Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP

Efigenia Vásquez fue herida mortalmente mientras ejercía su derecho a la libertad de expresión como periodista en el municipio de Puracé, Cauca. La Fundación para la Libertad de Prensa maneja la hipótesis que la comunicadora pudo haber muerto a causa de un “proyectil de carga múltiple” accionado por un agente del ESMAD.

Efigenia, de 31 años, se encontraba cubriendo y participando en una protesta en la que comuneros del pueblo indígena Kokonuko reclamaban la propiedad colectiva de un predio que está en poder de un actor privado, Diego Angulo, quien administra “Aguas Tibias”, un negocio turístico de termales ubicado al interior de las tierras en disputa.

Ese día hacia las 4 de la tarde la comunidad bloqueó la entrada de “aguas tibias” en donde se encontraba el ESMAD. Este reaccionó enfrentando a los manifestantes haciendo que se replegaran hacia la parte alta de la montaña, en territorio del resguardo. En ese operativo resultaron heridos 40 indígenas, según dijo a la FLIP Isneldo Avirama, gobernador del resguardo. Ahí también cayó herida Efigenia Vásquez.

Una misión de la FLIP viajó del 18 al 20 de octubre al resguardo Kokonuko en Puracé, Cauca. La Fundación habló con integrantes de la guardia indígena presentes ese día en la protesta, con personas cercanas a la investigación que cursa en la Fiscalía y con familiares de la comunicadora para reconstruir los hechos del 8 de octubre. Así mismo, la FLIP indagó acerca de la situación de libertad de expresión del pueblo Kokonuko.

El Cauca es un departamento en silencio. La mayor parte de su territorio no cuenta con medios de comunicación que produzcan información local. De sus 42 municipios, 24 no tienen medios, 16 tienen algo de información local y sólo dos tienen un mínimo de variedad de medios de comunicación: Popayán y Santander de Quilichao.  De los 75 medios de comunicación que tiene el Cauca, sólo 22 tienen informativos o noticieros.

En este contexto opera la emisora Renacer Kokonuko 90.7 FM, el único medio de comunicación del municipio de Puracé. Su sede es una pequeña casa campesina ubicada al interior del resguardo y cuenta con los equipos mínimos para emitir su señal. Su potencia de 250 kw que sólo dan para cubrir unos 10 kilómetros a la redonda. Por esta razón, alrededor del 40 % de los habitantes del municipio no pueden acceder a su señal desde sus casas. La mayor parte de las 9 personas que están en la emisora son campesinos que trabajan la tierra sembrando frijol, maíz y papa como su actividad principal; y en sus ratos libres colaboran de manera voluntaria en Renacer.

En parte de los contenidos de la emisora los comunicadores indígenas informan a la comunidad sobre temas de gobierno propio. En sus 15 años de existencia, Renacer ha consolidado una capacidad para informar en tiempo real a los comuneros acerca del estado de las confrontaciones con la Policía o el Ejército. “El cabildo nos pide que estemos presentes para recoger las evidencias de lo que pasa”, dice Emildre Avirama, comunicadora de la emisora. En esos casos la emisora orienta a los comuneros sobre cómo actuar. “Cuando hay confrontaciones los compañeros nos dicen ‘¡Informen que se necesita que la comunidad haga presencia ya en tal parte!’,” dice Avirama.

El 13 de junio de este año, los comuneros se preparaban para adelantar una protesta para exigir al gobierno nacional la entrega del predio “Aguas Tibias”. Sin embargo, según cuenta Fabio Avirama, ex gobernador del resguardo, ese día antes de las 5 de la mañana un grupo del ESMAD rodeó la emisora e intentó ingresar a las instalaciones. En el lugar se encontraba el periodista Jesús Melenge. “Lo que querían era cortar la comunicación: dañar los equipos para impedir que la emisora saliera al aire”. Sin embargo, Melenge alcanzó a alertar a otros comuneros que llegaron al lugar. “La valentía de la comunidad impidió que golpearan a nuestros comunicadores,” dijo Avirama a la FLIP.   

