis Roberto Camacho estaba con su esposa el día que fue baleado en el centro de Leticia. Sabía desde antes que su vida corría peligro, pues había denunciado en las páginas de El Espectador la presencia de narcotraficantes, como Evaristo Porras, en la zona. Además, como corresponsal en el Amazonas, Camacho evidenció el riesgo de fraccionamiento del departamento. A mediados de los 80, los involucrados en el negocio del narcotráfico pujaban por la implementación de una Amazonas federal, pues esto les ayudaría de alguna forma a llevar a cabo sus negocios, dijo uno de los hijos de Camacho en una columna escrita hace 10 años para El Espectador. 

El homicidio de Camacho fue el primero de una ola de asesinatos y violencia que cayó sobre el periódico El Espectador, de parte del cartel de Medellín.  A finales de 1986, el mismo año que mataron a Camacho, también fue asesinado el director del diario, Guillermo Cano.

Fernando 

Exactamente un año después, en 1987, Fernando Bahamón fue asesinado por pistoleros frente a la Gobernación de Caquetá en Florencia. Además de ser periodista para RCN radio, Noticiero 24h y El Espectador, se desempeñaba como Concejal de San Vicente del Caguán. Se cree que su asesinato hizo parte de la persecución del narcotráfico hacia El Espectador, pues Bahamón había denunciado la mafia de la producción de cocaína en el departamento. Según la Fiscalía, el caso aún sigue activo y Luis Ángel Parra Molina está siendo investigado. 

Eduardo

No han sido solo los periodistas afiliados a grandes medios las víctimas de la violencia en Colombia. Eduardo Estrada, asesinado hace 19 años, era un líder social que buscaba la creación de una emisora comunitaria. Todas las evidencias del caso apunta a que su asesinato fue responsabilidad de paramilitares, quienes insinuaban que Estrada podría ser facilitador de las FARC. Antes de que lo mataran, estaba gestionando  un diálogo entre el ELN y la sociedad civil en el departamento de Bolívar.

Con el asesinato de Estrada, el municipio de San Pablo, Bolívar, no solo perdió una voz periodística, sino a un líder que desarrolló un papel clave en diferentes proyectos. Por un lado, participó en el desarrollo del Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio y en la gestión de recursos del ferri de la región. Por otro, creó la Asociación para el Desarrollo de la Comunicación y Cultura de San Pablo (Adecosan), un grupo que estaría asociado a la Red de Emisoras Comunitarias de la Costa Caribe. Después de la muerte de Eduardo, la comunidad se atemorizó y el proyecto de Adecosan decayó. 

Dennis Segundo

Hoy también recordamos a Dennis Segundo Sánchez. El caso de su homicidio cumple otro año en completa impunidad. Fue asesinado en su casa en el 2002 y, a diferencia de los anteriores casos, en este no ha habido ningún indicio que señale a algún grupo armado como responsable de su muerte. Dennis era locutor en la Radio 95.9 en el municipio del Carmen de Bolívar.

A diferencia de Luis, Fernando y Eduardo, este periodista nunca tocó temas políticos ni de conflicto. Su trabajo radial se centraba en un programa de la Secretaría de Salud, aunque sí se desempeñaba en el liderazgo social. Al momento de su muerte era el presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio 12 de octubre de su municipio.

Las familias de estos cuatro periodistas siguen buscando respuestas. Pero no son las únicas víctimas. A las comunidades se les arrebató su derecho a estar informadas y a contar con voces dispuestas a denunciar la violencia y los conflictos económicos en sus regiones.






Publicado en Noticias

En lo corrido del 2019, la Fiscalía General de la Nación ha logrado avanzar en la investigación y juzgamiento de varios casos de amenazas contra periodistas en Colombia.

El 21 de marzo de 2019, un juez condenó a Francisco Javier Andica Acevedo a pagar 38 meses de prisión y una multa de 6,5 SMMLV por las amenazas hechas a través de su cuenta de Twitter en contra de la periodista Vanessa De La Torre, el caricaturista Julio César González Quiceno, conocido como “Matador”, y magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

El mes pasado, el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Valledupar condenó a John René Gélvez Gélvez a la pena de prisión e inhabilidad para ejercer cargos públicos de 53.33 meses, por el delito de amenazas en contra del periodista Jorge Eduardo Espinosa Ahumada. Por otro lado, la FLIP tiene conocimiento que el 18 de septiembre se emitirá la sentencia condenatoria por las amenazas en contra de los periodistas Katherine Leal y Juan Pablo Latorre, hechos por los cuales también se encuentra procesado Gélvez Gélvez.

En estos casos los hechos se dieron en el año 2018. Siendo así, la Fiscalía logró culminar la etapa de investigación y juzgamiento dentro de un año.

