Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP

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La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza las amenazas y el ciberacoso en contra de la periodista Vicky Dávila y le exige a las autoridades diligencia para investigar y sancionar a los responsables.

El pasado 3 de agosto se desencadenaron varios mensajes amenazantes hacia Vicky Dávila luego de una discusión en Twitter con el senador Gustavo Petro. Varios usuarios de la red social enviaron mensajes contra la periodista y crearon el hashtag #VickyNueraParaca, el cual fue tendencia durante la tarde del sábado.

El cruce de trinos entre el senador y la periodista se dio luego de que Dávila hiciera una publicación acompañada de un video donde mostraba el momento del ataque con huevos a Carlos Caicedo, candidato a la Gobernación del Magdalena, quien cuenta con el apoyo de Petro. Ante esta publicación, el funcionario le respondió a la periodista sugiriendo la forma en la que debería haber contado los hechos y atribuyendo el sabotaje del evento a “un grupo pagado por el clan Cotes aliado al clan Gnecco”. 

Pasada la discusión, la periodista notó que varios usuarios de Twitter le enviaban mensajes en los que la amenazaban a ella y a su familia, la vinculaban con grupos paramilitares y algunos de estos usuarios afirmaban tener el número de su hijo.

Sumado a esto, se difundió un montaje de la cara de Dávila en un cuerpo armado y a través de la cuenta @Mid_night37 se publicó lo siguiente: “#VickyNueraParaca sacando la casta ¡¡¡viva la tierra paramilitar, plomo es lo que viene, plomo es lo que hay!!!. Como estos, hay una gran cantidad de trinos que atentan contra la integridad de la periodista y ponen en riesgo su labor.

La FLIP le solicita a la Fiscalía General de la Nación que investigue con celeridad estos hechos y sancione a los responsables. Las sanciones judiciales en este tipo de situaciones son un precedente importante que contribuye a disuadir la ocurrencia de nuevas violencias contra la prensa. 

Adicionalmente, la Fundación hace un llamado a todos los funcionarios públicos y candidatos a cargos de elección popular para que manejen un discurso favorable hacia la prensa que contribuya a garantizar la labor periodística. Y para que rechacen todo tipo de violencia contra la prensa. Sobre esto, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH en su informe anual de 2010 señaló que “una medida de protección simple pero sumamente eficaz consiste en que las más altas autoridades del Estado reconozcan de manera constante, clara, pública y firme la legitimidad y el valor de la labor periodística, aun cuando la información difundida pueda resultar crítica, inconveniente e inoportuna para los intereses del gobierno”.

En sumamente importante que los periodistas encuentren un respaldo en las autoridades para publicar información que sea de alto interés público para la comunidad. Deben existir garantías para que la prensa pueda ejercer su trabajo libremente en el marco de las elecciones de este año, contribuyendo así a que exista una deliberación pública sin restricciones ni presiones para los votantes. 

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La FLIP expresa su preocupación por la amenaza que recibió Tatiana Salamanca, periodista de Uniminuto Radio, por el desarrollo de su labor periodística. El 4 de junio, una de las fuentes de la periodista le informó que un hombre había ido hasta su casa a decirle que los iban a matar a ellos y a la reportera porque sabían que ella seguía haciendo investigaciones sobre la red de expendio de drogas que se conformó después de que el gobierno de Bogotá interviniera la zona del Bronx.

En 2018, Salamanca publicó una investigación en sobre esta red y sobre los sobornos que la organización estaría haciendo a varios miembros de la Policía. La investigación se publicó en la página web de Uniminuto Radio en dos partes: “La Favorita”: sector de guerra entre ganchos y La Favorita: la nueva olla que se tomó Bogotá. En octubre de 2018, cuando se hizo la segunda entrega, una de las fuentes del reportaje tuvo que cambiar de residencia por las amenazas que recibió a raíz de esta investigación.

La FLIP solicita a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que dé inicio de inmediato al estudio de riesgo y que implemente medidas de protección por trámite de emergencia con el fin de proteger la vida y la integridad de la periodista. La FLIP también hace un llamado a la Fiscalía para que investigue los hechos con el fin de sancionar a los responsables.

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En marzo de 2018 un equipo periodístico del diario ecuatoriano El Comercio fue secuestrado y posteriormente asesinado por miembros del grupo disidente Frente Óliver Sinisterra en la frontera colombo-ecuatoriana. Los riesgos a los que se enfrentaron estos tres corresponsales, son los mismos a los que corren muchos periodistas que viven y visitan las fronteras colombianas, pues en la mayoría de las zonas fronterizas se vive un difícil contexto político, social e institucional. Diversos actores buscan tener control territorial y silenciar a quienes tienen la intención de mostrar estas realidades.

