Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP

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La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza las amenazas en contra de Natalia Cabrera, corresponsal de Radio Nacional de Colombia en Pasto. La FLIP expresa su preocupación por la situación de seguridad de la reportera, debido a las constantes intimidaciones que ha recibido en los últimos días y le solicita al Estado que atienda la situación de riesgo con celeridad.

El 11 de septiembre en la tarde, la periodista recibió un mensaje de texto en el que los agresores le informaban que conocían sobre su ubicación y la de su familia. La intimidación fue enviada desde un número privado y la periodista no tiene certeza sobre quiénes pueden ser los responsables de estos hechos.

La FLIP expresa su preocupación por la situación de seguridad de la reportera, debido a que es la segunda amenaza que recibe en menos de seis días y la Unidad Nacional de Protección (UNP) no ha tomado contacto con ella. El pasado 6 de septiembre la periodista fue víctima de otra situación de riesgo en la que un desconocido la llamó a su celular personal desde un número privado y la amenazó de muerte por abordar temas sensibles a través de su labor periodística.

A pesar de que no hay certeza sobre el origen de las amenazas, Cabrera considera que el riesgo puede ser producto de las publicaciones que ha hecho en sus redes sociales sobre irregularidades en las campañas políticas y delitos electorales en Nariño, entre ellos la inclusión de algunos senadores del departamento en la lista del Sisben. Adicionalmente, la periodista ha hecho investigaciones sobre la situación de orden público en Nariño en las que ha denunciado las acciones violentas de grupos armados y ha emitido opiniones sobre estas organizaciones delictivas, luego de la firma de los acuerdos de paz entre el gobierno y la antigua guerrilla de las FARC. 

La FLIP le solicita a la Unidad Nacional de Protección que se active la ruta de riesgo inmediatamente para atender la situación de seguridad de la reportera e implemente con celeridad medidas de protección para salvaguardar la integridad de la reportera y la de su núcleo familiar. Adicionalmente, la Fundación le solicita a la Fiscalía General de la Nación que investigue las amenazas que ha recibido Cabrera con el fin de identificar y sancionar a los responsables.

Las sanciones judiciales en este tipo de situaciones son un precedente importante que contribuye a disuadir la ocurrencia de nuevas violencias contra la prensa. Así lo ha dispuesto la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe sobre Violencia contra periodistas y trabajadores de Medios: “Para prevenir la violencia contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación es indispensable que el ordenamiento jurídico sancione estas conductas de manera proporcional al daño cometido”.  

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La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza las amenazas y el ciberacoso en contra de la periodista Vicky Dávila y le exige a las autoridades diligencia para investigar y sancionar a los responsables.

El pasado 3 de agosto se desencadenaron varios mensajes amenazantes hacia Vicky Dávila luego de una discusión en Twitter con el senador Gustavo Petro. Varios usuarios de la red social enviaron mensajes contra la periodista y crearon el hashtag #VickyNueraParaca, el cual fue tendencia durante la tarde del sábado.

El cruce de trinos entre el senador y la periodista se dio luego de que Dávila hiciera una publicación acompañada de un video donde mostraba el momento del ataque con huevos a Carlos Caicedo, candidato a la Gobernación del Magdalena, quien cuenta con el apoyo de Petro. Ante esta publicación, el funcionario le respondió a la periodista sugiriendo la forma en la que debería haber contado los hechos y atribuyendo el sabotaje del evento a “un grupo pagado por el clan Cotes aliado al clan Gnecco”. 

Pasada la discusión, la periodista notó que varios usuarios de Twitter le enviaban mensajes en los que la amenazaban a ella y a su familia, la vinculaban con grupos paramilitares y algunos de estos usuarios afirmaban tener el número de su hijo.

Sumado a esto, se difundió un montaje de la cara de Dávila en un cuerpo armado y a través de la cuenta @Mid_night37 se publicó lo siguiente: “#VickyNueraParaca sacando la casta ¡¡¡viva la tierra paramilitar, plomo es lo que viene, plomo es lo que hay!!!. Como estos, hay una gran cantidad de trinos que atentan contra la integridad de la periodista y ponen en riesgo su labor.

La FLIP le solicita a la Fiscalía General de la Nación que investigue con celeridad estos hechos y sancione a los responsables. Las sanciones judiciales en este tipo de situaciones son un precedente importante que contribuye a disuadir la ocurrencia de nuevas violencias contra la prensa. 

