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La FLIP tuvo conocimiento de que el 6 de agosto de 2019 Jineth Bedoya recibió varias llamadas y mensajes intimidantes provenientes de un número desconocido.
Paradójicamente, este mismo día la periodista fue galardonada con el Gran Premio Libertad de Prensa 2019 que otorga la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). Con este premio, según María Elvira Domínguez, presidenta de la SIP, buscan honrar la lucha de Bedoya y generar conciencia sobre los riesgos que sufren muchas las mujeres periodistas.
Teniendo en cuenta los hechos de los que ha sido víctima la periodista y que lo anterior se enmarca en un contexto de avances en la justicia nacional e interamericana en relación con este caso, esta es una situación que genera una alerta sobre su seguridad y el riesgo al que está expuesta Jineth Bedoya.
El 16 de enero de 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) notificó la aprobación de su informe de fondo por los hechos de los que fue víctima la periodista. En este informe la Comisión declaró la responsabilidad del Estado colombiano en los hechos cometidos contra Jineth Bedoya y dictó una serie de recomendaciones para la reparación de las víctimas.
Posteriormente, el 16 de julio, la CIDH decidió someter el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para que este tribunal determine la responsabilidad del Estado en el caso.
A nivel nacional, el 6 de mayo de 2019, el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Bogotá condenó a Jesús Emiro Pereira Rivera (alias 'Huevoepizca') a cuarenta años y seis meses de prisión, por los delitos de secuestro, tortura y violencia sexual. Por su parte, a Alejandro Cárdenas Orozco (alias 'JJ'), sobre quien ya pesaba una condena previa por secuestro y tortura por este mismo caso, se le impuso una pena de treinta años de prisión por el delito de acceso carnal violento.
Teniendo en cuenta lo anterior, la FLIP expresa su preocupación por la vida y la integridad de la periodista Jineth Bedoya Lima. Así mismo resalta la pronta respuesta de la Fiscalía General de la Nación, la Unidad Nacional de Protección y la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales en relación a este caso y espera que la respuesta sea igual de eficiente en otros casos. Es importante que estas entidades investiguen activamente los hechos y tomen prontamente las medidas que sean necesarias para garantizar la seguridad de los periodistas.
Washington, D.C. y Bogotá, D.C., 17 de julio de 2019
Tras culminar su análisis sobre las violaciones a los derechos humanos sufridas por la periodista Jineth Bedoya a partir del 25 de mayo de 2000, el 16 de julio de 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decidió presentar el caso de la periodista contra el Estado de Colombia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), el más alto tribunal de derecho humanos de la región.
En enero de este año, la CIDH ya había emitido su informe de fondo en el caso, declarando la responsabilidad del Estado colombiano y dictando recomendaciones para la reparación de las víctimas. Con esta nueva decisión, la CIDH no da más prórrogas al Estado para el cumplimiento de sus recomendaciones y somete el caso a la Corte IDH para que el tribunal determine la responsabilidad del Estado en el caso en el marco de las obligaciones internacionales de Colombia en relación con las mujeres periodistas en contextos de conflicto armado, las restricciones a la libertad de prensa y las dinámicas de impunidad en casos de violencia contra la mujer.
Esta decisión es un avance significativo en la lucha que por 19 años ha tenido que librar Jineth Bedoya Lima para acceder a la justicia y la verdad. Esta será la primera oportunidad en la que la Corte IDH se pronuncie sobre la situación de las mujeres periodistas en contextos de conflicto armado y la primera en la que estudie la responsabilidad de Colombia en un caso en el que el foco está en la violencia sexual. Así, el fallo que adopte la Corte no sólo tendrá efectos para el caso en concreto, sino que constituirá un precedente para todo el hemisferio.
La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), representantes en el caso, reiteran el llamado a la comunidad internacional a continuar con el acompañamiento en el caso. Además, También reconocen la constancia y la valentía con la que Jineth ha afrontado durante 19 años este proceso a pesar de la revictimización del Estado.
Contacto de Prensa
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Prensa CEJIL
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El pasado 1 de febrero, el Fiscal 6 Especializado contra Violaciones a los Derechos Humanos, a cargo de la investigación por los homicidios de Julio Daniel Chaparro y Jorge Enrique Torres, decidió hacer apertura de instrucción y llamado a indagatoria a Nicolás Rodríguez Bautista (alias “Gabino”), Israel Ramírez Pineda (alias “Pablo Beltrán”) y Eliécer Herlinto Chamorro (alias “Antonio García”), miembros del Comando Central del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Igualmente, se emitió orden de captura en su contra, con el fin de que comparezcan al proceso.
