Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP

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En los últimos días la periodista independiente Katia Ospino ha sido objeto de amenazas e intimidaciones como retaliación por sus investigaciones sobre el abuso sexual a mujeres indígenas por parte de algunos miembros de la comunidad arhuaca. Ella también ha denunciado presuntos hechos de corrupción y fraude procesal que involucran a Zarwawiko Torres y otras autoridades indígenas. 

El 7 de octubre Ospino recibió una llamada de desconocidos que afirmaron que había una orden de asesinarla si ingresaba a territorio arhuaco, incluyendo la Sierra Nevada en Cesar, La Guajira y Magdalena. Ospino, además, manifestó que el día anterior, mientras estaba en la Sierra realizando actividades periodísticas, una de sus fuentes le advirtió que un grupo de personas estaba buscándola para retenerla

Ese mismo día, en la cuenta de Facebook del ‘Resguardo Arhuaco Businchama’, se tildó a la periodista de ser una persona que atenta contra la unidad del resguardo y advierten que se ‘tomarán las medidas pertinentes de justicia’. 

Es precisamente en los escenarios de denuncias por violencia sexual donde se incrementa el riesgo contra la prensa, y particularmente contra las mujeres periodistas. Por esto advertimos de una situación de alta vulnerabilidad para Katia Ospino y la urgencia en atender su riesgo diferenciado.  

Los señalamientos en contra de la prensa son especialmente lesivos cuando provienen de autoridades que tienen una alta influencia en las comunidades. Estos mensajes desacreditan la labor de los y las periodistas, obstaculizan la relación fuente periodista y pueden ser entendidos por terceros como autorizaciones para atentar contra su integridad. En este sentido, la estigmatización sobre la prensa promueve la autocensura y el silenciamiento de temas que son de altísimo interés público como los investigados por Ospino. 

Si bien las autoridades indígenas tienen autonomía sobre el funcionamiento de la justicia en sus territorios, a partir del reconocimiento de la jurisdicción indígena, esto no da aval para censurar la labor de la prensa que denuncia posibles actos de violaciones de derechos humanos. 

La FLIP hace un llamado a las autoridades y representantes del pueblo arhuaco de abstenerse de señalar de manera pública e injustificada a los medios de comunicación y periodistas. Así mismo, la FLIP le solicita a la Fiscalía General de la Nación que investigue las amenazas reportadas por la periodista. La Unidad Nacional de Protección debe tener en cuenta estos nuevos hechos dentro de la evaluación de riesgo de Ospino con el fin de implementar las medidas que sean más idóneas para garantizar su seguridad. 

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Para proteger el ejercicio independiente del periodismo es esencial que las autoridades no utilicen sus influencias para presionar las líneas editoriales y excluir a sus críticos, en particular cuando se trata de medios públicos. Es indispensable que el Estado, en todas sus instancias, se abstenga de influir indebidamente en la administración de los medios públicos y se respete su independencia, sin discriminación.

La FLIP rechaza el despido del periodista Hernán Muñoz por parte de Deninson Mendoza, el nuevo gerente general de Telemedellín, como sanción a las críticas que el periodista ha emitido sobre la Alcaldía de Medellín. Periodistas que hablaron con la FLIP declararon sentir miedo y presiones para publicar noticias a favor de la alcaldía de Daniel Quintero. 

La Fundación tuvo conocimiento de que, ayer, Muñoz fue despedido de su cargo como director del Sistema Informativo de Telemedellín. Su salida se da semanas después del cambio de gerencia del canal: Johana Jaramillo fue reemplazada por Deninson Mendoza bajo presiones similares.

Según Muñoz, el nuevo gerente de Telemedellín manifestó en medio de un comité de empalme que el noticiero “ya no sería para la gente sino para defender al alcalde Daniel Quintero”. Esto fue respaldado por una fuente que estuvo presente en algunas reuniones y afirma haber escuchado frases como “si le gusta al alcalde, a nosotros nos encanta”.

Ese respaldo incondicional del nuevo gerente al alcalde caracteriza la gestión del medio, quebrantando su deber de independencia. Por una parte, una fuente indicó que se hacen averiguaciones sobre las filiaciones políticas de las y los reporteros. Por otra parte, mencionó que no se debe hablar sobre asuntos que incomoden a la Alcaldía, por ejemplo, en una ocasión el medio eliminó de redes sociales una nota crítica que publicó y que incomodó a la administración local.

La oficina de prensa de la Alcaldía de Medellín no ha dado explicaciones sobre lo ocurrido de manera pública y, en comunicación con la FLIP, sostuvo que el medio es independiente y que la Alcaldía no tiene ninguna relación con Telemedellín.