El 12 de julio, un mes después, durante una nueva jornada de enfrentamientos entre la guardia indígena y el ESMAD, se fue la luz en la emisora Renacer Kokonuko durante varias horas, esto impidió a los comunicadores informar qué estaba pasando con la protesta. Para los comunicadores indígenas no cabe duda que esto fue obra de la Policía. “A ellos no les conviene que uno divulgue la realidad,” dice desde la cabina de Renacer, Emildre Hol Avirama.

En julio la FLIP intentó contactar telefónicamente al ESMAD para preguntar su versión de los hechos y no obtuvo respuesta. La semana pasada, la FLIP fue hasta el comando de Policía de Popayán para indagar sobre estos hechos. Hasta el momento, ningún funcionario ha accedido a hablar con la Fundación.

Dos días después de la muerte de Efigenia Vásquez, una comunera indígena -cuyo nombre se reserva la FLIP- se encontraba cuidando la emisora cuando una camioneta de vidrios oscuros y una moto llegaron a la entrada. Le preguntaron cuáles eran los nombres de las personas que trabajaban en Renacer. Ella respondió preguntando a los desconocidos quiénes eran y qué necesitaban. Los extraños dijeron que solamente necesitaban los nombres de los comunicadores de la emisora. Al no obtener respuesta inmediata y al no abrir la reja de la emisora para permitirles la entrada, los desconocidos dijeron que regresarían pronto.  Hasta el momento no lo han hecho.

Desde que era una adolescente, Efigenia se interesó por la comunicación.  Por este motivo, a sus 17 años los comunicadores del resguardo comenzaron a invitarla a espacios de capacitación en comunicación propia y periodismo. Con el tiempo, Efigenia pasó a integrar el equipo de comunicaciones del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y a participar en la emisora Renacer Kokonuco, en donde contribuyó al informativo “amanecer indígena”, así como al programa “minga”, que trata de temas culturales de la comunidad.

Efigenia participó en talleres de formación periodística impartidos por el sistema de radiodifusión pública alemana “Deutsche Welle” que apoya al CRIC, así como en seminarios de comunicación propia con integrantes de pueblos indígenas de otras partes del país y en escenarios internacionales con periodistas indígenas de otras partes de Latinoamérica.

Efigenia alternaba el trabajo en un cultivo de fresa con sus aportes a la emisora. Sin embargo, desde hacía dos años se había alejado parcialmente de Renacer. Su madre, Ilda Astudillo dice que al separarse de su pareja, Efigenia “quedó al cuidado de sus tres hijos y le quedaba difícil” asistir con regularidad a la emisora.

A pesar de esto, las autoridades del cabildo continuaban reconociendo a Efigenia como comunicadora y como miembro de Renacer. En palabras de Emildre Avirama: “su papel acá en la emisora no se desconoce”. Sentada en una silla Rimax en la sala de la casa en que habitaba su hija, Ilda Astudillo dice a la FLIP: “Efigenia estaba pensando volver de lleno a la emisora pero pues…. no se pudo”.

Ese ocho de octubre Efigenia Vásquez asistió a la movilización junto a los demás comuneros para exigir la propiedad colectiva del predio que actualmente le pertenece a Angulo. Emildre Avirama asegura que durante las movilizaciones la orden del cabildo es que los miembros de la emisora se organicen para tener una cobertura informativa de lo que vaya sucediendo. Durante la manifestación Vásquez debía contribuir a la documentación de los hechos: “Ella tenía la misma misión de nosotros: estar grabando”, recuerda Avirama.

Después de iniciada la protesta hacia las 4 de la tarde, la FLIP pudo constatar -por medio de videos grabados ese día- que los miembros del ESMAD abandonaron el predio “Aguas Tibias” y se enfrentaron a la comunidad en un territorio que hace parte del resguardo.

Según Edward Avirama, coordinador de la guardia indígena Kokonuko, los manifestantes se dispersaron por temor a las armas que estaba accionando el ESMAD: “La comunidad estaba tirando piedra desde la parte alta (de la montaña) y se escucharon disparos”. Avirama cuenta que en ese momento la situación se agravó, debido a que podía tratarse de armas de fuego que estarían siendo usadas en contra de la comunidad.

