Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP

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La FLIP alerta y expresa su preocupación por la censura que están sufriendo quince medios de comunicación como consecuencia del paro armado declarado por el Clan del Golfo. Periodistas de Antioquia y Córdoba han sido amenazados y hostigados por miembros de este grupo armado, que exige que no circule información sobre lo que sucede en los municipios afectados.

Las amenazas iniciaron anoche, 4 de mayo, cuando miembros del Clan del Golfo le exigieron difundir un panfleto a dos emisoras comunitarias del Bajo Cauca antioqueño. Como medida de autoprotección ante la falta de garantías de seguridad, las seis emisoras comunitarias de la región decidieron dejar de transmitir su señal hasta que el paro armado termine.

En Montería, esta mañana tres hombres, presuntamente miembros del Clan del Golfo, amenazaron con incendiar la planta transmisora si no dejaba de emitir señal. Esta planta sirve a seis emisoras en Córdoba, Sucre, Atlántico, Antioquia y Bolívar. La planta tuvo que ser apagada y las emisoras permanecerán sin señal por al menos cuatro días. 

A esto se suma la amenaza que recibió un periodista de Córdoba, que salió a hacer cubrimiento en vivo y, como consecuencia, fue seguido por un hombre que lo intimidó con un arma de fuego. Según este mismo periodista, ninguna emisora de la ciudad está dando información relacionada con el paro armado. En Urabá, Antioquia, otros dos periodistas que realizaban reportería sobre el paro fueron hostigados por hombres armados que dispararon al aire para intimidarlos y obligarlos a dejar de grabar. 

Esta censura directa afecta a la población, que se privará de tener información local durante el tiempo que el paro armado se mantenga. Además, también es preocupante la seguridad de los y las periodistas de los medios de estas regiones, que ya han sido amenazados y hostigados por intentar publicar noticias del paro.

Esta situación es muy preocupante, especialmente si se tiene en cuenta que el inicio de este 2022 ha sido uno de los más violentos para la prensa en la última década: en los primeros cuatro meses la FLIP ha documentado 199 casos de ataques a la prensa. También evidenciamos una relación entre los ataques y los temas que cubren los periodistas: en 52 casos los periodistas agredidos cubren temas relacionados con el conflicto armado. En total, en el 2022 la FLIP ha registrado en todo el país cuarenta agresiones a la prensa realizadas por actores armados ilegales

El departamento de Arauca es ejemplo de este recrudecimiento de la violencia. En los primeros cuatro meses de este año registramos 39 agresiones, en contraste con las 24 de todo el 2021; la mayoría de los ataques en este departamento provienen de grupos armados ilegales.

El periodismo se enfrentó a una situación similar en el 2018, cuando un paro armado decretado por el EPL en el Catatumbo, Norte de Santander, silenció a varios medios de comunicación en la región. Con este antecedente, se hace necesario que se tomen medidas para enfrentar esta censura. 

La FLIP hace un llamado al Ministerio de Defensa para que incluya dentro de las estrategias de protección planes focalizados para garantizar la seguridad de los y las periodistas de los departamentos en los que se está desarrollando el paro armado. También pedimos a las gobernaciones de Antioquia y Córdoba que discutan dentro de los consejos de seguridad acciones concretas para proteger a la prensa. Por último, instamos a la Unidad Nacional de Protección para que tenga en cuenta estos hechos dentro de las evaluaciones de riesgo de los y las periodistas que ya cuentan con protección, con el fin de reforzar o implementar medidas que salvaguarden su vida e integridad.

Publicado en Pronunciamientos
Miércoles, 18 April 2018 15:02

Catatumbo: Censurado

Amenazas, estigmatizaciones y censura ponen en jaque a los periodistas de la región del Catatumbo, Norte de Santander. Algunos decidieron apagar sus emisoras, otros continúan ejerciendo entre la espada y la pared, bajo la vigilancia de los guerrilleros del ELN y el EPL. 

En horas de la noche, el pasado sábado 14 de abril, a varios periodistas, directores y gerentes de emisoras comunitarias del Catatumbo les llegó, vía WhatsApp, un mensaje del frente Libardo Mora Toro, de la guerrilla del Ejército Popular de Liberación –EPL. Se les ordenaba emitir un comunicado sobre el inicio de un paro armado. La primera reacción de algunas emisoras fue rehusarse a publicarlo. Ante la negativa, los periodistas fueron amenazados y se vieron obligados a hacerlo. “Esta información llega de una organización, un grupo que está obligando prácticamente a hacer este informe, este avisó a toda la comunidad, entonces esperamos que haya una parte de entendimiento”, decía al aire una de las emisoras que fue intimidada.