La decisión señala que la muerte de los periodistas “partió de la orden de Julio Lezcano alias Zarco quien comandaba las milicias de Segovia, orden que se infiere necesariamente desciende del Comando Central como una política nacida de la condición del enemigo”. La responsabilidad de los miembros del ELN se fundamentaría en que los homicidios finalmente se cometieron por órdenes provenientes del Comando Central de ese grupo armado.
Julio Daniel Chaparro, periodista, y Jorge Enrique Torres Navas, fotógrafo, fueron asesinados el 24 de abril de 1991, pocas horas después de arribar a Segovia (Antioquia), en donde realizaban un cubrimiento periodístico para el diario El Espectador, sobre el impacto de la masacre del 11 de noviembre de 1988 en la población.
Si bien la FLIP considera que esta decisión podría ser importante para romper con el patrón de impunidad que ha caracterizado este caso. En este punto vale la pena recordar que la investigación ha sufrido una serie de reveses desde sus inicios. Entre las falencias en el proceso de investigación, cabe señalar que dos de los autores materiales, Julio Lezcano y Ramiro Lezcano, permanecieron detenidos por rebelión y por el asesinato de los periodistas, entre el 19 de diciembre de 1991 y el 24 de mayo de 1994. Sin embargo, la Fiscalía delegada ante el Tribunal revocó la resolución de acusación contra los mencionados guerrilleros, dejándolos en libertad. Posteriormente, en 2011, en una decisión que resulta contradictoria, el fiscal actual reconoció la autoría material de Julio y Ramiro Lezcano, pero expidió resolución inhibitoria alegando la muerte de los presuntos autores materiales del crimen.
Igualmente, la FLIP lamenta que esta decisión se adopte después de 27 años de los homicidios, ya que desde el principio de la investigación se reconoció la autoría del ELN y de su Comando Central.
Este caso fue declarado como crimen de guerra en diciembre de 2018, lo que implica que la investigación deberá continuar hasta esclarecer por completo los hechos y responsabilidades por este doble homicidio. En este sentido, la FLIP hace un llamado a la Fiscalía General de la Nación para que se adelante una investigación efectiva que garantice mayores avances que los registrados en años anteriores.
En 2018 la violencia contra la prensa recrudeció. Desde que la FLIP lleva un registro amplio de los ataques a la prensa, nunca se había llegado a un número tan alto de agresiones contra periodistas. El fenómeno de violencia ha cambiado y aunque cada vez es menos letal, los ataques van en aumento, este año fueron 477, incluidos tres asesinatos.
Los agresores y las formas de censura son cada vez más diversas: actores ilegales que amenazan, secuestran y asesinan; funcionarios que obstruyen, estigmatizan y usan el aparato judicial para censurar; una fuerza pública que agrede y detiene ilegalmente, particulares que usan las redes sociales para acosar y amenazar; y un Estado que desprotege, no investiga y no garantiza justicia.
El secuestro y posterior asesinato del equipo periodístico del diario ecuatoriano El Comercio a manos del Frente Óliver Sinisterra enlutó al periodismo latinoamericano. Además, dejó en evidencia la indolencia de los Estados colombiano y ecuatoriano frente a un crimen atroz. A pesar de los avances de la Fiscalía colombiana en la captura de algunos implicados, los Estados no han aportado verdad y se han enfocado en evadir responsabilidades.
Las 200 amenazas contra periodistas en el 2018 encendieron las alarmas de la FLIP, de las autoridades nacionales y de embajadas y organizaciones internacionales que se manifestaron públicamente. En regiones como el Catatumbo, Tolima o Putumayo las amenazas incrementaron ostensiblemente y la respuesta de las autoridades ha sido insuficiente.
El programa de protección a periodistas del gobierno ha contribuído a la reducción de asesinatos, sin embargo, muestra sus limitaciones a la hora de implementar esquemas efectivos, preventivos y que tengan en cuenta medidas diferenciales. El Ministerio del Interior comenzó a implementar su Programa de Acción Oportuna y será el 2019 el año para evaluar los primeros resultados.