Minutos después de que se escucharan los disparos, Efigenia Vásquez cayó herida al suelo: “Ahí fue donde yo pedí ayuda para la compañera y entonces ya fue donde miramos que sí fue herida de gravedad”, asegura Avirama. De inmediato los miembros de la guardia solicitaron el ingreso de una ambulancia para trasladar a la comunicadora a un centro médico, pero el vehículo nunca llegó debido a que, según Avirama, el conductor afirmó que no tenía permitido el ingreso a ese lugar.

La situación de emergencia obligó a que la comunidad buscara un vehículo particular para trasladar a Vásquez a un centro de salud. Sin embargo, miembros de la comunidad denuncian que los uniformados intimidaron al conductor: “los del ESMAD se encontraban en parte de la carretera e incluso encañonaron al señor para que no la recogiera”, asegura un indígena que estuvo ese día en el lugar de los hechos.

Horas después, cuando Efigenia Vásquez estaba recibiendo atención en el Hospital San José de Popayán, falleció a causa de las heridas producidas por proyectiles de “carga múltiple” que la hirieron en el pecho, según el dictamen de Medicina Legal. Esto significa que Efigenia pudo haber muerto a causa de perdigones disparados desde un arma de fuego -por ejemplo: una escopeta-, o a causa del estallido de un artefacto explosivo cargado con pedazos de metralla; esto es, clavos, tornillos, pedazos de metal, balines….etc.

Dos días después, el Mayor General de la Policía, William Salamanca, declaró a medios de comunicación Payaneses que las heridas por las que fallece Vásquez no pudieron haber sido causadas por integrantes del ESMAD. “Perdigones, artefactos y armamento de este tipo (no convencional) no utiliza la Policía Nacional,” dijo. “En mi opinión, los responsables son los mismos indígenas, aquellos que con el rostro cubierto y utilizando armas de fuego no convencionales pudieron haber causado la muerte de la periodista”, concluyó.

El 25 de octubre la FLIP recibió una comunicación firmada por el comandante de Policía de Popayán, Coronel Pompy Arubal Pinzón, en la que se reitera lo expresado por el General Salamanca y agrega que: “La señora en mención (refiriéndose a Vásquez) no se encontraba realizando labores como comunicadora social (...) por el contrario estaba participando activamente en las diferentes protestas indígenas”.

Pero las autoridades del resguardo rechazan esta versión. “Acá nos han atacado con recalzadas”, dice Edward Avirama refiriéndose a proyectiles de carga múltiple que integrantes del ESMAD estarían disparando ilegalmente desde los lanzagranadas que usa habitualmente la Policía. “El gobierno puede decir ‘esos son simples gases’ pero nosotros podemos dar fé que ellos están recalzando,” agrega Avirama.  

La FLIP pudo constatar, a través de personas cercanas a la investigación que en este momento cursa en la Fiscalía, que los investigadores del caso están manejando tres hipótesis. La primera es que Efigenia muere a causa de un explosivo cargado por metralla lanzado por alguna de las dos partes. La segunda apunta a que fue herida por un proyectil disparado por un integrante del ESMAD. Y  la tercera indica que Efigenia murió por una situación de “fuego amigo”, en la que manifestantes accidentalmente accionaron un explosivo que la hirió mortalmente.  

La FLIP tuvo acceso a un video captado en el lugar de los enfrentamientos, que dura un minuto y 20 segundos, y que es parte del acervo probatorio de la Fiscalía. El video captura un plano general del enfrentamiento hasta que se escucha una fuerte explosión. Acto seguido la cámara enfoca a un miembro del ESMAD apuntando y disparando su lanzagranadas hacia un grupo de indígenas entre quienes se encontraba Efigenia. Con posterioridad, la cámara enfoca a una persona tendida en el suelo, -en principio, Efigenia-, a quien acuden a socorrer otros indígenas.

El reporte de medicina legal señala que “la trayectoria anatómica de las heridas de proyectil de arma de fuego es anterior-posterior”. De esta manera, es posible asegurar que Efigenia recibió el impacto de frente y que el proyectil no salió de su cuerpo.   

Así mismo, de acuerdo con fuentes cercanas a la investigación, al caer herida Efigenia, la Policía se encontraba a una distancia aproximada de 56 metros de los indígenas. En la necropsia se determinó que las heridas de Efigenia no tenían residuos de pólvora, lo que señala que había más de un metro y medio de distancia entre la boca del arma y el cuerpo de la periodista.