La creación de este manual responde a la necesidad contrarrestar el impacto del silenciamiento de información en las fronteras. También, aporta  herramientas prácticas a la hora de enfrentar riesgos del oficio periodístico, que se agudizan en los contextos limítrofes.

Aquí puede ver en línea el manual en español.

Here, you can read it online.

 

 

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La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) expresa su preocupación por el riesgo que enfrenta el periodista Ricardo Ruidíaz. Durante este 2018 el reportero ha sido víctima de más de 20 amenazas y hostigamientos. Advertimos que la respuesta de la Unidad Nacional de Protección (UNP) no es proporcional al riesgo y la gravedad de los hechos no se corresponde con la protección que le ha sido asignada. La Fiscalía, que conoce de las amenazas, no ha mostrado avances en las investigaciones profundizando la vulnerabilidad del periodista. Alzamos nuestra voz para enfatizar nuestro temor de que esta persecución contra el periodista de Colmundo Radio tenga un desenlace fatal.

En la última semana la FLIP registró tres hechos graves que afectan la seguridad de Ruidíaz. El primero se presentó el pasado 8 de noviembre cuando un joven de aproximadamente 15 años se acercó a la portería del edificio del periodista y le aseguró al vigilante que Ruidíaz había autorizado su entrada. Ante la negativa de los hombres de seguridad del conjunto, el desconocido dejó una nota que decía “pasé a buscarlo”. Posteriormente, el periodista recibió una llamada en la que le dijeron que habían estado en su lugar de residencia y que lo iban a esperar para “darle plomo”.

Luego, el sábado 10 de noviembre,  mientras Ruidíaz se encontraba en su oficina, desconocidos pusieron al lado de su vehículo un paquete con apariencia de explosivo. De inmediato el reportero informó a las autoridades y minutos después la Policía Antiexplosivos hizo detonar el artefacto de manera controlada. Los uniformados a cargo del operativo confirmaron que, a pesar de su aspecto, no se trataba de un explosivo.

El último hecho ocurrió hacia el mediodía de este martes 13 de noviembre. Un desconocido se acercó de nuevo a la portería del conjunto en el que vive el periodista y le solicitó con insistencia al vigilante que lo dejara ingresar, debido a que Ruidíaz tenía una deuda con él y necesitaba acceder a su vivienda con urgencia. De nuevo los hombres de seguridad negaron el ingreso.

Ante los recientes hostigamientos que demuestran que los agresores hacen seguimiento constante a las actividades diarias del periodista y que han identificado plenamente sus vulnerabilidades, lugares de trabajo, residencia, allegados profesionales y familiares, la FLIP exige que el Estado en su conjunto cumpla con sus obligaciones de protección e investigación judicial.  Si bien el periodista cuenta con medidas de protección, estas se basan en estudios de nivel de riesgo que no han evaluado la gravedad e inminencia de los últimos hechos. A partir del dialogo con la UNP, la FLIP advierte que hay resistencias para atender el riesgo del periodista como prioridad y confiamos en que esta actitud temeraria se reconsidere.

A pesar de que la persecución contra Ruidíaz ha sido denunciada ante la Fiscalía General de la Nación, el déficit de avances en la investigación y la impunidad de estos hechos acentúa la vulnerabilidad y reafirma la necesidad de que cuente con medidas de protección proporcionales a los hechos denunciados.

Atendiendo a los compromisos adquiridos por los organismos de control en sesión del pasado 2 de Agosto, la FLIP hace un llamado:

  • A la Procuraduría General de la Nación, para que evalúe si la atención brindada al periodista Ricardo Ruidíaz cumple con los estándares de debida diligencia y el principio de prevención que ordenan los estándares internacionales de protección a periodistas.

  • A la Defensoría del Pueblo, para que brinde un acompañamiento especial a este caso.




 

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La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) expresa su preocupación por las constantes amenazas que vienen recibiendo los periodistas Germán Arenas, Dubán García y Jairo Figueroa, quienes desempeñan su labor en Mocoa, Putumayo. La FLIP les solicita a las autoridades estatales que investiguen y protejan a los reporteros.

