Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP

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El cubrimiento de la Minga Indígena ha dejado en lo corrido del año diez ataques contra la prensa en el departamento del Cauca. De ellas, cuatro agresiones provinieron de desconocidos y tres de la fuerza pública.

Las primeras agresiones se dieron en marzo. Dos periodistas fueron víctimas de obstrucción, agresión y retención arbitraria por parte de miembros del Esmad en Cajibío y otros tantos sufrieron obstrucciones e intimidaciones por parte de encapuchados mientras se dirigían a cubrir una rueda de prensa del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC).

La FLIP se pronunció en ambos casos y exigió garantías para la prensa por parte de las autoridades de ese departamento. Sin embargo, el miércoles 3 de abril se presentó una nueva violación a la libertad de prensa. Los periodistas Juan David Rodríguez de Colombia Informa y Richard Calpa de Radio 1040 fueron agredidos por los manifestantes que se encontraban frente a la sede del CRIC en la ciudad de Popayán, protestando por los bloqueos que se han presentando a raíz de la Minga llevada a cabo en el suroccidente del país. Además, ambos reporteros fueron víctimas de una obstrucción al trabajo periodístico por parte de agentes del Esmad.  

Rodríguez, quien estaba identificado con el chaleco del medio, asegura que miembros del Esmad lo señalaron de guerrillero, lo que provocó que los manifestantes lo insultaran, agredieran con piedras e intentaran quitarle la cámara, frente a la mirada indiferente del Esmad. Este tipo de señalamientos hacia la prensa, provenientes de funcionarios públicos, pueden, como sucedió en este caso, exponer a un mayor riesgo a lo periodistas de ser víctimas de conductas violentas en su contra.

Sobre esto, la La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,  en su informe anual de 2010, señaló que “una medida de protección simple pero sumamente eficaz consiste en que las más altas autoridades del Estado reconozcan de manera constante, clara, pública y firme la legitimidad y el valor de la labor periodística”.

Richard Calpa, también fue agredido con puños y patadas por los manifestantes, quienes, además, intentaron quitarle los equipos de grabación. Esto, después de que un miembro de la Policía cuestionara la veracidad de los logos del medio así como la labor del periodista.

En 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostuvo que “el ejercicio efectivo de la libertad de expresión implica la existencia de condiciones y prácticas sociales que lo favorezcan. Es posible que esa libertad se vea ilegítimamente restringida por actos normativos o administrativos del Estado o por condiciones de facto que coloquen, directa o indirectamente, en situación de riesgo o mayor vulnerabilidad a quienes la ejerzan o intenten ejercerla, por actos u omisiones de agentes estatales o de particulares”.

La FLIP expresa su preocupación por estos hechos y hace un llamado a la Policía Nacional y demás autoridades para que garanticen el cubrimiento periodístico de todo tipo de manifestaciones sociales. Es sumamente importante la labor de la prensa en este tipo de escenarios para que la ciudadanía reciba un flujo de información plural que le permita entender y participar en la discusión de estos temas de alto interés público.

Adicionalmente, la Fundación hace un llamado a todos los manifestantes para que no se conviertan en agresores a la prensa. Todo acto de violencia es inadmisible independientemente de quien provenga y altera las condiciones para una deliberación pública libre y abierta.

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En marzo de 2018 un equipo periodístico del diario ecuatoriano El Comercio fue secuestrado y posteriormente asesinado por miembros del grupo disidente Frente Óliver Sinisterra en la frontera colombo-ecuatoriana. Los riesgos a los que se enfrentaron estos tres corresponsales, son los mismos a los que corren muchos periodistas que viven y visitan las fronteras colombianas, pues en la mayoría de las zonas fronterizas se vive un difícil contexto político, social e institucional. Diversos actores buscan tener control territorial y silenciar a quienes tienen la intención de mostrar estas realidades.

La creación de este manual responde a la necesidad contrarrestar el impacto del silenciamiento de información en las fronteras. También, aporta  herramientas prácticas a la hora de enfrentar riesgos del oficio periodístico, que se agudizan en los contextos limítrofes.

Aquí puede ver en línea el manual en español.

Here, you can read it online.

 

 

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El Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, hizo varios señalamientos irresponsables en contra de la prensa durante su intervención en el debate de control político en el Senado el pasado 27 de noviembre.

Martínez dio a entender que los noticieros y periodistas están siendo utilizados por personas que conspiran en su contra con el único interés de acabar con su honra. Los medios de comunicación han informado acerca de un hecho de máximo interés público. Que de ello se deriven consecuencias para la honra de las personas no es resultado de la publicación sino de la conducta que se denuncia.

Además, Martínez se burló de que la periodista María Jimena Duzán afirmara sentirse en riesgo. Duzán y los periodistas de Noticias Uno han sido víctimas de amenazas e intimidaciones por parte de distintos actores. Es deber de la Fiscalía, a cargo de Martínez, investigar las circunstancias de estos hechos y dar con los responsables. Que el Fiscal General se burle de esta grave situación es inadmisible. 

En lugar de ser un garante de la libertad de prensa, el Fiscal Néstor Humberto Martínez se dedicó a limitar el ejercicio periodístico y a asfixiar el debate público.

La FLIP no ahorrará esfuerzos para que en el Estado colombiano y para que en este tema en particular existan garantías para el periodismo.

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Los señalamientos por parte de funcionarios públicos de Ibagué; las amenazas de bandas criminales y la malversación de recursos de publicidad oficial contaminan el clima de libertad de expresión.

En el último año los ataques contra los reporteros de la ciudad de Ibagué se han incrementado de manera alarmante. En menos de cinco meses la FLIP ha registrado doce agresiones a la prensa, mientras que en 2017 se documentaron trece. Estas cifras se han duplicado si se comparan con el 2014, cuando se registraron siete ataques.

En marzo de 2018 la FLIP realizó una visita a Ibagué y encontró que los factores que influyen en la censura obedecen a distintos problemas.

En primer lugar, los funcionarios públicos, en cabeza del alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo, han estigmatizado en varias ocasiones a los periodistas. La FLIP ha documentado cuatro casos de señalamientos, por parte del alcalde, que han puesto en riesgo a los periodistas

Otro factor está relacionado con la publicidad oficial. Durante la administración de Luis H. Rodríguez (2012-2015) fueron asignados miles de millones de pesos a la prensa local a través de los recursos de la pauta. De esta manera quedó en entredicho la independencia de algunos medios quienes guardaron silencio frente a las irregularidades que se cometieron bajo el gobierno de Rodríguez, quien fue sancionado por la Procuraduría para ejercer cargos públicos durante 18 años. Esto ha sido denunciado por el actual mandatario, quien señala que existen periodistas que lo han chantajeado en busca de nuevos contratos.

Por último, la FLIP expresa su preocupación por una serie de amenazas de muerte a distintos periodistas de la ciudad por la información que han publicado relacionada con bandas criminales. El ambiente para la prensa en Ibagué no es favorable y tiene implicaciones claras sobre el acceso por parte de la sociedad a contenidos de interés público.

La Fundación presenta este informe especial sobre el estado de la libertad de expresión en Ibagué con el objetivo de contribuir al esclarecimiento de las causas y proponer un diálogo entre Estado, medios de comunicación y audiencias para encontrar soluciones. El destino de la discusión pública en Ibagué no puede ser el silencio.

Puede ver el informe en línea aquí.

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