Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP

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Viernes, 11 September 2020 09:06

Siete años de dolor: Edison Molina

El periodista Edison Molina trabajaba en la emisora Puerto Berrío Estéreo, donde asesoraba a la comunidad de Puerto Berrío, Antioquia en temas legales, pues también ejercía el derecho. Edison hacía fuertes denuncias contra la corrupción y lideraba la oposición al alcalde de hace siete años, Robinson Baena.

El 11 de septiembre del 2013, Edison fue asesinado en el mismo municipio. Hoy, queremos explicarles lo que ha pasado con su caso, pero sobre todo, recordarlo y honrar su trabajo.

El periodista, el abogado, el cocinero

Edison Molina dirigía el programa “Consultorio jurídico” de la emisora comunitaria de Puerto Berrío. Sus conocimientos en leyes fueron su principal herramienta para asesorar a la ciudadanía en asuntos jurídicos. Luz Marina de la Pava, su esposa, recuerda que Edison era una persona muy servicial: “le gustaba mucho enseñarle a la gente. No era egoísta con su conocimiento. Era muy luchador por los derechos fundamentales de las personas. A él le dolía mucho que la gente a veces no pudiera acceder a esas cosas tan básicas”.

Edison incentivó la defensa de los derechos de los ciudadanos. Con su trabajo ayudó a que las personas conocieran y accedieran a algunos instrumentos como la tutela. Luz Marina agrega que Edison también fomentaba el deporte entre los jóvenes del municipio.

Para Luz Marina es imposible separar al periodista del abogado y del esposo. Para ella él era tan buen comunicador como cocinero: “a Edison le encantaba cocinar”, dice, “ cocinaba delicioso y le gustaban mucho los asados”. La conexión que tenían los dos esposos era especial: “parecía que adivinaba lo que uno pensaba, lo que uno quería. Me hacía reír mucho por eso porque decía ‘¿es que usted cree que yo no sé lo que usted piensa? Yo sé lo que usted piensa’”, comenta Luz Marina con la voz entrecortada.

Edison trabajó por su comunidad. Su esposa y su amigo Leonardo Ortega lo recuerdan como una persona que siempre estuvo dispuesta a ser la voz que se levanta contra las injusticias.

Obstáculos en la búsqueda de justicia

Después de siete años, el homicidio contra Molina sigue en total impunidad. Su esposa ha participado activamente en la búsqueda de justicia, pero el dolor y la impotencia siguen siendo las palabras que mejor describen lo que siente. Sin embargo, afirma que no pierde la esperanza y que, aunque tienen incertidumbre, conserva la fe puesta en Dios. 

“Es que yo ya llevo siete años tirando de este carro y la verdad es que uno se siente a veces como cansado y agotado”, esto les dice Luz Marina a sus amigos con frecuencia y nos lo repite a nosotros. A pesar de los años de impunidad, ella no desfallece en la búsqueda de justicia.

Desde la FLIP, como representantes de las víctimas, hemos identificado algunos errores en la investigación, que han contribuido a que las investigaciones no progresen. Al comienzo, no se garantizó la independencia del fiscal a cargo, además, la investigación no se orientó a establecer que el homicidio tenía relación con la labor periodística. Por petición de la familia y de la FLIP, se trasladó la investigación a la Unidad Nacional de Fiscalías de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario y se reconoció la labor periodística que desempeñaba Edison. 

Además, no hubo una recolección oportuna de las pruebas. Por ejemplo, hasta el año pasado se solicitó la sábana de llamadas de un número telefónico. La empresa operadora no pudo entregar este material ya que están obligados a guardar esta información por sólo cinco años. También, se han evidenciado prolongados periodos de inactividad en el proceso. Por ejemplo, de agosto a diciembre de 2019, la Fiscalía no adelantó actividades de investigación.

El Estado es responsable

En julio de 2018, el Juzgado Diecisiete Administrativo Oral del Circuito de Medellín declaró responsable a la Nación por el asesinato de Edison. Se logró demostrar que el Estado falló en su obligación de proteger la vida e integridad de Edison Molina. En la decisión se reconoció que él ejercía como periodista y que, como consecuencia de su labor y de su rol como líder de oposición, fue objeto de amenazas que no fueron atendidas oportunamente por el Estado. En ese sentido, las amenazas y el homicidio de Edison constituyen una grave violación a los derechos humanos.  