Desde el 10 de septiembre del año 2015, cuando la periodista Flor Alba Nuñez fue baleada por sicarios en Pitalito, Huila, no se presentaba un asesinato a periodistas por razones de oficio en Colombia.

La FLIP condena el asesinato de Efigenia Vásquez en funciones periodísticas durante los enfrentamientos del 8 de octubre. Este crimen atenta también contra el derecho a la libre expresión y a la información del pueblo indígena Kokonuko.

La Fundación hace un llamado especial a la Fiscalía General de la Nación para que avance con diligencia en las actividades investigativas para determinar quién accionó el proyectil de carga múltiple que acabó con la vida de Efigenia y establezca si esa persona actuó siguiendo órdenes de alguien más. También invita a la Policía Nacional de Colombia y a las autoridades indígenas del Cauca para que condenen públicamente el uso de armas no convencionales al interior de sus filas.  

La FLIP solicita especialmente a la Procuraduría General de la Nación que con base en las agresiones a periodistas documentadas por la FLIP, tome medidas para establecer criterios de monitoreo y verificación al ESMAD, para que su uso de la fuerza sea acorde al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y a los estándares internacionales sobre el tratamiento de manifestaciones públicas.

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Antecedentes de agresiones del ESMAD

El Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) ha sido un constante agresor, especialmente en el contexto de las manifestaciones sociales. En lo que va corrido del año, la FLIP ha registrado seis casos en los que agentes del ESMAD agreden y estigmatizan a periodistas. En agosto, durante el paro minero en el Nordeste Antioqueño, uniformados tildaron de revoltoso y hostigador a un reportero, además intentaron quitarle la cámara (http://bit.ly/2h6Gxxd). El 15 del mismo mes, Alexei Castaño, periodista de Caracol Radio y Red+Noticias, fue atacado con gases por agentes del Escuadrón durante protestas por el relleno Doña Juana en Bogotá (http://bit.ly/2zAVMVG). A mediados de julio, en medio de confrontaciones entre campesinos y Fuerza Pública por la erradicación forzada en Meta, la periodista de la Red de Medios Alternativos – Agencia Colombiana de Prensa Popular (REMA-Acpp), Heliana Montoya, resultó herida por balas de goma y gases disparados por miembros del ESMAD (http://bit.ly/2iAiWZm). El primero de julio, la periodista de Colombia Informa, María Montiel fue agredida y detenida ilegalmente por agentes antimotines (http://bit.ly/2h7pE5v). En mayo, Pedro García, colaborador de El Turbión, resultó gravemente herido por un impacto de bala durante protestas de indígenas Nasa en Cauca (http://bit.ly/2yP4p22).

La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- condena y lamenta la muerte de la comunicadora indígena Efigenia Vásquez Astudillo, quien falleció ayer después de enfrentamientos entre comuneros del Pueblo Kokonuko y agentes del ESMAD en Puracé, Cauca.

Vásquez Astudillo murió en el hospital San José de Popayán como consecuencia de heridas ocasionadas con armas de largo alcance, según dijeron autoridades indígenas del Cauca a la FLIP. Los enfrentamientos se dieron en el sector de Aguatibias, Puracé, en medio de un operativo de desalojo de tierras por parte de la Policía Nacional en reacción a las acciones de la Minga de Liberación de la Madre Tierra por parte de la Guardia Indígena del Pueblo Kokonuko.

La FLIP está verificando si Vásquez se encontraba realizando labores periodísticas durante los hechos. Efigenia Vásquez fue una comunicadora reconocida por su amplia trayectoria en medios de comunicación indígenas del Cauca. La FLIP resalta el trabajo de los medios indígenas y comunitarios en las regiones del país.

La Fundación exige a la Policía Nacional que investigue los hechos y a los agentes involucrados en el operativo. Así mismo, solicita a la Fiscalía General de la Nación que procese y sancione a quienes ordenaron accionar el arma de fuego que acabó con la vida de la comunicadora.  

Antecedentes:

La FLIP expresa su preocupación por las constantes agresiones durante las confrontaciones entre la comunidad y miembros de la Fuerza Pública en el contexto de manifestaciones sociales. La Fundación ha documentado varias agresiones en las que existen actos deliberados de la Fuerza Pública con el fin de censurar e impedir el registro de las protestas.  

