Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP

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En 2018 la violencia contra la prensa recrudeció. Desde que la FLIP lleva un registro amplio de los ataques a la prensa, nunca se había llegado a un número tan alto de agresiones contra periodistas. El fenómeno de violencia ha cambiado y aunque cada vez es menos letal, los  ataques van en aumento, este año fueron 477, incluidos tres asesinatos.

Los agresores y las formas de censura son cada vez más diversas: actores ilegales que amenazan, secuestran y asesinan; funcionarios que obstruyen, estigmatizan y usan el aparato judicial para censurar; una fuerza pública que agrede y detiene ilegalmente, particulares que usan las redes sociales para acosar y amenazar; y un Estado que desprotege, no investiga y no garantiza justicia.

El secuestro y posterior asesinato del equipo periodístico del diario ecuatoriano El Comercio a manos del Frente Óliver Sinisterra enlutó al periodismo latinoamericano. Además, dejó en evidencia la indolencia de los Estados colombiano y ecuatoriano frente a un crimen atroz. A pesar de los avances de la Fiscalía colombiana en la captura de algunos implicados, los Estados no han aportado verdad y se han enfocado en evadir responsabilidades.

Las 200 amenazas contra periodistas en el 2018 encendieron las alarmas de la FLIP, de las autoridades nacionales y de embajadas y organizaciones internacionales que se manifestaron públicamente. En regiones como el Catatumbo, Tolima o Putumayo las amenazas incrementaron ostensiblemente y la respuesta de las autoridades ha sido insuficiente.  

El programa de protección a periodistas del gobierno ha contribuído a la reducción de asesinatos, sin embargo, muestra sus limitaciones a la hora de implementar esquemas efectivos, preventivos y que tengan en cuenta medidas diferenciales.  El Ministerio del Interior comenzó a implementar su Programa de Acción Oportuna y será el 2019 el año para evaluar los primeros resultados.

AQUÍ PUEDE NAVEGAR POR EL INFORME "PRENSA ACORRALADA: UN JUEGO DE VIOLENTOS Y PODEROSOS"

El 2018 demostró que los funcionarios públicos y los líderes políticos no se han interesado en garantizar un desarrollo del trabajo periodístico. Incluso, hay casos en los que algunos parecen considerar que la prensa es su enemigo, en lugar de un pilar fundamental de la democracia. El discurso público de líderes de filiación política diversa y autoridades en ejercicio han consolidado un clima de permisividad y justificación a los ataques contra la prensa.

En el 2018 se presentaron ocho proyectos de ley que pueden ser restrictivos al derecho a la libertad de expresión: controlar el uso de las redes sociales, revivir la tarjeta profesional, censurar contenido legítimo acusándolo de “íntimo”, bloquear contenidos en internet; establecen más riesgos para un ejercicio del periodismo libre. A esta lista se debe sumar la promoción del proyecto de ley TIC que otorga un poder excesivo al gobierno para que, directa o indirectamente, decida sobre el otorgamiento y la renovación de licencias de televisión y radio y castigue a sus operadores.

Por otro lado, es importante destacar algunos avances en asuntos de justicia. Se impuso la condena más alta en delitos contra la libertad de expresión en Colombia y se adoptaron decisiones trascendentales en casos que llevaban más de diez años sin resolverse. Sin embargo, estos avances contrastan con los niveles de impunidad que se mantienen.

La Fiscalía designó a un fiscal especializado para investigar las amenazas en Bogotá y ordenó el apoyo a fiscales seccionales para la investigación de algunas amenazas en otras partes del país. Además, implementó una línea telefónica única para la atención de amenazas. Como consecuencia de estos avances, varias personas han sido vinculadas a las investigaciones de la Fiscalía como posibles autores de estos delitos

Sin embargo, algunos de los casos más representativos en cuanto a violencia contra periodistas han sido objeto de dilaciones y retrocesos que obstaculizan seriamente la obtención de justicia. Incluso, se ha dejado en libertad a implicados en crímenes como tortura psicológica y secuestro a periodistas.

Por otra parte, algunas entidades públicas y funcionarios de elección popular han utilizado la pauta oficial para influir directamente en los contenidos de los medios de comunicación. La discreción en la asignación, la injerencia en las líneas editoriales y el autobombo son algunos patrones en el uso de la pauta oficial.

