Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP

El alcalde de Villavicencio, Felipe Harman, ha estigmatizado, a través de videos en sus redes sociales, a periodistas y medios de comunicación. Sus conductas son reiterativas y se han expandido también a demás funcionarios de la ciudad.

El 16 de abril el alcalde publicó un video en el que afirmó que La Mermelada, un medio digital de investigaciones y crítica política creado por el periodista Juan Guzmán, decía mentiras. Esto ocurrió luego de que el medio publicara información sobre el presupuesto de la alcaldía para la construcción y adecuación de varias obras en la ciudad. Esta situación es más preocupante si se tiene en cuenta que el año pasado el periodista fue víctima de una amenaza por parte de un grupo armado ilegal; este tipo de señalamientos por parte de una alta autoridad municipal puede aumentar su vulnerabilidad. 

Además, estas agresiones han sido replicadas por otros funcionarios de la administración local, quienes han restringido el trabajo de la prensa en la ciudad. El 18 de abril, el secretario de infraestructura de la alcaldía, Luis Antonio Chávez, le negó una entrevista a la periodista Neyla Serna, de Llano Siete Días, y le arrojó el micrófono de manera agresiva, al darse cuenta de que Serna era integrante de ese medio. Sin embargo, el secretario sí conversó con otros medios de comunicación.

Esta obstrucción a la información sucedió luego de que Llano Siete Días publicara un video en el que el secretario Chávez diera información diferente a la dicha por el alcalde Harman sobre la reconstrucción del puente de un parque infantil local. Según Chávez, el medio “lo hizo quedar mal” y “tergiversó la información”.

La periodista Serna le contó a la FLIP que las evasiones por parte de los funcionarios públicos locales se volvieron comunes desde inicios de este año, cuando el alcalde calificó al medio en sus redes sociales como una “cocina de chismes regionales”. En ese momento, desde la FLIP le enviamos una carta al alcalde solicitándole abstenerse de adoptar discursos estigmatizantes, pero hasta el momento Harman no se ha pronunciado.

Los reiterados señalamientos hechos por Harman en sus redes sociales pueden promover la autocensura de las y los periodistas que cubren asuntos de interés público, como lo hacen Guzmán y Serna sobre el estado de las obras en la ciudad. Sobre esto, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca reconoció que la violencia en línea por parte de actores políticos impacta de manera negativa sobre la libertad de expresión y de prensa.

Le insistimos al alcalde Felipe Harman y a los funcionarios públicos del departamento que las administraciones no pueden ser intolerantes a la crítica, sino que deben garantizar las condiciones necesarias para las labores periodísticas. Por eso, deben entregar la información que se les solicita, evitar los mensajes y declaraciones estigmatizantes, y respaldar la veeduría que realizan las y los periodistas en un ejercicio democrático.

El pasado 27 de febrero, el gobernador de Magdalena, Carlos Caicedo, publicó unos tweets señalando al periodista Leopoldo Granados de “pseudo periodista denunciado por extorsión” y “prepago por los clanes para-políticos”. Granados es el director del medio Seguimiento.co y fue atacado luego de haber denunciado irregularidades en la contratación del hospital de Salamina. Los mensajes de Caicedo estigmatizan al reportero y agravan su situación de riesgo, quien ha sido víctima de amenazas y actualmente está exiliado. Por eso, le solicitamos a la Procuraduría que investigue esas conductas, y también vigile y adopte medidas respecto al movimiento Fuerza Ciudadana y sus integrantes cuando ataquen a la prensa. 

Durante los últimos dos años, el periodista Granados ha sido víctima de estigmatizaciones en otras tres ocasiones y ha recibido dos amenazas de muerte, una de ellas por parte de un desconocido que se identificó como parte de Fuerza Ciudadana. Esta última agresión ocurrió en febrero del 2022, cuando el periodista recibió una llamada telefónica de un número privado que le dijo: “Somos de Fuerza Ciudadana, escúchame bien porque te voy hablar tranquilamente. Entre más nos critiques más mal te va ir. ¡Cuídate!”. Días después, Granados tuvo que abandonar el país.

Tampoco es la primera vez que Caicedo ataca a la prensa a través de sus redes sociales. En 2019, la FLIP presentó una queja en su contra ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) por publicar dos videos en los que señalaba a periodistas y medios de comunicación de difundir e inventar noticias falsas “para confundir a la ciudadanía”. Por su liderazgo y posición de poder, Caicedo tiene limitaciones en su derecho a la libertad de expresión, además de tener el deber de procurar un buen ambiente para el ejercicio periodístico. 