El pasado 9 de mayo, Pedro García, colaborador del periódico El Turbión, y quien, según su familia, se encontraba tomando fotografías durante la Minga Comunitaria de Liberación de la madre Tierra, resultó gravemente herido por un impacto de bala en uno de sus glúteos.

Luego, el 12 de julio, en una jornada de enfrentamientos entre comuneros y policías, la emisora Renacer Kokonuko se quedó sin servicio de energía desde aproximadamente las 6 de la mañana. La empresa de energía no informó que estuvieran programados cortes eléctricos. Ese mismo día, periodistas de Caracol Televisión fueron agredidos con piedras durante el cubrimiento de la Minga en Puracé.

Como parte de la implementación de la Ley de Víctimas (Ley 1448 de 2011) el Gobierno nacional ha iniciado varios procesos de reparación colectiva a víctimas del conflicto armado en Colombia. Desde un Comité de Impulso, la FLIP ha acompañado el proceso con la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas. A partir de estos encuentros, la Fundación propone estas pautas para que la Reparación Colectiva al Periodismo en Colombia se lleve a feliz término.

Lea en línea:

6 pasos para la reparación colectiva al periodismo

6 pasos para la reparación colectiva (Resumen ejecutivo)

En carta abierta dirigida a Juan Manuel Santos, la Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- expresa su profundo rechazo por la manera en que el Estado colombiano se está defendiendo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Carvajal Carvajal y otros Vs. Colombia.

El pasado 22 y 23 de agosto en audiencia pública del caso en San José de Costa Rica, la representación del Estado mintió y manipuló información de manera temeraria, ofendió a las víctimas y actuó de forma contraria al principio de buena fe procesal.

Nelson Carvajal fue un periodista huilense asesinado en el municipio de Pitalito el 16 de abril de 1998 como consecuencia de su trabajo periodístico. Después de numerosas irregularidades en el proceso, el crimen se mantiene en impunidad. El caso finalmente llegó a la Corte Interamericana, la cual podría condenar a Colombia por el homicidio y declarar al país internacionalmente responsable por violar la libertad de expresión.

Para impedirlo, el Estado acudió a argumentos inaceptables.

Encuentre los detalles en esta carta. 

En audiencia pública, celebrada en la mañana del viernes 9 de septiembre en Neiva, el Juez Tercero Penal Especializado de dicha ciudad impuso una pena de prisión de 47 años, 6 meses y 2 días a Juan Camilo Ortíz, alias ‘El Loco’ por la autoría material del homicidio de la periodista Flor Alba Núñez, ocurrido el 10 de septiembre de 2015 en Pitalito, Huila.

Ortiz fue condenado por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas. El Juez consideró las circunstancias de indefensión en las que se encontraba la periodista al momento de ser asesinada y tuvo en cuenta que el crimen fue consecuencia de la actividad periodística de Núñez. Un asunto relevante dado que en pocos casos se tiene en cuenta la calidad de periodista como determinante del crimen, lo que invisibiliza la violencia contra la prensa.

El juez argumentó que las pruebas obtenidas, entre las que se encuentran testimonios, videos, fotografías, entre otras pruebas técnicas, permitían probar que Ortíz fue el autor del crimen.

De acuerdo con la teoría del caso planteada por la Fiscalía, Ortíz actuó en conjunto con Jaumeth Albeiro Flórez, quien actualmente se encuentra prófugo de la justicia y a quien se acusa de ser quien conducía la moto en la que huyó Ortíz luego de ultimar a la periodista.

La FLIP reconoce esta decisión y la celeridad con la que se llevó el caso como un avance significativo en la lucha contra la impunidad, teniendo en cuenta que la pena impuesta es una de las más altas en los casos de violencia contra periodistas. Sin embargo, no se puede desconocer que esta es una victoria parcial, puesto que aún no se ha llevado a la justicia al otro autor material y tampoco se ha establecido una estrategia investigativa con el fin de identificar a los autores intelectuales del crimen.

