Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP

Pocas horas antes del estreno de un documental sobre la masacre de Mapiripán, un coronel del Ejército exigió la revisión de su contenido. Ante la negativa de los autores, el funcionario militar prohibió la exhibición de la cinta. Ésta hacía parte de la programación de la 'Semana por la paz', evento liderado por varias organizaciones sociales en Colombia.

(Tomado con autorización del diario ‘El País’ de Cali. www.elpais.com.co).

Intentando contar cómo el Gobierno “recuperó” una porción del país tan grande como Francia, quedó en evidencia otra realidad: la guerrilla se sigue paseando a sus anchas por el Meta. Junto a mi reportero gráfico fui retenido, obligado a interrumpir el trabajo periodístico y vetado para regresar. Crónica, sin ataduras, de una captura y el abandono estatal.

El pasado 26 de julio fue aplazada en Bogotá la audiencia pública del caso de la revista ‘Soho’, donde el juez iba a decidir si se abría juicio penal contra el director y los colaboradores de la publicación. El proceso comenzó el año pasado, después de que la revista publicó unas fotos de una modelo con el torso desnudo y de varios personajes públicos donde se recreaba la última cena y la crucifixión de Jesucristo. Las fotos venían acompañadas de un artículo del reconocido escritor colombiano Fernando Vallejo. Varias personas y un movimiento laico denunciaron penalmente a todos los involucrados por injuria y calumnia y por “daños o agravios a personas o cosas destinadas al culto”.

En relación con las declaraciones del presidente y candidato Álvaro Uribe Vélez sobre las investigaciones periodísticas publicadas recientemente por varios medios de comunicación, la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, manifiesta lo siguiente:

En declaraciones dadas el 17 de marzo a dos emisoras de Ibagué, Tolima, Humberto Gómez Gallo, actual senador de la República y reelegido para un nuevo periodo, convocó a sus seguidores a "boicotear" al diario 'El Nuevo Día' de esa ciudad.

En medio de un ambiente confuso y enrarecido se encuentra el periodismo nacional, pocos días después de que la Corte Constitucional aprobó la ley de garantías que reglamentó la reelección presidencial en Colombia. Periodistas de los principales medios de comunicación manifestaron su preocupación por las posibles restricciones a la libertad de prensa.

El pasado 9 de agosto, el senador Juan Gómez Martínez radicó una vez más el proyecto de ley 53 de 2005, "Por medio del cual se adiciona un artículo nuevo a la Ley 599 de 2000 (Código Penal), en su titulo V, capitulo único". Éste es idéntico al presentado por el propio senador Gómez Martínez en septiembre de 2003, que posteriormente retiró antes de dársele trámite.

El pasado 30 de enero de 2010 miembros de la Policía de Funza, Cundinamarca, evitaron la distribución del boletín ‘El Libelo’ el cual era repartido en el marco de una jornada de rendición de cuentas de la gestión pública en ese municipio. El boletín traía una denuncia sobre algunos casos de abuso de autoridad por parte de la Policía local.

El periodista Guillermo Andrés Castro, director del periódico ‘El Macarenazo’ y quien también distribuye el boletín, se disponía a repartir la publicación cuando fue requisado abruptamente por los miembros de la fuerza pública presentes. Sin explicación alguna, los agentes le arrebataron de las manos los ejemplares de ‘El Libelo’, los cuales no le fueron devueltos.  

El 16 de julio de 2004, Carlos Eduardo Huertas, periodistas investigativo de la revista Semana, de Colombia, fue agredido por agentes de seguridad del aeropuerto de Albrook de Panamá, cuando intentaba acceder a una información con directivos de la aeronáutica civil de ese país.

Las organizaciones firmantes, integrantes de la Alianza Regional de organizaciones de IFEX de América Latina y el Caribe, reunidos en Lima, Perú, entre el 23 y 25 de marzo de 2010, para discutir y analizar la situación de la libertad de expresión en la región, expresamos nuestra coincidencia plena con la declaración conjunta, emitida en febrero de este año, por los Relatores de Libertad de Expresión en el mundo. En este contexto, manifestamos que pese a los avances democráticos en la mayor parte de los países, el ejercicio de la libertad de expresión y derecho a la información en la región se vulneran de manera constante mediante agresiones directas e indirectas a través de: