Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP
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Hace dos años la prensa vivió uno de los periodos más violentos, durante el paro nacional 224 periodistas fueron víctimas de agresiones por parte de la fuerza pública: agresiones físicas, amenazas, daños a sus equipos y obstrucciones fueron las que más se reiteraron. A la fecha, no ha habido sanciones de parte de Policía Nacional ni de la Procuraduría General en contra de los responsables. Tampoco existen avances significativos en el cumplimiento de las recomendaciones que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para proteger a periodistas en contextos de manifestaciones sociales.
Desde el 2019, remitimos 44 casos de abuso policial a la Policía Nacional, para que iniciaran investigaciones disciplinarias. En la mayoría de casos enviamos información relevante sobre las agresiones, como la fecha, hora y lugar del ataque, en otros casos incluso se compartieron imágenes, videos y los números de las placas de las o los agentes involucrados. No obstante, en marzo de este año, la Policía nos informó que solo el 15% de estos casos se encuentran abiertos, y hasta ahora en ninguno de ellos se han impuesto sanciones a los responsables.
A la Procuraduría General de la Nación le remitimos dieciocho casos para que sancionara a los funcionarios públicos involucrados en agresiones contra la prensa y/o vigilara los procesos disciplinarios que se estaban desarrollando en la Policía. De estos, cinco casos se encuentran abiertos y en otro la Procuraduría concedió la vigilancia solicitada.
Uno de los puntos más preocupantes es que tanto la Policía como la Procuraduría dicen desconocer algunos de los casos que les remitimos. En otras palabras, aparentemente no se tramitaron la totalidad de las quejas que enviamos a ambas instituciones. En el caso de la Policía, esta dice no tener información de quince casos, mientras que la Procuraduría no tiene registros de cinco de ellos.
Entretanto, el Estado no ha avanzado diligentemente en el cumplimiento de las recomendaciones realizadas por la CIDH en el 2021. Entre estas, la Comisión le pedía al Estado colombiano detener los hostigamientos y estigmatizaciones contra la prensa, y respetar la independencia de los medios. Sin embargo, dos años después, la Cancillería aún no ha terminado de concertar un mecanismo de seguimiento a las recomendaciones y no hay claridad sobre cómo han abordado las relacionadas con la prensa.
Es de vital importancia que la CIDH realice actividades de monitoreo y seguimiento sobre el estado del cumplimiento de sus recomendaciones. A la vez, es fundamental que los procesos disciplinarios abiertos avancen con rigor y eficiencia, y que el Estado incorpore en el menor tiempo posible las recomendaciones de la Comisión. A través de estas acciones se contribuye también a la no repetición de estos hechos.
El gobierno de Iván Duque mantuvo una estrategia de amigo-enemigo con la prensa. Con aquellos, considerados como críticos, primó la desconfianza y el hermetismo. Además, utilizó recursos humanos y económicos para priorizar la comunicación institucional e imponer su narrativa. Con ello contribuyó al ambiente de polarización y construyó una muralla que afectó el acceso a la información. Todo esto, mientras las cinco periodistas fueron asesinados por razones de su oficio y otras y otros 750 recibieron amenazas de muerte.
Existen varias postales que permiten recordar cómo abordó Iván Duque a los y las periodistas. Displicente: la recordada frase “¿De qué me hablas, viejo?” para evitar la pregunta de un reportero de El Heraldo quien lo cuestionó sobre el bombardeo donde murieron menores de edad. Inverosímil: Duque se entrevistó a él mismo durante los días más álgidos de las manifestaciones del 2021. Cínico: el presidente le sugirió al periodista Stephen Sackur de la BBC que estaba diciendo mentiras cuando realmente quien entregaba información falsa era Duque.
No se trata únicamente de anécdotas. El presidente fue implementando una estrategia lesiva contra la libertad de prensa que siguió los lineamientos entregados por sus asesores y que persiguió dos objetivos. El primero, construir una poderosa máquina de comunicaciones con el propósito de posicionar su propia versión de los hechos y, el segundo, segmentar al periodismo entre amigos y enemigos.
Para el primer objetivo Duque triplicó el equipo de comunicaciones de la Presidencia, que en el 2018, al cierre del gobierno de Santos, tenía contratadas a quince personas y que actualmente está integrado por 54. Adicional a esto, la Presidencia gastó más de 46 mil millones de recursos públicos en pauta oficial. La mayoría de los contratos tenía como objeto reforzar las narrativas sobre su gestión, figurar en medios internacionales y monitorear las redes sociales para identificar a quienes opinaban sobre su administración.
