Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP

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La FLIP expresa su preocupación por la quema de la chalupa del periodista David Torres, director del periódico El Original en el municipio de Simití, Bolívar, ocurrida en la madrugada del pasado 6 de noviembre. La Fundación solicita a las autoridades que investiguen los hechos y sancionen a los responsables. 

Torres le manifestó a la FLIP que la embarcación permanecía cerca a su vivienda y era utilizada para hacer cubrimiento noticioso y distribuir el periódico en los municipios cercanos a Simití.  Además, asegura que días antes de las votaciones regionales varias personas cercanas le habían advertido que por las denuncias que estaba haciendo desconocidos le podían quemar su medio de transporte. Ante esta situación el periodista trasladó la embarcación hacia otro municipio y la llevó de regreso a su casa el dos de noviembre.

El periodista manifiesta que el ataque podría estar relacionado con el cubrimiento que hizo del proceso electoral y de las denuncias sobre irregularidades electorales que involucran a candidatos de los municipios de Simití y San Pablo, además de las denuncias que ha hechos sobre posibles actos de corrupción en la administración del municipio de Cantagallo.  

La FLIP expresa su preocupación por estos graves hechos que limitan el desarrollo de la labor periodística de David Torres y ponen en riesgo su seguridad. En este sentido, la Fundación le solicita a la Unidad Nacional de Protección que evalúe el riesgo del periodista e implemente las medidas necesarias para salvaguardar su vida y su integridad. Además, le hace un llamado a la Defensoría del Pueblo para que monitoree esta situación y emprenda las acciones necesarias para respaldar la labor periodística del reportero. 

La FLIP también exige a la Fiscalía General de la Nación que investigue estos hechos con el fin de llevar a los responsables ante la justicia. Las sanciones judiciales en este tipo de situaciones son un precedente importante que contribuye a disuadir la ocurrencia de nuevas violencias contra la prensa. Así lo ha dispuesto la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe sobre Violencia contra periodistas y trabajadores de Medios: “Para prevenir la violencia contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación es indispensable que el ordenamiento jurídico sancione estas conductas de manera proporcional al daño cometido”.




Publicado en Pronunciamientos
Miércoles, 18 April 2018 15:02

Catatumbo: Censurado

Amenazas, estigmatizaciones y censura ponen en jaque a los periodistas de la región del Catatumbo, Norte de Santander. Algunos decidieron apagar sus emisoras, otros continúan ejerciendo entre la espada y la pared, bajo la vigilancia de los guerrilleros del ELN y el EPL. 

En horas de la noche, el pasado sábado 14 de abril, a varios periodistas, directores y gerentes de emisoras comunitarias del Catatumbo les llegó, vía WhatsApp, un mensaje del frente Libardo Mora Toro, de la guerrilla del Ejército Popular de Liberación –EPL. Se les ordenaba emitir un comunicado sobre el inicio de un paro armado. La primera reacción de algunas emisoras fue rehusarse a publicarlo. Ante la negativa, los periodistas fueron amenazados y se vieron obligados a hacerlo. “Esta información llega de una organización, un grupo que está obligando prácticamente a hacer este informe, este avisó a toda la comunidad, entonces esperamos que haya una parte de entendimiento”, decía al aire una de las emisoras que fue intimidada.

La FLIP conoció que en 5 de los 11 municipios que conforman el Catatumbo se presentó la misma situación, generando un ambiente de zozobra y miedo. “Nosotros los medios comunitarios en la región del Catatumbo a la hora de transmitir un comunicado siempre lo debemos pensar muy bien por la manera como lo pueden interpretar los otros grupos, cada quien interpreta y juzga como quiere, y no entiende lo que hay detrás”, relata uno de los periodistas amenazados.

Desde hace una semana las emisoras se encuentran operando a media marcha. Hay emisoras que prefieren realizar su labor a puerta cerrada ante el temor a ser blanco de algún grupo armado porque a pesar de haber leído el comunicado, como les ordenó el EPL, las amenazas continuaron y dos de ellas fueron obligadas a cerrar. 