Los medios públicos no deben estar al servicio de la administración de turno sino de la ciudadanía. Sin embargo, la presión contra la prensa por parte de Quintero ha sido una constante. En junio del 2020 intentó obstruir publicaciones sobre acusaciones en su contra por violencia sexual. En agosto de ese mismo año, se reveló un monitoreo de las redes sociales de diferentes periodistas desde la Alcaldía, por intermedio de Telemedellín.

Normalizar este tipo de interferencias en el sistema de medios públicos neutraliza el potencial democratizador del periodismo y crea condiciones para la autocensura de los y las periodistas. Esto es un peligroso precedente para el funcionamiento de los medios de comunicación públicos.

Para la FLIP, que desde la administración se influya sobre la gestión y/o los contenidos de un medio es una censura indirecta. Es importante que los medios públicos cuenten con pluralidad de información y de opiniones, por lo que es necesario que se garantice la independencia de sus periodistas y que la línea editorial no esté limitada a transmitir información a favor de una determinada administración.

Desde la FLIP hacemos un llamado a la Procuraduría General de la Nación para que se investiguen estos hechos, ya que no es la primera vez que funcionarios públicos interfieren en el correcto funcionamiento del sistema de medios públicos. También solicitamos a la entidad evaluar las presiones indebidas ejercidas por funcionarios públicos sobre la independencia de los periodistas en este caso como en el de RTVC y Telecafé. 

De igual forma, hacemos un llamado al gerente del canal para que dé explicaciones públicas sobre los hechos documentados por la FLIP. Es clave que al interior de Telemedellín se promueva la diversidad e independencia necesarias para un periodismo libre.

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Bogotá D.C., 23 de junio de 2021. Las organizaciones abajo firmantes, interesadas y apoderadas de personas víctimas de violencia policial en el contexto de las protestas, expresamos nuestra preocupación por el anuncio gubernamental de modificar el decreto 003 de 2021 con el propósito de restringir la definición de protesta legítima. Si bien no se conoce el contenido de la reforma anunciada porque no se ha publicado un texto oficial, advertimos que este anuncio genera riesgos significativos frente al deber estatal de brindar garantías para el ejercicio del derecho a la protesta social.

El pasado viernes 18 de junio el ministro del Interior, Daniel Palacios, anunció la modificación del decreto 003 de 2021, a través de un video en su cuenta de Twitter. En dicha publicación se afirma que “se realiza modificación al Decreto 003/2021 donde se establece que NO constituye manifestación pacífica, aquella que promueva el empleo de medios para obstaculizar temporal o permanentemente vías o infraestructura del transporte”.  

La modificación propuesta por el ministro del Interior es inconstitucional por las siguientes razones: 

Primero, la Corte Constitucional advirtió en la sentencia C-227 de 2017 que la regulación del derecho a la protesta social pacífica, por ser fundamental, no podía realizarse a través de una ley ordinaria, si no que requería de un trámite de ley estatutaria. En este sentido, una regulación orientada a establecer los límites legales del derecho a la manifestación pacífica, tampoco podría realizarse a través de un decreto. 

Segundo, el decreto 003 de 2021 fue expedido como consecuencia de la orden quinta de la sentencia STC-7641-2020 del 22 de septiembre del 2020, como mecanismo para garantizar el respeto por el derecho a la protesta social. Por tanto, la modificación al decreto no puede restringir el ámbito de protección de este derecho. 

Tercero, al ser un decreto emitido en el marco de una mesa de negociación con participación de las organizaciones accionantes, personas interesadas en proteger el derecho a la protesta y demás instituciones relevantes para la garantía de la manifestación pública y pacífica, cualquier modificación debería tramitarse del mismo modo. Las modificaciones no fueron negociadas ni concertadas, ni tampoco puestas previamente en su conocimiento. 

Cuarto, no se puede desconocer y modificar de manera arbitraria, vía decreto presidencial, la ley penal vigente y su interpretación constitucional (sentencia C-742 de 2012) que frente a este asunto particular es clara al señalar que el único caso en el que el bloqueo de vías se constituye un delito es cuando la obstrucción se hace a través de medios ilícitos. “La Ley 1453 de 2011, llamada Ley de Seguridad Ciudadana, modificó el Código Penal y dio origen a delitos como obstrucción vías que afecten el orden público (artículo 44), el cual, en realidad, tipifica como tipo penal la obstrucción a vías mediante el uso de medios ilícitos1

Finalmente, es importante que la opinión conozca otro incumplimiento del Gobierno nacional a la garantía del derecho a la protesta. El 19 de mayo la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá D.C. resolvió dar trámite al incidente de desacato, que busca sancionar a los responsables por el incumplimiento de la sentencia. El Gobierno nacional no ha presentado los informes correspondientes a las acciones adelantadas en cumplimiento de todas las órdenes en las que está involucrado dentro del plazo establecido por el Tribunal. Esto demuestra, nuevamente, su absoluta falta de compromiso con el cumplimiento de órdenes de carácter judicial, vulnerando además el equilibrio de poderes, que es básico para el ejercicio del rol de garante que ejerce un Estado social de derecho. Dicho incumplimiento de la sentencia implica, además, que el ejercicio del derecho a la protesta social -como un derecho polivalente- sigue siendo vulnerado de manera sistemática y arbitraria por parte de todas las instituciones accionadas, incluida la Presidencia de la República.

