Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP

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  • El alcalde Urrego hizo señalamientos irresponsables contra el periodismo del municipio.
  • Además, el alcalde ha utilizado las vías judiciales para restringir el debate público.
  • El alcalde tiene el deber de garantizar el ejercicio periodístico y tener mayor tolerancia a la crítica.

 

 

La FLIP tuvo conocimiento de las declaraciones que el pasado 16 de junio hizo Leyton Urrego Durango, alcalde de Dabeiba, contra el periodismo local que indaga sobre información del contagio de COVID-19. En una alocución el alcalde sostuvo: “Le pedimos a las personas que dejen de llamar ese virus por acá. No se dejen influenciar por supuestos periodistas malignos, carroñeros, que dicen ser periodistas y están publicando cosas negativas para nuestro municipio”.

La FLIP advierte que esta situación es perjudicial para el ejercicio libre e independiente del periodismo en la región, para el acceso a la información por parte de la población y, además, socava la garantía de veeduría sobre la gestión de la administración frente a la atención de la emergencia. 

Durante el estado de emergencia es indispensable que las autoridades públicas garanticen las condiciones óptimas para el ejercicio de la libertad de prensa ya que la información relativa a su gestión y atención es de relevancia pública. Brindar información y asegurar su difusión permite que los ciudadanos tengan múltiples herramientas para comprender aspectos complejos que les permitan tomar decisiones informadas.

La pandemia del COVID-19 no sólo exige que las autoridades públicas sean proactivas en proporcionar información veraz y oportuna. Para que la ciudadanía esté informada también se requiere que todo lo que sucede con ocasión de la crisis sea contrastado y cuestionado por puntos de vista diversos que escapan de la mirada institucional y que son de enorme utilidad para fortalecer el debate democrático sobre esta situación de interés general.  

La Corte Constitucional ha recalcado recientemente que la libertad de expresión es un pilar del Estado Social de Derecho y un principio fundamental de los regímenes democráticos, en esa calidad previene abusos de poder y es una “válvula de escape” que estimula la confrontación pacífica de las decisiones estatales o sociales que no se compartan, de ahí que goza de un grado reforzado de protección (Sentencia T-155 de 2019).

El alcalde Urrego debe fomentar un clima óptimo para que la ciudadanía se mantenga informada sin valerse de estigmatizaciones contra la prensa. Una característica esencial de una sociedad democrática es la posibilidad de consultar distintos puntos de vista, contenidos y aproximaciones a los hechos, de manera que se respete la autonomía y criterio de los ciudadanos.

El alcalde y su equipo de trabajo deben asumir el deber de mayor tolerancia a la crítica propio de los funcionarios públicos en el marco de una crisis como la actual. Así lo recordó recientemente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su Resolución 01 de 2020: “En las actuales circunstancias, constituye un deber que las autoridades estatales informen a la población (...) También, deben recordar que están expuestos a un mayor escrutinio y a la crítica pública, aun en períodos especiales”.

Por ello, la FLIP le recuerda a las autoridades del municipio de Dabeiba, y en especial al alcalde, que deben respetar el escrutinio sobre la gestión frente a la emergencia y sobre la situación de contagio sin que ello signifique una represalia contra la prensa. 

Además, la FLIP alerta sobre el uso de vías judiciales para contrarrestar el debate público por parte del alcalde Urrego. Recientemente interpuso una acción de tutela contra un periodista independiente a sabiendas de no haber solicitado la rectificación de manera previa, requisito indispensable para utilizar este mecanismo de defensa de manera legítima.  

Para la FLIP es de extrema gravedad que el resultado de dicho proceso implicó  la afectación de los derechos fundamentales a la libertad de expresión, al acceso a la administración de justicia y al debido proceso del periodista por cuenta de un error judicial. Ordenar la rectificación de opiniones desconoce la jurisprudencia constitucional que ha establecido que el objetivo de la rectificación es controvertir las informaciones que carecen de veracidad e imparcialidad, por lo que este mecanismo no puede aplicarse a las opiniones. Limitar las opiniones sobre la gestión de un funcionario público desconoce que, por su relevancia pública, se trata de un discurso especialmente protegido y esto constituye una forma de censura previa, la cual está prohibida por la Constitución.

Por lo anterior, la FLIP hace un llamado al alcalde de Dabeiba a que, en cumplimiento del mandato constitucional de su cargo, respete la libertad de expresión y promueva un ambiente favorable que respalde la labor periodística y el acceso a la información. De ese modo, se abstenga de calificar la labor de la prensa en el municipio, de intimidar y desacreditar a la prensa al igual que censurar los contenidos periodísticos en la región.  