“He vivido 4 situaciones parecidas, pero la del sábado fue una situación muy fuerte. Normalmente los grupos nos enviaban los comunicados diciéndonos que los difundieran, pero uno les explicaba y ellos decían bueno entendemos, lo mismo para las fuerzas militares, pero la del sábado fue una cuestión de sí o sí, no había salida”, dijo otro de los reporteros afectados.

La situación, según la describen varias fuentes en la región, es caótica. Los municipios parecen pueblos fantasmas, donde el comercio, los colegios, las entidades públicas y los medios de comunicación están cerrados. De acuerdo al último informe de la Oficina de las Naciones Unidas para los Asuntos Humanitarios (OCHA), en la región han sido desplazadas 2.481 personas, y la población se ha agrupado en tres espacios humanitarios en los municipios de Hacarí y San Calixto.

“Aquí los paros armados son frecuentes, cuando no es el uno es el otro quien lo decreta. Pero esta vez se ha agudizado más porque se trata de dos fuerzas ilegales que tienen a la gente en el medio, entonces la situación está complicada, además porque al paro se le dio fecha de inicio pero no fecha de finalización como habitualmente se hace. Los medios de comunicación en los municipios han dejado de transmitir información y los periodistas de estos municipios lo que hacen es pasar la información a Ocaña porque allá sí se puede informar sobre cómo va el paro”, le aseguró una fuente a la FLIP.

Por su parte, el defensor del pueblo, Carlos Alfonso Negret, ha manifestado su preocupación por la seguridad de los periodistas. “La Entidad también solicita que la población civil y los bienes protegidos por el DIH queden por fuera de la confrontación y que no se perpetre ningún tipo de acción que atente contra personas protegidas tal como el personal médico y sanitario, religioso, trabajadores humanitarios, así como a los periodistas. A todos ellos se les debe permitir realizar su labor de manera libre”.

Debido a la ausencia de medidas concretas del Gobierno, desde la sociedad civil se han hecho esfuerzos para el desescalamiento del conflicto, sin embargo, nada parece mejorar. “Los líderes comunales les han pedido que dialoguen, pero ya han recibido amenazas.  El ELN dice que no hay paro y el EPL dice que sí hay paro. El EPL manda a cerrar las tiendas y el ELN dice que las tienen que abrir. Todo eso ha sido como oídos sordos para esa gente, es como si nada”, aseguró una fuente de la región.

Una deuda histórica

La historia de la libertad de expresión en el Catatumbo ha estado marcada por amenazas, secuestros y agresiones. Desde el año 2008 se han registrado 18 ataques a la prensa, y 5 de los últimos 7 secuestros a periodistas han sido perpetuados en este territorio. La prensa convive con la censura, de acuerdo a cifras del proyecto Cartografías de la información de la FLIP, alrededor del 53% de la población se encuentra en silencio, es decir que sus habitantes no tienen acceso a información sobre su municipio.

La convivencia con el conflicto armado ha impactado de manera directa la forma de hacer periodismo, y se acepta la autocensura como parte cotidiana del trabajo. Hay temas que explícitamente están prohibidos por miedo a las consecuencias, y muchas emisoras prefieren suplir su programación con contenido musical. “Acá si hay un enfrentamiento y hay tantos muertos es como si no hubiera pasado nada, no se puede hacer un tipo de noticias porque se puede meter en problemas con los de derecha y con los de izquierda”, afirmó un periodista de la región.

El libre flujo de información es un derecho que tienen los ciudadanos de la que actualmente no gozan en esta región del país. Como consecuencia a las oleadas de violencia que se viven en Nariño, Putumayo y la zona de Catatumbo, estas regiones se han convertido en zonas vedadas para la prensa, lugares donde está prohibido informar.

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