En este caso, Caicedo ha justificado sus acciones diciendo que el medio difundió información falsa sobre él; sin embargo, el medio eliminó el nombre del gobernador de la publicación que había hecho. La inexactitud en la información no es excusa para estigmatizar a un periodista cuya vulnerabilidad ya es alta. Cuando se crea que un medio difunde información falsa, inexacta, equivocada o desactualizada, cualquier persona puede presentar una solicitud de rectificación, así lo ha señalado la Corte Constitucional en su sentencia T-725/16.

Sumado a esto, preocupa que en el último mes el exalcalde de Santa Marta y cofundador del partido Fuerza Ciudadana, Rafael Martínez, también ha estigmatizado a la prensa. En un video difundido en redes señaló de mentirosa a la emisora de Caracol Radio y culpó al periodista Víctor Polo de “confundir, sembrar odio para denigrar, despotricar y calumniar”. Esto debido a los informes que ha realizado Polo sobre el estado de algunas obras de Santa Marta y sobre el trabajo de algunos miembros del partido, entre ellos el gobernador Caicedo.

Es necesario que las figuras políticas en Colombia contribuyan y garanticen un ambiente óptimo, tolerante y libre de discriminación para la prensa y el debate público. Tanto la Corte Constitucional como la Corte Interamericana de Derechos Humanos han reiterado que quienes influyen en asuntos de interés público “se han expuesto voluntariamente a un escrutinio público más exigente”. Esto significa que a pesar de que los señalamientos hechos en los medios de comunicación puedan ser molestos para los funcionarios públicos, están amparados en el derecho de la libertad de prensa y de expresión y deben ser escuchados. Esto no impide que los funcionarios o movimientos políticos refuten o pidan rectificación sobre estos contenidos, siempre y cuando lo hagan de manera respetuosa y responsable.

Además, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca reconoció que la violencia en línea por parte de actores políticos tiene un impacto negativo sobre la libertad de expresión y de prensa. Estableció que el CNE y los comités de ética pueden sancionar a partidos y políticos, respectivamente, por utilizar o permitir este tipo de violencia. Por esto, es necesario que estos comités investiguen de manera proactiva a sus miembros y/o afiliados políticos que públicamente agredan a la prensa para cesar este tipo de violencia y garantizar la participación democrática.

La FLIP conoció que el pasado 19 de diciembre de 2022 el Colegio de Jueces y Fiscales de Antioquia publicó en redes sociales un comunicado en el que hacían calificaciones estigmatizantes contra medios de comunicación. Los acusan de hacer un ejercicio “desmedido del derecho a informar” con “notas periodísticas suspicaces”, y tildan la libertad de información de los medios como una “injerencia indebida en sus decisiones -las de los funcionarios judiciales-”. Con esto, imponen la carga a medios de comunicación y periodistas de “predisponer a la ciudadanía e incitar a la ligereza en el ejercicio de los poderes disciplinarios”; además, los responsabilizan de “menoscabar la imagen de funcionarios públicos y del poder judicial”.

Estos señalamientos, que se hacen de manera generalizada y sin aportar ningún contexto, son, particularmente, problemáticos al provenir de una organización que asocia a funcionarios judiciales del departamento de Antioquia que, como funcionarios públicos, tienen un mayor compromiso social y ostentan una posición de garante respecto de los derechos fundamentales de las personas.

Estas estigmatizaciones tienen el riesgo de impactar negativamente y de coartar la labor de aquellos medios de comunicación y periodistas que informan sobre el trabajo de los jueces y fiscales, es decir, sobre asuntos de alta relevancia para la ciudadanía, como lo son los seguimientos a los procesos judiciales en el departamento de Antioquia. Las publicaciones sobre estos temas y sus difusiones deben gozar de un amplio margen de apertura y sus restricciones deben ser excepcionales.

Por eso, hacemos un llamado al Colegio de Jueces y Fiscales de Antioquia para que de manera constante, asuma como institución, y promueva en sus asociados, un discurso favorable para el ejercicio de la libertad de expresión. Asimismo, los invitamos a ofrecer públicamente un respaldo a la labor que desarrolla la prensa y a reconocer la importancia de la diversidad de opiniones y de pluralidad informativa para el mantenimiento de las sociedades democráticas. 

Lea aquí la carta completa enviada al Colegio de Jueces y Fiscales de Antioquia.

Durante las últimas semanas, varios integrantes del Pacto Histórico y del gobierno nacional han hecho estigmatizaciones y señalamientos irresponsables sobre los contenidos y las publicaciones de Revista Semana. Estas afirmaciones perjudican la libertad de prensa y estigmatizan a los y las periodistas del medio de comunicación.

