Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP

La investigación Chuzadas sin cuartel, publicada por Revista Semana el 11 de enero de 2020, revela que distintas unidades del Ejército Nacional ejecutaron un plan para amenazar y realizar interceptaciones ilegales contra periodistas, defensores de derechos humanos, magistrados, políticos y otros funcionarios públicos. Esta vigilancia se estaría realizando desde las instalaciones militares, precisamente para blindarse de allanamientos de la justicia y de los medios de comunicación, según el testimonio de un militar citado en la investigación.

La publicación entrega información sobre la persecución contra Alejandro Santos, director de Revista Semana, y varios de sus periodistas, por parte del Ejército a través del envío de sufragios y lápidas, amenazas y de vigilancia ilegal a medios físicos y digitales. Sin embargo, los ataques no estaban únicamente dirigidos a los periodistas de este medio.

Según la investigación, el Ejército compró por cerca de tres mil millones de pesos (930.000 USD) una plataforma tecnológica llamada Hombre Invisible, a una empresa española representada en Colombia por un exoficial de la Armada Nacional. “Más allá de las innumerables irregularidades en la licitación y la evidente asignación a dedo de ese contrato, esta herramienta nos permite hacer de todo: meternos a cualquier computador, acceder a llamadas y conversaciones de WhatsApp y Telegram Web, descargar conversaciones de chat archivadas o borradas, fotos y en general lo que tenga almacenado en la memoria de la máquina infectada”, revela el medio. 

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha explicado que la interceptación de comunicaciones tiene un efecto inhibitorio que afecta el pleno ejercicio de la libertad de expresión, ya que sin un espacio libre de injerencias ilegales el derecho a la libertad de expresión no puede ser ejercido plenamente.

La situación de riesgo contra los periodistas ha incrementado de manera exponencial en los últimos dos años, en 2018 la FLIP documentó que 257 periodistas fueron amenazados y 178 durante el 2019. En este contexto de escalada de las amenazas resulta especialmente dramático que nuevamente sea el Ejército la institución que está involucrada en intimidaciones, amenazas e interceptaciones a periodistas.

El primero de mayo de 2013 el periodista investigativo de Revista Semana, Ricardo Calderón, fue víctima de un atentado mientras se trasladaba en la vía que comunica a Girardot y Bogotá. Previo al intento de homicidio, el reportero había sido víctima de seguimientos y sus fuentes habían sido acosadas por la investigación periodística titulada Tolemaida Resort, donde se detallaron los privilegios que de manera ilegal tenían varios militares.  

Posteriormente, a principios de 2014, Revista Semana reveló que, bajo la fachada de un Café Internet, operaba una sala de operaciones de inteligencia conocida como “Andromeda”, donde se realizaron seguimientos a los representantes del gobierno que hacían parte del equipo negociador durante los diálogos de paz con la extinta guerrilla de las Farc. En esa investigación el medio reveló que dentro de las personas que estaban siendo víctimas de vigilancia se encontraban periodistas y medios de comunicación. 

El caso más reciente donde ha habido confirmación de vigilancia contra comunicadores se conoció en diciembre del 2019, cuando se confirmaron las interceptaciones ilegales contra la periodista Vicky Dávila por parte de la Fiscalía General de la Nación. En ese momento, la FLIP publicó una alerta por el peligro de las chuzadas contra periodistas.

A pesar de que repetidamente las autoridades han negado las acciones de vigilancia contra periodistas, la realidad ha mostrado, con suficiente evidencia, que esta forma de agresión es constante. Las investigaciones de las autoridades también dan resultados suficientes, con los que se mantiene el ambiente de intranquilidad y desconfianza. 

Estas revelaciones suponen un nuevo episodio de vigilancia estatal, masivo e ilegal cuyo alcance todavía no es posible establecer y revive los temores que surgieron cuando se conocieron los actos delictivos realizados por el órgano de seguridad DAS. 

La FLIP se solidariza con Revista Semana, sus directivas y reporteros, y rechaza de manera contundente todo tipo de intimidación y espionaje ilegal. Estas acciones, violatorias de la Constitución y la ley penal, ponen en peligro y afectan los derechos de los periodistas y ponen en jaque el ejercicio libre del periodismo.

El 3 de diciembre de 2019, el fiscal Daniel Hernández contó en entrevista en la W Radio que la periodista Vicky Dávila fue víctima de interceptaciones ilegales, confirmando las denuncias de posible vigilancia ilegal hechas por la periodista en 2015. Este caso se suma a otras denuncias de interceptaciones ilegales por entidades del Estado, reviviendo las preocupaciones por chuzadas a periodistas en Colombia.

En 2015, Dávila denunció que había recibido información a través de correos electrónicos anónimos donde se decía que miembros de la Policía habían ordenado el seguimiento e interceptación de sus comunicaciones privadas y se proporcionaba información muy concreta que demostraba monitoreo a su actividad periodística y personal. Estos correos  llegaron después de que Dávila publicara varias denuncias sobre irregularidades al interior de la Policía Nacional. Más de cuatro años después, el fiscal Hernández confirmó que la periodista fue víctima de interceptaciones y seguimientos ilegales, pero que no fue posible determinar quién las ordenó.