En este propósito de crear comunicaciones unidireccionales el programa de Prevención y acción engranó de manera perfecta. Este espacio diario se prolongó durante más de un año y se transmitieron 404 horas. Si bien al comienzo estaba encaminado a explicar la pandemia del Covid-19 terminó convertido en un show donde Duque publicitaba las acciones de su gobierno, un monólogo de comunicación oficial que no dejaba ningún espacio para preguntas de periodistas, cuestionamientos de ciudadanos o voces de la oposición.
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Al tiempo que engrosaban su propia máquina de comunicaciones, Duque y sus asesores etiquetaron como “negativos” a un amplio sector de la prensa y construyeron un muro inquebrantable, que bloqueó a los medios que anticiparon como incómodos. Durante sus cuatro años, Duque dio nueve ruedas de prensa y realizó 272 entrevistas. Una de cada seis entrevistas se la concedió a RCN, radio y televisión. Diecinueve veces atendió a Blu Radio. Por el contrario, a El Espectador le concedió una sola entrevista y a La Silla Vacía ninguna.
Quizás uno de los hechos más bochornosos que dejó su desprecio hacia el sector fue el incumplimento que le hizo a las y los propietarios de los medios, a quienes les había prometido un salvamento por 85 mil millones de pesos para aliviar los efectos generados por la pandemia. Después de seis meses de engorrosos trámites al que aplicaron más de trescientos medios, el gobierno canceló la ayuda sin entregar ninguna explicación.
Enfrascado en sus pretensiones, que oscilaban entre el control y la vanidad, Duque evadió sus obligaciones de protección a la prensa. En estos últimos años hubo un incremento de la violencia. Desde el 7 de agosto del 2018 hasta el 30 de junio del 2022 la FLIP documentó 628 amenazas contra medios y periodistas en todo el país, un aumento sustancial comparado con el cuatrienio anterior. También ocurrieron cinco asesinatos a periodistas por razones de su oficio, pero el gobierno no emprendió acciones contundentes para encontrar justicia. Sumado a todo esto, Duque fue indulgente con el episodio que se conoció en el 2020 sobre el espionaje contra la prensa.
Iván Duque empezó tímidamente alejándose de algunos medios a quienes quería cobrarles “el apoyo que le habían dado a la Paz de Santos”. Con el paso de los años dejó su timidez, marcó condiciones hostiles para el periodismo que fue crítico con su gestión y su desprecio hacia la prensa se hizo evidente.
La violencia contra la prensa durante el cubrimiento de las manifestaciones sociales del 2021 no tiene precedentes. Después de un año, persiste la desprotección a la prensa para que pueda realizar su trabajo libremente. El periodismo cumple una función esencial al obtener y difundir los hechos que suceden en las manifestaciones, entre estos, la actuación de la fuerza pública.
Durante el 2021 documentamos más de 700 ataques a periodistas, de esos, 359 están relacionados con el cubrimiento de la protesta social. Lo más preocupante de estos hechos es que el mayor agresor contra la prensa fue la fuerza pública, con 227 ataques.
Como reacción a esta ola de violencia, junto con Reporteros Sin Fronteras (RSF) denunciamos el escalamiento del abuso de la fuerza pública, avalado por un silencio del gobierno y las autoridades. Ante la falta de reacción de las autoridades, solicitamos a la ONU, la OEA y la UNESCO que exigieran al Estado colombiano adoptar medidas para proteger la libertad de expresión en este escenario.
Además, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo una visita a Colombia durante el paro nacional y emitió recomendaciones específicas para la protección de periodistas y de la libertad de expresión. Sin embargo, no se han adoptado medidas para su cumplimiento:
No se ha dado un rechazo público y contundente por parte del gobierno nacional frente a los hechos violentos contra la prensa. Tampoco se ha enviado un mensaje claro de cero tolerancia a la violencia cometida por los miembros de la fuerza pública. Este silencio refuerza la impunidad que termina por replicar más violencia contra la prensa, ya que el agresor no enfrenta consecuencias, mientras que la prensa queda sujeta a un riesgo que no se desactiva.
De los 25 casos que monitorea la FLIP, donde el agresor de la fuerza pública está plenamente identificado, tan solo ocho procesos se encuentran activos. La justicia penal militar tiene conocimiento de tres de estos. De la cifra restante, hay un fallo absolutorio, un fallo inhibitorio, tres procesos archivados y doce en los que la Policía Nacional manifiesta no adelantar ningún tipo de acción. Esta impunidad es histórica, por ejemplo, de los veinte procesos disciplinarios por agresiones a periodistas en las manifestaciones sociales del 2019 y 2020, tan solo un caso se encuentra activo.