Esta realidad se presenta de cara al aniversario 20 de la muerte de Jaime Garzón. Este año representa grandes retos para que la memoria de Garzón se vea reflejada en una ciudadanía con más herramientas para debatir sobre asuntos de interés público.

En Colombia la mitad de los municipios no tienen medios de comunicación que publiquen informativos locales, lugares donde viven más de nueve millones de personas. Bajo este panorama, las autoridades, la ciudadanía, los medios de comunicación y la sociedad civil tenemos un reto muy grande no solo para enfrentar la violencia y la censura que se vive actualmente en el país, sino también para impulsar proyectos periodísticos en esa parte del país que vive en desiertos de información.

Aquí puede descargar el informe en PDF.

 

 

Publicado en Informes Anuales

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) expresa su preocupación por el atentado del que fue víctima la periodista Tana Montoya, el pasado 24 de enero, en la vía que conduce del municipio de Anzá (Antioquia) a la ciudad de Medellín. Anteriormente, la periodista ya había reportado repetidas amenazas contra su vida, las cuales fueron puestas en conocimiento de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Sin embargo, a la fecha la entidad no ha implementado medidas de protección para la periodista.

De acuerdo con la periodista, a cuatro kilómetros del corregimiento de Güintar, en Anzá, dos hombres en una moto bloquearon el paso de la motocicleta en la que ella se desplazaba, le quitaron las llaves y le apuntaron con un arma de fuego en el estómago. Montoya manifiesta que el hombre que le apuntaba le dijo "bájate, hijueputa, que necesitamos hablar con vos". Ella descendió de la moto y, al notar que el hombre cargó el arma, salió corriendo. La periodista asegura que escuchó alrededor de diez disparos, varios de los cuales impactaron cerca a ella.

Tras correr aproximadamente diez kilómetros, Montoya llegó al caserío El Gredal, donde solicitó ayuda en un centro educativo. Uno de los habitantes se comunicó con la estación de Policía del corregimiento de Güintar y desde allí enviaron a dos policías, quienes la trasladaron hasta el municipio de Santa Fe de Antioquia.

Montoya administra desde el 2016 un medio a través de Facebook llamado el Opinómetro de Santa Fe de Antioquia. Allí, realiza críticas y llamados a la administración local y cubre hechos de interés general para la comunidad.  

La FLIP ya había puesto en conocimiento de la UNP las amenazas de las que había sido víctima Tana Montoya en el 2017 y 2018. Sin embargo, esta entidad no atendió el llamado con diligencia y hasta el momento no ha implementado medidas de protección para la periodista.

Es preocupante que la UNP, como entidad responsable de velar por la seguridad de los periodistas, aún no haya dado respuesta a la solicitud de medidas de protección para Tana Montoya. Por lo anterior, la Fundación hace un llamado a la UNP para que implemente medidas de protección por trámite de emergencia con el fin de salvaguardar la vida y la integridad de la reportera e inicie el estudio de nivel de riesgo cuanto antes para determinar la situación de seguridad de la periodista.

La Fundación también hace una llamado a la Fiscalía para que investigue los hechos con el fin de capturar y sancionar a los responsables.

Publicado en Pronunciamientos

La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- rechaza las agresiones a periodistas que se registraron durante la última jornada de manifestaciones estudiantiles en Bogotá, el 13 de diciembre de 2018. Varios periodistas resultaron agredidos en medio de los enfrentamientos entre el ESMAD y algunos manifestantes.

El 13 de diciembre, el fotoperiodista independiente Nelson Cárdenas fue agredido por integrantes del ESMAD durante el cubrimiento de las protestas sociales en Bogotá. Cárdenas manifiesta que, mientras realizaba el cubrimiento de la movilización, sobre la Avenida Caracas con carrera 39, un agente del ESMAD se acercó y de manera violenta intentó quitarle la cámara fotográfica con la que estaba registrando la detención de uno de los jóvenes que participaba en la marcha. Ante la resistencia del reportero, el agente del ESMAD lo arrojó al suelo y empezó a patearlo, mientras otro miembro del escuadrón le quitaba las gafas. Cárdenas asegura que en repetidas ocasiones alertó a los miembros de la Policía Nacional sobre su condición de periodista independiente y que estaba realizando una labor periodística en medio de las manifestaciones. El reportero manifesta que entre la agresión y la revisión de sus pertenencias por parte de miembros del ESMAD, pasaron alrededor de 20 minutos.