El juez declaró responsable a la Policía Nacional por no atender la solicitud de protección y a la Fiscalía General de la Nación porque a pesar de que pidió medidas preventivas a la Policía, desconoció el deber constitucional y legal de brindar protección a la víctima, teniendo en cuentas las amenazas que había recibido.

Aunque el caso de Edison en este momento se encuentra en completa impunidad, desde la FLIP queremos recordar la invaluable labor que ejerció como periodista. Hacemos un llamado para que su caso no quede en el olvido. Es deber de la Fiscalía investigar con celeridad para dar con los responsables y que sean llevados ante la justicia. 

#EnLaFLIPNoOlvidamos #NoMásImpunidad

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Hoy recordamos a Javier Darío Arroyave, periodista de Cartago, Valle del Cauca, asesinado hace 13 años. 

Javier Darío era director de la emisora Ondas del Valle, corresponsal para El Tiempo y asesor de prensa de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca. 

Han pasado 13 años y el crimen contra Javier Darío sigue en completa impunidad, pero su memoria sigue viva entre sus familiares y colegas.

#EnLaFLIPNoOlvidamos

 

 

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Miércoles, 12 August 2020 17:51

21 años sin Jaime Garzón

Hoy se cumplen 21 años del asesinato del periodista y humorista Jaime Garzón. En la FLIP lo recordamos siempre, pero hoy especialmente queremos volver sobre los hitos relevantes de este caso, los momentos más importantes en la búsqueda de justicia.

El 13 de agosto de 1999 Jaime Garzón fue asesinado por sicarios en Bogotá cuando se dirigía a la emisora Radionet. Garzón llevaba meses denunciando que estaba siendo amenazado y su temor se hizo realidad. Su asesinato silenció a una voz que por medio del humor hacía fuertes críticas políticas. Su labor periodística es invaluable.

En la investigación de la Fiscalía se han vinculado a distintos actores como el jefe paramilitar Carlos Castaño; el exdirector del extinto DAS, Miguel Narvaez; y el coronel  retirado, Jorge Plazas Acevedo. Sin embargo, después de 21 años aún no se ha condenado a toda la cadena criminal que participó del homicidio. 

En la siguiente línea de tiempo podrán conocer algunos de los momentos más relevantes en la investigación del caso Jaime Garzón. 

Por otro lado, para evocar la memoria del periodista, invitamos a tres ilustradores a que nos compartieran con sus trazos cómo recuerdan a Jaime Garzón. Las ilustraciones de María José Guzmán de Manizales, Raúl Orozco (Raeioul) de Medellín y Rowena Neme (Nemero) de Bogotá acompañan algunos de los hitos de esta línea de tiempo. 

Desde la FLIP queremos que ustedes también se unan a esta iniciativa y nos compartan por redes sociales cómo es el Jaime Garzón que recuerdan. Pueden hacerlo a través de una ilustración, un texto o un video. No olviden etiquetarnos  y compartir su recuerdo con el #21AñosSinGarzón. Queremos seguir reconstruyendo la memoria colectiva de Jaime Garzón Forero y queremos que ustedes nos acompañen a no olvidar.

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En una decisión histórica y después de ocho años de lucha ante estrados judiciales de la periodista Claudia Julieta Duque Orrego y de su familia, en búsqueda de justicia por el secuestro, las amenazas y la tortura psicológica de la que fueron víctimas desde agosto de 1999, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca señaló al Estado como cómplice de la violencia contra la prensa. Para el momento de los hechos, la periodista se encontraba realizando una investigación con el fin de esclarecer el homicidio de Jaime Garzón. 

El caso de Claudia Julieta Duque evidencia la existencia de una estrategia diseñada y ejecutada por funcionarios públicos, no sólo para condenar su caso a la impunidad sino también el del periodista y humorista Jaime Garzón Forero, quien este 13 de agosto cumple 21 años de haber sido asesinado. 

En el marco de un proceso de reparación directa, promovido desde 2012 por Claudia Julieta Duque y su familia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró la responsabilidad estatal, ya que encontró probadas las agresiones de las que fue víctima la periodista. Según en Tribunal estas agresiones atentaron de manera grave contra sus derechos fundamentales y los de su familia y, además, las mismas se dieron como consecuencia de las acciones y omisiones en las que incurrió el Estado colombiano. 