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La FLIP tuvo conocimiento de los mensajes estigmatizantes que el senador Laureano Acuña ha dirigido contra la prensa de Atlántico a través de sus redes sociales. El primero de ellos lo publicó en su cuenta de Facebook el pasado cuatro de abril. En la publicación señala al periodismo de la región de ser “extorsionista” y “amarillista, perverso y mal intencionado”. Horas más tarde, en otra publicación acusó a un reportero de hacer “un mandado político proveniente de mafias que gobiernan esta ciudad”, refiriéndose al municipio de Malambo, sin proporcionar justificación alguna.

Estas estigmatizaciones se presentaron luego de que varios periodistas y medios de comunicación de la región alertaran sobre la presunta celebración irregular de contratos por parte de los alcaldes Rummenige Monsalve de Malambo y Rodolfo Ucrós de Soledad.

Para la FLIP es indispensable alertar que esos señalamientos ponen en riesgo la vida y la integridad de los periodistas afectados, y, también envían un mensaje intimidatorio para aquellos reporteros que están cubrimiento este tema de interés general. Luego de las publicaciones del senador Acuña, al menos tres periodistas fueron víctimas de ataques a través de redes sociales, recibieron insultos e intimidaciones. Adicionalmente, los mensajes agresivos difundidos pudieron motivar más ataques contra la prensa por parte de otros funcionarios de la región. 

Por esta razón, la Fundación le solicita que se retracte públicamente de los señalamientos emitidos contra la prensa. La FLIP pondrá en conocimiento de esta situación a la Comisión de Ética y Estatuto del Congresista para que sea esta instancia que investigue y emita las sanciones correspondientes.

Conozca la carta competa aquí.

 

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La FLIP tuvo conocimiento del comunicado que difundió el pasado 10 de marzo el Centro Democrático en el que se señala de forma genérica e indeterminada a medios de comunicación y periodistas de hacer parte de una estrategia organizada para afectar al partido. 

Al respecto, la Fundación manifiesta su preocupación por las afirmaciones emitidas, debido a que estas valoraciones genéricas deterioran las condiciones para el desarrollo de la labor periodística e impactan negativamente el debate sobre temas de interés público.

Para la FLIP se vuelve confuso conciliar entre las posiciones expresadas en el comunicado del partido de gobierno y los compromisos públicos que ha hecho el mismo sobre la libertad de prensa y las obligaciones que le asisten para su garantía.

Conozca toda la carta y los argumentos aquí.

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La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza la estigmatización emitida por Iván Gélvez, candidato por el Centro Democrático a la alcaldía de Cúcuta, en contra de Jhon Jairo Jácome, periodista del medio regional que pertenece a La Opinión. La Fundación le hace un llamado al partido para que investigue y sancione las conductas del aspirante al cargo más importante de la capital de Norte de Santander.

El jueves 29 de agosto durante una entrevista en el portal Tv Cúcuta, Iván Gélvez hizo los siguientes señalamientos en contra del periodista: “El señor Jhon Jairo Jácome, que ha pertenecido y parece vocero del partido de la FARC porque siempre los defiende y ataca a todo lo que pertenece al partido de Álvaro Uribe (…) no hace una pregunta periodística, no busca encontrar la verdad”. Los hechos se presentaron luego de que el pasado 15 de agosto durante el evento “Hablemos de verdad” el reportero le preguntara al exjefe paramilitar Jorge Iván Laverde Zapata, alias “El Iguano”, sobre el apoyo que recibieron las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en Norte de Santander por parte de la empresa “El Palustre”, que es propiedad de Gélvez.

Luego de que Jácome hiciera esta pregunta, desde algunos perfiles de Facebook en los que se apoya al candidato por el Centro Democrático se publicaron mensajes en los que se señalaba al reportero de ser miembro de las FARC. Debido a estos señalamientos, el 19 de agosto, a través de su cuenta de Twitter, la FLIP expresó su preocupación por estos hechos e invitó a Gélvez a que se pronunciara públicamente en rechazo a estos señalamientos que ponen en riesgo la seguridad del periodista. Sin embargo, el candidato a la alcaldía de Cúcuta no atendió el llamado y, por el contrario, contribuyó a través de sus declaraciones a la estigmatización del periodista.

La FLIP expresa su preocupación por los señalamientos irresponsables emitidos por Iván Gélvez, que pueden aumentar el riesgo que enfrenta Jhon Jairo Jácome por la labor periodística que desempeña en Norte de Santander. Esta clase de estigmatizaciones en las que injustamente se vincula a la prensa con actividades ilegales o intereses políticos pueden ser entendidos como señal de permisividad para que terceros cometan ataques que pongan en riesgo la vida y la integridad de los periodistas.

Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostuvo en el caso Ríos y otros vs. Venezuela que “las personas que trabajan en determinado medio de comunicación social pueden ver exacerbadas las situaciones de riesgo a las que normalmente se verían enfrentados, si ese medio es objeto de discursos oficiales que puedan (…) ser interpretados por funcionarios públicos o sectores de la sociedad como instrucciones (…) para la comisión de actos que pongan en riesgo o vulneren la vida, seguridad personal u otros derechos de personas que ejercen labores periodísticas”.

Lo anterior no quiere decir que los funcionarios no puedan criticar a la prensa o cuestionar la veracidad de lo dicho, sino que tienen la obligación de tramitar sus diferencias con los periodistas a través de mecanismos democráticos como la solicitud de rectificación o presentando argumentos o pruebas que demuestren las imprecisiones de lo publicado por la prensa. En ese sentido, las figuras de notoriedad pública, en especial los aspirantes a cargos de elección popular como Iván Gélvez, deben abstenerse de emitir declaraciones que pongan en riesgo a los reporteros y tienen la responsabilidad de adoptar un discurso favorable que respalde la labor periodística.

Al respecto, los relatores especiales para la libertad de expresión de las Naciones Unidas, de la Comisión Interamericana, de la Comisión Africana y de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa publicaron en 2018 una declaración conjunta en la que sostuvieron: “Es legítimo que los políticos y los funcionarios públicos formulen críticas, correcciones u objeciones con respecto a reportajes específicos en los medios. Sin embargo, cuando lo hagan, siempre deben tener cuidado y asegurar que sus comentarios sean precisos, evitar la estigmatización y la desacreditación de los medios”.   

La Fundación para la Libertad de Prensa le hace un llamado al partido Centro Democrático para que investigue la conducta de Iván Gélvez y emita las sanciones correspondientes a la luz del compromiso que el partido asumió el pasado 3 de mayo, junto con otras colectividades, durante la firma del “Pacto por la libertad de prensa y contra la desinformación en elecciones”. La FLIP también le solicita al candidato a la alcaldía de Cúcuta que haga una rectificación pública y se comprometa a garantizar la labor periodística durante estas elecciones y, en caso de que sea elegido como primer mandatario de la ciudad, asuma un discurso favorable hacia la prensa.

La Fundación también le hace un llamado a la Unidad Nacional de Protección (UNP) para que estos hechos sean tenidos en cuenta en el estudio de riesgo de Jhon Jairo Jácome con el fin de que la entidad implemente las medidas de seguridad necesarias para salvaguardar la vida y la integridad del reportero y la de su familia.

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El sábado 18 de mayo The New York Times publicó una nota del periodista Nicholas Casey sobre políticas del ministerio de Defensa de Colombia advirtiendo sobre el riesgo de que se repita un fenómeno de ejecuciones extrajudiciales de civiles, que se conoció como “falsos positivos”.

Esa misma mañana, los congresistas del Centro Democrático María Fernanda Cabal y Juan David Vélez publicaron en sus cuentas de Twitter unos trinos estigmatizantes contra Casey, incluyendo en ellos imágenes donde se observa la presencia del fotógrafo Federico Ríos, quien también trabaja para el diario neoyorquino.

En dichas publicaciones, los congresistas sugieren, a través de preguntas, que los reporteros habrían recibido dinero de las FARC para publicar información falsa. Tras la publicación de los trinos, Casey y Ríos recibieron múltiples acusaciones y estigmatizaciones por parte de usuarios de Twitter. Ese mismo día el The New York Times expresó que el diario no toma partido en ningún conflicto político en ninguna parte del mundo, resaltando que también ha escrito fuertes historias contra las FARC y grupos rebeldes.

El domingo 19 de mayo, Casey y Ríos hicieron público que tomaron la medida de salir del país dadas las acusaciones de la senadora Cabal y el representante Vélez. Esa tarde, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez publicó en Twitter que el gobierno de Iván Duque es respetuoso con la libertad de prensa y que las posiciones individuales de terceros no son las del gobierno y, por tanto, ningún periodista debe abandonar el país por cuenta de sus publicaciones. También Francisco Barbosa, Consejero presidencial para los derechos humanos, sostuvo que el gobierno no acepta las amenazas contra la libertad de expresión y que cualquier acto que viole los derechos humanos será rechazado por el gobierno.

En relación con estos hechos la FLIP rechaza cualquier estigmatización a Casey y Ríos, y se permite compartir la siguiente información al respecto:

  1. Durante años, la FLIP ha llamado la atención sobre el riesgo que causan las estigmatizaciones provenientes de funcionarios públicos y líderes políticos. Esta clase de señalamientos en los que sin prueba que lo acredite se vincula a los periodistas con acciones u organizaciones ilegales son muy peligrosos ya que pueden ser entendidas como señal de permisividad para que terceros comentan agresiones en contra de la prensa.

Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostuvo en el caso Ríos y otros v. Venezuela que "las personas que trabajan para determinado medio de comunicación social pueden ver exacerbadas las situaciones de riesgo a las que normalmente se verían enfrentados, si ese medio es objeto de discursos oficiales que puedan provocar, sugerir acciones o ser interpretados por funcionarios públicos o por sectores de la sociedad como instrucciones, instigaciones, o de cualquier forma autorizaciones o apoyos, para la comisión de actos que pongan en riesgo o vulneren la vida, seguridad personal u otros derechos de personas que ejercen labores periodísticas o de quienes ejercen esa libertad de expresión”. El acatamiento de estos estándares es imperativo para el Estado colombiano en el seno de sus compromisos ante la Organización de Estados Americanos (OEA).

  1. Lo anterior, por supuesto, no quiere decir que los funcionarios no puedan criticar a la prensa o cuestionar la veracidad de lo dicho, sino que tienen la obligación de tramitar sus diferencias con los periodistas a través de solicitudes de rectificación o presentando argumentos y pruebas. Velando siempre por mantener en su discurso un tono favorable a la deliberación pública y evitando que sus declaraciones abran la puerta a ataques contra el periodismo.

Al respecto de este asunto, los relatores especiales para la libertad de expresión de las Naciones Unidas, de la Comisión Interamericana, de la Comisión Africana y de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa publicaron en 2018 una declaración conjunta en la que sostuvieron que “[e]s legítimo que los políticos y los funcionarios públicos formulen críticas, correcciones u objeciones con respecto a reportajes específicos en los medios. Sin embargo, cuando lo hagan, siempre deben tener cuidado de asegurar que sus comentarios sean precisos, evitar la estigmatización y la desacreditación de los medios y no amenazar a periodistas ni socavar el respeto de la independencia de los medios de comunicación”. Esta es la exigencia de los estándares internacionales sobre libertad de expresión.

  1. Independientemente de la posición que se tenga sobre el artículo de Casey, es innegable que la publicación trata un asunto del más alto interés público. Esta circunstancia hace que los estándares constitucionales e interamericanos la consideren como un discurso especialmente protegido.

En el caso Usón Ramírez v. Venezuela, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostuvo que "las expresiones concernientes al ejercicio de funciones de las instituciones del Estado gozan de una mayor protección, de manera tal que se propicie el debate democrático en la sociedad”. En dicha decisión, la Corte resaltó la mayor protección que el Estado debe dar al ejercicio de la libertad de expresión en una sociedad democrática frente a publicaciones que involucren a instituciones militares y sus miembros.

  1. Es importante destacar el rol que cumplen los corresponsales de medios internacionales, quienes pueden ayudar a visibilizar historias en entornos dominados por la autocensura. Cuando desde voces potentes del Estado se estigmatiza a un periodista que logra llevar al debate público asuntos de tan alto interés público, se activa un efecto inhibitorio que afecta tanto al reportero involucrado como a otros periodistas y medios de comunicación que pueden preferir callarse ante el miedo de posibles agresiones en su contra. En este sentido la estigmatización tiene un efecto aleccionante y de autocensura en el debate público. En últimas, la afectación no es solo para la prensa sino también para la ciudadanía que se pierde de conocer y debatir informaciones y opiniones que son de su interés.

En su informe Violencia contra periodistas y trabajadores de medios (2013), la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH sostuvo que “una medida de protección simple pero sumamente eficaz consiste en que las más altas autoridades del Estado reconozcan de manera constante, clara, pública y firme la legitimidad y el valor de la labor periodística, aun cuando la información difundida pueda resultar crítica, inconveniente e inoportuna para los intereses del gobierno. De igual forma, es fundamental que las autoridades condenen enérgicamente las agresiones contra periodistas y alienten a las autoridades competentes a actuar con la debida diligencia y celeridad en el esclarecimiento de los hechos y en la sanción de los responsables".

La FLIP hace un llamado a los funcionarios y líderes políticos para que cuiden del ambiente en el que se ejerce la libertad de expresión en Colombia, les invitamos a que tramiten sus controversias con los medios siendo conscientes del poder de su voz y los efectos que pueden provocar en sus seguidores. Para ello es fundamental que  se abstengan de hacer declaraciones estigmatizantes en contra de la prensa. Sobre este caso la FLIP solicita una observación especial por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo.