Es imprescindible que cesen las vulneraciones de derechos humanos en contextos de protesta social. Que se respeten los derechos a la vida, la integridad personal, la salud, la libertad de reunión, la libertad de asociación, la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de locomoción, la libre movilidad por el territorio nacional en el marco del ejercicio de la protesta social y pacífica, los cuales están protegidos tanto a nivel constitucional como en declaraciones y tratados de Derecho Internacional de los Derechos Humanos - DIDH. La modificación propuesta por el ministro del Interior es inconstitucional porque no garantiza ninguno de estos derechos y se está haciendo de manera arbitraria. 

Firman:

Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia)
Comisión Colombiana de Juristas (CCJ)
Comité de Solidaridad con Presos Políticos (CSPP)
Campaña Defender la Libertad un Asunto de Todas
Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” (CAJAR)
Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)
Profes al Paro
El Veinte
Humanidad Vigente Corporación Jurídica
Asociación Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos - DH Colombia
Coordinación Social y Política Marcha Patriótica 
Red de Derechos Humanos "Francisco Isaías Cifuentes"

 

1. Entre estos medios pueden incluirse: el daño en bien ajeno, el incendio, el disparo de armas de fuego, el empleo de sustancias peligrosas y la violencia contra servidor público. Información tomada de: Fiscalía General de la Nación. Directiva N° 008. “Por medio de la cual se establecen lineamientos generales con respecto a delitos en los que se puede incurrir en el curso de la protesta social”, 2016. Citado en Fundación Comité de Solidaridad con Presos Políticos CSPP y Campaña Defender la Libertad: Asunto de Todas. (2019). Guía práctica para defender la Protesta en Colombia. P. 24.

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La FLIP expresa su preocupación porque la violencia desbordada y sostenida contra la prensa, en el marco del cubrimiento de las jornadas de manifestación, ha forzado el silenciamiento de la prensa local. El Estado es responsable por la falta de respuesta institucional ante la violencia contra la prensa que ahora escala al mayor nivel de afectación a la democracia, mediante el silenciamiento como mecanismo de autoprotección.

Es altamente preocupante que el ambiente hostil consolidado contra la prensa forjó decisiones abiertas de autocensura como mecanismo de autoprotección. Este es el caso de varios medios del departamento de Putumayo que en un comunicado, publicado el 3 de junio por la Corporación de Periodistas del Putumayo (CORPEP), anuncian el silenciamiento de varios medios en el departamento por 48 horas como forma de protesta por la falta de garantías para el ejercicio periodístico en medio de las protestas.

La FLIP ha documentado cuatro ataques a la prensa en esta región relacionados con el cubrimiento de las manifestaciones sociales este año, entre las que se encuentran hostigamientos, agresiones físicas, estigmatizaciones y presiones. En esta zona, el subregistro es claro debido a que la intimidación es tan fuerte que impide el cubrimiento y a la desconfianza en las autoridades; de ahí que la violencia contra la prensa no se refleja en las cifras oficiales.

Lo ocurrido en Putumayo exige que todas las alertas de las autoridades locales y nacionales, pues implica un altísimo precio para el debate público y plural sobre la coyuntura. Además, debido a los altos índices de violencia en el país es una decisión que puede replicarse en otras zonas.

La violencia contra la prensa ha sido constante durante estos 37 días de paro. Hasta la fecha hemos documentado y registrado 217 ataques con la prensa relacionados con el cubrimiento de protestas en todo el país, se ha evidenciado que 166 son acciones violentas. Además, el riesgo de nuevos ataques perdura, ya que no hay un rechazo público a la violencia dirigida contra la prensa y esto desalienta cualquier denuncia por parte de los y las periodistas ante las entidades competentes.

A pesar de los constantes llamados de la FLIP a las distintas autoridades para que se brinden las condiciones de seguridad a los y las periodistas, aún no hemos conocido una estrategia articulada que busque brindar las garantías necesarias para un ejercicio periodístico libre de violencia. Las respuestas tardías de los entes de control de cara a la violencia atribuida a la fuerza pública —alrededor del 54% de los casos— son insuficientes, pues se limitan a solicitar la información que ya es pública sobre la documentación de las agresiones.

La FLIP hace un llamado urgente a los alcaldes locales y al gobernador para que haya un respaldo público a la labor que desarrolla la prensa en el departamento de Putumayo. Así mismo, le solicita a la Defensoría del Pueblo que monitoree los factores de riesgo de la prensa en esta región de manera articulada con la Fiscalía General de la Nación, y que estudie y emita las alertas necesarias.