Adicionalmente, la Fundación hace un llamado a todos los funcionarios públicos y candidatos a cargos de elección popular para que manejen un discurso favorable hacia la prensa que contribuya a garantizar la labor periodística. Y para que rechacen todo tipo de violencia contra la prensa. Sobre esto, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH en su informe anual de 2010 señaló que “una medida de protección simple pero sumamente eficaz consiste en que las más altas autoridades del Estado reconozcan de manera constante, clara, pública y firme la legitimidad y el valor de la labor periodística, aun cuando la información difundida pueda resultar crítica, inconveniente e inoportuna para los intereses del gobierno”.

En sumamente importante que los periodistas encuentren un respaldo en las autoridades para publicar información que sea de alto interés público para la comunidad. Deben existir garantías para que la prensa pueda ejercer su trabajo libremente en el marco de las elecciones de este año, contribuyendo así a que exista una deliberación pública sin restricciones ni presiones para los votantes. 

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El sábado 18 de mayo The New York Times publicó una nota del periodista Nicholas Casey sobre políticas del ministerio de Defensa de Colombia advirtiendo sobre el riesgo de que se repita un fenómeno de ejecuciones extrajudiciales de civiles, que se conoció como “falsos positivos”.

Esa misma mañana, los congresistas del Centro Democrático María Fernanda Cabal y Juan David Vélez publicaron en sus cuentas de Twitter unos trinos estigmatizantes contra Casey, incluyendo en ellos imágenes donde se observa la presencia del fotógrafo Federico Ríos, quien también trabaja para el diario neoyorquino.

En dichas publicaciones, los congresistas sugieren, a través de preguntas, que los reporteros habrían recibido dinero de las FARC para publicar información falsa. Tras la publicación de los trinos, Casey y Ríos recibieron múltiples acusaciones y estigmatizaciones por parte de usuarios de Twitter. Ese mismo día el The New York Times expresó que el diario no toma partido en ningún conflicto político en ninguna parte del mundo, resaltando que también ha escrito fuertes historias contra las FARC y grupos rebeldes.

El domingo 19 de mayo, Casey y Ríos hicieron público que tomaron la medida de salir del país dadas las acusaciones de la senadora Cabal y el representante Vélez. Esa tarde, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez publicó en Twitter que el gobierno de Iván Duque es respetuoso con la libertad de prensa y que las posiciones individuales de terceros no son las del gobierno y, por tanto, ningún periodista debe abandonar el país por cuenta de sus publicaciones. También Francisco Barbosa, Consejero presidencial para los derechos humanos, sostuvo que el gobierno no acepta las amenazas contra la libertad de expresión y que cualquier acto que viole los derechos humanos será rechazado por el gobierno.

En relación con estos hechos la FLIP rechaza cualquier estigmatización a Casey y Ríos, y se permite compartir la siguiente información al respecto:

  1. Durante años, la FLIP ha llamado la atención sobre el riesgo que causan las estigmatizaciones provenientes de funcionarios públicos y líderes políticos. Esta clase de señalamientos en los que sin prueba que lo acredite se vincula a los periodistas con acciones u organizaciones ilegales son muy peligrosos ya que pueden ser entendidas como señal de permisividad para que terceros comentan agresiones en contra de la prensa.

Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostuvo en el caso Ríos y otros v. Venezuela que "las personas que trabajan para determinado medio de comunicación social pueden ver exacerbadas las situaciones de riesgo a las que normalmente se verían enfrentados, si ese medio es objeto de discursos oficiales que puedan provocar, sugerir acciones o ser interpretados por funcionarios públicos o por sectores de la sociedad como instrucciones, instigaciones, o de cualquier forma autorizaciones o apoyos, para la comisión de actos que pongan en riesgo o vulneren la vida, seguridad personal u otros derechos de personas que ejercen labores periodísticas o de quienes ejercen esa libertad de expresión”. El acatamiento de estos estándares es imperativo para el Estado colombiano en el seno de sus compromisos ante la Organización de Estados Americanos (OEA).

  1. Lo anterior, por supuesto, no quiere decir que los funcionarios no puedan criticar a la prensa o cuestionar la veracidad de lo dicho, sino que tienen la obligación de tramitar sus diferencias con los periodistas a través de solicitudes de rectificación o presentando argumentos y pruebas. Velando siempre por mantener en su discurso un tono favorable a la deliberación pública y evitando que sus declaraciones abran la puerta a ataques contra el periodismo.

