En un trascendente fallo, la Corte Suprema de Justicia ordenó al Ejército Nacional entregar información a un periodista, e indicó que la entidad pública que niegue información amparándose en la seguridad nacional debe fundamentar su respuesta.
En las últimas semanas se conocieron algunos casos de periodistas involucrados en procesos judiciales – como directos afectados o como testigos de éstos – y declaraciones oficiales donde se solicita que se investigue a un periodista por actuaciones relacionadas con su oficio. Sobre el particular, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) manifiesta lo siguiente, previa la presentación de unos breves antecedentes.
A través de un proyecto que impulsa la reglamentación local de la distribución de la publicidad oficial y promueve el diálogo entre autoridades y periodistas, la FLIP busca combatir la censura indirecta en Colombia.
Una de las modalidades de censura indirecta más preocupantes en América Latina es la distribución abusiva de la publicidad oficial. Muchos funcionarios públicos asignan o retiran la pauta publicitaria como premio o castigo a medios de comunicación y periodistas. En algunos casos, son los periodistas quienes ofrecen información favorable a la gestión oficial a cambio de estos contratos.
Ayer se presentó en Buenos Aires una red regional de periodismo y acceso a la información pública de la cual hace parte la FLIP. Esta iniciativa nace del esfuerzo conjunto de periodistas, organizaciones de periodistas y otras organizaciones no gubernamentales de distintos países de la región, involucrados en el ejercicio y la promoción de este derecho fundamental. Ya está en funcionamiento su sitio en internet.
La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) se integra al proyecto regional ‘Promoviendo la utilización y el apoyo de leyes de acceso a la información por el periodismo en América Latina’, junto con otras cuatro organizaciones de Argentina, Nicaragua, Perú y Venezuela. Este proyecto busca que los periodistas utilicen las herramientas de acceso a la información en su trabajo diario y promuevan su uso en la ciudadanía.
El pasado 18 de marzo en Barrancabermeja, Santander, el reportero gráfico Alfredo Estévez del diario ‘Vanguardia Liberal’ fue obstruido en su labor periodística por una jueza que le exigió borrar las fotografías tomadas en una audiencia pública. Al día siguiente, el reportero recibió amenazas de muerte de origen desconocido.
El Juzgado Segundo Municipal de Caloto, Cauca, ordenó a la alcaldía de ese mismo municipio entregar información pública a un periodista de esa ciudad que la había solicitado. Además, indicó en su fallo que no es requisito mencionar el motivo del pedido cuando un ciudadano presenta un derecho de petición de información.
La FLIP tiene a la venta su libro ‘Fotografías por la libertad de prensa’, una publicación que pretende reunir fondos para apoyar a los periodistas que por su trabajo han sido víctimas de amenazas y desplazamiento.
Esta publicación de la FLIP y Reporteros Sin Fronteras (RSF) hace parte de la colección de libros de fotos que esa organización publica en todo el mundo. Esta se ha convertido en la mejor manera de dar a conocer el trabajo por este derecho fundamental e involucrar a la sociedad en su defensa.
Alianza FLIPYS. Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP - Instituto Prensa y Sociedad, IPYS.
Los días 18 y 19 de enero de 2008 se llevará a cabo el taller ‘Periodismo investigativo y acceso a la información; aplicación de estas herramientas en el cubrimiento de Ley de Justicia y Paz y proceso de desmovilización’, en la ciudad de Barranquilla, departamento del Atlántico.
El pasado 24 de noviembre, el general Óscar Naranjo, director de la Policía Nacional, acusó al periodista William Parra, colaborador del canal internacional Telesur, de hacerle creer a la opinión pública que la prueba de vida del capitán de la Policía Guillermo Solórzano, secuestrado por la guerrilla de las FARC en junio de 2007, había sido fruto de la mediación del presidente de Venezuela Hugo Chávez y la senadora Piedad Córdoba.
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