El primero ocurrió el 25 de septiembre, cuando el presidente del Senado Roy Barreras escribió unos trinos en contra de Revista Semana y de su directora, Vicky Dávila. Luego de la alerta que emitió la FLIP, el senador se limitó a ofrecer disculpas en su cuenta de Twitter.

Una semana después, el 3 octubre, el actual embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, publicó un mensaje en contra de la periodista María Isabel Rueda, en el que relacionaba su labor periodística con Odebrecht, uno de los mayores casos de corrupción en la actualidad. El trino fue eliminado pero tiempo después se difundió un pantallazo con el mensaje de Benedetti.

El 8 de octubre, una vez más Roy Barreras señaló al medio de comunicación de obtener grabaciones de manera ilegal para atacar al Pacto Histórico y a sus integrantes. Cabe resaltar que no es la primera vez que Barreras hace este tipo de afirmaciones, pues en junio de este año, él y otros líderes políticos acusaron a Revista Semana por publicar unos videos sobre la coalición.

Los casos más recientes fueron el 12 y el 13 de octubre. El primero fue el del presidente Gustavo Petro hacia Yesid Lancheros, subdirector de información de la revista, en el que Petro señala al periodista como “cizañero” al publicar un artículo sobre la relación del mandatario con el ministro de hacienda, José Antonio Ocampo.

Por último, resulta preocupante la publicación realizada por el senador Gustavo Bolívar, en la que tilda como enemigo a los medios de comunicación que han sido críticos de las gestiones del gobierno nacional. Sus afirmaciones promueven la desinformación y desacreditan la labor de los medios.

Son preocupantes los reiterados señalamientos de los funcionarios públicos hacia un medio de comunicación que realiza de manera legítima su labor periodística. Este tipo de cuestionamientos afectan el ejercicio óptimo de la libertad de prensa y promueven la autocensura de las y los periodistas. 

Recordamos que el trabajo de la prensa, y el libre flujo y la pluralidad de la información son indispensables para una sociedad democrática en la que los ciudadanos puedan tomar decisiones informadas y ejerzan control sobre el Estado.

También es importante aclarar que la Corte Constitucional determinó que los funcionarios públicos tienen una libertad de expresión restringida, debido a que se manifiestan en su condición de autoridad pública. De acuerdo con la Declaración conjunta sobre líderes políticos, personas que ejercen la función pública y libertad de expresión, los altos funcionarios públicos, líderes y partidos políticos deben abstenerse de realizar declaraciones que promuevan la intolerancia y la desinformación, en especial si su objetivo es desacreditar la labor de periodistas o de un medio de comunicación.

Cuestionar las publicaciones periodísticas es válido; sin embargo, los funcionarios públicos deben ser cuidadosos con sus comentarios sobre el ejercicio periodístico. Si sus discursos deslegitiman la labor de la prensa, las consecuencias podrían ser mucho más graves y hasta pondrían en riesgo a los y las periodistas.

Hacemos un llamado directo al presidente Gustavo Petro, a los integrantes del Pacto Histórico y a los miembros del gobierno nacional evitar comentarios que puedan ser estigmatizantes o que afecten el trabajo de las y los periodistas, y que utilicen sus posiciones de poder para promover un clima óptimo para el ejercicio de la libertad de prensa.

La FLIP rechaza enérgicamente los mensajes estigmatizantes del candidato a la presidencia Enrique Gómez, quien en su cuenta de Twitter afirmó que “varios medios han asumido las banderas del narcotráfico en demérito de las poblaciones más vulnerables del país”. Esto, refiriéndose a los reportajes publicados por Vorágine, Cambio y El Espectador, en los que se denuncian graves irregularidades cometidas por integrantes del Ejército en contra de civiles en Putumayo. Este tipo de señalamientos, infundados y que además vinculan a los periodistas con acciones ilegales como el narcotráfico, buscan deslegitimar su trabajo pero sobre todo los pone en peligro. 

Relacionar a medios de comunicación con grupos de narcotráfico es crear una narrativa que desconoce la realidad, pues la prensa colombiana ha sido uno de los actores más violentados por el narcotráfico. La Corte Interamericana de Derechos Humanos afirmó en su sentencia del caso Carvajal vs Colombia que “durante 1990 (...) los diversos actores del conflicto usaron a los periodistas como objetivos por sus críticas, sus denuncias o por informar sobre temas sensibles, especialmente la violencia vinculada al narcotráfico”. 