El pasado jueves dos de agosto desde el perfil de Facebook de una persona que se identifica como Carlos Ramírez publicaron la siguiente amenaza en la cuenta de Dubán García:“ESTAMOS EN MOCOA, PARA MATARLO HIJO DE PERRA A USTED JAIRO FIGUEROA DUVAN GARCIA Y GERMAN ARANAS, LES VAMOS A PEGAR LA MATADA MAS IMPORTANTE DE ESTE AÑO POR SAPOS Y LAMBONES CON LA POLICIA Y EJERCITO”. Adicionalmente, los agresores se identifican como miembros de las Águilas Negras y les advierten a los periodistas que tienen hasta la siguiente semana para salir de Mocoa.

Posteriormente, en la tarde de ese jueves, Germán Arenas recibió una llamada en la que un desconocido le dijo: “perro hijueputa te vas a morir” e inmediatamente el agresor finalizó la comunicación. Luego, el viernes tres de agosto, el periodista Dubán García también recibió una llamada a su casa en la que en tono burlesco lo amenazaron a él y a miembros de su familia. Ese mismo día el reportero notó la presencia de extraños rondando su casa. Finalmente, en la madrugada de este lunes 6 de agosto, el periodista Jairo Figueroa recibió a través de un mensaje privado a través de Facebook la misma amenaza que recibió García el dos de agosto.

Los reporteros consideran que las amenazas son producto de la información que han difundido a través de sus medios de comunicación sobre los operativos que adelantan el Ejército y la Policía en la región para capturar a miembros de disidencias de las Farc, narcotraficantes y miembros de bandas delincuenciales. Los tres periodistas cubren las fuentes de Fuerza Pública para sus informativos. Dubán García trabaja en la emisora La Primera en el informativo “Noticias Al Día”, Germán Arenas es corresponsal de Colprensa y Jairo Figueroa de Caracol Televisión y Blu Radio.  

La FLIP hace un llamado a la Fiscalía General de la Nación para que investigue con celeridad las amenazas contra los periodistas de Mocoa y, de esa manera, dar con el paradero de los responsables. Las sanciones judiciales en este tipo de situaciones son un precedente importante que contribuye a disuadir la ocurrencia de nuevas violencias contra la prensa. Así lo ha dispuesto la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe sobre Violencia contra periodistas y trabajadores de Medios: “Para prevenir la violencia contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación es indispensable que el ordenamiento jurídico sancione estas conductas de manera proporcional al daño cometido”.

Adicionalmente, la Fundación expresa su respaldo a los periodistas amenazados por el riesgo inminente al que se encuentran expuestos y le solicita a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que les implementen las medidas de protección necesarias para proteger su vida y su integridad.

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En la tarde de ayer, 2 de agosto, la Asociación Colombiana de Medios Informativos (AMI) y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) se reunieron con Guillermo Rivera, Ministro del Interior; Néstor Humberto Martínez, Fiscal General de la Nación; Fernando Carrillo, Procurador General de la Nación; Carlos Alfonso Negret, Defensor del Pueblo; Diego Mora, director de la Unidad Nacional de Protección; y Nancy Patricia Gutiérrez, Ministra del Interior designada y vocera de la comisión de empalme del presidente electo Iván Duque. En el encuentro, se analizó el ambiente hostil para la prensa en el país y se llegó a varios compromisos.

A través de un comunicado conjunto, las autoridades nacionales rechazaron la violencia contra los periodistas y se comprometieron con promover una prensa libre. También expresaron su preocupación por la situación en las regiones del país y acordaron dar instrucciones a las delegaciones territoriales de los órganos de control para garantizar las condiciones para el pleno desarrollo del trabajo periodístico.

Lea el comunicado completo aquí.

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La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- condena las intimidaciones y amenazas en contra de la emisora Cardenal Stereo de Valledupar, Cesar.

Ayer, 18 de abril,  a las 7:40 de la mañana un hombre que se identificó como miembro del ELN y que afirmó que venía de parte de alias ‘Guacho’ llamó a la emisora Cardenal de Valledupar. Preguntó por la periodista Herlency Isabel Gutiérrez, directora del medio, y le dijo que tenía 72 horas para retirarse del cargo y para salir de la ciudad.

Cinco minutos después, el hombre se comunicó nuevamente con la emisora y esta vez advirtió que todos los periodistas debían salir de la emisora. "Háganme el favor y le bajan un poquito de volumen a tanta historia, a tanta huevonada o de lo contrario atentamos contra los periodistas de la emisora Cardenal".

