Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP

Hoy, 28 de septiembre, se conmemora el Día Internacional por el Derecho a Saber, una fecha que recuerda la importancia de estar debidamente informado mediante el acceso a la información, para de esta manera ejercer una ciudadanía activa y responsable.

En los últimos 18 meses, el país ha sufrido graves retrocesos en materia de transparencia, en buena medida por las decisiones tomadas por el Gobierno nacional y funcionarios públicos que han obstaculizado el acceso a la información, especialmente por parte de los periodistas. 

La ‘cultura del secreto’, preponderante en las entidades estatales colombianas, encontró terreno fértil en el mundo hiperdigitalizado. La virtualidad marcó profundamente las prácticas periodísticas durante la pandemia y ha puesto sobre la mesa nuevos desafíos en materia de acceso a la información que deben ser atendidos de manera urgente para combatir la opacidad. A continuación identificamos las 5 medidas y prácticas que limitan la transparencia y el ejercicio de veeduría ciudadana.

1. La ampliación de términos para responder derechos de petición - Decreto 491 de 2020

Ha pasado año y medio desde que el Gobierno duplicó los plazos de respuestas para que los funcionarios públicos entreguen información, pasando de diez días hábiles a veinte. Hoy en día las circunstancias que justificaron esta medida han desaparecido, sin embargo el Gobierno ha luchado por mantener su decreto y no ha tenido la iniciativa de restablecer la garantía de este derecho a plazos razonables. Desde hace varias semanas y por iniciativa de un grupo de legisladores, se presentó una propuesta que revierte esta ampliación, el Proyecto de Ley 448 de 2020. Sin embargo, el Senado todavía no ha citado al último debate, y algunos congresistas advierten falta de voluntad para hacerlo.  

2. Bajo reserva: excusa injustificada

Durante el último año, la FLIP ha documentado el uso abusivo por parte de las entidades de la “reserva legal” para  no entregar la información sin justificación y de manera genérica.

Es común que las entidades respondan que la información está sometida a reserva, ya sea por políticas de tratamiento de datos o por asuntos de seguridad nacional. Estas respuestas suelen ser insuficientes, pues las entidades no realizan un test para verificar si esa reserva tiene un fundamento legal, si busca proteger intereses consignados en la ley de acceso a la información pública y si la entrega de esa información genera un daño. Esto sucedió de manera recurrente con la información relacionada con los contratos entre el Gobierno nacional y las empresas farmacéuticas; así como con los hechos que guardaban relación con la información del paro nacional. 

3. Judicialización del acceso a la información 

Para poder obtener una respuesta frente a las solicitudes de acceso a la información, los peticionarios deben acudir a interponer recursos de reposición, de insistencia y acciones de tutela. Esto, ya sea porque se alegan reservas, porque las entidades no responden tras el vencimiento de los plazos legales o porque las respuestas son insuficientes Esta práctica entorpece claramente el ejercicio del periodismo, y en ocasiones es una estrategia que busca dilatar las investigaciones.  

4. Revertir la carga sobre el periodista 

Una respuesta común de las entidades es que la información ya está publicada en boletines oficiales o en la página web de las entidades públicas. En estos casos se presenta un choque entre la transparencia activa y el derecho de petición, pues el hecho de que la información esté disponible en boletines no da vía libre para que las entidades se nieguen a responder solicitudes de información bajo este argumento.

5. Sin competencia para responder

Es una práctica reiterativa que los derechos de petición sean remitidos a otras entidades y de esta manera se reinicia el conteo de los términos para responder. Los peticionarios suelen tener que tocar varias puertas para dar con las entidades competentes y obtener respuestas. 

Cuando se pide información a entidades locales, éstas suelen responder que no están autorizadas para entregar la información y remiten la solicitud a entidades del orden nacional. Esto dificulta la investigación sobre asuntos locales y hace que sea casi imposible contrastar información, pues todo se centraliza y sólo unas pocas entidades están autorizadas para entregar “datos oficiales”.

Los obstáculos descritos impiden acceder a la información de manera oportuna. Tanta opacidad en la información pública impide ejercer un periodismo independiente y de calidad, lo cual obstruye el acceso a la información indispensable para el ejercicio de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.   

En un estado democrático es esencial que se promueva de manera activa la transparencia de la función pública, el acceso y la publicidad de la información de las entidades del Estado. Por ello, hacemos un llamado a la Procuraduría General de la Nación para que reafirme su compromiso como garante del acceso al acceso a la información y, en ese sentido:

• Promueva el principio de máxima divulgación, según el cual se debe diseñar un sistema jurídico en el cual la regla general es la transparencia y el acceso a la información, y lo excepcional son las restricciones.
  
  
• Impulse la investigación disciplinaria de oficio de faltas disciplinarias o mala conducta derivada del derecho de acceso a la información.
  
  
• Realice de manera programática actividades de capacitación de funcionarios públicos en materia de transparencia y acceso a la información, para corregir las deficiencias sistemáticas que evidencia la falta de conocimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014).