Al respecto de este asunto, los relatores especiales para la libertad de expresión de las Naciones Unidas, de la Comisión Interamericana, de la Comisión Africana y de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa publicaron en 2018 una declaración conjunta en la que sostuvieron que “[e]s legítimo que los políticos y los funcionarios públicos formulen críticas, correcciones u objeciones con respecto a reportajes específicos en los medios. Sin embargo, cuando lo hagan, siempre deben tener cuidado de asegurar que sus comentarios sean precisos, evitar la estigmatización y la desacreditación de los medios y no amenazar a periodistas ni socavar el respeto de la independencia de los medios de comunicación”. Esta es la exigencia de los estándares internacionales sobre libertad de expresión.

  1. Independientemente de la posición que se tenga sobre el artículo de Casey, es innegable que la publicación trata un asunto del más alto interés público. Esta circunstancia hace que los estándares constitucionales e interamericanos la consideren como un discurso especialmente protegido.

En el caso Usón Ramírez v. Venezuela, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostuvo que "las expresiones concernientes al ejercicio de funciones de las instituciones del Estado gozan de una mayor protección, de manera tal que se propicie el debate democrático en la sociedad”. En dicha decisión, la Corte resaltó la mayor protección que el Estado debe dar al ejercicio de la libertad de expresión en una sociedad democrática frente a publicaciones que involucren a instituciones militares y sus miembros.

  1. Es importante destacar el rol que cumplen los corresponsales de medios internacionales, quienes pueden ayudar a visibilizar historias en entornos dominados por la autocensura. Cuando desde voces potentes del Estado se estigmatiza a un periodista que logra llevar al debate público asuntos de tan alto interés público, se activa un efecto inhibitorio que afecta tanto al reportero involucrado como a otros periodistas y medios de comunicación que pueden preferir callarse ante el miedo de posibles agresiones en su contra. En este sentido la estigmatización tiene un efecto aleccionante y de autocensura en el debate público. En últimas, la afectación no es solo para la prensa sino también para la ciudadanía que se pierde de conocer y debatir informaciones y opiniones que son de su interés.

En su informe Violencia contra periodistas y trabajadores de medios (2013), la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH sostuvo que “una medida de protección simple pero sumamente eficaz consiste en que las más altas autoridades del Estado reconozcan de manera constante, clara, pública y firme la legitimidad y el valor de la labor periodística, aun cuando la información difundida pueda resultar crítica, inconveniente e inoportuna para los intereses del gobierno. De igual forma, es fundamental que las autoridades condenen enérgicamente las agresiones contra periodistas y alienten a las autoridades competentes a actuar con la debida diligencia y celeridad en el esclarecimiento de los hechos y en la sanción de los responsables".

La FLIP hace un llamado a los funcionarios y líderes políticos para que cuiden del ambiente en el que se ejerce la libertad de expresión en Colombia, les invitamos a que tramiten sus controversias con los medios siendo conscientes del poder de su voz y los efectos que pueden provocar en sus seguidores. Para ello es fundamental que  se abstengan de hacer declaraciones estigmatizantes en contra de la prensa. Sobre este caso la FLIP solicita una observación especial por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo.

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La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza rotundamente las agresiones de las que fueron víctimas varios periodistas por parte de la fuerza pública mientras realizaban el cubrimiento del Paro Nacional en Bogotá el 25 de abril de 2019.

Las agresiones a la prensa por parte de la fuerza pública en el marco de las manifestaciones sociales siguen incrementado dramáticamente. En lo corrido de este año, la FLIP ha registrado quince ataques, uno menos que el total de los registrados en el año 2018. El jueves 25 de abril se registraron por lo menos cinco violaciones a la libertad de prensa, que involucraron agresiones físicas, obstrucciones y daño de equipo periodístico.

Álvaro Tavera, reportero gráfico de Colprensa, fue agredido por agentes del ESMAD, mientras cubría la manifestación en la Plaza de Bolívar. Un integrante de este cuerpo policial lanzó un fuerte golpe a la cámara del periodista cuando tomaba una fotografía, lo que ocasionó que el equipo chocara contra su rostro y le rompiera el labio. Además, Tavera recibió un golpe con una piedra, que le ocasionó un corte en su pierna izquierda.

Los fotoperiodistas independientes Gerald Bermúdez y Daniel Garzón también resultaron afectados. A Bermúdez, un integrante del ESMAD intentó quitarle la cámara con la que estaba grabando la movilización y, en medio del forcejeo, golpeó el dispositivo, le propinó una patada al reportero y lo insultó. El periodista perdió todo el contenido que había filmado. Por su parte Garzón recibió un fuerte golpe en su cabeza por un agente del ESMAD mientras buscaba un sitio más seguro para hacer fotografías de la protesta.