Esta autoridad judicial concluyó que, desde el interior del DAS se creó una organización criminal que tenía como finalidad amedrentar a un sector de la opinión de la sociedad colombiana. Dicho sector incluía a periodistas que denunciaban hechos y situaciones que en concepto del Tribunal se alejaban de la política desarrollada por el gobierno de Álvaro Uribe.

Además, destacó que el Ministerio del Interior incumplió su obligación de adoptar medidas de protección específicas, adecuadas y suficientes, de manera oportuna, para evitar que el riesgo se materializara. Por otro lado, reconoció que la Fiscalía General de la Nación no adelantó las investigaciones “de manera certera, célere y eficiente”. Por el contrario, creó las condiciones de total impunidad, que permitieron e incentivaron a que se continuará ejerciendo tortura psicológica en su contra de la periodista por más de una década. 

Esta decisión reitera la deuda del Estado con la protección de la libertad de prensa y hace hincapié en el incumplimiento de la obligación de debida diligencia en las investigaciones de agresiones contra la prensa. De esta manera, el Tribunal ordena a la Fiscalía que diseñe: i) una cartilla por medio de la cual se socialice el análisis de responsabilidad del Estado derivada de la desprotección a la prensa; y, ii) una política que propenda por la cesación de violaciones continuadas a los derechos fundamentales relacionadas con el ejercicio del trabajo periodístico. 

Desde la FLIP, celebramos la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, ya que es producto de la valentía, el esfuerzo y la persistencia de Claudia Julieta Duque, quien por más de 20 años ha luchado para superar la impunidad a la que el Estado había condenado su caso.

Finalmente, la FLIP hace un llamado a la Fiscalía General de la Nación, para que en cumplimiento de las garantías de no repetición, adelante de manera seria, imparcial y dentro de un plazo razonable, las investigaciones por las agresiones de las que continúa siendo víctima Claudia Julieta Duque. Desde febrero de este 2020 la periodista ha denunciado nuevas agresiones relacionadas con el ejercicio del trabajo periodístico, sin que la Fiscalía haya realizado de manera oportuna las actividades investigativas correspondientes. 

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El pasado martes 4 de agosto el Juzgado Primero Penal Municipal de Tumaco le concedió la libertad por vencimiento de términos a Gustavo Angulo Arboleda, alias Cherry. Angulo Arboleda se encontraba con medida de aseguramiento por el juicio que se adelanta por los delitos de secuestro extorsivo agravado y concierto para delinquir, en el caso del secuestro y homicidio de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, equipo periodístico del diario El Comercio. Los crímenes ocurrieron en marzo y abril de 2018 en la frontera entre Colombia y Ecuador. 

Javier, Paúl y Efraín desarrollaban labores periodísticas sobre la compleja situación de orden público en la zona fronteriza, caracterizada por la ausencia de institucionalidad por parte de los dos Estados. Dos años después, la frontera continúa siendo una zona silenciada para el periodismo y el esclarecimiento del crimen del equipo periodístico de El Comercio parece lejano. 

En el caso de Angulo Arboleda, la administración de justicia ha actuado con lentitud, presentado retrasos excesivos en la programación de las audiencias. Esto deja ver que pese a la gravedad de los hechos, superar el estado de impunidad no es una de las prioridades del Estado colombiano. (Al final de este comunicado pueden consultar una línea de tiempo con las fechas del proceso contra Angulo Arboleda.)

Resulta pertinente recordar que en junio de este año también quedó en libertad Gustavo Alonso Ospina Hernández, alias Barbas, quien no se ha presentado a las audiencias que se continúan adelantando en su contra. 

En 2018, el Estado anunciaba a las familias y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se haría todo lo posible para que los responsables fueran sometidos a la justicia, pareciera que ese compromiso se hubiese borrado con el paso del tiempo. 

Para Ricardo Rivas, hermano de Paúl Rivas, el acceso a la justicia ha sido indignante, y desgastante: “No es menos que indignante el saber y conocer que la justicia no se está dando y no existe en este caso en Colombia. En las reuniones que nosotros tuvimos en Washington con la CIDH el compromiso del Estado fue ese: darle seguimiento, celeridad, a este caso que ha sido emblemático a nivel regional. Lamentablemente no hemos visto los resultados”. 