No se han estructurado planes concretos para que, en la práctica, la fuerza pública respete y dé protección a la prensa, conforme a estándares internacionales de libertad de expresión. Aunque el nuevo Estatuto Disciplinario Policial sanciona como falta grave impedir el cubrimiento de los procedimientos de policía, esta medida debe ser reforzada con una comprensión integral del oficio para que los agentes en terreno garanticen las condiciones para ejercer el periodismo libre de violencia.
La Fiscalía General de la Nación tiene registro de 993 noticias criminales registradas por calumnia relacionadas a la difusión de “noticias falsas” entre el 2020 y el 2021; de las cuales 471 son de 2021. Si bien no existe información desagregada de cuántas están relacionadas estrictamente con las manifestaciones, se evidencia una persecución activa de este tipo de expresiones ciudadanas, pues para el 2018 sólo se registró un caso. Esto se ve agravado por el monitoreo de redes sociales que realizó el Puesto de Mando Unificado Ciber, en cabeza del Centro Cibernético Policial, que rotuló como falsa información sobre el accionar de la fuerza pública en manifestaciones.
La libertad de expresión y de prensa no implican solamente la posibilidad de manifestar ideas y opiniones, sino también poder hacerlo sin sufrir consecuencias arbitrarias o intimidatorias. La judicialización de las opciones e informaciones sobre la protesta social tiene un efecto intimidatorio, no solo para la prensa sino también para la ciudadanía que se expresa en línea.
La FLIP rechaza los ataques contra la prensa ocurridos durante las jornadas de manifestaciones del 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer. Registramos dos agresiones en Medellín, una de parte de la fuerza pública y la otra de manifestantes.
El primer caso es el de Jennifer Mejía, periodista de Le Cuento y Pacifista, quien fue detenida alrededor de una hora por la Policía Metropolitana de Medellín cerca a la estación del Metro de San José, cuando estaba registrando la detención de una manifestante. Un agente de Policía la tomó del brazo y la llevó a la fuerza al comando del Valle de Aburrá, la periodista se identificó como prensa y portaba chaleco y carnet. Además, afirma que no le dieron a conocer a dónde la llevaban ni por qué la detenían.
El área de Derechos Humanos de la Policía en Medellín informó a la FLIP que a la reportera se le hizo un traslado por protección. Sin embargo, la periodista afirmó que no hubo una situación violenta que pusiera en riesgo su seguridad e integridad y por el contrario esta detención obstruyó sus labores informativas durante las manifestaciones, impidiendo así el cubrimiento de un procedimiento policial, lo cual es una falta disciplinaria según el artículo 21 del código de seguridad y convivencia.
El segundo caso es el de la periodista de Telemedellín, Manuela Granda, y el camarógrafo Nelson Usquiano, quienes fueron abordados por siete manifestantes que, de forma agresiva, les pidieron que se apartaran de la manifestación pues rechazaban la presencia de Nelson. Después de esto, las manifestantes agredieron físicamente al reportero gráfico, intentaron quitarle su cámara y le lanzaron una lata a Manuela, que le ocasionó una lesión en la cabeza que requirió atención médica.
En estos casos, recordamos las observaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) luego de su visita a Colombia en el marco de las manifestaciones sociales, en junio de 2021. La CIDH considera importante recordarle al Estado “que las y los trabajadores de prensa cumplen una función crucial al recabar y difundir información de lo que sucede en las protestas, incluyendo la actuación de las fuerzas de seguridad, por lo que las autoridades deben brindarles el más alto grado de protección para que puedan realizar su trabajo libremente”.
Hacemos un llamado a la Policía Nacional para que dé instrucciones claras a los funcionarios que participan en los operativos de estas manifestaciones para que garanticen la labor de la prensa en estos contextos y cumplan con su deber de brindar condiciones de seguridad e integridad para su trabajo.
También invitamos a los y las líderes y convocantes de las manifestaciones a rechazar públicamente todo tipo de violencia contra la prensa, con el fin de prevenir este y otro tipo de agresiones. La libertad de expresión y de prensa implican la posibilidad de expresar ideas y opiniones, y de hacerlo sin sufrir acciones intimidatorias o recibir algún tipo de ataque.
La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) alerta sobre el riesgo inminente sobre la seguridad e integridad del periodista de Canal 2 José Alberto Tejada, quien volvió a ser víctima de amenazas y hostigamientos. Rechazamos la publicación de datos personales del periodista, ya que esto podría generar un factor de riesgo adicional para la vida del reportero.
La FLIP tuvo conocimiento de que esta mañana dos individuos, uniformados sin identificación, se presentaron en la residencia del periodista Tejada e increparon a los escoltas. Esto ocurrió luego de que en un comunicado emitido por el encargado de la protección de defensores humanos de la Policía Nacional se publicara la dirección de la residencia personal del periodista.
