Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP

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Este 11 de septiembre se conoció el fallo de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia que condenó a Jorge Noguera Cotes, exdirector del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), a una pena de 7 años, 10 meses y 15 días de prisión por el escándalo de las “chuzadas”.

La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- reconoce como un avance en la lucha contra la impunidad la condena impuesta a Noguera por el delito de concierto para delinquir, del cual fueron víctimas varios periodistas.

El alto tribunal consideró que el Grupo Especial de Inteligencia 3 (G-3), creado durante la administración de Noguera, desarrolló labores de inteligencia y contra inteligencia con el fin de afectar y estigmatizar a periodistas, líderes políticos y organizaciones defensoras de Derechos Humanos. De acuerdo a lo que se probó en el proceso, dichas labores incluían seguimientos, interceptaciones a sus comunicaciones personales, y actividades de vigilancia, entre otros.

Sobre esto la Corte expresó: “Es claro, que la información privada y reservada obtenida a través de los medios ilícitos indicados, nada tenía que ver con actividades al margen de la ley ni con actos que atentaran contra la seguridad del Estado; en este sentido, los concertados acordaron la comisión de delitos para impedir el legítimo ejercicio de la defensa de los derechos humanos y el de oposición al gobierno nacional, finalidad que orientaba a las organizaciones no gubernamentales y personas naturales que fueron objeto de la actividad delincuencial de la asociación que los calificaba de “blancos” o “blancos subversivos”.

Sumado a lo anterior, la Sala compulsó copias a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes para que investigue al senador Álvaro Uribe Vélez y determine su nivel de participación en estos hechos, teniendo en cuenta que para aquel entonces él era el presidente de la República.

Las actuaciones del G3, y en general del DAS, buscaban censurar a la prensa a través del acoso, el hostigamiento y la estigmatización. Para la FLIP este fallo es importante ya que asigna responsabilidad penal a un alto funcionario por sus crímenes contra periodistas y defensores de derechos humanos. También porque sienta un precedente en la búsqueda de justicia dentro del escenario de violencia contra la prensa en el país.

Entre 2003 y 2009 la FLIP documentó 16 casos de periodistas víctimas de interceptaciones a comunicaciones, montajes, seguimientos y amenazas atribuidas principalmente al DAS. Algunos de los nombres que figuran en esta lista son: Claudia Julieta Duque, Hollman Morris, Daniel Coronell, Alfredo Molano, Carlos Lozano y Gonzalo Guillén.

La Fundación exhorta a la Fiscalía para continúe investigando las actividades ilegales cometidas por el extinto organismo de inteligencia con el objetivo de identificar y sancionar plenamente a los responsables de estos hechos.

 

 

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La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- presenta derecho de petición al Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez. Esto como consecuencia de información recibida sobre posibles interceptaciones a las comunicaciones de Gustavo Rugeles, director del portal El Expediente.

El pasado 23 de agosto, el portal Las2Orillas publicó un artículo en el que se denuncia que Gustavo Rugeles fue víctima de interceptaciones a sus comunicaciones el año pasado. En la nota se afirma que estas interceptaciones fueron ordenadas por la Fiscalía y habrían durado dos meses. En diálogo con la FLIP, Rugeles afirmó que el Fiscal Martínez le había confirmado a través de mensajes que sus comunicaciones habían sido interceptadas durante la administración de Eduardo Montealegre.

La FLIP expresa su preocupación por el caso puesto que las interceptaciones habrían sucedido en el marco de una serie de investigaciones periodísticas que llevaba a cabo Rugeles quien en ese entonces se desempeñaba como editor político de Las2Orillas. El periodista estaba indagando una presunta infiltración a la campaña de Óscar Iván Zuluaga para las elecciones presidenciales de 2014. Las interceptaciones cesaron el día posterior a la publicación del artículo.

Estas interceptaciones preocupan a la FLIP ya que constituirían una grave violación al secreto profesional. El derecho constitucional a la reserva de la fuente es una garantía inviolable para el libre ejercicio del periodismo y la libertad de expresión. 

 

Adjunto a este pronunciamiento puede encontrar el derecho de petición enviado por la FLIP.

 

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