El 2018 demostró que los funcionarios públicos y los líderes políticos no se han interesado en garantizar un desarrollo del trabajo periodístico. Incluso, hay casos en los que algunos parecen considerar que la prensa es su enemigo, en lugar de un pilar fundamental de la democracia. El discurso público de líderes de filiación política diversa y autoridades en ejercicio han consolidado un clima de permisividad y justificación a los ataques contra la prensa.
En el 2018 se presentaron ocho proyectos de ley que pueden ser restrictivos al derecho a la libertad de expresión: controlar el uso de las redes sociales, revivir la tarjeta profesional, censurar contenido legítimo acusándolo de “íntimo”, bloquear contenidos en internet; establecen más riesgos para un ejercicio del periodismo libre. A esta lista se debe sumar la promoción del proyecto de ley TIC que otorga un poder excesivo al gobierno para que, directa o indirectamente, decida sobre el otorgamiento y la renovación de licencias de televisión y radio y castigue a sus operadores.
Por otro lado, es importante destacar algunos avances en asuntos de justicia. Se impuso la condena más alta en delitos contra la libertad de expresión en Colombia y se adoptaron decisiones trascendentales en casos que llevaban más de diez años sin resolverse. Sin embargo, estos avances contrastan con los niveles de impunidad que se mantienen.
La Fiscalía designó a un fiscal especializado para investigar las amenazas en Bogotá y ordenó el apoyo a fiscales seccionales para la investigación de algunas amenazas en otras partes del país. Además, implementó una línea telefónica única para la atención de amenazas. Como consecuencia de estos avances, varias personas han sido vinculadas a las investigaciones de la Fiscalía como posibles autores de estos delitos
Sin embargo, algunos de los casos más representativos en cuanto a violencia contra periodistas han sido objeto de dilaciones y retrocesos que obstaculizan seriamente la obtención de justicia. Incluso, se ha dejado en libertad a implicados en crímenes como tortura psicológica y secuestro a periodistas.
Por otra parte, algunas entidades públicas y funcionarios de elección popular han utilizado la pauta oficial para influir directamente en los contenidos de los medios de comunicación. La discreción en la asignación, la injerencia en las líneas editoriales y el autobombo son algunos patrones en el uso de la pauta oficial.
Esta realidad se presenta de cara al aniversario 20 de la muerte de Jaime Garzón. Este año representa grandes retos para que la memoria de Garzón se vea reflejada en una ciudadanía con más herramientas para debatir sobre asuntos de interés público.
En Colombia la mitad de los municipios no tienen medios de comunicación que publiquen informativos locales, lugares donde viven más de nueve millones de personas. Bajo este panorama, las autoridades, la ciudadanía, los medios de comunicación y la sociedad civil tenemos un reto muy grande no solo para enfrentar la violencia y la censura que se vive actualmente en el país, sino también para impulsar proyectos periodísticos en esa parte del país que vive en desiertos de información.
Este 11 de diciembre, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena a Ferney Tapasco González, exdirector del Partido Liberal en Caldas, a 36 años y tres meses de prisión por su participación como autor intelectual en el homicidio del periodista Orlando Sierra Hernández, subdirector del diario La Patria de Manizales. Tapasco había sido condenado en segunda instancia por el Tribunal Superior de Caldas el 24 de junio de 2015.
En su sentencia, la Corte Suprema de Justicia destacó que el homicidio contra Orlando Sierra se dio en razón de su labor como periodista. Al respecto la Corte señaló: “las amenazas que soportaba Orlando Sierra por razón de su actividad periodística son una realidad demostrada en el proceso, de las cuales, además, sabían las personas que lo acompañaban y compartían su trabajo, su vida familiar”.
A través de su columna “Punto de Encuentro”, Sierra realizó críticas a varios políticos de Manizales, entre los que se encontraba Ferney Tapasco. Sin embargo, la Corte determinó que fue Tapasco quien planeó el homicidio del periodista a través de múltiples declaraciones entre las que se encuentra la de Flavio Restrepo, a quién Orlando Sierra le había manifestado quién pretendía atentar contra su vida.
Para la condena también fueron determinantes los testimonios de personas cercanas al sicario que disparó contra Orlando Sierra. Al respecto, la Corte señaló que “el análisis conjunto de las pruebas revela la condición bajo la cual se le llamó a juicio, pues así fue reconocido por el jefe de sicarios que perpetró el homicidio y por personas del círculo cercano de éste, como Néstor Iván Arboleda Franco y Gustavo Adolfo López Aguirre”.