Tejada ha hecho un amplio cubrimiento de las manifestaciones en la ciudad de Cali. Desde finales de abril de este año y hasta la fecha la FLIP ha registrado siete ataques contra el reportero, incluidos disparos directos por parte de integrantes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad). En las últimas dos semanas, la FLIP ha registrado tres ataques contra el periodista. Esto demuestra la agudización del riesgo al que está expuesto el reportero y exige la acción inmediata de las autoridades garantes.
La FLIP conoció que a través de Whatsapp habría circulado un comunicado atribuido a la Policía Nacional donde se filtró la dirección de residencia del periodista. Resulta altamente preocupante que se le atribuya la divulgación de esta información a la Policía, que es la autoridad que conoce de primera mano los problemas de seguridad de Tejada. Esta exposición de datos personales indudablemente incrementa la posibilidad de concretar el daño sobre la vida del periodista.
La Fundación conoció que la Unidad Nacional de Protección (UNP) inició la evaluación de riesgo del periodista por trámite de emergencia, sin embargo, han pasado ocho días desde que se le informó al periodista y aún no ha habido una respuesta de protección por parte de la UNP. De igual modo, solicitamos a la UNP que de manera urgente implemente medidas de protección a Alberto Tejada y que concerté con él la asignación de las mismas teniendo en cuenta los antecedentes de sus agresiones y las vulnerabilidades a las que está expuesto.
No existe nada más permisivo para la repetición de las violencias contra la prensa que la ausencia de una reacción institucional contundente. Por este motivo, pedimos a la Fiscalía General de la Nación que se articule con la UNP y realice una investigación de oficio de estos hechos de público conocimiento, para que se dé con los responsables y se procure la desactivación del riesgo.
La situación de Tejada evidencia que no se está dando cumplimiento a la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) frente a los niveles de violencia sin precedentes que conoció durante su visita. En su informe, la CIDH recomendó al Estado colombiano “Garantizar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión de conformidad con los estándares interamericanos, en particular, mediante la protección de los periodistas, comunicadores y trabajadores de los medios frente a persecuciones intimidaciones, hostigamientos, agresiones de cualquier tipo, y mediante el cese de acciones estatales que intervengan con el libre funcionamiento de los medios de comunicación”.
Por lo anterior, la FLIP hace un llamado a la CIDH para que tenga en cuenta estos nuevos hechos y, en consecuencia, priorice la decisión de la solicitud de medidas cautelares en curso para el periodista Tejada, así como todas aquellas que se refieren a la seguridad de la prensa en las protestas sociales que siguen en curso.
Se cumple un mes desde que miles de ciudadanos salieron a las calles de todo el país a ejercer su derecho a la protesta y el panorama para la prensa no puede ser más desalentador y preocupante. Estos 28 días de Paro Nacional se han convertido en el periodo de cubrimiento de manifestaciones más violento para la prensa y ha transcurrido en medio de estigmatizaciones y agresiones por parte de miembros de la fuerza pública y bajo un silencio total del gobierno y las autoridades.
En este periodo, la FLIP ha registrado 165 violaciones a la libertad de prensa que han dejado 186 víctimas. Dentro de los hechos más graves se destacan: 59 agresiones físicas; 31 amenazas; y 6 detenciones ilegales. En este contexto, las mujeres periodistas han sido víctimas de 30 agresiones, entre las que se encuentran las agresiones físicas (10), el robo o eliminación del material periodístico (5), las detenciones ilegales (3) y las amenazas (4).
Es altamente preocupante que la violencia contra la prensa mantenga su intensidad con el correr de los días, los mismos ataques que se han presentado desde el día uno de protestas siguen afectando a periodistas hoy; y no hemos visto que las autoridades se hayan esforzado por proteger a la prensa y defender el derecho a la libertad de expresión.
Por el contrario, un aspecto que eleva nuestra preocupación es que el agresor más frecuente ha sido la fuerza pública con 87 ataques. Es decir, el 52% de las agresiones fueron cometidas por uniformados, quienes han intimidado, amenazado, agredido, obstruido y estigmatizado a los y las periodistas.También preocupan los 55 ataques cometidos por ciudadanos particulares que intentan censurar y obstruir el trabajo de las y los periodistas.
En estos 28 días hemos registrado el más alto número de agresiones contra las y los periodistas que cubren las masivas manifestaciones sociales. En el paro agrario de 2013 (25 días) registramos 24 agresiones; en el paro nacional de 2019 (40 días) documentamos 76 ataques a la prensa. Esto quiere decir que ya se duplicó la cifra de agresiones registradas hace dos años, en un menor tiempo.