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Viernes, 11 Agosto 2017 18:37

Juez condena al autor material del homicidio de Flor Alba Núñez

El juez tercero penal especializado de la ciudad de Neiva condenó a Juan Camilo Ortíz (alias ‘El Loco’) por el homicidio de la periodista Flor Alba Núñez, ocurrido el 10 de septiembre de 2015 en el municipio de Pitalito, Huila. En audiencia pública del viernes 11 de agosto se conoció el sentido del fallo y el próximo 8 de septiembre se emitirá la pena en contra de ‘El Loco’. El fiscal de derechos humanos que lidera la investigación del caso solicitó una condena de al menos 50 años por este crimen.

Flor Alba Núñez era la coordinadora de noticias de la emisora La Preferida Stéreo y hacía investigaciones acerca de corrupción y orden público en Pitalito. Fue asesinada cuando estaba a punto de ingresar a las instalaciones del medio.

Se manejan tres hipótesis frente a las causas del homicidio. De estas, la que relaciona directamente a Juan Camilo Ortíz se basa en los cuestionamientos que hizo Núñez contra un Juez de Timaná por concederle la detención domiciliaria a Ortíz, acusado de atentar contra la vida de la zootecnista Julieth Marcela Henao en noviembre de 2013.  

El crimen de Núñez silenció a una de las voces líderes en su municipio a la hora de denunciar el asedio de las bandas criminales a la población. Muestra de ello fue el Proyecto Pitalito, que inició un mes después del asesinato de Núñez y en el que diferentes medios de comunicación se aliaron para publicar historias durante un mes. Los reportajes estaban relacionados no sólo con la muerte de la periodista, sino también con las denuncias de la reportera con relación al crecimiento de las bandas criminales en el municipio huilense.

Núñez ocupa el renglón 153 en la lista de periodistas asesinados por razones de su oficio en los últimos 40 años. La FLIP reconoce esta condena como un progreso de la justicia en la lucha contra la impunidad. Sin embargo, la Fundación exhorta a las autoridades judiciales para que continúen las investigaciones con el fin de determinar quiénes fueron los autores intelectuales del crimen. De no ser así, se impide hacer justicia efectiva dentro de su caso.

Igualmente, para la FLIP es importante la búsqueda de justicia en los asesinatos cometidos en contra de periodistas que desarrollan su labor en las regiones más apartadas de las grandes ciudades. Es allí donde la libertad de prensa se ve más amenazada y donde existe mayor probabilidad de que estas agresiones queden en la impunidad.

El juez tercero penal especializado de la ciudad de Neiva condenó a Juan Camilo Ortíz (alias ‘El Loco’) por el homicidio de la periodista Flor Alba Núñez, ocurrido el 10 de septiembre de 2015 en el municipio de Pitalito, Huila. En audiencia pública del viernes 11 de agosto se conoció el sentido del fallo y el próximo 8 de septiembre se emitirá la pena en contra de ‘El Loco’. El fiscal de derechos humanos que lidera la investigación del caso solicitó una condena de al menos 50 años por este crimen.

Flor Alba Núñez era la coordinadora de noticias de la emisora La Preferida Stéreo y hacía investigaciones acerca de corrupción y orden público en Pitalito. Fue asesinada cuando estaba a punto de ingresar a las instalaciones del medio.

Se manejan tres hipótesis frente a las causas del homicidio. De estas, la que relaciona directamente a Juan Camilo Ortíz se basa en los cuestionamientos que hizo Núñez contra un Juez de Timaná por concederle la detención domiciliaria a Ortíz, acusado de atentar contra la vida de la zootecnista Julieth Marcela Henao en noviembre de 2013.  

El crimen de Núñez silenció a una de las voces líderes en su municipio a la hora de denunciar el asedio de las bandas criminales a la población. Muestra de ello fue el Proyecto Pitalito, que inició un mes después del asesinato de Núñez y en el que diferentes medios de comunicación se aliaron para publicar historias durante un mes. Los reportajes estaban relacionados no sólo con la muerte de la periodista, sino también con las denuncias de la reportera con relación al crecimiento de las bandas criminales en el municipio huilense.

Núñez ocupa el renglón 153 en la lista de periodistas asesinados por razones de su oficio en los últimos 40 años. La FLIP reconoce esta condena como un progreso de la justicia en la lucha contra la impunidad. Sin embargo, la Fundación exhorta a las autoridades judiciales para que continúen las investigaciones con el fin de determinar quiénes fueron los autores intelectuales del crimen. De no ser así, se impide hacer justicia efectiva dentro de su caso.