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El pasado 5 de marzo, el Tribunal Superior de Bogotá ordenó tutelar los derechos al buen nombre y la honra del periodista Daniel Coronell. La sentencia da al senador Uribe Vélez un de máximo 48 horas para “rectractarse de las afirmaciones realizadas el 10 de febrero” a través de Twitter.

Ese día, Uribe trinó: “Daniel Coronel procede con una actitud mafiosa para hacer daño electoral, sus negocios con el narcotráfico siguen impunes y me ha demandado porque pienso que sería extraditable”. El tuit era la respuesta pública a una crítica de Daniel Coronell, quien a través de sus columnas en Revista Semana ha denunciado el actuar de Uribe durante su periodo presidencial.

En el proceso, el apoderado de Uribe habría argumentado que los señalamientos los hizo como particular. Ante esto, el Tribunal consideró que “las manifestaciones de un senador, que cuenta con millones de seguidores en la red, no se quedan en un ámbito privado. Trascienden, se propagan rápidamente y repercuten en el ánimo y memoria de la colectividad”.

En el mismo sentido, la sala hizo énfasis en que si Uribe considera las publicaciones de Coronell como injuriosas, debería acudir a las autoridades competentes. Para el magistrado, la forma en la que respondió el senador no es la esperada. “El senador URIBE, si estimaba violada su integridad moral bien hubiese podido ejercer el derecho a la rectificación en condiciones de equidad”, puede leerse en el fallo.

Uribe en su trino vinculó al periodista con acciones ilegales asociadas al narcotráfico. Así no solo estigmatiza a Coronell, sino que lo pone en un riesgo injustificado. Para el Tribunal, la respuesta del senador ataca el buen nombre del periodista relacionándolo, sin pruebas, con actividades ilíciltas.

No es la primera vez que Álvaro Uribe acude a la estigmatización de periodistas como mecanismo ilegítimo para responder a las críticas que le formulan. Tampoco la primera vez que la Justicia le obliga a rectificar sus afirmaciones estigmatizantes. Uribe, como presidente y ahora como senador, ha atacado a Gonzalo Guillén, Hollman Morris, Yohir Akerman, Daniel Samper Ospina, Julián Martínez y Noticias Uno . (Aquí puede ver un recuento detallado de estos señalamientos)

La FLIP exige al senador Uribe acatar el fallo, de igual forma le invita a que responda a las críticas de manera responsable y de acuerdo con los estándares de libertad de expresión. Como persona pública, Uribe tiene el deber de evitar señalamientos que pongan en riesgo a los periodistas y que no contribuyan a una ambiente de respeto a la prensa.

Lea aquí el fallo en línea.

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Por Pedro Vaca Villarreal*

Desde hace varios años, el líder político usa la marca de este canal como una especie de comodín proselitista, olvida que de ser presidente le corresponde garantizar la libertad de expresión.

Un estudiante hace cuatro preguntas pertinentes en la contienda electoral, pero incómodas para Gustavo Petro. La respuesta tiene como antesala etiquetarle como “una pregunta tipo RCN”. Hay risas y aplausos del auditorio, pero lágrimas en la democracia porque aprovecha el momento para criticar al canal pero no responde a las preguntas. En otro momento, Gustavo Petro recuerda el asesinato de un líder comunitario en Buenaventura y, sin un motivo serio, nombra también al canal dando a entender que RCN no habló del tema, cuando en realidad sí lo ha hecho. Gustavo Petro quiere recibir una ovación y dice “de eso no se habla en RCN”.

Señor candidato Gustavo Petro, yo creo que usted no ve mucho al canal RCN, y no está mal, la libertad de prensa también supone que las audiencias escojan a través de qué medios quieren informarse. También permite este derecho que las personas hagan críticas sobre la forma como estos canales cubren la información. Pero si hay algo que va en contra de esta garantía constitucional es que un personaje público, que aspira a ocupar un cargo de elección popular, propicie un clima adverso para la libertad de prensa.

La democracia permite el disenso, pero los señalamientos sistemáticos e injustificados se parecen más a la persecusión y son peligrosos, no solo para los medios, sino sobre todo para los periodistas que los representan. Cada vez que Gustavo Petro usa la imagen de RCN para asociarla a un problema concreto, está dando una licencia no explícita para que sus adeptos o seguidores ataquen al canal, o a los reporteros que llevan un chaleco que los identifica como representantes de ese medio. ¿Usted sabe lo jodido que es llevar un chaleco de un medio de comunicación en Colombia?, ¿sabe acaso qué implica para el reportero que se queda en Buenaventura que usted lo exponga como alguien que contamina la sociedad?