Miembros de la Policía Nacional, y especialmente del Esmad, han atacado constantemente a periodistas que cubren las manifestaciones sociales y que muchas veces registran casos de abuso de fuerza. En la documentación de los 87 casos, desde la FLIP hemos identificado una serie de patrones dentro de los distintos tipos de agresiones documentadas que dan cuenta de que dichas agresiones han tenido como finalidad atentar contra la libertad de prensa. Se destacan los disparos directos, las agresiones con gases lacrimógenos, los golpes con elementos como escudos o bolillos, los ataques con taser, y los golpes como patadas y puños.
El 22 de mayo la FLIP registró tres agresiones a periodistas independientes en Medellín. Los periodistas denunciaron haber sido impactados con cápsulas de gases lacrimógenos, piedras y haber sido pateados por parte de miembros del Esmad. Dos de estos casos ocurrieron cuando los periodistas estaban grabando la detención de dos personas en medio de las manifestaciones en el Parque de la Resistencia.
Algunos miembros de la Policía Nacional también han deslegitimado la labor periodística y estigmatizado a las y los reporteros. Las y los comunicadores han manifestado que los han señalado de ser infiltrados y hacer parte de grupos armados.
Además, a inicios de mayo el ministro de Defensa, Diego Molano, en compañía del general Navarro, comandante de las Fuerzas Militares, y el director de la Policía, Jorge Luis Vargas, repitió de forma enfática que los sitios web y perfiles que desacrediten la labor de la fuerza pública en el marco de las manifestaciones sociales están realizando labores de “terrorismo”.
Los señalamientos y ataques provenientes de las autoridades, en este caso de la fuerza pública, se convierten en un factor de riesgo que compromete la integridad de los y las periodistas que cubren la protesta social y generan un ambiente de hostilidad para la prensa que perjudica la pluralidad en el debate público. Con todo esto se afecta gravemente el derecho constitucional de publicar y recibir información de interés público.
El 25 de mayo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó un comunicado en el que afirma que junto a su Relatoría de Libertad de Expresión han “observado un clima de creciente hostilidad y violencia hacia la prensa en el contexto de las manifestaciones sociales, documentando agresiones, amenazas e intimidaciones, además de ataques a instalaciones de medios de comunicación”. Además, recuerdan que las autoridades deben brindar protección a las y los periodistas que informan sobre lo que sucede en las protestas.
Durante este mes, en la FLIP hemos registrado 55 ataques a periodistas por parte de particulares que participan en las manifestaciones sociales. Dentro de estos ataques hay 15 amenazas, 9 agresiones físicas y 2 daños a la infraestructura de medios.
Entre el 9 y el 11 de mayo, cinco periodistas fueron amenazados por personas que se encontraban en la jornada de manifestación en la ciudad de Cali. Uno de los periodistas tuvo que salir de emergencia del lugar y denunció seguimientos posteriores. Además, hemos conocido que corresponsales de medios nacionales han enfrentado distintas agresiones y obstrucciones por parte de los manifestantes. Incluso, en algunos casos las y los periodistas han salido a hacer la reportería sin ningún distintivo del medio de comunicación para evitar así ataques.
La labor de la prensa, el libre flujo y la pluralidad de la información son sumamente importantes para que la ciudadanía pueda conocer los hechos de las manifestaciones y con ello ejercer un control sobre las instituciones del Estado y tomar decisiones informadas. Alentamos los ejercicios de crítica hacia los medios de comunicación y los contenidos que comparten, sin embargo, es indispensable que las audiencias manifiesten sus inconformidades hacia los medios de manera respetuosa y sin atentar contra la libertad de prensa.
La FLIP expresa su extrema preocupación por las constantes agresiones contra las y los periodistas que cubren el Paro Nacional. Teniendo el cuenta el alto nivel de violencia contra la prensa, la Fundación hace las siguientes solicitudes:
Un mes después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenara medidas cautelares a favor del periodista Ricardo Calderón, el Estado colombiano no ha implementado acciones que garanticen su vida e integridad. Tras un año de la denuncia de los perfilamientos ilegales por parte del Ejército Nacional que originaron la medida tampoco se conocen imputaciones formales.
El pasado 3 de febrero se realizó una reunión de concertación de medidas cautelares convocada por la Cancillería de Colombia. En la reunión participaron delegados de la Unidad Nacional de Protección (UNP), la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, el periodista Ricardo Calderón y la FLIP.
