Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP

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El pasado jueves 12 de abril, la Fiscalía General de la Nación negó la solicitud para declarar el asesinato del periodista Nelson Carvajal Carvajal como un crimen de lesa humanidad. La FLIP rechaza esta decisión que pone al borde de la impunidad un delito que hizo mucho daño al periodismo del Huila.

Hoy, 20 años después del asesinato, fecha en que prescribiría el caso, la FLIP presenta una apelación para que la Fiscalía General de la Nación revoque la decisión tomada por la Fiscal del caso.

La solicitud original fue presentada el pasado 26 de marzo por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), el Robert F. Kennedy for Human Rights y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)ante el riesgo de que prescriba el caso. La SIP y el RFK for Human Rights, además, son los representantes legales de la familia del periodista huilense ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), donde se adelanta un proceso contra el Estado colombiano por sus múltiples omisiones en este caso.

El caso de Nelson Carvajal es un delito de lesa humanidad. Las actividades que desempeñó Carvajal como periodista le significaron amenazas y posteriormente que fuera asesinado. Según la investigación de la Fiscalía y las conclusiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el crimen fue planificado y cometido por una alianza entre funcionarios públicos locales, empresarios, sicarios y miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –FARC-. El homicidio sucedió en un contexto de ataques generalizados contra la prensa y alianzas criminales entre autoridades y grupos armados al margen de la ley.

A juicio de la FLIP, estas son las principales fallas del Estado en el caso Carvajal:

  • La época en la que ocurrió el crimen estuvo marcada por una excesiva violencia contra los periodistas. No obstante, el Estado no hizo nada para evitar que esta situación escalara hasta el asesinato de Carvajal. En 1997 asesinaron a 6 periodistas y antes de la muerte de Carvajal ya habían asesinado a otros 2 en 1998.

  • Una de las fiscales del caso fue amenazada y un testigo clave para el proceso fue asesinado. Esto ocurrió después de que señalara a reconocidos políticos de la región y a un empresario como autores intelectuales del crimen, con apoyo de integrantes de las FARC.

  • Pocos meses después de ese señalamiento, la Fiscalía, sin justificación, precluyó la investigación en contra de uno de estos personajes públicos de Pitalito. Los demás ya se habían beneficiado de absolución o preclusión de la investigación años antes por la negligencia en la investigación.

  • El Estado ha culpado a la familia de Carvajal acusándolos de negligentes, sin compadecerse de que estas personas tuvieron que afrontar amenazas y el dolor de la muerte de su ser querido.

  • Durante una audiencia en la Corte IDH, los representantes del Estado afirmaron que la situación de violencia contra la prensa es un asunto del pasado en Colombia. Esto sin tener en cuenta los aumentos de amenazas y diferentes ataques a la prensa que ocurren año a año.

  • En esa misma audiencia, los representantes del Estado presentaron políticas fallidas como avance en la garantía de la libertad de expresión. Ejemplo de esto es una política pública de libertad de expresión adelantada por el Ministerio del Interior, que después de cinco años de formulación resultó engavetada.

La decisión de la Fiscalía de rechazar la declaratoria de lesa humanidad en este caso da más argumentos a la Corte IDH para condenar al Estado colombiano por su negligencia en la búsqueda de justicia en este crimen.

La FLIP exige a la Fiscalía General de la Nación que revoque su decisión, que declare el crimen de Carvajal como un delito de lesa humanidad y que implemente medidas efectivas para investigar y sancionar a los autores intelectuales.

Publicado en Pronunciamientos

El 19 de marzo de 2010 fue asesinado el periodista de la emisora La Voz de Montería, Clodomiro Castilla, en el departamento de Córdoba. El día en que ocurrieron los hechos, el reportero se encontraba en la terraza de su casa leyendo y aproximadamente a las 9 de la noche dos hombres llegaron en moto y le dispararon en ocho ocasiones. 

Castilla se destacaba por sus investigaciones y denuncias sobre hechos de corrupción en las instituciones de su departamento, además de los nexos entre políticos de la región y grupos paramilitares. Por su labor periodística, Castilla fue testigo en procesos judiciales en la Corte Suprema de Justicia por la infiltración de estructuras ilegales en las instituciones del Estado.

Es de conocimiento de la FLIP que, luego de ocho años del asesinato del periodista, el proceso continúa en indagación preliminar en la Fiscalía General de la Nación. Según fuentes consultadas por la Fundación, existe material probatorio suficiente para vincular a presuntos responsables al proceso, sin embargo, esto no se ha hecho.

La ausencia de vinculación formal implica que la investigación se mantiene sin mayores avances y el paso del tiempo hace que el esclarecimiento de la verdad sobre lo sucedido sea cada vez más complejo. Esto es particularmente preocupante si se considera que una de las formas de resolver delitos contra periodistas es a través de la información que los autores materiales puedan aportar al proceso.

La FLIP advierte que el constante cambio y reasignación de fiscales interfiere en la continuidad de la investigación penal y ello se refleja en la falta de resultados efectivos en los procesos. En el caso de Clodomiro Castilla, al menos 3 fiscales distintos han estado a cargo de su caso en tan solo 8 años. Esta situación impide que se identifiquen y vinculen a los presuntos autores y perpetúa la impunidad que impera en este crimen.

La FLIP le solicita a la Fiscalía General de la Nación que con el material probatorio con el que cuenta actualmente vincule formalmente a los presuntos responsables del homicidio. Adicionalmente, la Fundación hace un llamado a la entidad para que el caso de Clodomiro Castilla sea priorizado en la Unidad de Derechos Humanos con el fin de que haya celeridad procesal y sea posible condenar a los responsables del crimen. Al respecto, el principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión indica que “el asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales (…) viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.