En la democracia colombiana NO sobran medios, antes faltan. Si usted aspira a liderar este país debería concentrarse en el déficit de información, no a pontificar sobre lo bueno y lo malo del periodismo en lo poco que hay. Ayer, El Tiempo anunció que Llano Siete Días cerrará, a lo mejor para usted es una buena noticia, porque sale un medio de un empresario. Pero para la democracia es fatal. No sé si le doy una buena o mala noticia, pero debe saber que si es presidente, le corresponderá garantizar la libertad de expresión de RCN y sus palabras de campaña pueden pesarle mucho a futuro.

Usted tiene razón en que Colombia es un país donde los grandes medios tienen intereses cruzados con otros sectores de la economía y que esto puede impactar, no solo en el caso de RCN, sino en muchos otros sectores, la información que reciben los colombianos. Pero ese planteamiento no es excusa para arremeter contra un medio y sus trabajadores. Usted se equivoca situando su liderazgo como un tribunal de ética periodística, un asunto importantísimo, pero que debe estar muy alejado de los políticos. A usted no le corresponde ese debate. Ojalá tenga la entereza democrática para reconocerlo.

Cuando en medio de sus seguidores habla despectivamente de los periodistas presentes, incentiva en sus votantes un rechazo al pluralismo. Su teoría de la democratización y la diversidad se podría ir al piso si alguno de sus seguidores lleva su invitación de rechazo a la práctica. Piense en lo que hace Uribe con Daniel Coronell y lo que hace usted con RCN y no se extrañe si se ve reflejado en el mismo espejo.

Su aspiración presidencial me obliga a invitarlo a comprender el porqué de mi reclamo. Bien sea para que milite en la cancha de la libertad de expresión o para dejar constancia de que lo intentamos. Si usted está tan interesado en la información de los colombianos, me gustaría conocer sus propuestas para conectar a los 6.9 millones de Colombianos que viven en regiones en las que no circula información local, o qué hacer en un país donde la radio militar dobla en número a la radio pública civil, donde se registran 310 agresiones contra la prensa, donde la autocensura es enorme, donde no hay condiciones para hacer ni el periodismo que a usted le gustaría, ni ningún otro.

Este episodio me lleva a invitarlo a usted y al resto de candidatos a que desayunemos un día para conversar sobre el rol de un presidente para garantizar la libertad de expresión. No pretendo obstaculizar la carrera de ningún candidato a la presidencia, quiero que quien llegue a ser presidente conozca sus obligaciones con respecto al derecho que me encomendaron cuidar en la FLIP. De momento, por lo que veo en campaña, usted no va por buen camino. Es decisión suya si quiere o no sintonizar su propuesta de país con los estándares de libertad de expresión.

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La campaña #VotoInformado está invitando a los candidatos a que asuman compromisos públicos de respeto a la libertad de prensa. En el conteo de agresiones que hemos realizado en periodo electoral, Petro se ubica en el primer lugar al lado de Alejandro Ordóñez. Vea más información aquí.

*Director ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP.

Publicado en Opinión

La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- rechaza la estigmatización que el alcalde de Ibagué Guillermo Jaramillo realizó en contra de la prensa local.

El pasado 8 de diciembre, durante la rendición de cuentas de la empresa de acueducto y alcantarillado de Ibagué, IBAL, el alcalde Guillermo Jaramillo señaló a los dueños de los medios locales de ser testaferros de Eduardo Restrepo Victoria, alias "El Socio", un presunto narcotraficante del departamento. “A mí sí me preocupa eso, que los testaferros, los que negociaron con ‘El socio’, son los que ahora tienen la radio, tienen el periódico, tienen la televisión. Y entiende uno perfectamente cómo le tienen que tirar a uno de la manera que le tiran”, afirmó el mandatario.

La FLIP le solicita al alcalde que, en caso de que tenga las pruebas de los delitos a los que hace alusión, individualice los señalamientos y denuncie ante la justicia penal colombiana los hechos. Acusar a medios de comunicación y periodistas de pertenecer a estructuras criminales, sin presentar ningún tipo de pruebas, los puede situar en una situación de riesgo infundado.

La FLIP le recuerda a Jaramillo que los funcionarios están expuestos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad y de la prensa. Por esta razón, es reprochable que en la posición de mandatario responda a las críticas de la prensa con señalamientos estigmatizantes que pueden poner en riesgo a los reporteros de ser víctimas de una agresión posterior.

En el evento mencionado, el alcalde, además, leyó una serie de titulares del medio elolfato.com con el fin de acusarlos de criticar al gerente del IBAL como represalia por el retiro de la pauta de la entidad. Las gestiones administrativas son asuntos de interés público y su veeduría hace parte fundamental de la democracia.