Los anteriores resultados se dan en el marco de la implementación de la estrategia de priorización para la investigación y judicialización de amenazas contra defensores de derechos humanos (Resolución 00339 de 2018 - FGN), a partir de la cual la Fiscalía continúa en la etapa de juicio de cinco casos de amenazas contra periodistas.

La FLIP reconoce el trabajo realizado por la Fiscalía General de la Nación para avanzar en la investigación y judicialización de las amenazas contra periodistas pues se han obtenido avances que no se habían visto en años anteriores. Sin embargo, al contrastar esta cifra con el número de amenazas registradas por la FLIP en el año 2018, continúan en la impunidad el 99% de los casos. En ese sentido, la FLIP hace un llamado para que la Fiscalía continúe avanzando en la investigación y sanción de los responsables de la violencia hacia la prensa. 

Publicado en Pronunciamientos

El 6 de mayo de 2019, el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Bogotá emitió sentencia condenatoria contra Alejandro Cárdenas Orozco y Jesús Emiro Pereira Rivera por secuestro, tortura y violencia sexual en contra de la periodista Jineth Bedoya cuando realizaba un cubrimiento periodístico en la cárcel La Modelo de Bogotá el 25 de mayo del año 2000.

Pereira Rivera (alias “Huevoepizca”) fue condenado a 40 años y seis meses de prisión por los delitos de secuestro, tortura y acceso carnal violento. Por su parte a Cárdenas Orozco (alias “JJ”), sobre quien ya pesaba una condena previa por secuestro y tortura por este mismo caso, se le impuso una pena de 30 años de prisión por el delito de acceso carnal violento.

El juzgado confirmó que en el caso de la periodista Jineth Bedoya 'las conductas punibles ejecutadas necesariamente son catalogadas como de ‘Lesa Humanidad’”. En la sentencia, el juez resaltó que “no queda duda de los vejámenes y agresiones físicas y psicológicas contra la señora BEDOYA LIMA, como parte de un plan sistémico y bien estructurado, que incluso, también fue ejecutado contra otros periodistas que igualmente fueron amenazados de muerte, por las investigaciones periodísticas que realizaban, a raíz de los hechos de corrupción que, entre otros, venían suscitándose en la Cárcel Modelo de esta ciudad, con responsabilidad de grupos de Autodefensas y funcionarios de la Fuerza Pública”.

La decisión reconoce que las amenazas que la periodista Jineth Bedoya recibió con anterioridad al secuestro -y que eran de conocimiento de las autoridades- se cumplieron y advierte que a partir de las pruebas allegadas al proceso se puede evidenciar la posible responsabilidad penal de terceras personas, especialmente de servidores públicos. Por lo tanto compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación, con el fin de que se adelante una investigación en contra del General (r) José Leonardo Gallego.

La FLIP, que desde el año 2011 obra como representante judicial de Jineth Bedoya, reconoce esta decisión como un avance en el esclarecimiento de los hechos. Sin embargo, advierte enfáticamente que esta sentencia no puede entenderse como la superación de la impunidad en el caso. Lejos de ser un punto de llegada, la justicia ha tomado casi 19 años en condenar a dos de los autores materiales. Esta es una contribución valiosa pero ínfima y tardía, sobre todo si se tiene en cuenta que en el marco de la investigación se han mencionado a por lo menos 25 personas -incluyendo funcionarios públicos- que podrían estar involucrados en los hechos. Sobre la gran mayoría de la cadena criminal no se ha adelantado una investigación eficaz y los autores intelectuales siguen sin responder ante los jueces.

Por este caso el Estado Colombiano está bajo vigilancia por parte de la la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La sentencia que condena a Cárdenas y Pereira no exime al Estado de su responsabilidad internacional.

Publicado en Pronunciamientos

El pasado 1 de febrero, el Fiscal 6 Especializado contra Violaciones a los Derechos Humanos, a cargo de la investigación por los homicidios de Julio Daniel Chaparro y Jorge Enrique Torres, decidió hacer apertura de instrucción y llamado a indagatoria a Nicolás Rodríguez Bautista (alias “Gabino”), Israel Ramírez Pineda (alias “Pablo Beltrán”) y Eliécer Herlinto Chamorro (alias “Antonio García”), miembros del Comando Central del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Igualmente, se emitió orden de captura en su contra, con el fin de que comparezcan al proceso.

La decisión señala que la muerte de los periodistas “partió de la orden de Julio Lezcano alias Zarco quien comandaba las milicias de Segovia, orden que se infiere necesariamente desciende del Comando Central como una política nacida de la condición del enemigo”. La responsabilidad de los miembros del ELN se fundamentaría en que los homicidios finalmente se cometieron por órdenes provenientes del Comando Central de ese grupo armado.