Desafortunadamente en ese espacio no se encontró una respuesta inmediata y articulada para prevenir el riesgo excepcional y, a pesar de la existencia de la medida cautelar, el periodista fue redirigido a agotar los trámites ordinarios para reclamar la protección de emergencia —cuya duración mínima es de noventa días—. La UNP no propuso fórmula alguna de concertación sino que insistió en remitir el caso al CERREM, cuya dinámica institucional impide que las medidas sean concertadas.
Por su parte, la Fiscalía General de la Nación tampoco ha mostrado avances satisfactorios en la investigación. En abril del 2020 la Fiscalía inició dos investigaciones por los hechos, sin embargo, en ninguna hay resultados que conlleven a esclarecer los hechos. Las dos investigaciones se caracterizan por una precaria actividad probatoria que dé cuenta de la valoración del contexto de las agresiones y su relación con el ejercicio de la actividad periodística. De igual manera, resulta inaceptable que a pesar de que la Fiscalía conoce las amenazas contra Calderon desde inicios del 2020 el llamado a rendir la declaración ocurrió solo un año después, (el pasado 10 de febrero del 2021).
La FLIP advierte que el Estado colombiano está en mora de adoptar las medidas necesarias para garantizar los derechos a la vida e integridad del periodista y cumplir las medidas ordenadas por la CIDH. Lo ocurrido en el caso de Ricardo Calderón demuestra, una vez más, la sistemática falta de respuesta institucional por parte de la Unidad Nacional de Protección y de la Fiscalía General de la Nación frente a los crímenes contra la prensa.
Ya que la protección de la prensa es una obligación primordial del Estado, resulta urgente que la Procuraduría General de la Nación vigile por qué se están desconociendo los lineamientos internacionales para investigar, juzgar y sancionar las agresiones contra la prensa y que vigile el proceso de tal manera que no se continúen presentando dilaciones en el cumplimiento de las medidas cautelares.
El 19 de agosto del 2020, los cuatro Relatores Especiales de Naciones Unidas y la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifestaron al Gobierno colombiano su preocupación sobre las actividades de vigilancia y elaboración de perfiles por parte del Ejército, considerando que dichas actividades someten a los periodistas a un riesgo elevado e interfieren con el desarrollo de su trabajo. Por este motivo, les hacemos un llamado para que hagan una vigilancia permanente y de cerca al incumplimiento de los compromisos del Estado frente a la protección y garantía de la libertad de prensa.
Desde la FLIP continuaremos realizando seguimiento a la adopción de medidas de protección y el desarrollo de una investigación seria e imparcial, que conlleve a la sanción de los responsables de las agresiones y perfilamientos de las que ha sido víctima Ricardo Calderón y otros periodistas en el país.
La FLIP expresa su preocupación por la seguridad de los periodistas de Voces del Guayabero Fernado Osorio y Edilson Álvarez, quienes denuncian haber sido intimidados y detenidos irregularmente por miembros del Ejército Nacional mientras cubrían los operativos de erradicación forzada en el Meta. La Fundación le exige a las autoridades que lleven a cabo las acciones necesarias para proteger a los comunicadores y sancionar a los funcionarios responsables de estas violaciones a la libertad de prensa.
Osorio le manifestó a la FLIP que el siete de agosto fue intimidado por integrantes del Ejército Nacional mientras realizaba el cubrimiento de un operativo de erradicación forzada en la vereda Nueva Colombia del municipio de Vistahermosa, Meta. En la denuncia que el comunicador dirigió a la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación aseguró que miembros del Ejército lo señalaron de ser guerrillero y le afirmaron que la próxima vez “no le volarían solo un dedo”.
Es importante recordar que el pasado cuatro de junio, mientras Osorio hacía otro cubrimiento periodístico en la vereda Tercer Milenio, recibió dos impactos de fusil que le destrozaron tres dedos. Por estos hechos la FLIP le solicitó al Ejército Nacional información sobre las sanciones a los funcionarios responsables de estas violaciones a la libertad de prensa. El pasado seis de agosto la institución respondió que la oficina jurídica estaba adelantando las investigaciones disciplinarias y que el proceso apenas se encontraba en etapa preliminar.
Adicionalmente, Álvarez y Osorio aseguran que el ocho de agosto fueron detenidos durante seis horas por integrantes del Ejército en una casa de la vereda de Nueva Colombia. Los periodistas estaban en ese sector para cubrir la detención de un grupo de campesinos. Los dos reporteros aseguran que los uniformados los señalaron de ser guerrilleros y les dijeron que “no dieran papaya” porque los iban a matar.