Este caso se suma a los recientes denuncias de vigilancia ilegal por parte de autoridades del Estado, como las expuestas por los periodistas Daniel Coronell y María Jimena Duzán en sus columnas ¿La paz chuzada? y Acabaron con la esperanza, relacionadas con interceptaciones ilegales desde la Fiscalía. Si bien en las denuncias no se habla de interceptaciones a periodistas, sí resultan relevantes por cuanto reviven las preocupaciones por un riesgo del que la FLIP ha alertado en el pasado: la ausencia de controles a la actividad de inteligencia del Estado.

En el caso de los periodistas, las interceptaciones ilegales no sólo generan un riesgo para la seguridad de los reporteros sino la de sus fuentes. En mayo de 2019, el periodista Gonzalo Guillén publicó un artículo en el que agentes del CTI confiesan que desde la Fiscalía se estaba interceptando a los periodistas Daniel Coronell, María Jimena Duzán, Cecilia Orozco, Yohir Akerman y al mismo Guillén, al parecer con el fin de hacer montajes que los desacreditaran. Además, en junio de 2019, en el programa Revelados del periodista Julián Martínez se denunciaron posibles interceptaciones a periodistas desde la misma institución. En el programa, Orozco señala que el ex fiscal Néstor Humberto Martínez habló públicamente sobre el contenido de conversaciones privadas entre periodistas.

Además, en el transcurso de este año la FLIP ha recibido varios reportes de periodistas que manifiestan haber notado irregularidades en el funcionamiento de sus celulares y que asocian a interceptaciones ilegales que tendrían como motivación las denuncias periodísticas que han hecho.

Sobre esto, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha explicado que la interceptación de las comunicaciones tiene un efecto inhibitorio que afecta el pleno ejercicio de la libertad de expresión, diciendo que “sin un espacio privado, libre de injerencias arbitrarias del Estado o de particulares, el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión no puede ser ejercido plenamente”. La RELE y la Relatoría para la Protección y Promoción del Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión de la ONU publicaron en 2013 una Declaración Conjunta en la que sostuvieron que la interceptación ilegal de las comunicaciones debe ser drásticamente sancionada. Lamentablemente, la investigación de estas agresiones en Colombia no muestra grandes avances.

La FLIP rechaza las interceptaciones en contra de la periodista Vicky Dávila que fueron confirmadas esta semana, así como cualquier tipo de vigilancia ilegal de periodistas en Colombia por organismos del Estado. En la actual coyuntura, el país necesita de manera acentuada garantías para una prensa libre. El Estado y las fuerzas de seguridad e inteligencia están llamados a actuar como garantes de la labor periodística. 

Este 11 de septiembre se conoció el fallo de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia que condenó a Jorge Noguera Cotes, exdirector del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), a una pena de 7 años, 10 meses y 15 días de prisión por el escándalo de las “chuzadas”.

La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- reconoce como un avance en la lucha contra la impunidad la condena impuesta a Noguera por el delito de concierto para delinquir, del cual fueron víctimas varios periodistas.

El alto tribunal consideró que el Grupo Especial de Inteligencia 3 (G-3), creado durante la administración de Noguera, desarrolló labores de inteligencia y contra inteligencia con el fin de afectar y estigmatizar a periodistas, líderes políticos y organizaciones defensoras de Derechos Humanos. De acuerdo a lo que se probó en el proceso, dichas labores incluían seguimientos, interceptaciones a sus comunicaciones personales, y actividades de vigilancia, entre otros.

Sobre esto la Corte expresó: “Es claro, que la información privada y reservada obtenida a través de los medios ilícitos indicados, nada tenía que ver con actividades al margen de la ley ni con actos que atentaran contra la seguridad del Estado; en este sentido, los concertados acordaron la comisión de delitos para impedir el legítimo ejercicio de la defensa de los derechos humanos y el de oposición al gobierno nacional, finalidad que orientaba a las organizaciones no gubernamentales y personas naturales que fueron objeto de la actividad delincuencial de la asociación que los calificaba de “blancos” o “blancos subversivos”.

Sumado a lo anterior, la Sala compulsó copias a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes para que investigue al senador Álvaro Uribe Vélez y determine su nivel de participación en estos hechos, teniendo en cuenta que para aquel entonces él era el presidente de la República.

Las actuaciones del G3, y en general del DAS, buscaban censurar a la prensa a través del acoso, el hostigamiento y la estigmatización. Para la FLIP este fallo es importante ya que asigna responsabilidad penal a un alto funcionario por sus crímenes contra periodistas y defensores de derechos humanos. También porque sienta un precedente en la búsqueda de justicia dentro del escenario de violencia contra la prensa en el país.

Entre 2003 y 2009 la FLIP documentó 16 casos de periodistas víctimas de interceptaciones a comunicaciones, montajes, seguimientos y amenazas atribuidas principalmente al DAS. Algunos de los nombres que figuran en esta lista son: Claudia Julieta Duque, Hollman Morris, Daniel Coronell, Alfredo Molano, Carlos Lozano y Gonzalo Guillén.

La Fundación exhorta a la Fiscalía para continúe investigando las actividades ilegales cometidas por el extinto organismo de inteligencia con el objetivo de identificar y sancionar plenamente a los responsables de estos hechos.