El periodista independiente Kevin Molano también manifiesta que fue agredido por integrantes de la Policía Nacional en medio de los disturbios. El reportero asegura que dos Policías en una moto se acercaron a él, le quitaron la máscara antigases, que usaba por protección, e intentaron arrebatarle la cámara, mientras que alrededor de seis policías lo golpeaban. El periodista afirma que estaba identificado como prensa y que en todo momento se los hizo saber a lo uniformados.

Por otra parte, la periodista de Caracol Radio Valentina Pérez fue víctima de un artefacto que le golpeó fuertemente la cabeza. La periodista estaba cubriendo la movilización sobre la Avenida Caracas con Calle 38, cuando, en medio de los disturbios que se presentaron entre algunos manifestantes y el ESMAD, sintió que algo le golpeó la cabeza y notó un polvo blanco en su chaqueta. La reportera abandonó inmediatamente la movilización y se dirigió a un centro médico, donde le dijeron que tenia una inflamación en la parte inferior izquierda de la cabeza y le dieron tres días de incapacidad.

La FLIP rechaza enérgicamente las agresiones contra periodistas y las obstrucciones a su trabajo periodístico.

 

Adicionalmente, la FLIP le solicitará a la Policía Nacional que se inicie una investigación disciplinaria a los agentes del ESMAD responsables de las agresiones y hace un llamado a la institución para que tome los correctivos necesarios con el fin de que estos hechos de violencia contra la prensa no se vuelva a presentar.

Publicado en Pronunciamientos

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza el ataque físico del que fue víctima el reportero Reinel Barón por parte de Heriberto Martínez, quien se desempeña como contratista de la Empresa de Servicios Públicos del Meta (EDESA).

El jueves 25 de octubre, en horas de la mañana, el periodista fue agredido por Martínez en la plazoleta Los Libertadores en el centro de Villavicencio. El contratista llegó hasta el punto donde se encontraba el reportero y sin mediar palabra lo golpeó en varias ocasiones, incluso lo arrojó al suelo y el periodista sufrió un grave golpe en la cabeza que le ocasionó un episodio de epilepsia. La agresión, que quedó registrada en un video al que tuvo acceso la FLIP, se produjo después de que el reportero publicara en sus redes sociales la denuncia de un presunto incumplimiento del contratista en los pagos a sus trabajadores. Según Barón, la publicación contenía documentos que los afectados le aportaron para evidenciar el retraso en los pagos por parte de Martínez.

Al final del vídeo, cuando el contratista y el periodista son separados por la comunidad, se escucha a un hombre decir “sapo, periodista hijueputa, por eso le dan en la jeta, utilizan los medios de comunicación para hablar mierda...antes no los han matado”.

La FLIP expresa su preocupación por lo sucedido, debido a que estos actos de violencia ponen en riesgo la integridad del periodista. La información relacionada con la destinación de recursos públicos es de interés general para los habitantes del departamento y es fundamental para la deliberación pública.

Adicionalmente, el contratista Martínez expresó en entrevista con Noticias Uno que “lo volvería a hacer”,  refiriéndose al ataque contra el periodista.

La FLIP le hace un llamado a Heriberto Martínez para que ofrezca disculpas públicas y se comprometa a expresar sus desacuerdos con la prensa de una manera responsable a través de mecanismos democráticos como la solicitud de rectificación. Así mismo, la Fundación le solicita a Edesa que tome los correctivos necesarios para que este tipo situaciones no se vuelvan a presentar.

Las acciones oportunas por parte de las entidades responsables de las actuaciones de sus contratistas son un respaldo indispensable a los medios de comunicación para que continúen haciendo veeduría a la destinación de los recursos públicos. Garantizar el cubrimiento de los medios de comunicación sobre la contratación oficial contribuye a que los ciudadanos hagan mayor escrutinio de las gestiones que adelantan los funcionarios de las administraciones locales.  