Las amenazas, las detenciones y los ataques directos que han sufrido los comunicadores de Voces del Guayabero durante el cubrimiento de los operativos de erradicación forzada en esta región dan cuenta de la falta de garantías para ejercer su labor informativa. Desde el pasado 20 de mayo los reporteros han registrado las violaciones a los derechos humanos contra cerca de 80 comunidades campesinas que se encuentran en riesgo por las acciones militares de la fuerza pública.
La FLIP rechaza las violaciones a la libertad de prensa denunciadas por los comunicadores de Voces del Guayabero, a quienes se les acusa de ser guerrilleros con el fin de justificar los ataques contra su vida. En ese sentido, la Fundación le exige al Ejército Nacional que investigue con celeridad a los uniformados responsables y se emitan las sanciones correspondientes. Adicionalmente, le solicita que se impartan instrucciones precisas sobre el cumplimiento de su deber como garantes de la libertad de prensa en este tipo de escenarios donde la presencia de equipos periodísticos es un necesaria para la transparencia alrededor de los operativos militares.
La FLIP les reitera a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo la necesidad de crear un comité de seguimiento a estas investigaciones disciplinarias con el fin de sancionar de manera efectiva a los uniformados responsables de estas situaciones de violencia contra la labor periodística.
La Fundación le solicita a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que evalúe la situación de riesgo de los reporteros con el fin de implementar las medidas de protección necesarias para salvaguardar su vida y su integridad.
La FLIP rechaza las intimidaciones contra Alejandra Herrera, periodista de RCN Radio en Neiva, quien denunció la violencia sexual contra una menor de edad en Putumayo. La Fundación les solicita a las autoridades que garanticen la seguridad de la reportera e investiguen a los responsables de estas amenazas.
El pasado 7 de julio la reportera publicó a través de su cuenta de Facebook información sobre una menor que habría sido víctima de violencia sexual y posteriormente habría sido asesinada. La denuncia de Herrera aportaba información distinta a la que habían entregado las autoridades, quienes señalaban que la niña se había suicidado dos días antes en Puerto Guzmán, Putumayo.
Luego de publicar la denuncia, la reportera recibió una llamada por parte de un oficial de la Policía Nacional, quien le advirtió con un tono intimidante que era de público conocimiento que la niña no se había suicidado, pero que Herrera debía eliminar la publicación para evitar problemas. Ese mismo día, la mamá de la menor le envió una nota de voz a la periodista en la que la recriminó por la publicación y la amenazó: “si usted estuviera aquí en este momento yo creo que le metería su par de puños para que aprendiera a ser seria”.
La FLIP expresa su preocupación por estos hechos y le solicita a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que inicie la evaluación de riesgo de la periodista con el fin de implementar las medidas de seguridad adecuadas para proteger su vida y su integridad. Adicionalmente, la Fundación le solicita a la Fiscalía General de la Nación que adelante las investigaciones correspondientes para dar con el paradero de los responsables y llevarlos ante la justicia.
Las sanciones judiciales son un precedente importante que contribuye a disuadir la ocurrencia de nuevas violencias contra la prensa. Sobre esto, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho: “para prevenir la violencia contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación es indispensable que el ordenamiento jurídico sancione estas conductas de manera proporcional al daño cometido”.
La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza de manera contundente los ataques denunciados por los comunicadores de Voces del Guayabero por parte de miembros de la fuerza pública. La FLIP le solicita a la Policía y al Ejército Nacional que se pronuncien sobre estos hechos para que la sociedad civil pueda conocer las investigaciones en el interior de las instituciones.
Miembros del Ejército confirmaron que hasta el momento solo se han hecho unas averiguaciones iniciales sobre los sucedido. La falta de transparencia frente a estas investigaciones puede ser entendida por otros uniformados como un mensaje de tolerancia ante futuras situaciones de violencia contra la prensa. Esto fortalece los índices de impunidad en los procesos penales y disciplinarios.
Durante los primeros días de junio tres periodistas del colectivo de comunicaciones Voces del Guayabero fueron agredidos por miembros de la fuerza pública mientras cubrían las protestas que adelantaba la comunidad campesina de la región del Guayabero en el sur del Meta. Los reporteros denuncian que fueron impactados por proyectiles que fueron disparados por miembros del Ejército y la Policía Nacional. Sin embargo, las autoridades no han anunciado investigaciones para sancionar a los responsables.
Desde el 20 de mayo los miembros de Voces del Guayabero se encontraban cubriendo los operativos de erradicación forzada que realiza la fuerza pública en la región del río Guayabero, ubicada entre los departamentos de Meta y Guaviare. Días después, el 4 de junio, los periodistas Edilson Álvarez, María Alejandra Lamprea y Fernando Osorio tomaron sus cámaras, se vistieron con su chaleco de prensa con logo del medio Voces del Guayabero y salieron a cubrir la manifestación que adelantaba la comunidad campesina en la vereda Tercer Milenio, en el municipio de Vistahermosa, Meta.