Para Fundamedios, la FLIP y los familiares de las víctimas estas decisiones son una señal clara del riesgo de impunidad que permea este caso, por ello hacemos un llamado para que los Estados de Colombia y Ecuador reafirmen su compromiso en lucha contra la impunidad en este caso y que adopten las recomendaciones sugeridas por el Equipo Especial de Seguimiento de la CIDH. 

En ese sentido, el Estado colombiano, por medio de la Fiscalía General de la Nación y el Consejo Superior de la Judicatura, debe adoptar lineamientos para priorizar la procuración de justicia en este caso, de conformidad con los estándares internacionales para la investigación, juzgamiento y sanción de graves violaciones a los derechos humanos.

“Como víctimas también nos afecta. Nos hace pensar que lamentablemente es un camino duro el cual tenemos que seguir labrando y luchando hasta poder conseguir el objetivo de llegar a esa justicia y a esa verdad y a esa equidad en este caso”, Ricardo Rivas.

Aquí puede descargar el comunicado en PDF.

 

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Miércoles, 05 August 2020 11:34

En la FLIP no olvidamos - John Félix Tirado

Hoy en nuestra cápsula de memoria recordamos al periodista John Félix Tirado, asesinado hace 28 años en Pereira, Risaralda.

El caso del asesinato de John Félix Tirado prescribió en 2012. Aunque la justicia no se ha pronunciado, no queremos que su nombre y su trabajo sean olvidados. Gracias por recordar con nosotros.

En la FLIP no olvidamos.

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Antes de cerrar el mes de julio, queremos recordar a los nueve periodistas que han sido asesinados en un mes como este desde 1986. Todos los casos siguen impunes, pero no queremos que caigan en el olvido.

Gracias por recordar con nosotros.

En la FLIP no olvidamos.

 

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Jueves, 16 July 2020 09:45

Voces silenciadas un 16 de julio

Hoy, 16 de julio, conmemoramos los asesinatos de cuatro periodistas colombianos, todos los casos siguen en completa impunidad. Este año es el aniversario número 34 de la muerte de Roberto Camacho, el número 33 de la muerte de Fernando Bahamón, y no se ha siquiera señalado a ningún responsable por sus homicidios. Por otro lado, las investigaciones por los asesinatos de Eduardo Estrada y Denis Sánchez; desde 2001 y 2002, respectivamente, continúan en vilo. Sus familiares esperan respuestas. 

Luis Roberto 

Luis Roberto Camacho estaba con su esposa el día que fue baleado en el centro de Leticia. Sabía desde antes que su vida corría peligro, pues había denunciado en las páginas de El Espectador la presencia de narcotraficantes, como Evaristo Porras, en la zona. Además, como corresponsal en el Amazonas, Camacho evidenció el riesgo de fraccionamiento del departamento. A mediados de los 80, los involucrados en el negocio del narcotráfico pujaban por la implementación de una Amazonas federal, pues esto les ayudaría de alguna forma a llevar a cabo sus negocios, dijo uno de los hijos de Camacho en una columna escrita hace 10 años para El Espectador. 

El homicidio de Camacho fue el primero de una ola de asesinatos y violencia que cayó sobre el periódico El Espectador, de parte del cartel de Medellín.  A finales de 1986, el mismo año que mataron a Camacho, también fue asesinado el director del diario, Guillermo Cano.

Fernando 

Exactamente un año después, en 1987, Fernando Bahamón fue asesinado por pistoleros frente a la Gobernación de Caquetá en Florencia. Además de ser periodista para RCN radio, Noticiero 24h y El Espectador, se desempeñaba como Concejal de San Vicente del Caguán. Se cree que su asesinato hizo parte de la persecución del narcotráfico hacia El Espectador, pues Bahamón había denunciado la mafia de la producción de cocaína en el departamento. Según la Fiscalía, el caso aún sigue activo y Luis Ángel Parra Molina está siendo investigado. 

Eduardo

No han sido solo los periodistas afiliados a grandes medios las víctimas de la violencia en Colombia. Eduardo Estrada, asesinado hace 19 años, era un líder social que buscaba la creación de una emisora comunitaria. Todas las evidencias del caso apunta a que su asesinato fue responsabilidad de paramilitares, quienes insinuaban que Estrada podría ser facilitador de las FARC. Antes de que lo mataran, estaba gestionando  un diálogo entre el ELN y la sociedad civil en el departamento de Bolívar.

