Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP

En el último mes el Presidente Gustavo Petro ha difundido en su cuenta de Twitter por lo menos 34 trinos en los que menciona a nueve medios de comunicación. La frecuencia con la que el Presidente controvierte a la prensa deja entrever una estrategia para posicionar su narrativa y su agenda en redes. Del mismo modo, pretende sembrar la duda ante la audiencia, sobre la idoneidad de los medios para hacer su trabajo.

En sus publicaciones, el Presidente hace correcciones, réplicas o reproches a medios de comunicación por la manera en la que cubren a su gobierno. También, ha calificado la información periodística como falsa y ha replicado mensajes de terceros que se refieren a periodistas de manera desobligante y burlona. Esto sucede en medio de debates como la transición energética, los diálogos de paz con grupos ilegales y los señalamientos por acoso sexual a personas que han apoyado al Pacto Histórico.

No todos los trinos del Presidente hacia la prensa en el último mes tienen las mismas implicaciones para la libertad de expresión. El contexto, las motivaciones y el alcance de cada uno pueden variar lo que amerita una reflexión más profunda. Sin embargo, en su conjunto tienen un efecto negativo para el debate.  

La conversación pública se desarrolla mediante pulsos de fuerza entre grupos de interés, quienes se disputan el control de las narrativas y recurren a desprestigiar adversarios. Dentro de ese contexto lo que diga el Presidente puede erosionar esa conversación o fortalecerla. En las circunstancias adecuadas puede ser sana la interacción pública en Internet entre un jefe de Estado y una o un periodista. Pero en ese intercambio se deben considerar varios aspectos, como el desbalance de poder existente entre la voz del Presidente y un medio de comunicación.

El derecho a la libertad de expresión, cuando es ejercido por servidores públicos en el desempeño de sus funciones, tiene limitaciones mayores a las que ostenta un particular. Según la Corte Constitucional, cuando la máxima autoridad de un Estado se pronuncia no está ejerciendo “la simple libertad de expresión reconocida en general a los ciudadanos, sino que están utilizando un medio legítimo para el ejercicio de la autoridad pública.” Por su lado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos advirtió en la sentencia del caso Ríos y otros vs. Venezuela que, en un contexto de polarización y violencia,  los señalamientos del Estado en contra de medios pueden dejar a los y las periodistas en una posición de vulnerabilidad. 

Por otro lado, en algunos mensajes el Presidente expresa sus reparos con la prensa por las cifras o información que reporta. Sin embargo, vale la pena recordar que los medios se fían de la información oficial disponible. Por eso, el Gobierno debe promover la transparencia activa en todas las instancias del Estado, de manera que la prensa, particularmente los medios regionales, puedan acceder a la información y con ello contrastar distintas fuentes.

Reiteramos que la participación del jefe de Estado en el debate público en redes cumple un rol importante en la democracia, pues ofrece un canal de comunicación en tiempo real con algunas posibilidades de interacción directa con ciudadanos y medios. No obstante, no se puede desconocer que hay una tendencia regional en la que las cuentas oficiales de los jefes de Estado se utilizan para deslegitimar adversarios o periodistas, o incluso para instigar a la ciudadanía a la violencia en contra de ellos. 

Por lo anterior, el Presidente debe ser contundente a la hora de abstenerse de emitir cualquier mensaje que la ciudadanía pueda interpretar como permisivo frente a la violencia contra la prensa. Existe una crisis aguda de violencia contra el periodismo que no solo se refiere a los ataques físicos o letales, también a otras formas que propician un ambiente hostil. A lo largo del 2022 documentamos 218 amenazas, la cifra más alta de los últimos quince años. Durante el mandato del actual Gobierno, se han documentado, entre otros, dos asesinatos a periodistas, doce estigmatizaciones por parte de funcionarios públicos y 82 amenazas. 

La democracia se consolida a través de las garantías plenas para el diálogo y para  la participación plural. Por eso recordamos que es la máxima autoridad del Estado quien está llamado a ser especialmente tolerante con la crítica y mantener un discurso donde predomine el reconocimiento del derecho de los medios y de los ciudadanos a tener posturas críticas a su administración.

Después de que la Revista Semana publicara unas grabaciones que involucran a la campaña del Pacto Histórico, el senador Roy Barreras y otras figuras políticas como Gustavo Petro e Inti Asprilla han emitido acusaciones contra el medio sin que se hayan aportado pruebas. Varios de estos mensajes buscan sembrar la duda sobre la legalidad de esa publicación y estigmatizan al medio cuestionando su decisión editorial de publicar el contenido. 

Frente a esto resaltamos que: 

1. La publicación de las grabaciones es un ejercicio periodístico legítimo que no constituye un delito. Los medios no tienen fuentes de información prohibidas y sugerir la eliminación del material, como lo hizo Barreras, constituye un acto de censura inadmisible en el ordenamiento colombiano.
   
   
2. Los funcionarios y personas con visibilidad no deben interferir con la independencia editorial de los medios de comunicación al darle órdenes sobre qué publicar y qué no. Las relatorías de libertad de expresión han insistido en la responsabilidad que tienen los líderes políticos y personas con funciones públicas en fomentar un buen clima para ejercer el periodismo.
   
   
3. Afirmar que un medio hace ciertas publicaciones bajo intereses políticos, y sin pruebas, como lo afirmaron Petro y Asprilla, pone en riesgo a sus periodistas. Estas estigmatizaciones alimentan la hostilidad contra la prensa que se ha intensificado en las elecciones. Este año, hemos registrado 42 agresiones relacionadas con el cubrimiento electoral y que han hecho de este el periodo más violento de la última década. 

Reiteramos nuestro llamado a líderes, candidatos y partidos políticos a abstenerse de agredir o amplificar la violencia contra la prensa, y así afectar el debate público. Además, insistimos en que Twitter no es el escenario ideal para tramitar o compartir sus inconformidades con los medios, para esto existen canales constitucionales y garantes de la libertad de expresión.