De igual manera, reiteramos la urgencia de un rechazo público de la violencia contra la prensa y un mensaje de cero tolerancia frente a las agresiones perpetradas por miembros de la fuerza pública por parte del presidente de la República, la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación y el ministro de Defensa.

Así mismo, solicitamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, que en el marco de la visita a Colombia estudien la violencia contra la prensa y, en particular, el alto riesgo de autocensura de la prensa regional a causa de la falta de garantías de seguridad para ejercer el quehacer periodístico.

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Este miércoles 26 de mayo de 2021, Reporteros Sin Fronteras (RSF) y la Fundación para la Libertad de Prensa alertaron a las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos (OEA) y a la Unesco sobre la escalada de violencia que enfrentan las y los periodistas colombianos que cubren las manifestaciones desde el pasado 28 de abril.

Mediante un llamado urgente enviado de manera oficial al Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión, el Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y la libertad de asociación, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y el Secretario General de las Naciones Unidas , así como al Relator Especial sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Interamericanos (OEA) y a la Unesco, alertamos de la situación alarmante de violencia contra periodistas que cubren protestas en Colombia.

Desde el 28 de abril a la fecha, la FLIP ha documentado 178 casos y 201 víctimas de ataques contra periodistas y medios de comunicación que procuran cubrir las movilizaciones sociales en el país. 

Con motivo de estas cifras de violencia sin precedentes, y de cara a la incapacidad del gobierno colombiano de garantizar a la prensa las condiciones de seguridad para ejercer el quehacer informativo de manera libre de violencia, RSF y la FLIP instaron a los Relatores especiales y a la Unesco a reaccionar de manera inmediata frente a las autoridades colombianas emitiendo las siguientes recomendaciones:

- Solicitar al Estado de Colombia, en cabeza del Presidente de la República y la Procuradora General de la Nación y la Defensoría del Pueblo que realicen un rechazo público de las agresiones contra la prensa, tanto de las manifestaciones de funcionario públicos como de quienes ostentan cargos de elección popular, por tratarse de una violación directa a la Constitución y a las garantía de la libertad de prensa contenidas en instumentos internacionales.

- Solicitar a Colombia que informe sobre las agresiones reportadas en contra de la prensa por parte de la fuerza pública en el contexto de protesta social y de particulares, de manera que se segregue por género de la víctima y tipo de agresión. 

- Solicitar a Colombia que se otorgue información clara sobre las investigaciones penales y disciplinarias que se han iniciado con ocasión de los hechos, las actividades de investigación desplegadas, los hallazgos dentro de las mismas y los miembros de la Fuerza Pública que presuntamente participaron en los hechos.

- Solicitar a Colombia que las investigaciones penales contra miembros de la fuerza pública sean de conocimiento de la justicia penal ordinaria, en aras de garantizar la seriedad e imparcialidad.

- Solicitar a Colombia que las investigaciones disciplinarias contra miembros de la fuerza pública sean de conocimiento de la Procuraduría General de la Nación, en aras de garantizar la seriedad e imparcialidad.

- Solicitar a Colombia que informe qué acciones se han desplegado para contrarrestar los riesgos que enfrenta la prensa en el contexto de protesta. 

- Solicitar a Colombia que evalúe el Programa de Protección mediante el cual se puede beneficiar a los periodistas, de manera que se establezcan medidas preventivas.

- Solicitamos que se convoque una comisión experta independiente para investigar estos hechos, coadyuvar en el esclarecimiento de la verdad, la justicia y las medidas de no repetición. 

- Solicitar a Colombia que implemente protocolos de atención a periodistas víctimas de los miembros de la Fuerza Pública así como que promueva una reparación colectiva por la violencia registrada en las jornadas de protestas.

 

El Alto Comisionado de los Derechos Humanos, así como la Secretaría General de las Naciones Unidas a la fecha han acusado la recepción y garantizan a la FLIP y RSF de hacer el seguimiento de la petición.

Colombia ocupa el puesto 134 en el Índice Mundial de Libertad de Prensa 2021 publicado por RSF. 



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La Fundación para la libertad de Prensa (FLIP) rechaza la decisión -de segunda instancia de tutela- de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que confirma la condena impuesta por el Tribunal Superior de Bogotá, a la periodista Vicky Dávila y a Radio Cadena Nacional SAS (La FM) a indemnizar al excomandante de la Policía Jorge Hilario Estupiñán y a su familia. En octubre de 2020, el Tribunal consideró que se habría generado un daño a Estupiñán por los cuestionamientos que manifestó la periodista frente a un posible acto de corrupción en el 2014.

La activación estratégica de la justicia contra la prensa por medio de procesos civiles envía un mensaje negativo para los periodistas que promueven el debate público. El riesgo de autocensura es mayor cuando se evidencia que la judicialización del ejercicio periodístico encuentra un eco en la administración de justicia, que en lugar de proteger la libertad de expresión, avala la instrumentalización de mecanismos legales para acallar a la prensa mediante la imposición de cuantiosas sanciones económicas, sin atender los estándares internacionales de protección a la libertad de expresión. 