Con el asesinato de Estrada, el municipio de San Pablo, Bolívar, no solo perdió una voz periodística, sino a un líder que desarrolló un papel clave en diferentes proyectos. Por un lado, participó en el desarrollo del Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio y en la gestión de recursos del ferri de la región. Por otro, creó la Asociación para el Desarrollo de la Comunicación y Cultura de San Pablo (Adecosan), un grupo que estaría asociado a la Red de Emisoras Comunitarias de la Costa Caribe. Después de la muerte de Eduardo, la comunidad se atemorizó y el proyecto de Adecosan decayó. 

Dennis Segundo

Hoy también recordamos a Dennis Segundo Sánchez. El caso de su homicidio cumple otro año en completa impunidad. Fue asesinado en su casa en el 2002 y, a diferencia de los anteriores casos, en este no ha habido ningún indicio que señale a algún grupo armado como responsable de su muerte. Dennis era locutor en la Radio 95.9 en el municipio del Carmen de Bolívar.

A diferencia de Luis, Fernando y Eduardo, este periodista nunca tocó temas políticos ni de conflicto. Su trabajo radial se centraba en un programa de la Secretaría de Salud, aunque sí se desempeñaba en el liderazgo social. Al momento de su muerte era el presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio 12 de octubre de su municipio.

Las familias de estos cuatro periodistas siguen buscando respuestas. Pero no son las únicas víctimas. A las comunidades se les arrebató su derecho a estar informadas y a contar con voces dispuestas a denunciar la violencia y los conflictos económicos en sus regiones.






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Este 2 de noviembre, Día Internacional para poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, la FLIP hace un llamado al Estado colombiano para que garantice la justicia en los casos de agresiones a la prensa, especialmente en los asesinatos a periodistas.

El 2017 ha sido un año determinante en cuanto a lucha contra la impunidad en casos de agresiones a periodistas. Si bien se han dado algunos avances en casos emblemáticos como la condena a Jorge Noguera, exdirector del DAS, o la pena de 47 años impuesta al asesino de la periodista huilense Flor Alba Núñez, la impunidad en casos de asesinatos sigue siendo alarmante. De los 154 periodistas asesinados en los últimos 40 años, solamente en un caso se ha condenado a toda la cadena criminal y la inmensa mayoría se encuentra en la total impunidad.

El 8 de octubre la comunicadora indígena Efigenia Vásquez Astudillo fue asesinada mientras ejercía labores periodísticas y de comunera en Puracé, Cauca. Ella ocupa el último renglón de los 154 periodistas asesinados por razones de su oficio desde hace 40 años. La investigación por el crimen Vásquez apenas comienza y se espera que, a diferencia de lo que ha ocurrido con la gran mayoría de casos, el proceso judicial avance y las autoridades sancionen a los responsables con celeridad. 

Las cifras de impunidad en casos de asesinatos a periodistas son dramáticas. De los 154 casos de homicidios a periodistas por su trabajo, 129 se mantienen en total impunidad. Únicamente en 22 casos ha habido algún tipo de condena contra autores materiales y sólo en 3 casos se han condenado a los autores intelectuales. El único caso en el que la justicia ha logrado condenar a toda la cadena criminal es el del subdirector del diario La Patria de Manizales, Orlando Sierra, asesinado en 2002. Además, de la totalidad de estos casos, hasta la fecha han prescrito 77, es decir la mitad.

Decisiones relevantes

El asesinato de Gerardo Bedoya, ocurrido el 20 de marzo de 1997, fue declarado crimen de lesa humanidad días antes de que operara la prescripción. Teniendo en cuenta que esta decisión implica que estos delitos no prescriben, la FLIP celebra esta decisión pero expresa su preocupación ya que no existen avances significativos en la investigación, a pesar de que han pasado 20 años desde que se cometió el crimen contra el periodista de El País de Cali. La Fundación hace un llamado a la Fiscalía y a la rama judicial a que no asuman esta declaratoria como un incentivo para dilatar los resultados de las investigaciones y de las sanciones.

Este año, además, se conmemoraron 30 años del asesinato del médico y periodista Héctor Abad Gómez. El homicidio ocurrió el 25 de agosto de 1987 en Medellín. Han pasado tres décadas y su caso continúa sin ser resuelto. Este homicidio continúa en la completa impunidad sin que las investigaciones demuestren avances relevantes en la identificación y posterior sanción a los responsables.

