Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP

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El pasado martes 4 de agosto el Juzgado Primero Penal Municipal de Tumaco le concedió la libertad por vencimiento de términos a Gustavo Angulo Arboleda, alias Cherry. Angulo Arboleda se encontraba con medida de aseguramiento por el juicio que se adelanta por los delitos de secuestro extorsivo agravado y concierto para delinquir, en el caso del secuestro y homicidio de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, equipo periodístico del diario El Comercio. Los crímenes ocurrieron en marzo y abril de 2018 en la frontera entre Colombia y Ecuador. 

Javier, Paúl y Efraín desarrollaban labores periodísticas sobre la compleja situación de orden público en la zona fronteriza, caracterizada por la ausencia de institucionalidad por parte de los dos Estados. Dos años después, la frontera continúa siendo una zona silenciada para el periodismo y el esclarecimiento del crimen del equipo periodístico de El Comercio parece lejano. 

En el caso de Angulo Arboleda, la administración de justicia ha actuado con lentitud, presentado retrasos excesivos en la programación de las audiencias. Esto deja ver que pese a la gravedad de los hechos, superar el estado de impunidad no es una de las prioridades del Estado colombiano. (Al final de este comunicado pueden consultar una línea de tiempo con las fechas del proceso contra Angulo Arboleda.)

Resulta pertinente recordar que en junio de este año también quedó en libertad Gustavo Alonso Ospina Hernández, alias Barbas, quien no se ha presentado a las audiencias que se continúan adelantando en su contra. 

En 2018, el Estado anunciaba a las familias y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se haría todo lo posible para que los responsables fueran sometidos a la justicia, pareciera que ese compromiso se hubiese borrado con el paso del tiempo. 

Para Ricardo Rivas, hermano de Paúl Rivas, el acceso a la justicia ha sido indignante, y desgastante: “No es menos que indignante el saber y conocer que la justicia no se está dando y no existe en este caso en Colombia. En las reuniones que nosotros tuvimos en Washington con la CIDH el compromiso del Estado fue ese: darle seguimiento, celeridad, a este caso que ha sido emblemático a nivel regional. Lamentablemente no hemos visto los resultados”. 

Para Fundamedios, la FLIP y los familiares de las víctimas estas decisiones son una señal clara del riesgo de impunidad que permea este caso, por ello hacemos un llamado para que los Estados de Colombia y Ecuador reafirmen su compromiso en lucha contra la impunidad en este caso y que adopten las recomendaciones sugeridas por el Equipo Especial de Seguimiento de la CIDH. 

En ese sentido, el Estado colombiano, por medio de la Fiscalía General de la Nación y el Consejo Superior de la Judicatura, debe adoptar lineamientos para priorizar la procuración de justicia en este caso, de conformidad con los estándares internacionales para la investigación, juzgamiento y sanción de graves violaciones a los derechos humanos.

“Como víctimas también nos afecta. Nos hace pensar que lamentablemente es un camino duro el cual tenemos que seguir labrando y luchando hasta poder conseguir el objetivo de llegar a esa justicia y a esa verdad y a esa equidad en este caso”, Ricardo Rivas.

Aquí puede descargar el comunicado en PDF.

 

Publicado en Pronunciamientos

En la mañana de hoy, 11 de abril de 2018, algunos medios de comunicación colombianos publicaron información en la que se afirmaba que los tres trabajadores de El Comercio de Ecuador, quienes fueron secuestrados el pasado lunes 26 de marzo, habrían sido asesinados. Sin que se hubiera confirmado su autenticidad, en redes sociales circuló un comunicado firmado por el grupo disidente “Frente Oliver Sinisterra FARC-EP” en el que afirmaban que el periodista, el reportero gráfico y el conductor habrían muerto.

En posterior rueda de prensa, el ministro del Interior de Ecuador, César Navas, dijo que “se están realizando las verificaciones tanto de la veracidad de los hechos descritos ahí como también del origen de la fuente de este documento”.  Así, el gobierno ecuatoriano afirmó estar realizando acciones de verificación. 

Respecto a esto, las organizaciones abajo firmantes presentamos los siguientes planteamientos:

  1.  El grupo disidente “Frente Oliver Sinisterra FARC-EP” debe liberar de manera inmediata e incondicional a los trabajadores del diario El Comercio de Quito.

  2. Reafirmamos nuestro compromiso y solidaridad con los familiares y hacemos un llamado a todos los actores políticos para rodearlos en su dolor.

  3. Es inadmisible la forma en la que los gobiernos de Colombia y Ecuador han manejado la información pública relacionada con el paradero de los periodistas. Durante estos 16 días las autoridades ecuatorianas señalado que los periodistas se encuentran en territorio colombiano en contradicción a lo planteado por las autoridades colombianas que han afirmado que los periodistas se encuentran del lado ecuatoriano de la frontera. Los gobiernos no pueden continuar evadiendo responsabilidades mientras entregan información contradictoria a los medios de comunicación. El gobierno ecuatoriano no puede pretender ser la única fuente de información.

  4. Así como el gobierno de Ecuador declaró que no se han realizado operaciones ofensivas en contra de los secuestradores, el gobierno de Colombia debe rendir un informe detallado sobre las operaciones militares realizadas contra las disidencias de las Farc en la región en los últimos 16 días.

  5. En el marco de la Cumbre de las Américas los gobiernos de Ecuador y Colombia deben entregar a la opinión pública un reporte sobre todas las acciones emprendidas para la liberación de los secuestrados.

  6. Es urgente que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgue medidas cautelares para la protección de los reporteros atendiendo a la solicitud presentada por Fundamedios y la Fundación para la Libertad de Prensa.

 

 

Fundamedios
Fundación para la libertad de prensa  (FLIP)
Reporteros Sin Fronteras (RSF)
Comité para la Protección de Periodistas (CPJ)

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