Julio Daniel Chaparro, periodista, y Jorge Enrique Torres Navas, fotógrafo, fueron asesinados el 24 de abril de 1991, pocas horas después de arribar a Segovia (Antioquia), en donde realizaban un cubrimiento periodístico para el diario El Espectador, sobre el impacto de la masacre del 11 de noviembre de 1988 en la población.

Si bien la FLIP considera que esta decisión podría ser importante para romper con el patrón de impunidad que ha caracterizado este caso. En este punto vale la pena recordar que la investigación ha sufrido una serie de reveses desde sus inicios.  Entre las falencias en el proceso de investigación, cabe señalar que dos de los autores materiales, Julio Lezcano y Ramiro Lezcano, permanecieron detenidos por rebelión y por el asesinato de los periodistas, entre el 19 de diciembre de 1991 y el 24 de mayo de 1994. Sin  embargo, la Fiscalía delegada ante el Tribunal revocó la resolución de acusación contra los mencionados guerrilleros, dejándolos en libertad. Posteriormente, en 2011, en una decisión que resulta contradictoria, el fiscal actual reconoció la autoría material de Julio y Ramiro Lezcano, pero expidió resolución inhibitoria alegando la muerte de los presuntos autores materiales del crimen.

Igualmente, la FLIP lamenta que esta decisión se adopte después de 27 años de los homicidios, ya que desde el principio de la investigación se reconoció la autoría del ELN y de su Comando Central.

Este caso fue declarado como crimen de guerra en diciembre de 2018, lo que implica que la investigación deberá continuar hasta esclarecer por completo los hechos y responsabilidades por este doble homicidio. En este sentido, la FLIP hace un llamado a la Fiscalía General de la Nación para que se adelante una investigación efectiva que garantice mayores avances que los registrados en años anteriores.

Publicado en Pronunciamientos

Mediante decisión del 1 de octubre, el Juzgado 3° Civil del Circuito de Bogotá negó las pretensiones de la tutela presentada por el Fiscal Daniel Hernández Martínez contra la columna de opinión de la periodista María Jimena Duzán.

En palabras del juez, “el texto publicado objeto de censura se enmarca dentro de lo que se considera como una columna de opinión y así se hace saber en su publicación. De su lectura se advierte que la periodista desde el inicio marca su intención de emitir un juicio de valor”. Así, se concluye que  la pretensión de rectificación es inviable, ya que la opinión, a diferencia de la información, no está amparada por el derecho de rectificación.

La FLIP valora positivamente que en esta oportunidad la justicia haya respaldado la libertad de opinión y su rol central en una sociedad democrática. Sin embargo, la Fundación ha expresado su preocupación por el acoso judicial a la prensa.

La deliberación pública requiere de funcionarios que tramiten sus diferencias con la prensa de cara a la ciudadanía. Casos como este, que representan un alto interés público, requieren opiniones desde todas las aristas posibles.

La FLIP hace un llamado al poder judicial para que así como en este caso, tome en consideración su papel protagónico en la defensa de las libertades civiles y la libertad de prensa.

Publicado en Pronunciamientos

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) reconoce esta condena como un avance significativo en la búsqueda de justicia en el crimen contra Jaime Garzón. Sin embargo, la FLIP rechaza la decisión de no declarar el homicidio de lesa humanidad y no tener en cuenta el oficio periodístico como agravante y motivación del crimen.

El pasado 13 de agosto de 2018, el Juzgado Séptimo Penal Circuito Especializado de Bogotá condenó a 30 años de prisión a José Miguel Narváez Martínez como autor intelectual del homicidio en contra del periodista y humorista Jaime Garzón. Además, el juez ordenó el pago de quinientos (500) salarios mínimos mensuales legales vigentes a favor de sus familiares, negando cualquier tipo de beneficio al condenado.

El juez llegó a esta conclusión al comprobar la veracidad de testimonios vinculados a las autodefensas, quienes afirmaron que Narváez habría sugerido directamente a Carlos Castaño asesinar a Garzón. En la sentencia, el juez afirma que “el procesado le ‘vendió’ la idea a Castaño Gil que Garzón Forero era un guerrillero, acusándolo de haberse apoderado de parte del dinero del rescate de un hijo de un empresario, y criticar, en el programa de televisión, a las autodefensas por masacres como la del aro” (pág. 55). Como resultado de la investigación, el juez afirmó que Castaño, incitado por Narváez, ordenó a la banda “La Terraza”, dirigida por alias “Don Berna”, ejecutar el homicidio de Jaime Garzón.