Igualmente, para la FLIP es importante la búsqueda de justicia en los asesinatos cometidos en contra de periodistas que desarrollan su labor en las regiones más apartadas de las grandes ciudades. Es allí donde la libertad de prensa se ve más amenazada y donde existe mayor probabilidad de que estas agresiones queden en la impunidad.

La Fundación para la Libertad de Prensa se une al llamado de justicia. El pasado 15 de mayo asesinaron en su natal Culiacán, México, al periodista Javier Valdez, un reportero que denunció los desmanes del narco, la complicidad de las autoridades y el sufrimiento de las víctimas.

Con el hashtag #NuestraVozEsNuestraFuerza, distintos periodistas y organizaciones del mundo piden que cese la violencia contra la prensa en México. La FLIP se solidariza con esta causa y desea que las autoridades mexicanas procesen a los culpables y se hagan responsables de la protección de los periodistas en su país.

Con el apoyo de la escritora y periodista Marcela Turati, la FLIP quiere rendir un homenaje a Valdez con este podcast en el que varios reporteros recuerdan alguna anécdota con el periodista sinaloense.

El 28 de septiembre, en la Resolución No. 048, la Fiscalía General de la Nación declaró que los asesinatos de estos tres periodistas, y de otros defensores de derechos humanos, eran de lesa humanidad. Con ello se ratificó que estos crímenes fueron planeados por la Fuerza pública y los grupos paramilitares dentro un patrón sistemático y generalizado que usó el Estado colombiano en contra de la población civil. 

La Fiscalía determinó que “en atención al carácter inalienable de los derechos violados, la gravedad de los hechos, el derecho de las víctimas y la obligación de investigar y juzgar a los presuntos responsables por parte del Estado, este despacho declarará la imprescriptibilidad de la acción penal”.

El asesinato del periodista y humorista Jaime Garzón, ocurrió el 13 de agosto de 1999. La investigación por estos hechos ha tenido varias dilaciones y montajes para evitar sancionar a los responsables, que involucra a altos funcionarios públicos como  José Miguel Narváez (exsubdirector del DAS) y el Coronel (r) Plazas Acevedo. La FLIP, junto con los familiares del periodista y otras organizaciones, venía solicitando desde tiempo atrás esta declaratoria debido al carácter sistemático de la violencia que sufrieron Garzón, otros periodistas y defensores de derechos humanos para la época.

La Fiscalía concluyó que el asesinato de Jaime Garzón Forero obedeció a que “fue considerado en los informes de inteligencia del Ejército una persona que por sus labores humanitarias a favor de la paz con los grupos insurgentes, estaría favoreciendo dichos grupos”. Razón por la que fue declarado objetivo militar.

Por su parte, Mario Calderón y Elsa Alvarado, investigadores y periodistas del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), fueron asesinados el 19 de mayo de 1997 a raíz de sus trabajos sobre investigación social en el Urabá antioqueño y en el páramo de Sumapaz.  En la investigación por estos hechos se encuentra vinculado Diego Fernando Murillo, alias Don Berna.

Según la Fiscalía, los asesinatos de estos tres periodistas, y el de los defensores de derechos humanos Jesús María Valle y  Eduardo Umaña, coincidían en que “todos denunciaron amenazas y seguimientos; los perpetradores fueron los sicarios de la temida banda La Terraza de Medellín; la orden siempre vino de Carlos Castaño, pero con anuencia de agentes del Estado”. Además afirmó que las investigaciones judiciales se desviaron y fueron “ejecuciones extrajudiciales”.

La FLIP respalda esta decisión y hace un llamado a la Fiscalía General de la Nación y al poder judicial para que esta declaratoria se acompañe con investigaciones y juicios más efectivos. Solo así se lograrán avances significativos, los cuales puedan llevar a la sanción de todas las personas responsables. Igualmente, teniendo en cuenta que esta declaración de lesa humanidad hace que estos delitos no puedan prescribir, la FLIP solicita que esto no se convierta en un incentivo para que estas investigaciones se dilaten aún más en el tiempo sin resultados y sin consecuencias.