En otras ocasiones, la FLIP o los periodistas involucrados en las agresiones han pedido que se investiguen a los uniformados involucrados en esta clase de hechos, pero los procesos no han mostrado resultados. Lamentablemente, la falta de investigación y sanción es un incentivo para nuevas agresiones.

Estas agresiones contra la prensa son contrarios al derecho constitucional que tiene todos los ciudadanos a informar y a ser informados. La FLIP reitera sus llamado a la Policía Nacional para que sea garante del desarrollo de la labor periodística durante el cubrimiento de las manifestaciones y conmina a las autoridades para que realicen las investigaciones pertinentes.

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Las emisoras comunitarias tienen el reto de ejercer su labor informativa en medio de difíciles situaciones de riesgo y acciones de censura como ataques a su infraestructura, amenazas directas a sus comunicadores y presiones administrativas. Adicionalmente, con la implementación de los acuerdos de paz, las radios comunitarias han tenido el reto de informar en medio de transformaciones en sus territorios como las iniciativas de la sustitución de cultivos, la reintegración de los excombatientes de las FARC, la reestructuración de los poderes políticos locales y la reorganización de los grupos al margen de la ley.

De acuerdo a lo anterior, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y la Red Cooperativa de Medios de Comunicación Comunitarios de Santander (Resander) han creado, con el apoyo de la Unión Europea y el Fondo Fiduciario para la paz, este manual de autoprotección, con el fin de que las emisoras comunitarias establezcan medidas preventivas para el ejercicio de su labor.

Aquí puede ver en línea el manual.

 

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El cubrimiento de la Minga Indígena ha dejado en lo corrido del año diez ataques contra la prensa en el departamento del Cauca. De ellas, cuatro agresiones provinieron de desconocidos y tres de la fuerza pública.

Las primeras agresiones se dieron en marzo. Dos periodistas fueron víctimas de obstrucción, agresión y retención arbitraria por parte de miembros del Esmad en Cajibío y otros tantos sufrieron obstrucciones e intimidaciones por parte de encapuchados mientras se dirigían a cubrir una rueda de prensa del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC).

La FLIP se pronunció en ambos casos y exigió garantías para la prensa por parte de las autoridades de ese departamento. Sin embargo, el miércoles 3 de abril se presentó una nueva violación a la libertad de prensa. Los periodistas Juan David Rodríguez de Colombia Informa y Richard Calpa de Radio 1040 fueron agredidos por los manifestantes que se encontraban frente a la sede del CRIC en la ciudad de Popayán, protestando por los bloqueos que se han presentando a raíz de la Minga llevada a cabo en el suroccidente del país. Además, ambos reporteros fueron víctimas de una obstrucción al trabajo periodístico por parte de agentes del Esmad.  

Rodríguez, quien estaba identificado con el chaleco del medio, asegura que miembros del Esmad lo señalaron de guerrillero, lo que provocó que los manifestantes lo insultaran, agredieran con piedras e intentaran quitarle la cámara, frente a la mirada indiferente del Esmad. Este tipo de señalamientos hacia la prensa, provenientes de funcionarios públicos, pueden, como sucedió en este caso, exponer a un mayor riesgo a lo periodistas de ser víctimas de conductas violentas en su contra.

Sobre esto, la La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,  en su informe anual de 2010, señaló que “una medida de protección simple pero sumamente eficaz consiste en que las más altas autoridades del Estado reconozcan de manera constante, clara, pública y firme la legitimidad y el valor de la labor periodística”.

Richard Calpa, también fue agredido con puños y patadas por los manifestantes, quienes, además, intentaron quitarle los equipos de grabación. Esto, después de que un miembro de la Policía cuestionara la veracidad de los logos del medio así como la labor del periodista.

En 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostuvo que “el ejercicio efectivo de la libertad de expresión implica la existencia de condiciones y prácticas sociales que lo favorezcan. Es posible que esa libertad se vea ilegítimamente restringida por actos normativos o administrativos del Estado o por condiciones de facto que coloquen, directa o indirectamente, en situación de riesgo o mayor vulnerabilidad a quienes la ejerzan o intenten ejercerla, por actos u omisiones de agentes estatales o de particulares”.

La FLIP expresa su preocupación por estos hechos y hace un llamado a la Policía Nacional y demás autoridades para que garanticen el cubrimiento periodístico de todo tipo de manifestaciones sociales. Es sumamente importante la labor de la prensa en este tipo de escenarios para que la ciudadanía reciba un flujo de información plural que le permita entender y participar en la discusión de estos temas de alto interés público.