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La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza los ataques a periodistas y medios de comunicación que se dieron el pasado 8 de noviembre. Durante las manifestaciones del Paro Nacional se registraron distintos hechos de violencia contra la prensa provenientes tanto de algunos manifestantes como de miembros de la fuerza pública.

La FLIP ha registrado tres ataques a las instalaciones de RCN Radio en Bogotá en las últimas semanas. En las manifestaciones del 10 y 17 de octubre, un grupo minoritario de participantes de la protesta atacó la sede de la emisora en Bogotá. La situación escaló en las manifestaciones de ayer, 8 de noviembre. La sede del medio de comunicación fue atacada con papas bomba. Las explosiones fueron tan graves que hirieron a dos miembros de la Policía que se encontraban allí custodiando las instalaciones.

Por otra parte, la agencia de comunicaciones Colombia Informa también denunció que el periodista Luis Fernando Castillo fue agredido por agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) en Popayán (Cauca). El comunicador fue golpeado a pesar de portar chaleco e identificarse como periodista de este medio. La FLIP solicitará a la Policía que se investigue y sancione disciplinariamente a los funcionarios involucrados en estos hechos.

La FLIP rechaza con vehemencia las agresiones contra medios y periodistas y las obstrucciones de su trabajo. Todo acto de violencia es inadmisible independientemente de quien provenga y altera las condiciones para una deliberación pública libre y abierta.

La FLIP hace un llamado al movimiento estudiantil para que sea garante de la libertad de prensa y para que tramite sus diferencias con los medios por vías distintas a la agresión. También hace un llamado a la Policía Nacional para que investigue a los funcionarios que agredieron y obstruyeron el trabajo de la prensa y tome las medidas disciplinarias correspondientes.

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La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) condena las agresiones de la Policía Nacional a los periodistas Ernesto Mercado de RT Ruptly.tv, César Melgarejo de El Tiempo, Daniel Garzón y John Hamon, periodistas independientes y a un reportero gráfico de Revista Semana que prefirió mantenerse en el anonimato.

El 13 de septiembre los reporteros se trasladaron a la sede principal de la Universidad Pedagógica en Bogotá para cubrir manifestaciones estudiantiles. Hacia el mediodía empezaron los enfrentamientos entre estudiantes y miembros de la Policía.

En ese momento, el grupo de periodistas se acercó a registrar con sus cámaras las detenciones y los uniformados obstruyeron la labor periodística con sus escudos y arrinconaron a los reporteros contra el muro de un parqueadero. En medio de la agresión, los Policías empujaron al reportero de Revista Semana, lo lesionaron en una de sus rodillas y un dedo de la mano y le rompieron el pantalón. Según conoció la FLIP, la agresión más grave la recibió César Melgarejo, reportero de El Tiempo, quien fue golpeado brutalmente en la espalda por uno de los uniformados con su bastón de mando.

Adicionalmente, los reporteros aseguran que durante la agresión los oficiales de Policía se dirigían a ellos en tono burlesco para provocarlos: “El Policía que agredió al periodista de El Tiempo me hablaba con burla y se reía de nosotros mientras me mandaba besos y me hacía señas de que me iba a agredir con el bastón de mando”, afirmó John Hamon, reportero gráfico de Actualidad RT.

La FLIP le exige a la Policía Nacional apartar inmediatamente a estos funcionarios de sus cargos y suspender al oficial a cargo del operativo. La impunidad en este caso envía un mensaje equivocado a los demás miembros de la Policía sobre la falta de consecuencias que trae violar el derecho de los ciudadanos a informar y ser informados.

Los funcionarios violaron además el mismo Código de Policía que establece que “cualquier ciudadano puede grabar los procedimientos policivos sin que nadie pueda impedirlo”. En reiteradas ocasiones la FLIP ha denunciado que integrantes del ESMAD han atacado a ciudadanos y periodistas por el hecho de estar documentando protestas sociales con cámaras de video o con sus móviles. La opacidad en los procedimientos policivos es incompatible con los valores democráticos de respeto a las libertades civiles.

Durante 2017 y lo corrido de 2018, la Fundación ha registrado 46 ataques contra la prensa por parte de integrantes de la Fuerza Pública, de los cuales 33 de ellos se han presentado en contextos de manifestaciones sociales, operativos e incautaciones.  