Otra decisión relevante en el escenario de la impunidad en crímenes contra la prensa es la condena de más de 47 años de cárcel a Juan Camilo Ortíz, alias “El Loco”, por su participación en el asesinato de la periodista huilense Flor Alba Núñez. La periodista fue asesinada el 9 de septiembre de 2015 en Pitalito. Núñez, a través de la emisora La Preferida Stereo y el Canal 6, hacía constantes denuncias acerca de la delincuencia común que operaba en el municipio y sus posibles relaciones con funcionarios públicos.

La Fundación reconoce esta condena como un avance en la búsqueda de justicia en este crimen y destaca, además, que el juez haya tenido en cuenta la calidad de periodista de la víctima en el momento de valorar los móviles del homicidio. Sin embargo, dentro del proceso judicial aún hace falta condenar a toda la cadena criminal, mediante el esclarecimiento de los autores intelectuales y del autor material restante que se encuentra libre.

En el caso de Jineth Bedoya Lima se llevaron a cabo los alegatos de conclusión en los que la Fiscalía solicitó la condena de Alejandro Cárdenas Orozco y Jesús Emiro Pereira. Sumado a esto, la Corte Suprema de Justicia confirmó la exclusión de Justicia y Paz de dos de los implicados en estos delitos. Sin embargo, las autoridades judiciales que intervienen en el proceso continúan sometiendo a la reportera a escenarios de revictimización en los que no se generan mayores aportes al proceso. El primero de marzo, la reportera fue llamada por decimosegunda vez para declarar como parte de la investigación por la tortura, el secuestro y la violación de las que fue víctima en mayo del 2000.

Otro avance en la búsqueda de justicia en los crímenes contra la prensa es la condena al exdirector del DAS, Jorge Noguera, por las interceptaciones, los hostigamientos y la tortura a líderes sociales y políticos, abogados y periodistas. La Corte Suprema de Justicia condenó a Noguera a una pena de 7 años, 10 meses y 15 días de prisión. La FLIP reconoce esta decisión como un avance, teniendo en cuenta que Noguera era el más alto funcionario del extinto DAS cuando ocurrieron los hostigamientos y las interceptaciones. Sin embargo, espera que las investigaciones continúen y se condene a todos los responsables de estos crímenes.

Una de las víctimas de la tortura impartida por el extinto órgano de seguridad es la periodista Claudia Julieta Duque. Este año se llevó a cabo el proceso de extradición a Enrique Ariza Rivas, uno de los responsables de las agresiones a la periodista. Además, continuó el proceso en contra del General Jorge Luis Ramírez Aragón, director del INPEC. Sumado a esto, el pasado 19 de octubre, los delitos de tortura y persecución de los que fue víctima Duque fueron declarados crímenes de lesa humanidad.

A pesar de estos avances en la lucha contra la impunidad, a la FLIP le preocupa la postura del Estado colombiano frente al caso del asesinato de Carvajal Vs. Colombia que se está llevando a cabo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Durante las audiencias realizadas en agosto, la defensa del Estado utilizó argumentos ofensivos contra las víctimas y manipuló información para no aceptar su responsabilidad. La representación del Estado culpó de su negligencia a la familia Carvajal por no entregar suficiente información acerca de los responsables. Además, negó las condiciones reales de la libertad de prensa en el país y afirmó -erróneamente- que estaba cumpliendo con su deber de prevenir la violencia contra la prensa.

Nelson Carvajal fue asesinado el 16 de abril de 1998 en Pitalito, Huila. El Estado colombiano falló en la prevención de la violencia contra la prensa, en la protección de Carvajal a pesar de conocer el riesgo inminente y en la posterior investigación y sanción a los responsables de este crimen atroz.

El 2017 ha sido un año determinante en la búsqueda de justicia en los casos de agresiones a la prensa. La FLIP reconoce los pequeños avances en los casos previamente mencionados. Sin embargo, la Fundación exige al Estado colombiano que, a través de las distintas instituciones, haga parte de la lucha contra la impunidad en los casos de agresiones a periodistas.

Este año volvió a ser asesinada una comunicadora durante su trabajo periodístico. El Estado debe garantizar la justicia en el caso de Efigenia Vásquez y de los otros 153 periodistas que han sido asesinados desde 1977. La FLIP solicita a la Fiscalía que sea diligente en las investigaciones de estos crímenes y a la rama judicial a que condene fuertemente a los responsables de la forma de censura más atroz: el asesinato a periodistas. 

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