En octubre del 2020 desde la FLIP alertamos el riesgo de censura de la condena impuesta por el Tribunal Superior de Bogotá a la periodista Vicky Dávila. Las multas, sanciones y condenas económicas a la prensa promueven por sí mismo un mensaje inhibitorio a la prensa, pues genera el temor de ser castigado patrimonialmente.

Para la FLIP, la sentencia del Tribunal vulneró los derechos de la periodista al debido proceso y a la libertad de expresión, por desconocer la protección de la libertad de expresión, en particular de aquellas que se refieren funcionarios públicos, y la protección de las opiniones en el debate público. Por ello, compartimos los argumentos que recogen los magistrados Dueñas y Lenis en su salvamento de voto, quienes sostienen que la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia debió proteger la libertad de expresión y, en consecuencia, revocar la condena a la periodista y al medio emitida por el Tribunal. 

Para la FLIP,  la Sala Laboral dejó de analizar elementos centrales del caso, que de haberse tenido en cuenta cambiarían de fondo la decisión. Por un lado, no estudió la calidad de funcionario público del entonces coronel, pese a que este tipo de discursos tienen una protección especial. Por otro lado, se judicializó una opinión, los jueces no están facultados para limitar contenidos por su forma o estilo, pues la libertad de expresión protege los discursos en todas sus manifestaciones.

De igual manera la decisión de la Corte Suprema de Justicia vulnera la libertad de prensa y constituye un precedente peligroso de cara al fenómeno de acoso judicial creciente en Colombia, en particular, frente al uso de procesos civiles en contra de la prensa para castigar sus denuncias y posturas críticas. 

Primero, la decisión de la Corte desconoce los estándares internacionales de libertad de expresión, que protegen los discursos "en todas sus formas y manifestaciones". La Corte incurre en el mismo defecto que el Tribunal, pues enfoca el debate jurídico en un aspecto que está protegido. De ninguna manera se debió reprochar la forma en las que se expresan opiniones. 

Segundo, la Corte avaló la imposición de responsabilidad patrimonial de los y las periodistas y de los medios de comunicación, sin que se probara la intención dañina de la publicación cuestionada. Los jueces deben indicar de manera precisa, en cada caso particular, en qué consiste la mala práctica en la actividad de difundir información, la falta de cuidado y diligencia, así como la intención de daño.  

Tercero, omitió la ponderación entre el derecho a la libertad de expresión y la honra y el buen nombre. Para la Corte el estudio de la responsabilidad civil por la presunta afectación de la honra y buen nombre hace innecesario el test tripartito para limitar la libertad de expresión. Esto es contrario a los estándares internacionales que exigen realizar este test para limitar de manera excepcional discursos y que permite abordar estas discusiones desde una perspectiva de derechos humanos.

Por lo anterior, la FLIP hace un llamado a la judicatura para que reconozca el acoso judicial como una nueva forma de agresión contra la prensa como un primer paso para frenar la instrumentalización de la justicia para silenciar opiniones críticas. Confiamos en el rol fundamental de la justicia en la protección de la prensa y el debate público. 

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En los últimos días la FLIP ha conocido que distintas entidades estatales y locales han impedido el libre cubrimiento del Plan Nacional de Vacunación. Esto se ha traducido en prohibiciones de circulación de la prensa en diferentes centros de salud del país y en dificultades para acceder a fuentes de primera mano.

Desde la FLIP recordamos  a las autoridades nacionales y locales la obligación que les asiste de garantizar el acceso a la información de los y las periodistas. Entendemos que existan ciertas restricciones debido a la necesidad del distanciamiento, sin embargo estas no deben ser arbitrarias ni excesivas. Si no es posible que los periodistas ingresen a los centros de salud, se deben explicar los motivos y su justificación.

A continuación enlistamos una serie de recomendaciones para funcionarios públicos. 

  1. Es necesario que la prensa cubra el plan de vacunación en los centros de salud de todo el país. Por esta razón, se deben garantizar espacios ventilados y con condiciones básicas de bioseguridad para que los y las periodistas hagan el cubrimiento adecuado.

  2. Se deben promover condiciones para que los y las periodistas consulten fuentes de primera mano. Deben tener la posibilidad de entrevistar a las personas vacunadas, a los y las médicos, a gerentes de las entidades de salud y a funcionarios presentes. Esto alimenta la pluralidad de fuentes.

  3. Los funcionarios y entidades no pueden limitarse a brindar información a los periodistas sin abrir espacios para preguntas. Se deben promover espacios al aire libre en los que se garantice el registro y control por parte de los y las periodistas.