En el año 2012 la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Gobierno colombiano instruir a los integrantes de la fuerza pública en estándares sobre libertad de expresión. A partir de 2013 la FLIP con apoyo de la Organización de Naciones Unidas para la Comunicación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) inició un trabajo de colaboración con la Policía Nacional para contribuir en este proceso con el fin de capacitar uniformados para disminuir las agresiones contra la prensa.

Como parte de ese trabajo, la FLIP está apoyando a la UNESCO en la creación de un curso  de libertad de expresión para cientos de integrantes del cuerpo de Policía de Colombia y otros países de Latinoamérica.

Sin embargo, como consecuencia de los hechos del día de ayer, la FLIP ha decidido suspender su acompañamiento a la Policía Nacional en materia de capacitación a policías hasta tanto no haya un pronunciamiento público que anuncie las medidas sancionatorias por estos hechos y reafirme el alcance de su compromiso con la libertad de prensa. No resulta consecuente que una entidad pública, que busca ser ejemplo regional en materia de respeto a la prensa, permita que su cuerpo antidisturbios agreda de manera colectiva y violenta a un grupo de periodistas y que esto no tenga ninguna sanción.

 

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El 15 de agosto desconocidos robaron un computador del equipo periodístico de Rutas del Conflicto. El equipo contenía información altamente sensible sobre víctimas en actuales procesos de restitución de tierras. Una situación similar se presentó en abril de 2017 en las instalaciones de la Fundación Fahrenheit 451, donde se robaron dos computadores y una tablet. Según los videos de seguridad que registraron lo sucedido en cada lugar, los responsables en ambos casos serían las mismas personas. 

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) expresa su preocupación por estos robos y hace un llamado a las autoridades para que determinen si se trata de un ataque sistemático por parte de los agresores para acceder a información sensible.

El robo a Rutas del Conflicto tuvo lugar el pasado miércoles 15 de agosto, durante el lanzamiento del proyecto “Tierra en Disputa” en Bogotá. Durante el evento, desconocidos robaron uno de los computadores del equipo periodístico, que contenía información sensible de las fuentes de información, investigaciones realizadas por los miembros del portal web y datos personales de los periodistas de la redacción. 

Según los reporteros y las evidencias del video de seguridad aportado por las organizaciones, los responsables de los robos serían un hombre y una mujer que se hicieron pasar como asistentes al evento. Luego de que la desconocida distrajo la atención del equipo periodístico, el hombre tomó el computador que estaba en una mesa cerca a la salida y abandonó el lugar en pocos segundos. 

De igual modo en abril de 2017, durante un conversatorio público organizado por la Fundación Fahrenheit 451, un hombre y una mujer ingresaron al evento y hurtaron dos computadores y una Tablet, en los que había información periodística de su director Javier Osuna, quien desde 2014 ha sido víctima de amenazas, robos y daños a equipos electrónicos por su trabajo investigativo en Norte de Santander.    

Durante el proceso de documentación, la FLIP encontró inusuales similitudes en la forma de operar de los agresores. Luego de contactar a las dos organizaciones, fue posible identificar que en ambos robos participaron una mujer y un hombre con características físicas similares. La evidencia más importante es un gesto particular que hace uno de los ladrones cuando simula estar atendiendo una llamada en el momento del robo:

Fotograma del robo a la Fundación Fahrenheit 451 Fotograma del robo a Rutas del Conflicto

El fotograma de la izquierda fue captado el día del robo en la Fundación Farhenheit 451. El de la derecha corresponde al día del robo a Rutas del Conflicto. En ambas fotografías es posible identificar una postura particular del agresor cuando sujeta con su mano izquierda el teléfono móvil mientras simula atender una llamada. 

Las dos organizaciones afectadas también notaron similitudes en la forma de operar de los agresores, quienes se acercaron a los organizadores de los dos eventos, se ganaron su confianza para distraerlos y posteriormente cometieron el hurto. Adicionalmente, en los dos robos había más elementos de valor de fácil acceso que fueron ignorados por los ladrones. 

Horas después de que se cometieran ambos robos, las dos organizaciones recibieron una alerta de intento de ingreso a la cuenta de correo electrónico de Javier Osuna y al administrador de contenidos de Rutas del Conflicto.

Para la FLIP es indispensable que la Fiscalía establezca si existe una relación entre ambos hechos más allá de haber sido cometidos por las mismas personas y el haber obtenido en ambos casos información periodística altamente sensible.

Según la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: “la protección de las fuentes periodísticas es una de las condiciones básicas para la libertad de prensa. (…) La ausencia de esa protección podría disuadir a las fuentes de colaborar con la prensa para informar a la población sobre asuntos de interés público.”    

 

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La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza las agresiones de las que fueron víctimas Cristian Garavito, fotógrafo de El Espectador, y César Flechas, periodista de Caracol Radio, por parte de un hombre cercano a los implicados en el caso Fonade.

En la mañana del miércoles 25 de julio se llevó a cabo la audiencia de imputación de cargos en contra de siete personas vinculadas al caso de corrupción del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade). Después de finalizada la diligencia, a la 1:15 p.m., un hombre que acompañaba el desplazamiento de uno de los implicados empujó y siguió a Cristian Garavito a las afueras del complejo judicial de Paloquemao. Luego, cuando el fotorreportero se acercó a tomar más fotografías del detenido, el hombre lo golpeó con una rama ocasionándole lesiones en su brazo.

César Flechas grabó la agresión con su teléfono celular e intentó mediar para que el hombre dejara de agredir al fotógrafo. Cuando este notó que estaban registrando la situación le quitó el celular al periodista violentamente en dos ocasiones. Además, intentó golpearlo en la cara.

La FLIP rechaza esta agresión y llama la atención a los agentes del CTI que estaban custodiando a los detenidos. La FLIP exige al CTI que garantice el ejercicio periodístico y evite estas agresiones durante los procesos en los que está a cargo.

La FLIP invita a la Fiscalía a que acompañe a los periodistas en el proceso de la eventual denuncia por lesiones personales u otros posibles delitos y espera que se realicen las investigaciones pertinentes para sancionar al agresor.

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La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) expresa su preocupación por el incremento en el número de amenazas contra periodistas en Colombia. En los últimos seis meses, muchos reporteros que alternan sus labores con el activismo social han sido víctimas de intimidaciones.

En lo corrido de 2018 la FLIP ha registrado un aumento en el número de amenazas contra periodistas con respecto al año anterior. Mientras que para julio de 2017 la Fundación había documentado 65 casos de amenazas, en este 2018 se han reportado 89. Estas cifras acentúan una tendencia preocupante: en los últimos años se ha registrado un aumento considerable en el número de amenazas contra periodistas en Colombia. Mientras que en el año 2015 la FLIP documentó 59 casos de amenazas, en 2016 la cifra ascendió a 90 y en 2017 llegó a 129.

Esto sucede en paralelo al aumento en el número de asesinatos a líderes sociales en el país. En lo corrido del año han sido asesinados más de 100 personas en sus territorios. Varios de esos homicidios han sido crímenes contra la libertad de expresión.

La FLIP ha reportado los casos de amenaza ante la UNP. Sin embargo, en muchas ocasiones la entidad no ha sido lo suficientemente diligente para atender el riesgo al que están expuestos los reporteros. Paralelo al aumento de las amenazas, la FLIP ha registrado con preocupación el desmonte de esquemas de protección de periodistas que se encuentran amenazados y los trámites de casos en la UNP no se están haciendo acordes al nivel de urgencia de la situación.  

Casos de periodistas que requieren protección urgente del Estado

Ricardo Ruidíaz es un periodista y activista que ha enfocado sus esfuerzos en denunciar la trata de menores por parte de estructuras al margen de la ley y de visibilizar las amenazas y los asesinatos en contra de líderes sociales en la región del Magdalena Medio. A pesar de que este reportero ha denunciado diez intimidaciones contra su vida solo en el último año, el pasado 18 de junio la UNP decidió disminuir su esquema de protección, hecho que vulnera considerablemente las condiciones de seguridad del reportero.

Situación similar enfrenta la reportera Catalina Vásquez, quien desarrolla su labor periodística y de defensa de los derechos humanos en la Comuna 13 de Medellín. A pesar de que el pasado cinco de julio la FLIP solicitó a la UNP medidas de protección por trámite de emergencia para la periodista por los asesinatos de los que han sido víctimas algunas fuentes cercanas a ella en este sector de Medellín, la entidad no ha atendido al llamado de urgencia y Vásquez continúa expuesta al riesgo derivado de sus labores en el territorio.

