Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP

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Un periodista, un reportero gráfico y un conductor del diario El Comercio de Quito fueron secuestrados el pasado lunes 26 de marzo en Mataje, provincia de Esmeraldas, en la frontera ecuatoriana con Colombia. El ministro del Interior de Ecuador, César Navas, confirmó en rueda de prensa los hechos y afirmó que ya habían establecido contacto los secuestradores.

En el mismo sentido, Navas confirmó que los detenidos están en buenas condiciones de salud. Ellos estaban realizando tareas de reportería en esta zona que recientemente ha estado inmersa en la violencia originada por “grupos armados organizados disidentes”, según la información que dio el ministro. “Tenemos un registro de que los tres ciudadanos pasaron por el retén militar”, dijo el Ministro.

El ministro Navas dijo que el Estado sospecha que los secuestrados están ahora en territorio colombiano. Según él, la amenaza opera en Colombia. “Nosotros también presumimos que están en Colombia, que los compatriotas están en Colombia. Y en esto se encuentra trabajando el equipo de la Policía para poder ver cuáles son las acciones se van a seguir”, puntualizó en rueda de prensa.  

En la mañana de hoy, miércoles 28, Luis Carlos Villegas, ministro de Defensa de Colombia, confirmó que Walter Patricio Artízala Vernaza, alias 'Guacho’, es el responsable del secuestro. El general Alberto Mejía, comandante de las Fuerzas Armadas, dijo a RCN Radio que alias ‘Guacho’ es el cabecilla de las disidencias de las Farc en el suroccidente del país. “Alias ‘Guacho’ es,  sin duda alguna, la persona responsable del atentado a las torres en Tumaco y del secuestro de los periodistas", confirmó el general Mejía.

La FLIP rechaza este ataque a la prensa y exige a los responsables que respeten la vida e integridad de los periodistas. La Fundación está trabajando para esclarecer los detalles del secuestro y las condiciones en las que se encuentran los trabajadores del medio.

La Fundación hace un llamado al Gobierno nacional a que, en diálogo directo con el Estado ecuatoriano, disponga sus fuerzas para la pronta liberación de los tres secuestrados. Es imperativo el trabajo conjunto de las fuerzas armadas y los demás organismos en el trabajo de liberación.

La FLIP se solidariza con los familiares y allegados de los secuestrados y expresa su voz de rechazo a estos hechos.

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La Fundación para la Libertad de Prensa –FLIP– condena los ataques de agentes de la Policía Nacional en contra de periodistas y personal que integraba una comisión humanitaria de carácter civil, organismos internacionales y defensores de los derechos humanos en Nariño. Los hechos ocurrieron hacia las 2 de la tarde del domingo 8 de octubre en la vereda de Tandil, en inmediaciones de Tumaco.

La FLIP documentó que en terreno se encontraban desplegados equipos periodísticos de la Revista Semana, El Espectador, Contagio Radio, Vice Colombia/Pacifista y City Tv/El Tiempo.  Tanto la misión humanitaria como los periodistas se encontraban cerca del lugar donde el pasado jueves 5 de octubre seis campesinos fueron asesinados en situaciones que aún se investigan y ya han sido atribuidas a la Policía Nacional.

La Policía Nacional emitió un comunicado en el que aceptó que sus agentes dispararon granadas de aturdimiento contra los civiles. Sin embargo, según documentación recibida por la FLIP a través de personas que estuvieron en el lugar, los uniformados dispararon armas de fuego y bombas aturdidoras en varias ocasiones a una distancia de no más de 20 metros.

Al respecto la FLIP:

1.      Informa que las explicaciones de la Policía son insuficientes. En algunos apartes falta a la verdad y pretende justificar una acción policial abiertamente desproporcionada. El número de personas que integraban la misión era significativamente menor, la misión humanitaria y periodística era de conocimiento previo de mandos policiales en terreno y además de las granadas aturdidoras se presentaron ráfagas, al parecer, de fusil. 

2.      La misión civil en terreno no tenía capacidad de representar riesgo alguno para el despliegue de la fuerza pública en la zona, esta situación le resta legitimidad y proporcionalidad a la respuesta violenta de la Policía. Fue un ataque a civiles, con plena conciencia de que lo eran y sin justificación alguna.

3.      Recuerda que la masacre de campesinos en Tumaco es un hecho de enorme gravedad que despierta un interés legítimo de cubrimiento periodístico. Al Estado en su conjunto le corresponde brindar garantías para que las misiones periodísticas en terreno puedan desarrollar su labor de informar a la sociedad sobre lo que está sucediendo.

4.      Resalta que este deber de garantía se acentúa en el caso de la Fuerza Pública, teniendo en cuenta no sólo su labor misional sino también el hecho de que la masacre de campesinos que investigaba misión humanitaria y los equipos periodísticos sea atribuida a la Policía Nacional.

5.      Exige que el ataque de la Policía a periodistas y la obstrucción al cubrimiento periodístico sea objeto de investigación desde la censura y el miedo que se impone con estos actos.  Se trata de un caso grave en el que existe la posibilidad de encubrimiento policial a serias denuncias en su contra, o el despliegue de agentes policiales negligentes y arbitrarios que desconocen estándares básicos de necesidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza.

6.      Exige al Gobierno Nacional explicaciones sobre lo sucedido incluyendo: la pronta asignación de sanciones ejemplarizantes, asumir responsabilidad al interior de los cuerpos policiales y dar instrucciones de plenas garantías al cubrimiento periodístico de conformidad con los estándares internacionales a los que está obligado.

7.      Solicita al Ministerio Público, Procuraduría y Defensoría del Pueblo, así como a todas las bancadas del Congreso de la República, iniciar acciones de su competencia para que la investigación de los hechos sucedidos en Tumaco cuente con garantías a la libertad de prensa.

Estos hechos ponen en riego el derecho a una sociedad informada sobre asuntos de interés público y marcan acciones de censura por parte de agentes estatales. Recuperar la sana y democrática vigilancia periodística sobre lo público es entonces una prioridad.

En lo que va corrido del año, la FLIP ha documentado 18 casos en los que agentes de la Policía y las fuerzas militares han agredido a la prensa. De estos, 8 han ocurrido en medio de manifestaciones sociales. En julio, una periodista fue agredida e intimidada en zona rural de Meta durante el cubrimiento de los enfrentamientos entre campesinos y fuerza pública por la erradicación forzada de coca. Así mismo, en mayo un periodista resultó gravemente herido por parte de uniformados que lo agredieron con arma de fuego mientras cubría una movilización de indígenas en el Cauca.

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La FLIP rechaza las amenazas y obstrucciones que Natalia Cabrera, corresponsal de Noticias Caracol Tv en Nariño, y su camarógrafo, Andrés Maya, sufrieron en Tumaco con ocasión de las manifestaciones campesinas que se presentan en la región.

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