  4. Los periodistas no tienen que contar con alguna acreditación para que se les permita el ingreso a estos cubrimientos. Exigir demostrar una vinculación a un medio afecta desproporcionadamente a los periodistas independientes y termina por obstruir su labor.

  5. La información no puede limitarse al registro fotográfico y audiovisual que entreguen las entidades. Esto configura censura indirecta. Los y las periodistas necesitan contrastar distintas fuentes para que con ello puedan ejercer un control a la gestión de las entidades.

La FLIP invita a las autoridades y a los trabajadores de los centros de salud a ser receptivos con la prensa y a permitir que ejerzan su trabajo sin limitaciones. Obstruir la labor periodística bajo argumentos de la protección de la salud pública y la intimidad restringe el derecho de los ciudadanos de acceder a información pública. Es necesario que se promueva un clima óptimo para el ejercicio del periodismo y se garantice la pluralidad de voces y fuentes en el cubrimiento. 

La FLIP continúa documentando estas situaciones, por esta razón invitamos a los y las periodistas a que nos cuenten de estos casos. Pueden escribirnos o llamarnos al 320 2311308 o pueden diligenciar este formulario.

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En varias oportunidades el exfiscal Néstor Humberto Martínez se ha referido a la prensa de manera estigmatizante y ha cuestionado, sin fundamentos, las investigaciones periodísticas sobre asuntos relacionados a su gestión como Fiscal General de la Nación. Esto configura una estrategia para intimidar a los periodistas que investigan y publican  información de suma relevancia pública. 

El pasado 26 de noviembre, el exfiscal Martínez, en una sesión de  control político en la Comisión Primera del Senado, desacreditó el trabajo de investigación realizado por distintos periodistas. Señaló a Edison Bolaños, reportero de El Espectador, alegando que no realizó el trabajo de manera independiente ni diligente y afirmó que las decisiones editoriales tenían como propósito encubrir a Jesús Santrich.

En sus propios términos: “Ah, esa sí no la van a mostrar porque quieren hacerle el jueguito del defensor de Santrich y del señor Bolaños, de que esta era coca de la Fiscalía. Y antes de esa publicación yo le dije al señor Bolaños por escrito, tengo aquí los escritos, y le dije al director del periodico “señores, esa coca no era de la Fiscalía”. No importa, ni siquiera se tomaron el trabajo de publicar que eso no era cierto en palabras del exfiscal general”.

Adicionalmente, Martínez cuestionó de manera enfática la independencia del periodista, acusándolo de no haber publicado la totalidad de la información para  encubrir a alguien, sin mostrar alguna prueba1Requerir la publicación completa del material investigativo de un periodista constituye una violación a la reserva de la fuente que, además, puede poner en peligro tanto a la fuente como al periodista. 

Martínez no sustentó con evidencia ninguna de estas graves acusaciones y por el contrario quiso generalizar conociendo muy bien que esto debilita el trabajo de una prensa libre e independiente. 

Igualmente, la FLIP rechaza que Martínez anunciara  públicamente su intención de denunciar a la periodista María Jimena Duzán por haber mencionado la orden que este habría dado para interceptar a políticos y negociadores de paz. La FLIP tiene conocimiento de que por este asunto el exfiscal ya acosó judicialmente a Duzán, por medio de distintas acciones de tutela que pretenden amordazar a la prensa e impedir que se informe sobre asuntos relacionados a su gestión, aduciendo la vulneración de sus derechos fundamentales a la honra y el buen nombre. Estas tutelas ya han sido falladas a favor de la periodista. 

Para la FLIP, el mensaje intimidatorio de Martínez hacia la prensa alcanza un nivel contundente al referirse a la necesidad de utilizar el derecho penal en contra de los periodistas. Vale la pena reiterar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que “la utilización del derecho penal para sancionar expresiones sobre cuestiones de interés público o sobre funcionarios públicos, candidatos a ejercer cargos públicos o políticos vulnera en sí misma el artículo 13 de la Convención Americana”. 

Por otro lado, estos mensajes en contra de la prensa han gestado una ambiente permisivo de agresión, que ha resultado en el incremento de riesgo para los y las periodistas. La FLIP tiene conocimiento de que quienes están investigando asuntos relacionados con la gestión del exfiscal han tenido que solicitar medidas de protección.

La FLIP expresa su preocupación por esta situación ya que se evidencia una clara intención de silenciamiento de un asunto de interés público, haciendo uso de su cargo y exposición pública, a pesar del deber de soportar un mayor escrutinio público. Así mismo, reiteramos que el uso del derecho penal es incompatible con estándares internacionales de protección de la libertad de expresión.  Judicializar el debate público como estrategia de censura a la prensa desde una posición de poder resta credenciales democráticas y reduce el flujo de información y el ejercicio democrático. 