Adicionalmente, la Fundación hace un llamado a todos los manifestantes para que no se conviertan en agresores a la prensa. Todo acto de violencia es inadmisible independientemente de quien provenga y altera las condiciones para una deliberación pública libre y abierta.

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En marzo de 2018 un equipo periodístico del diario ecuatoriano El Comercio fue secuestrado y posteriormente asesinado por miembros del grupo disidente Frente Óliver Sinisterra en la frontera colombo-ecuatoriana. Los riesgos a los que se enfrentaron estos tres corresponsales, son los mismos a los que corren muchos periodistas que viven y visitan las fronteras colombianas, pues en la mayoría de las zonas fronterizas se vive un difícil contexto político, social e institucional. Diversos actores buscan tener control territorial y silenciar a quienes tienen la intención de mostrar estas realidades.

La creación de este manual responde a la necesidad contrarrestar el impacto del silenciamiento de información en las fronteras. También, aporta  herramientas prácticas a la hora de enfrentar riesgos del oficio periodístico, que se agudizan en los contextos limítrofes.

Aquí puede ver en línea el manual en español.

Here, you can read it online.

 

 

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El Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, hizo varios señalamientos irresponsables en contra de la prensa durante su intervención en el debate de control político en el Senado el pasado 27 de noviembre.

Martínez dio a entender que los noticieros y periodistas están siendo utilizados por personas que conspiran en su contra con el único interés de acabar con su honra. Los medios de comunicación han informado acerca de un hecho de máximo interés público. Que de ello se deriven consecuencias para la honra de las personas no es resultado de la publicación sino de la conducta que se denuncia.

Además, Martínez se burló de que la periodista María Jimena Duzán afirmara sentirse en riesgo. Duzán y los periodistas de Noticias Uno han sido víctimas de amenazas e intimidaciones por parte de distintos actores. Es deber de la Fiscalía, a cargo de Martínez, investigar las circunstancias de estos hechos y dar con los responsables. Que el Fiscal General se burle de esta grave situación es inadmisible. 

En lugar de ser un garante de la libertad de prensa, el Fiscal Néstor Humberto Martínez se dedicó a limitar el ejercicio periodístico y a asfixiar el debate público.

La FLIP no ahorrará esfuerzos para que en el Estado colombiano y para que en este tema en particular existan garantías para el periodismo.

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Los señalamientos por parte de funcionarios públicos de Ibagué; las amenazas de bandas criminales y la malversación de recursos de publicidad oficial contaminan el clima de libertad de expresión.

En el último año los ataques contra los reporteros de la ciudad de Ibagué se han incrementado de manera alarmante. En menos de cinco meses la FLIP ha registrado doce agresiones a la prensa, mientras que en 2017 se documentaron trece. Estas cifras se han duplicado si se comparan con el 2014, cuando se registraron siete ataques.

En marzo de 2018 la FLIP realizó una visita a Ibagué y encontró que los factores que influyen en la censura obedecen a distintos problemas.

En primer lugar, los funcionarios públicos, en cabeza del alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo, han estigmatizado en varias ocasiones a los periodistas. La FLIP ha documentado cuatro casos de señalamientos, por parte del alcalde, que han puesto en riesgo a los periodistas

Otro factor está relacionado con la publicidad oficial. Durante la administración de Luis H. Rodríguez (2012-2015) fueron asignados miles de millones de pesos a la prensa local a través de los recursos de la pauta. De esta manera quedó en entredicho la independencia de algunos medios quienes guardaron silencio frente a las irregularidades que se cometieron bajo el gobierno de Rodríguez, quien fue sancionado por la Procuraduría para ejercer cargos públicos durante 18 años. Esto ha sido denunciado por el actual mandatario, quien señala que existen periodistas que lo han chantajeado en busca de nuevos contratos.

Por último, la FLIP expresa su preocupación por una serie de amenazas de muerte a distintos periodistas de la ciudad por la información que han publicado relacionada con bandas criminales. El ambiente para la prensa en Ibagué no es favorable y tiene implicaciones claras sobre el acceso por parte de la sociedad a contenidos de interés público.

La Fundación presenta este informe especial sobre el estado de la libertad de expresión en Ibagué con el objetivo de contribuir al esclarecimiento de las causas y proponer un diálogo entre Estado, medios de comunicación y audiencias para encontrar soluciones. El destino de la discusión pública en Ibagué no puede ser el silencio.

Puede ver el informe en línea aquí.

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