Publicado en Pronunciamientos

Por Pedro Vaca Villarreal*

En febrero de 2017 denunciamos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no ha sido diligente con el trámite del caso por el asesinato del periodista Guillermo Cano Isaza. Un año después las explicaciones no llegan y sigue en entredicho la transparencia de este organismo internacional.

El caso Guillermo Cano llegó a la CIDH en 1997, once años después del asesinato, pero se congeló en el año 2001. El trámite es extraño: la CIDH abrió las puertas a una solución amistosa entre el Estado y la familia Cano el 16 de febrero del año 2001, pero esta oferta fue rechazada cuatro días después por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). Tres días más tarde, el 23 de febrero, la CIDH cerró el trámite conciliatorio, decidió unificar el caso con otro proceso sin mayor explicación y declaró la responsabilidad del Estado Colombiano emitiendo una serie de recomendaciones que jamás vigiló en 17 años. La CIDH tardó alrededor de una semana en agotar fases que normalmente le pueden tomar más de 5 años. Acelerar el camino a la impunidad no es un mérito, es un error que se debe enmendar.

Nunca dieron aviso a los familiares y, salvo los Comisionados de esa época y los funcionarios de la Cancillería Colombiana, nadie supo sobre esta decisión hasta el mes de diciembre de 2016 cuando la FLIP tuvo acceso a parte del expediente. La CIDH sabe lo que está pasando, pero ha preferido callar. Un malabar procesal en un caso tan emblemático que ha motivado a la UNESCO a otorgar cada año el premio global “Guillermo Cano a la libertad de prensa”. La CIDH hizo y mantiene una maniobra opaca, una acción más cercana a contribuir a la inmerecida reputación del Estado Colombiano que a los estándares interamericanos de justicia, transparencia, reparación y garantías de no repetición. Ojalá se descubran los verdaderos intereses detrás de esta actuación.

La Comisión no solo hizo que se esfumara una expectativa de justicia para la familia Cano, el diario El Espectador, los 14 periodistas de este medio que han sido asesinados y para la sociedad colombiana que ha sido finalmente la mayor afectada por la falta de información producto de la violencia contra la prensa. La CIDH también impidió que el continente produjera a tiempo estándares que habrían resultado de gran utilidad para poner freno a la violencia contra periodistas. Hoy el hemisferio clama a gritos obligaciones perentorias y no simples recomendaciones para los Estados. México, Honduras, Guatemala, Brasil y Paraguay se suman al listado de países donde matar periodistas no tiene consecuencias. En Colombia, 47 periodistas han sido asesinados desde el día que la CIDH decidió meter en un cajón desconocido el caso de Guillermo Cano.

La CIDH está en Colombia por estos días en un periodo extraordinario de sesiones en el que puede hablar de todo, menos de Colombia. Sin embargo, nada nos impide hablar sobre ella y sea esta la oportunidad para preguntarle ¿Por qué no responde por el caso de Guillermo Cano?

Ojalá, con la misma fuerza con la que este organismo promociona la transparencia, brinden una respuesta. 

*Director ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP

Publicado en Opinión

El juez segundo penal especializado de Florencia, Caquetá condenó a Yean Arlex Buenaventura Barreto por el homicidio del periodista Luis Antonio Peralta en hechos ocurridos en febrero de 2015. El sentido del fallo fue conocido el día de ayer 14 de diciembre en audiencia pública celebrada en la misma ciudad.

La Fundación Para la Libertad de Prensa (FLIP), quien representa legalmente a los familiares de las víctimas, apoyó la teoría del caso presentada por la Fiscalía según la cual Buenaventura obró bajo la modalidad de sicariato y en concurso con otras personas aliadas para silenciar las denuncias periodísticas de Peralta.

Luis Antonio Peralta era un hombre de 63 años, casado y padre de 4 hijos. Se había dedicado por más de 40 años al periodismo. Era un periodista crítico y antes de su asesinato se realizó reportajes e investigaciones sobre temas relacionados con corrupción administrativa, contratación estatal y extracción de petróleo.

Peralta era la voz más escuchada en esa región, era director y periodista de la emisora Linda Stéreo, filial de Caracol en El Doncello, Caquetá, y se había convertido en un asiduo crítico de políticos y gobernantes locales. Allí el micrófono era el medio por el cual denunciaba las ilegalidades de corrupción en la región.

El 14 de Febrero de 2015 dos sicarios que se movilizaban en una moto asesinaron a Luis Antonio Peralta en El Doncello. Sofía Quintero, su esposa, se encontraba con Peralta en ese momento y también fue baleada. Días después, Quintero también murió en el hospital como consecuencia de las heridas.

La FLIP reconoce esta condena como un avance en la lucha contra la impunidad en los crímenes contra la libertad de expresión en Colombia. Así mismo, espera que la decisión del juez contribuya a la identificación y sanción de los demás autores materiales e intelectuales del crimen de Peralta, quienes se encuentran hoy en libertad.

Desde 1977 hasta la fecha han sido asesinados 154 periodistas en Colombia por razones de oficio. Solo en cuatro casos han sido condenados los autores intelectuales de estos crímenes.

Una vez conocido el sentido del fallo, el juez anunció que realizará la lectura de la sentencia condenatoria de Yean Arlex Buenaventura el 28 de enero de 2018.

Publicado en Noticias