Al medio día, el hombre volvió a llamar y amenazó a la periodista: "tengan mucho cuidado por donde caminan cuando salgan de la emisora ... Van a atentar contra la cadena radial Cardenal ... Ustedes han hecho mucha publicidad a nuestro cabecilla ... Le dimos 72 horas a partir de hoy para cerrar la emisora".

En la mañana de hoy se repitió la intimidación con el mensaje: “soldado advertido no muere en guerra”. Los integrantes de la emisora pidieron el apoyo de la Policía y cuando un agente se encontraba en las instalaciones, el autor de las amenazas volvió a contactarlos. El oficial  preguntó por las razones de las amenazas y el hombre respondió que pedía dejaran de hablar de alias Guacho porque la emisora le estaba generando problemas.

 

Según conoció la FLIP, la Policía -junto al Gaula, la Sijín e Inteligencia- está investigando el origen de las amenazas y manejan tres hipótesis. Sin embargo, la Policía no ha implementado medidas especiales para proteger a los periodistas y su análisis de la situación es insuficiente frente a la intensidad de los hostigamientos. Es imperativo que se implementen medidas para evitar cualquier ataque a la emisora.

La FLIP solicita a la Fiscalía que investigue diligentemente las amenazas para poder dar con los responsables y que exista una articulación interinstitucional que garantice la seguridad de la emisora y de los periodistas, quienes han decidido continuar informando.

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Miércoles, 18 April 2018 15:02

Catatumbo: Censurado

Amenazas, estigmatizaciones y censura ponen en jaque a los periodistas de la región del Catatumbo, Norte de Santander. Algunos decidieron apagar sus emisoras, otros continúan ejerciendo entre la espada y la pared, bajo la vigilancia de los guerrilleros del ELN y el EPL. 

En horas de la noche, el pasado sábado 14 de abril, a varios periodistas, directores y gerentes de emisoras comunitarias del Catatumbo les llegó, vía WhatsApp, un mensaje del frente Libardo Mora Toro, de la guerrilla del Ejército Popular de Liberación –EPL. Se les ordenaba emitir un comunicado sobre el inicio de un paro armado. La primera reacción de algunas emisoras fue rehusarse a publicarlo. Ante la negativa, los periodistas fueron amenazados y se vieron obligados a hacerlo. “Esta información llega de una organización, un grupo que está obligando prácticamente a hacer este informe, este avisó a toda la comunidad, entonces esperamos que haya una parte de entendimiento”, decía al aire una de las emisoras que fue intimidada.

La FLIP conoció que en 5 de los 11 municipios que conforman el Catatumbo se presentó la misma situación, generando un ambiente de zozobra y miedo. “Nosotros los medios comunitarios en la región del Catatumbo a la hora de transmitir un comunicado siempre lo debemos pensar muy bien por la manera como lo pueden interpretar los otros grupos, cada quien interpreta y juzga como quiere, y no entiende lo que hay detrás”, relata uno de los periodistas amenazados.

Desde hace una semana las emisoras se encuentran operando a media marcha. Hay emisoras que prefieren realizar su labor a puerta cerrada ante el temor a ser blanco de algún grupo armado porque a pesar de haber leído el comunicado, como les ordenó el EPL, las amenazas continuaron y dos de ellas fueron obligadas a cerrar. 

“He vivido 4 situaciones parecidas, pero la del sábado fue una situación muy fuerte. Normalmente los grupos nos enviaban los comunicados diciéndonos que los difundieran, pero uno les explicaba y ellos decían bueno entendemos, lo mismo para las fuerzas militares, pero la del sábado fue una cuestión de sí o sí, no había salida”, dijo otro de los reporteros afectados.

La situación, según la describen varias fuentes en la región, es caótica. Los municipios parecen pueblos fantasmas, donde el comercio, los colegios, las entidades públicas y los medios de comunicación están cerrados. De acuerdo al último informe de la Oficina de las Naciones Unidas para los Asuntos Humanitarios (OCHA), en la región han sido desplazadas 2.481 personas, y la población se ha agrupado en tres espacios humanitarios en los municipios de Hacarí y San Calixto.

“Aquí los paros armados son frecuentes, cuando no es el uno es el otro quien lo decreta. Pero esta vez se ha agudizado más porque se trata de dos fuerzas ilegales que tienen a la gente en el medio, entonces la situación está complicada, además porque al paro se le dio fecha de inicio pero no fecha de finalización como habitualmente se hace. Los medios de comunicación en los municipios han dejado de transmitir información y los periodistas de estos municipios lo que hacen es pasar la información a Ocaña porque allá sí se puede informar sobre cómo va el paro”, le aseguró una fuente a la FLIP.