La FLIP expresa su preocupación por las declaraciones emitidas por el alcalde de Ibagué, debido a que pueden poner en riego a los reporteros de los medios regionales, descalifican su actividad periodística y generan un clima desfavorable para el desarrollo de la labor que día a día desempeñan los comunicadores. La Fundación lo invita a que exprese sus inconformidades con la prensa de manera responsable. La Constitución de Colombia tiene mecanismos como la rectificación o la solicitud de réplica para que pueda exponer con argumentos sus diferencias frente a contenidos específicos de los medios de comunicación que usted considere que contienen información errónea.

En 2016 la FLIP se comunicó con el alcalde Jaramillo y él se comprometió a respetar la libertad de prensa desde su administración. Sumado a lo anterior, en agosto de este año, la FLIP le envió una comunicación recordándole sus deberes como servidor público y pidiendo garantías para la prensa en Ibagué.

Publicado en Pronunciamientos

La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- rechaza las acusaciones realizadas por la Representante a la Cámara por el Centro Democrático María Fernanda Cabal a la columnista de El Heraldo, Claudia Ayola, y al portal periodístico Verdad Abierta.

El pasado 29 de octubre, la congresista Cabal publicó la columna titulada “El Raponazo de Las Pavas (III)” en su página web. En su entrada de blog, la Representante expresa su postura frente al emblemático caso de disputa territorial entre campesinos y la empresa palmífera Aportes San Isidro por el predio Las Pavas. Cabal escribió: “En el frente periodístico cuentan con Claudia Ayola, cronista de El Heraldo, quien se encarga de la desinformación correspondiente, para hacer creer a la opinión pública que Las Pavas es de Asocab y no de quien la compró legítimamente en Marzo de 2017. Igualmente tienen de cómplice al portal Verdad Abierta, financiado por el filántropo maquiavélico George Soros”.

En dicho artículo, la Representante del Centro Democrático hace varios señalamientos a quienes, a su juicio, son los “protagonistas del asalto”: el sacerdote jesuita Francisco de Roux; los abogados Juan Felipe García Arboleda y Roberto Carlos Vidal López; el fundador de la Asociación de Campesinos de Buenos Aires (Asocab), Misael Payares; las exdirectivas del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), Miriam Villegas y Jhenifer Mojica; finalmente, los periodistas de Verdad Abierta y la columnista Claudia Ayola.

Los periodistas han hecho un cubrimiento constante de esta situación a través de los años. Ayola, en distintas columnas en el periódico El Heraldo de Barranquilla, ha compartido las complejidades de la disputa de estas tierras baldías y los distintos actores que han participado en el proceso, desde la región donde se desarrolla. Verdad Abierta, por su lado, desde el 2011 ha hecho un seguimiento del pleito jurídico, de las víctimas y de las distintas amenazas que se han dado en este proceso de reclamación de tierras.

La FLIP expresa su preocupación por las afirmaciones de Cabal, debido a que relaciona la labor periodística de los reporteros con actos delictivos y señala a los medios de responder a intereses particulares sin aportar las pruebas que soporten esta acusación. La congresista desconoce el trabajo de investigación de los medios de comunicación que hacen cubrimiento a esta situación.

Teniendo en cuenta el ambiente polarizado que vive el país y el contexto actual en el que se avecina el inicio de las campañas electorales de 2018, estas declaraciones ponen en riesgo a los periodistas señalados, debido a que los puede situar en uno de los espectros de la contienda electoral y hacerlos blanco de algún tipo de ataque por su labor. La FLIP le recuerda a la congresista Cabal su deber como servidora pública para garantizar, a través de su discurso, un ambiente favorable para el desarrollo de la labor periodística.

En este contexto, la FLIP le recuerda a los funcionarios públicos su deber de abstenerse de hacer declaraciones estigmatizantes en contra de los medios de comunicación y de los periodistas. En su informe anual de 2010, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH señaló que “una medida de protección simple pero sumamente eficaz consiste en que las más altas autoridades del Estado reconozcan de manera constante, clara, pública y firme la legitimidad y el valor de la labor periodística, aun cuando la información difundida pueda resultar crítica, inconveniente e inoportuna para los intereses del gobierno”.

Esto no quiere decir que los funcionarios no puedan controvertir la información que transmiten y producen los medios de comunicación. La FLIP les recuerda que lo pueden hacer de manera respetuosa con la libertad de expresión, a través de mecanismos como la solicitud de réplica o la rectificación.

Para la Fundación es preocupante que, en lo que va corrido del año, se hayan documentado 65 ataques a la prensa en los que el agresor es un funcionario público. La agresión más constante es la estigmatización, lo que demuestra que los servidores del Estado están aprovechando los escenarios de debate para agredir a la prensa. Intentan callar las críticas con señalamientos y estigmatizaciones a los periodistas.