Por último, la FLIP también hace un llamado a la Unidad Nacional de Protección para que atienda las solicitudes de los periodistas sin ceder a presiones que puedan provenir de la posición de poder de los involucrados. Estas garantías en seguridad son indispensables para el ejercicio libre e independiente del oficio periodístico que aporta a la democracia y a la veeduría ciudadana sobre asuntos de alto interés público. 

1. Yo sé que el periodista tiene toda esta información, pero selectivamente no la ha publicado. ¿Por qué no la deja conocer para que se sepa cómo era que el ratón estaba rondando el queso, o sea la platica para los desmovilizados?... Y después dicen que son las autoridades las que están en contra de la reinserción de estos señores”.

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La FLIP rechaza acoso judicial por denuncias de violencia de género publicadas por Las Igualadas. 

El pasado 20 de noviembre, el Juzgado Sexto Penal del Circuito Especializado de Bogotá ordenó a Las Igualadas, a Fidel Cano y al Espectador la rectificación de una opinión emitida en el canal de Las Igualadas a propósito de denuncias por violencia de género en contra de José Francisco Jacomo Ángel –pastor principal de la congregación religiosa El Shaddai– por parte de mujeres de su congregación. 

Para la FLIP este caso se enmarca de manera clara en el acoso judicial contra la prensa sobre asuntos de interés público. Reiteramos que la judicialización de asuntos de libertad de expresión, frente a la difusión de hechos sobre violaciones de derechos humanos y violencias de género, busca atemorizar a los periodistas que visibilizan estos asuntos e incrementa el riesgo de autocensura.

El pasado 28 de octubre, Las Igualadas publicó un video sobre José Francisco Jamoco Ángel, pastor de la iglesia Shaddai, y cómo él utilizaba su posición de poder para acosar y hacer insinuaciones sexuales a las mujeres. Las periodistas han recogido denuncias presentadas por más de una decena de mujeres ante la Fiscalía. Hasta el momento Jamoco Ángel no ha sido declarado penalmente responsable. 

Después de la publicación del vídeo, el pastor inició una acción de tutela por considerar vulnerados sus derechos a la intimidad, honra, buen nombre y presunción de inocencia. El 10 de noviembre, las periodistas publicaron un segundo video en el que precisaron que no existe condena en firme en contra del pastor, a quien calificaron como “presunto culpable de violencia sexual” y “presunto victimario” y difundieron su opinión de la siguiente manera: “entonces nosotras creemos que el único que cree que es inocente es él y su abogado y algunos de sus feligreses. Así que para que usted quede tranquilo, señor presunto victimario, nosotras creemos que eso no se lo cree nadie (...)”. 

Contradictoriamente, el juez ignoró que las periodistas hicieron una clara manifestación de opiniones y las distinguieron de la información de manera transparente con la audiencia. En su lugar, las presentó como información noticiosa y ordenó su rectificación.

La FLIP advierte que esta decisión también es peligrosa porque prohíbe a los periodistas referirse a una persona como “presunto culpable” o “presunto victimario”, lo cual reduce de forma tajante la veeduría pública que se puede generar sobre hechos delictivos que le interesan a la sociedad, y termina por disuadir a los periodistas de informar sobre este tipo de conductas. 

Además, resulta desproporcionado que a pesar de haber sido difundida una aclaración suficiente sobre la inexistencia de condenas y sobre investigaciones penales que aún se encuentran en curso, se ordene una publicación adicional. Esto genera un efecto exculpatorio del pastor y se invisibilizan las denuncias y el problema de fondo: la violencia de género e inactividad del sistema de justicia. 

La FLIP ha evidenciado que los periodistas que publican sobre asuntos de alto interés público son un blanco frecuente; en los últimos 3 años, la Fundación documentó 11 casos por publicaciones relacionadas con denuncias de violencia de género y 5 sobre cuestionamientos a figuras religiosas.

La decisión de tutela será apelada por las Igualadas y El Espectador, por su parte la FLIP hará un seguimiento del caso. La Fundación hace una llamado a los jueces para que se garantice la libertad de expresión y la libertad de opinión de los periodistas, ya que la defensa del pluralismo de voces de una democracia autoriza que los medios valoren de determinada manera lo sucedido, sin que ello signifique la deformación de la información sobre los sucesos, ni que se induzca a error a la audiencia. 

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  • La FLIP rechaza los hostigamientos del alcalde de Cali hacia los periodistas que difunden cuestionamientos sobre su ejercicio como funcionario. 

  • La Fundación le hace un llamado al mandatario para que asuma un discurso favorable hacia la prensa y respalde la actividad de los reporteros que son críticos a su gestión.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza los hostigamientos del alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, hacia los periodistas que difunden cuestionamientos sobre su ejercicio como funcionario público. El 16 de agosto el periodista José Marulanda compartió una publicación a través de Twitter en la que la reportera Juliana Rámirez hizo dos preguntas relacionadas con el caso del asesinato de cinco menores de edad en el barrio Llano Verde de Cali, ocurrido el pasado 11 de agosto. Marulanda cuestionó las acciones del alcalde, Jorge Ivan Ospina, y su gabinete para resolver este caso. La respuesta pública de Ospina, a través de su cuenta oficial de Twitter, fue “en ocasiones salen imbéciles a la calle”.