Por su parte, el defensor del pueblo, Carlos Alfonso Negret, ha manifestado su preocupación por la seguridad de los periodistas. “La Entidad también solicita que la población civil y los bienes protegidos por el DIH queden por fuera de la confrontación y que no se perpetre ningún tipo de acción que atente contra personas protegidas tal como el personal médico y sanitario, religioso, trabajadores humanitarios, así como a los periodistas. A todos ellos se les debe permitir realizar su labor de manera libre”.

Debido a la ausencia de medidas concretas del Gobierno, desde la sociedad civil se han hecho esfuerzos para el desescalamiento del conflicto, sin embargo, nada parece mejorar. “Los líderes comunales les han pedido que dialoguen, pero ya han recibido amenazas.  El ELN dice que no hay paro y el EPL dice que sí hay paro. El EPL manda a cerrar las tiendas y el ELN dice que las tienen que abrir. Todo eso ha sido como oídos sordos para esa gente, es como si nada”, aseguró una fuente de la región.

Una deuda histórica

La historia de la libertad de expresión en el Catatumbo ha estado marcada por amenazas, secuestros y agresiones. Desde el año 2008 se han registrado 18 ataques a la prensa, y 5 de los últimos 7 secuestros a periodistas han sido perpetuados en este territorio. La prensa convive con la censura, de acuerdo a cifras del proyecto Cartografías de la información de la FLIP, alrededor del 53% de la población se encuentra en silencio, es decir que sus habitantes no tienen acceso a información sobre su municipio.

La convivencia con el conflicto armado ha impactado de manera directa la forma de hacer periodismo, y se acepta la autocensura como parte cotidiana del trabajo. Hay temas que explícitamente están prohibidos por miedo a las consecuencias, y muchas emisoras prefieren suplir su programación con contenido musical. “Acá si hay un enfrentamiento y hay tantos muertos es como si no hubiera pasado nada, no se puede hacer un tipo de noticias porque se puede meter en problemas con los de derecha y con los de izquierda”, afirmó un periodista de la región.

El libre flujo de información es un derecho que tienen los ciudadanos de la que actualmente no gozan en esta región del país. Como consecuencia a las oleadas de violencia que se viven en Nariño, Putumayo y la zona de Catatumbo, estas regiones se han convertido en zonas vedadas para la prensa, lugares donde está prohibido informar.

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La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- rechaza las amenazas del autodenominado "Frente Primero Armando Ríos de las FARC-EP" en contra de los periodistas de la emisora Arauca Stereo y de los medios de comunicación del departamento de Arauca.

El pasado 22 de febrero, en Arauquita se conoció un panfleto firmado por un grupo que dice representar a las Farc-EP en el que hacen señalamientos amenazantes contra la prensa local: "Hay una cacería de brujas por los medios de comunicación, a través de periodistas que quieren jugar a ser policías judiciales incriminando por sus medios a personas inocentes, señalándolos de comandantes de las farc-ep (disidentes) caso la emisora de radio 100.3 y otras del departamento de Arauca".

En el panfleto, los militantes del grupo guerrillero acusan a los medios de comunicación de ser “armas que se inclinan de acuerdo con los interese que decidan defender".

Estos señalamientos pueden entenderse como retaliaciones a las investigaciones que ha realizado la emisora Arauca Stereo 100.3 fm, en las que se advierte el fortalecimiento de las tropas disidentes de las Farc en el departamento. Además, en la última semana los medios regionales publicaron una alerta temprana emitida por la Defensoría del Pueblo en la que se relaciona a los grupos armados con el riesgo electoral en Arauca. Según los datos de la Misión de Observación Electoral, MOE, en los municipios araucanos de Arauquita, Saravena, Tame y Cravo Norte la presencia de disidencias de las Farc afecta directamente el ejercicio democrático.

La FLIP hace un llamado a la UNP para que evalúe las implicaciones en términos  de protección que pueden generar este tipo de comunicaciones. Además, es necesario que se lleven a cabo acciones preventivas para evitar que estas intimidaciones se materialicen en ataques directos a los periodistas.

En el mismo sentido, la Fundación exige a la Fiscalía General de la Nación que investigue el origen de esta amenaza y se judicialice a los responsables.

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