La FLIP hace un llamado a la Procuraduría General de la Nación para que investigue las declaraciones estigmatizantes de la Representante y al comité de ética del Centro Democrático para que haga un llamado de atención a Cabal por este tipo de señalamientos que ponen en riesgo el trabajo periodístico.

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Más de medio centenar de periodistas, editores, columnistas y expertos se unieron a un mensaje para exigirle al senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez que se acoja a la ley. Su larga trayectoria se señalamientos en contra de la prensa desbordó los límites el pasado viernes 14 de julio cuando, a través de su cuenta de Twitter, el senador se refirió al periodista Daniel Samper Ospina como "violador de niños".

Esta es la carta con la que se hace un llamado a la ciudadanía para que rechache la calumnia como una forma de hacer política. Quienes se quieran unir a este mensaje de rechazo pueden compartir la carta con la etiqueta #PorElRespeto.

Punto final

Es hora de que el expresidente Álvaro Uribe Vélez deje atrás la práctica sistemática de difamar, calumniar e injuriar a sus críticos como si no fuera un expresidente obligado a dar ejemplo, ni un ciudadano sujeto al Código Penal.

El límite de todos los colombianos es y debe ser la ley. Y es tiempo de que el expresidente esté a la altura del enorme poder del que ha venido abusando sin mayores consecuencias: el último ejemplo de su estrategia de estigmatizar e intimidar para imponerse en el debate público, aquello de permitirse llamar “violador de niños” al periodista Daniel Samper Ospina frente a sus más de cuatro millones de seguidores de Twitter, no es sólo una infamia irreversible que habrá de tener solución en la justicia, sino también un repugnante acto de violencia que ya ha empezado a llamar a más violencia.

Twitter es la vida real. Quien comete un delito allí comete un delito en su país. Hoy, cuando en las redes sociales se ha vuelto común hostigar a los periodistas hasta ponerlos en peligro, resulta inaceptable que el expresidente siga jugando el perverso juego de rectificar cuando el daño ha sido hecho, siga legitimando socialmente esa manera temeraria de participar en la deliberación pública y liderando ese premeditado ataque contra la prensa y la libertad de expresión –ese echarle la culpa y acusar de conspirador al mensajero– que es una arremetida contra la democracia.

No se trata de reclamar, de ninguna manera, un trato privilegiado para los periodistas, ni de librar al periodismo de la crítica, sino de defender el derecho de todos a hablar sin ser objeto de los abusos de quien se sabe poderoso.

Una palabra de Uribe basta para enlodar un nombre, para exacerbar los odios de tantos colombianos frustrados, para degradar y envenenar el necesario debate político del país. Lejos está del líder responsable y digno que tendría que ser.

Pero él sabe todo esto: él no está reaccionando en caliente, ni cometiendo un desliz, sino redoblando un comportamiento peligroso e inescrupuloso cargado de intenciones políticas. Corresponde a la ciudadanía, pues, el siguiente paso. Dar ejemplo. Exigir sin miedo, con la ley de su lado, el fin de la calumnia como estrategia. Solidarizarse con el calumniado más allá de las contingencias de la política. Decirle al calumniador que ha llegado la hora de que se detenga.

Jesús Abad Colorado, José Manuel Acevedo, María Elvira Arango, Darío Arizmendi, Ricardo Ávila, Catalina Botero, Diana Calderón, Juan Pablo Calvás, Fidel Cano, Alberto Casas Santamaría, José Eustorgio Colmenares, Daniel Coronell, Ernesto Cortés, Vicky Dávila, Vanessa De la Torre, Félix De Bedout, María Elvira Domínguez Lloreda, María Jimena Duzán, Jorge Espinosa, Heriberto Fiorillo, Álvaro Forero Tascón, Álvaro García, Ignacio Gómez, Gustavo Gómez Córdoba, Claudia Gurisatti, Sebastián Hiller, Juan Carlos Iragorri, Juanita León, Juan Esteban Lewin, Diego Martínez Lloreda, Matador, Andrés Mompotes, Néstor Morales, Hassan Nassar, Lila Ochoa, Cecilia Orozco, Alfonso Ospina, Ricardo Ospina, Rodrigo Pardo García-Peña, Roberto Pombo, Fernando Quijano, Ana Cristina Restrepo, Jorge Restrepo, Nicolás Restrepo, Héctor Riveros, Luis Enrique Rodríguez, César Rodríguez Garavito, María Elvira Samper, Julio Sánchez Cristo, Alejandro Santos, Diego Santos, Ricardo Silva Romero, Rodrigo Uprimny, Jorge Alfredo Vargas, Juan Roberto Vargas, Vladdo, Felipe Zuleta, Camila Zuluaga.

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