Los señalamientos del candidato Enrique Gómez son altamente irresponsables, ya que ponen en peligro la integridad de los y las periodistas que trabajan en los medios a los que él hace referencia, pues muchos de ellos realizan reportería en zonas de riesgo, en donde hay presencia de diferentes grupos armados. 

En otro tweet, Gómez afirmó también que “los medios de comunicación no son juzgados ni jueces de los valientes hombres que componen las Fuerzas Armadas. El debido proceso debe darse en todas las circunstancias”. Con esto, el candidato desconoce que, de hecho, el periodismo debe tener todas las garantías para poder investigar sobre asuntos de alto interés público, que no necesariamente llevan un proceso en la justicia. Sobre esto, la Corte Constitucional se pronunció en 2009 y aclaró que la “verdad judicial”, es decir, la que surge de los procesos judiciales, no necesariamente equivale a la “verdad real”. 

Un aspirante a la Presidencia debe propender porque exista un buen clima para ejercer el periodismo. Sin embargo, Gómez se aleja de esas obligaciones y pretende aleccionar sobre qué contenidos deben ser investigados.

Reiteramos nuestro llamado a la Procuraduría y al Consejo Nacional Electoral para que, de manera urgente, establezcan una estrategia de prevención de la violencia electoral cuando está direccionada contra la prensa y que adopte sanciones frente a los responsables. También hacemos un llamado al candidato para que rectifique sus comentarios y se abstenga de hacer valoraciones que ponen en riesgo a los periodistas. 

La actual campaña electoral se ha caracterizado por los ataques diferenciales contra la prensa, que en ocasiones, son promovidos, alentados o tolerados por miembros de partidos, movimientos políticos y sus seguidores. Por este motivo, la FLIP le solicitó al Consejo Nacional Electoral (CNE) y a la Procuraduría General de la Nación que tomen acciones inmediatas frente a este tipo de violencia que afecta el libre trabajo de los medios de comunicación. 

De igual manera, la FLIP ha llamado la atención sobre las estrategias que deben implementarse para hacer frente a los contenidos que pueden configurarse como discurso de odio, mensajes que no están protegidos por la libertad de expresión y, que además, son los jueces quienes tienen competencia para determinar cuando se transgrede este límite. Resulta irresponsable que se señale a la prensa, como protectora y promotora de este tipo de expresiones. 

El periodismo juega un rol fundamental dentro de las elecciones, pues hace veeduría a los partidos, movimientos políticos, sus candidatos y líderes, para que la ciudadanía vote informada. Sin embargo, en los últimos tres meses, han ocurrido al menos 30 ataques contra la prensa por cubrimientos electorales.

Concretamente, preocupa la intensificación de una narrativa antagónica contra la prensa como parte de las campañas electorales. Es peligroso para la democracia que esto se normalice y acreciente, de manera que se avale la promoción de mensajes de odio y repudio contra la prensa. Algunos de los casos que ejemplifican cómo las estigmatizaciones afectan el debate público son el de la senadora María Fernanda Cabal en contra de las emisoras de paz de RTVC, los tuits que emitió el senador Gustavo Bolívar en contra de la periodista Darcy Quinn y la publicación de Gustavo Petro en la que dijo habían “neonazis en RCN”.

Para la FLIP, las críticas contra la prensa son legítimas y existen herramientas legales diseñadas para dirimir errores o informaciones difundidas de mala fe. Además, la libertad de expresión no es absoluta y tiene límites. Sin embargo, los funcionarios públicos o candidatos no deben aleccionar o poner etiquetas al periodismo, esto tiene implicaciones negativas en el ecosistema mediático y en la seguridad de los y las reporteras. 

Los límites a la libertad de expresión no deben ser instrumentalizados por sectores cuya intención sea la de deslegitimar el papel de los medios de comunicación. Por el contrario, las autoridades electorales y los partidos y movimientos políticos deben prevenir que los políticos recurran a este tipo de discurso en el marco de las campañas electorales. 

Por ello, en aras de que se den garantías mínimas para el cubrimiento electoral, solicitamos al CNE y la Procuraduría que:

• Se establezca una estrategia de prevención de la violencia electoral cuando está direccionada contra la prensa, en la que se acojan las recomendaciones emitidas por las Relatorías para la libertad de expresión en la Declaración Conjunta sobre líderes políticos, personas que ejercen la función pública, y libertad de expresión.
  
  
• Vigilen y adopten medidas respecto de los partidos y movimientos, así como de sus miembros cuando incurran en hechos que atenten contra la buena fe o los intereses generales de la comunidad o la sociedad, como es una agresión contra la prensa.