Esta no es la primera vez que el mandatario responde de forma sarcástica, confusa y desobligante cuando los periodistas publican información o hacen cuestionamientos sobre su gestión como mandatario sobre temas que revisten alto interés público para la ciudadanía.

La FLIP tuvo conocimiento de seis situaciones más que involucran a otros cuatro periodistas y que se han venido presentado desde que Ospina estaba en campaña. El pasado 11 de agosto, el mandatario le escribió a Marulanda a través de un mensaje privado en Twitter: “das risa y lastima” y “es mi respuesta a semejante falta de criterio y objetividad cuya fuente es y ha sido perversa”. Opsina envió los mensajes después de que el periodista compartiera el link de una nota que hizo en agosto de 2019 sobre las alianzas políticas de Ospina para llegar a la alcaldía. 

Una situación similar se presentó con el periodista Heinar Ortiz, quien realizó varios cuestionamientos y llamados al alcalde sobre las irregularidades en la contratación para atender la pandemia y los problemas de seguridad que atraviesa la ciudad. El reportero asegura que el alcalde le respondió un par de veces por mensaje directo en Twitter pero una vez el periodista le solicitó que diera sus repuestas de forma pública, el mandatario lo bloqueó.

El 15 de julio de este año la periodista Valentina Parada publicó un hilo de Twitter refiriendose a la decisión que tomó el alcalde de finalizar el programa Gestores de paz y cultura ciudadana en Cali; y el 21 de abril el periodista César Polanía cuestionó tres normas que el alcalde había implementado para controlar el tránsito de las personas con el fin de prevenir el contagio. Ospina les respondió a los dos periodistas con comentarios que no ofrecían respuestas a las críticas, sino que buscaban desacreditar su labor. 

El último antecedente ocurrió en octubre de 2019 cuando la periodista Lina Uribe publicó un artículo en el que daba a conocer las propuestas del entonces candidato Jorge Iván Ospina y denunciaba que el aspirante a la alcaldía tenía 73 procesos disciplinarios en la Procuraduría General de la Nación. Según la periodista, Ospina la llamó y le escribió para reclamarle por haber publicado esa información y la intimidó con elevar la queja ante el jefe de la reportera. 

La FLIP intentó comunicarse con la Alcaldía de Cali para contrastar los hechos denunciados por los periodistas, pero no fue posible obtener una versión oficial. Frente a estas situaciones la Fundación expresa su preocupación por estos hechos, debido a que los señalamientos recurrentes muestran una estrategia sistemática de intimidación contra los periodistas que hacen críticas a la gestión del alcalde, Jorge Iván Ospina. En esa medida, la manera en la que el mandatario se refiere a la prensa no aporta información sobre los cuestionamientos a sus gestiones, sino que busca deslegitimar a los reporteros que hacen un ejercicio de escrutinio para difundir información de interés general con el fin de contribuir al debate público que necesita toda sociedad democrática. 

En un escenario de violencia contra la prensa como el que se vive en Cali, donde 40 periodistas han sido víctimas de 47 ataques entre 2019 y 2020 por el desarrollo de su labor informativa, es indispensable que los funcionarios públicos del más alto nivel, como Jorge Iván Ospina, asuman un discurso favorable que garantice el libre desarrollo del ejercicio periodístico en la ciudad. Al respecto, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha establecido que: “una medida de protección simple pero sumamente eficaz consiste en que las más altas autoridades del Estado reconozcan de manera constante, clara, pública y firme la legitimidad y el valor de la labor periodística, aun cuando la información difundida pueda resultar crítica, inconveniente e inoportuna para los intereses del gobierno”. 

Lo anterior no quiere decir que el alcalde de Cali no pueda debatir sobre la información que se emite a través de los medios de comunicación. Por el contrario, se trata de contribuir al debate democrático teniendo en cuenta que los funcionarios públicos tienen la responsabilidad de mostrar mayor tolerancia a la crítica y deben expresar sus desacuerdos con la prensa de una manera responsable a través de mecanismos democráticos como la solicitud de rectificación o la solicitud de réplica.

Ante las reiteradas reacciones desobligantes de Jorge Iván Ospina contra la prensa, la gravedad que esto supone desde su posición de alcalde y su negativa pública a cumplir con su deber de garante de la libertad de prensa, la FLIP pondrá este caso en conocimiento del comité de ética del Partido Verde y convoca a los integrantes de dicha agrupación a que impartan instrucciones claras entre sus miembros sobre la importancia de la libertad de prensa. 

Publicado en Pronunciamientos
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