Los comunicadores le relataron a la FLIP que, en medio de la arremetida del Ejército contra la comunidad, ellos se dispersaron por la zona para hacer su cubrimiento informativo y se volvieron a encontrar tiempo después para darse cuenta de que Osorio había recibido dos impactos de fusil provenientes de miembros del Ejército Nacional. “El primer impacto me dio en la mano derecha y me destrozó tres dedos, el segundo dio en la maleta y me atravesó la cámara. En ese momento me lancé a un caño para protegerme. A ellos no les importó que llevara mi chaleco de prensa”, relata Osorio, quien agrega que identificó que los disparos provenían de militares. El reportero fue atendido de inmediato por enfermeros de la misma comunidad, pero hasta el momento no ha podido acceder a un servicio de salud que le permita la reconstrucción de su mano.
En ese momento Álvarez se acercó también a sus compañeros y les informó de un fuerte dolor, producto de los impactos de balas de goma que le habían lanzado agentes del ESMAD a menos de 25 metros de distancia, según relata el comunicador. Cuando hicieron la revisión de los disparos en el cuerpo del reportero, fue posible identificar que tenía tres hematomas en su espalda.
Once días después se presentó otra situación de violencia contra el colectivo de comunicaciones. El 15 de junio agentes de la Policía agredieron a la reportera María Alejandra Lamprea durante su trabajo informativo: “Estaba a unos cuarenta metros del ESMAD cubriendo, cuando de pronto sentí un golpe en uno de mis glúteos. Me pegaron con un corcho y también me reventaron uno de mis dedos. Aún me molesta un poco para caminar”, asegura la comunicadora.
Osorio y Álvarez aseguran que los ataques físicos se presentaron luego de que, durante varios días, los miembros de la fuerza pública los amenazaran y los estigmatizaran: “Uno los escuchaba decir que a los de las cámaras había que darle más duro”, relata Álvarez. “Varias veces escuché cómo nos señalaban de ser guerrilleros”, afirma Osorio. Los ataques dirigidos contra los comunicadores y sus dispositivos periodísticos se presentaron luego de que el equipo de Voces del Guayabero registrara las acciones violentas de los uniformados contra la comunidad.
Al respecto, Alex Ruíz, vocero de las comunidades de la región del Guayabero, sostiene que los comunicadores de Voces del Guayabero tienen cientos de videos donde se denuncian estas violaciones a los derechos humanos durante el desarrollo de los operativos de erradicación en la zona. Sin embargo, Ruiz sostiene que, debido a las dificultades para el acceso a internet, este material no se ha podido publicar a través de las páginas del medio: “para tener una buena conexión hay que viajar al menos tres horas desde el lugar donde estamos cubriendo”, relata Ruiz. Por esta razón, los videos se han difundido por WhatsApp y a través de las redes de otras organizaciones defensoras de derechos humanos.
En este contexto nació Voces del Guayabero con el fin de informar sobre las dificultades que enfrentan 80 comunidades campesinas de esta región del país para hacerle frente a la escasa oferta mediática del sur del Meta y el norte del Guaviare. Según el proyecto de Cartografías de la Información, en los municipios de Vistahermosa, La Macarena y Puerto Rico en el Meta, que hacen parte del sector del Guayabero, los únicos medios que existen son las emisoras de la fuerza pública, que difunden información con un interés institucional. Adicionalmente, Cartografías de la Información también alerta sobre la limitación para el acceso a internet en departamentos como Guaviare, esto se convierte en un inconveniente para el desarrollo de proyectos informativos digitales como Voces del Guayabero.
La FLIP expresa su preocupación por los ataques y los señalamientos emitidos por miembros de la fuerza pública en contra de los comunicadores de Voces del Guayabero, a quienes se les acusa de ser guerrilleros con el fin de justificar los ataques a su integridad y a sus dispositivos periodísticos. En ese sentido, la Fundación le hace un llamado a la Policía y al Ejército para sancionar a los responsables y se impartan instrucciones precisas a los uniformados de ambas instituciones dirigidas al cumplimiento de su deber como garantes de la libertad de prensa y conciban la presencia de equipos periodísticos como una garantía de transparencia sobre sus operativos y no como un obstáculo para adelantar sus labores.
Finalmente, la FLIP le solicita a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo que establezca un comité de seguimiento a estas investigaciones disciplinarias con el fin de sancionar de manera efectiva a los uniformados responsables de estas situaciones de violencia contra la labor periodística.
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