De igual forma, la periodista Jhanuaria Gómez tuvo que desplazarse del municipio de Segovia, Antioquia, a raíz de las amenazas que estaba recibiendo por el desarrollo de su labor periodística. La reportera se dedica a investigar acciones irregulares alrededor de la actividad minera y hace pedagogía con las comunidades sobre las consecuencias que tiene para el ambiente. Actualmente la reportera se encuentra sin protección por parte de la UNP y su situación de vulnerabilidad es alta.

Otro caso preocupante es el de la periodista Laura Montoya, quien el pasado viernes 6 de julio fue víctima de amenazas a través de una llamada telefónica mientras promovía una manifestación en Mocoa, Putumayo, para rechazar el asesinato de líderes sociales. La UNP tuvo conocimiento de estos hechos y solicitó medidas de protección por trámite de emergencia para proteger a la reportera. Sin embargo, la entidad aún no ha atendido el llamado.

Es importante resaltar, adicionalmente, que en estos tres últimos casos hubo agravantes por razones de género. Gómez recibió una de las amenazas a través de su hija, Vásquez ha sido víctima de insultos y tratos denigrantes y, aunque no hay registro de violencia por razones de género en contra de Montoya, es urgente que la UNP tenga en cuenta estos factores al momento de actuar para procurar la seguridad de estas reporteras y sus familias. 

Frente a la situación crítica que enfrenta el país por el asesinato de defensores de derechos humanos y amenazas a periodistas, la FLIP expresa su preocupación por la ausencia de acciones efectivas por parte de la UNP para garantizar la protección de quienes se encuentran en riesgo. La Fundación solicita al gobierno nacional redoblar sus esfuerzos con el fin de brindar medidas efectivas para salvaguardar la vida e integridad de quienes ejercen la labor periodística.

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El 14 de junio de 2018 la residencia de Juan José Hoyos, columnista y colaborador de El Colombiano, fue asaltada por desconocidos. Cuando el periodista llegó a su vivienda en Medellín encontró destruida la cerradura de la puerta del apartamento y, al revisar sus objetos personales, notó que habían robado su computador, un disco duro, una cámara de video y una cámara fotográfica. 

A pesar de que en el apartamento del reportero había otros artículos de valor, los desconocidos solo se llevaron los equipos que contenían información periodística. Dos empresas de seguridad que evaluaron los hechos le manifestaron a Hoyos que, por las características del robo, era posible inferir que los responsables no eran ladrones comunes, sino expertos que habían hecho un asalto selectivo. La puerta del apartamento asaltado era de seguridad, blindada, de acero y de un peso aproximado de 120 kilos.

La FLIP ha podido establecer que los equipos que fueron robados contenían información sensible relacionada con investigaciones judiciales que involucran a dirigentes políticos del país.

Esta no es la primera vez que el material periodístico de Hoyos es robado. En el año 2006, ocho personas encapuchadas con armamento de alto calibre ingresaron a la casa del reportero, amarraron a las personas que se encontraban allí y esperaron sin éxito la llegada del periodista, quien se encontraba ausente. Los desconocidos robaron el material periodístico que encontraron en la vivienda y presionaron a los familiares del periodista para que entregaran unos documentos de similar naturaleza a los que contenían los equipos que fueron robados en el último asalto.

Con la finalidad de proteger la integridad del periodista y la confidencialidad de sus fuentes, la Fundación se abstiene de hacer públicos detalles sobre el tipo de información contenida en los documentos robados y los nombres de los dirigentes políticos que podrían verse afectados por dicha información.

La FLIP condena estos actos de persecución e intimidación contra Juan José Hoyos que atentan contra su derecho a informar y el derecho de los ciudadanos a estar informados sobre asuntos de interés en Colombia. Así mismo, la Fundación acompañará al periodista haciendo seguimiento y evaluación a su situación y presentará denuncias formales ante las instancias pertinentes para que se proteja su vida y el desarrollo de su labor periodística.

La FLIP también ha puesto estos hechos en conocimiento de la Unidad Nacional de Protección y espera que la entidad otorgue medidas efectivas de emergencia para salvaguardar la integridad del periodista.

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