La FLIP conoció que en 5 de los 11 municipios que conforman el Catatumbo se presentó la misma situación, generando un ambiente de zozobra y miedo. “Nosotros los medios comunitarios en la región del Catatumbo a la hora de transmitir un comunicado siempre lo debemos pensar muy bien por la manera como lo pueden interpretar los otros grupos, cada quien interpreta y juzga como quiere, y no entiende lo que hay detrás”, relata uno de los periodistas amenazados.

Desde hace una semana las emisoras se encuentran operando a media marcha. Hay emisoras que prefieren realizar su labor a puerta cerrada ante el temor a ser blanco de algún grupo armado porque a pesar de haber leído el comunicado, como les ordenó el EPL, las amenazas continuaron y dos de ellas fueron obligadas a cerrar. 

“He vivido 4 situaciones parecidas, pero la del sábado fue una situación muy fuerte. Normalmente los grupos nos enviaban los comunicados diciéndonos que los difundieran, pero uno les explicaba y ellos decían bueno entendemos, lo mismo para las fuerzas militares, pero la del sábado fue una cuestión de sí o sí, no había salida”, dijo otro de los reporteros afectados.

La situación, según la describen varias fuentes en la región, es caótica. Los municipios parecen pueblos fantasmas, donde el comercio, los colegios, las entidades públicas y los medios de comunicación están cerrados. De acuerdo al último informe de la Oficina de las Naciones Unidas para los Asuntos Humanitarios (OCHA), en la región han sido desplazadas 2.481 personas, y la población se ha agrupado en tres espacios humanitarios en los municipios de Hacarí y San Calixto.

“Aquí los paros armados son frecuentes, cuando no es el uno es el otro quien lo decreta. Pero esta vez se ha agudizado más porque se trata de dos fuerzas ilegales que tienen a la gente en el medio, entonces la situación está complicada, además porque al paro se le dio fecha de inicio pero no fecha de finalización como habitualmente se hace. Los medios de comunicación en los municipios han dejado de transmitir información y los periodistas de estos municipios lo que hacen es pasar la información a Ocaña porque allá sí se puede informar sobre cómo va el paro”, le aseguró una fuente a la FLIP.

Por su parte, el defensor del pueblo, Carlos Alfonso Negret, ha manifestado su preocupación por la seguridad de los periodistas. “La Entidad también solicita que la población civil y los bienes protegidos por el DIH queden por fuera de la confrontación y que no se perpetre ningún tipo de acción que atente contra personas protegidas tal como el personal médico y sanitario, religioso, trabajadores humanitarios, así como a los periodistas. A todos ellos se les debe permitir realizar su labor de manera libre”.

Debido a la ausencia de medidas concretas del Gobierno, desde la sociedad civil se han hecho esfuerzos para el desescalamiento del conflicto, sin embargo, nada parece mejorar. “Los líderes comunales les han pedido que dialoguen, pero ya han recibido amenazas.  El ELN dice que no hay paro y el EPL dice que sí hay paro. El EPL manda a cerrar las tiendas y el ELN dice que las tienen que abrir. Todo eso ha sido como oídos sordos para esa gente, es como si nada”, aseguró una fuente de la región.

Una deuda histórica

La historia de la libertad de expresión en el Catatumbo ha estado marcada por amenazas, secuestros y agresiones. Desde el año 2008 se han registrado 18 ataques a la prensa, y 5 de los últimos 7 secuestros a periodistas han sido perpetuados en este territorio. La prensa convive con la censura, de acuerdo a cifras del proyecto Cartografías de la información de la FLIP, alrededor del 53% de la población se encuentra en silencio, es decir que sus habitantes no tienen acceso a información sobre su municipio.

La convivencia con el conflicto armado ha impactado de manera directa la forma de hacer periodismo, y se acepta la autocensura como parte cotidiana del trabajo. Hay temas que explícitamente están prohibidos por miedo a las consecuencias, y muchas emisoras prefieren suplir su programación con contenido musical. “Acá si hay un enfrentamiento y hay tantos muertos es como si no hubiera pasado nada, no se puede hacer un tipo de noticias porque se puede meter en problemas con los de derecha y con los de izquierda”, afirmó un periodista de la región.

El libre flujo de información es un derecho que tienen los ciudadanos de la que actualmente no gozan en esta región del país. Como consecuencia a las oleadas de violencia que se viven en Nariño, Putumayo y la zona de Catatumbo, estas regiones se han convertido en zonas vedadas para la prensa, lugares donde está prohibido informar.

Publicado en Pronunciamientos