Adicionalmente, el juez estableció que el homicidio de Jaime Garzón fue un claro mensaje de terror y miedo hacia la sociedad y familiares de las víctimas de los secuestros, para evitar acciones similares a las desplegadas por Garzón. Además, agregó que el estado de indefensión en el que se encontraba el periodista al momento de la ocurrencia de los hechos y la imposibilidad de reaccionar en su propia defensa, da lugar a que el crimen de Jaime Garzón sea un homicidio agravado.

No obstante, reconoce como único móvil del asesinato la labor que cumplia Garzón como mediador entre las familias de los secuestrados y los secuestradores. El juez desconoce que en los testimonios se resalta como motivo adicional para ordenar su muerte, la crítica y las denuncias que Garzón realizaba contra los paramilitares en programas de televisión y radio, lo cual se corresponde a su labor periodística.

Esta determinación resulta contraria al precedente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en casos como el de Manuel Cepeda Vargas vs. Colombia, en el que se sostiene que no es necesario escindir las actividades ejercidas por una víctima para determinar cuál de ellas fue origen o causa de las violaciones a sus derechos humanos. Es así como, el hecho de que Jaime Garzón haya sido humorista, activista humanitario y periodista no implica desconocer que una de las motivaciones de su homicidio haya sido su labor como periodista en conjunción a otras actividades que ejercía.

En este sentido, descartar que la labor periodística de Jaime Garzón fue una de las causa de su homicidio implica ignorar el impacto que su asesinato tuvo en la sociedad colombiana. Esto, especialmente al coartar la posibilidad de recibir la información y conocer las opiniones difundidas por el periodista a través de diversos medios de comunicación.

La FLIP rechaza la posición adoptada por el juez al negar que el homicidio de Jaime Garzón es un delito de lesa humanidad. El juez desconoce las decisiones adoptadas por la Fiscalía General de la Nación y el Consejo de Estado, quienes reconocieron que la muerte de Garzón no fue un hecho aislado y que por el contrario, “se produjo en medio de un ataque generalizado y sistemático propiciado y/o auspiciado desde la institucionalidad estatal, en contra de un grupo determinado de individuos con características políticas comunes, es decir, personas que pudieran tener algún tipo de vínculo con grupos subversivos (ONGs, defensores de derechos humanos, periodistas, etc”. (Consejo de Estado. Expediente: 34.349, Actor: Ana Daisy Forero de Garzón y otros, 2016).

La FLIP exhorta a la Fiscalía General de la Nación y a la administración de justicia para que se siga avanzando en este caso y se prosiga con una investigación efectiva y diligente que contribuya a esclarecer los hechos y determinar a las personas responsables del asesinato del periodista. Es necesario que este crimen no continúe en la impunidad como la mayoría de delitos en contra de periodistas en Colombia.

Publicado en Pronunciamientos

El juzgado 17 administrativo de Medellín declaró al Estado responsable por el incumplimiento de la obligación de seguridad y protección del derecho a la vida del periodista y líder de oposición, Edison Alberto Molina Carmona, asesinado el 11 de septiembre de 2013, en Puerto Berrio, Antioquia. La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) reconoce este fallo como un importante paso hacia una mayor garantía de la seguridad para la prensa en Colombia.

En dicha sentencia se reconoce que Molina ejercía actividades periodísticas y que, como consecuencia de su labor y de su rol como líder de oposición, habría sido objeto de amenazas que no fueron atendidas por el Estado de forma oportuna, y en particular por la Policía Nacional al ejecutar tardía y deficientemente su labor de protección.

Según la sentencia, la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional son responsables no solo por el “conocimiento que se tenía del peligro latente sobre la vida del señor MOLINA CARMONA, sino porque existía de un lado solicitud de protección de parte de autoridades en favor del denunciante, y en el caso de la Fiscalía General, porque a pesar que pidió medidas preventivas a la Policía, desconoció por otro lado el deber constitucional y legal, que sobre el particular le asistía".

Como consecuencia de ello, el juez ordenó reparar económicamente a la familia del periodista, representada por la FLIP,  y realizar una ceremonia pública en Puerto Berrío en la que se ofrezcan disculpas a los familiares y la sociedad y que se realice un taller de derechos humanos, con énfasis en libertad de expresión y garantías de la oposición, entre otros temas, en ese mismo municipio.

La FLIP reconoce esta sentencia como un precedente importante para la protección y seguridad del periodismo en Colombia, pues se refiere a la obligación del Estado de prestar protección oportuna y efectiva a los periodistas en riesgo. Adicionalmente, la FLIP hace un llamado a la Fiscalía General de la Nación para que actúe con mayor diligencia frente a este caso, pues no cuenta con ningún avance y está en completa impunidad.

 

Publicado en Pronunciamientos
Página 1 de 3