La Sala Penal modificó parte de la sentencia de segunda instancia al determinar que la condena contra los hermanos Fabio y Jorge López Escobar se haría en calidad de cómplices y no de coautores, como lo había establecido previamente el Tribunal.
Orlando Sierra fue asesinado el 30 de enero de 2002 cuando salía de La Patria. Luis Fernando Soto Zapata, el sicario que disparó contra el periodista, fue condenado en 2002 a 19 años de prisión por su participación material en los hechos. En 2007 salió de prisión, pero fue asesinado en 2008.
La Fundación para La Libertad de Prensa reconoce la importancia de esta decisión en la lucha contra la impunidad por crímenes contra periodistas. Además, hace un llamado a la Fiscalía General de la Nación para que avance en las investigación de los crímenes contra la prensa en Colombia, los cuales alcanzan graves niveles de impunidad.
Actualización:
El 25 de septiembre de 2019 la Corte Suprema de Justicia negó una acción de tutela interpuesta por Ferney Tapasco, por medio de la cual solicitaba se ordenara su libertad. Con la acción de tutela, Tapasco pretendía quedar en libertad aduciendo que al ser condenado por el Tribunal Superior de Manizales, no se le había garantizado el derecho a la doble instancia. La Corte Suprema negó esta solicitud considerando que no hubo una violación a sus derechos fundamentales pues contó con el recurso de casación para controvertir el fallo.
EL pasado 6 de diciembre se llevó a cabo una audiencia para evaluar las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a Javier Ortega, Efraín Segarra y Paúl Rivas, periodistas asesinados en abril de este año por parte de la disidencia Frente Oliver Sinisterra.
El Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), Fundamedios y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) expresan su respaldo al Equipo de Seguimiento Especial (ESE) del caso del secuestro y asesinato del equipo periodístico del diario El Comercio de Ecuador y a la CIDH por las investigaciones emprendidas.
Sin embargo, las organizaciones rechazan los alegatos de los Estados colombiano y ecuatoriano. Los dos Estados hicieron declaraciones irresponsables que revictimizan a los familiares del equipo periodístico y que significan un retroceso en la búsqueda de justicia y verdad en este caso. En sus alegatos los Estados no aportaron avances ni evidencia relevante en las investigaciones y, por el contrario, estuvieron dirigidos a evadir responsabilidades propias.
Este 3 de diciembre, el Fiscal 66 Especializado contra violaciones a los Derechos Humanos decidió declarar como crimen de guerra el homicidio de los periodistas Julio Daniel Chaparro y Jorge Torres, al determinar que el asesinato de los periodistas, ocurrido en 1991, se cometió en el contexto del conflicto armado y contra personas que ostentaban la calidad de personas protegidas por el Derecho Internacional Humanitario.
Esta decisión tiene un impacto importante en la lucha contra la impunidad ya que tiene como efecto principal la imprescriptibilidad del caso. Así, el Estado tendrá la obligación de proseguir la investigación hasta que haya un total esclarecimiento de los hechos y se haya sancionado a los responsables.
Julio Daniel Chaparro y Jorge Torres Navas fueron asesinados el 24 de julio de 1991, en el municipio de Segovia, Antioquia, por miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN). El homicidio de los periodistas del diario El Espectador se produjo mientras desarrollaban una investigación periodística de la masacre del 11 de noviembre de 1988 en la que fueron asesinadas 46 personas.
Desde febrero de 2018, la Fundación para la Libertad de Prensa es parte en el proceso en calidad de actor popular y desde entonces ha venido haciendo seguimiento de la investigación con el fin de contrarrestar los patrones de impunidad en este caso. Es así como la FLIP reconoce la importancia de esta decisión en orden a garantizar el derecho a la verdad, la justicia y la reparación en los crímenes cometidos contra los periodistas en el contexto de conflicto armado.
El 1 de noviembre, la Fiscal 53 Especializada contra Violaciones a los Derechos Humanos, asignada al caso de Guillermo Cano, decidió la apertura de instrucción y la vinculación de Jhon Jairo Velásquez Vásquez, alias Popeye, y Gustavo Adolfo Gutiérrez Arrubla, conocido como alias “Maxwell”, quienes fueron citados a indagatoria para escuchar su versión sobre los hechos.
Popeye y Maxwell fueron personas cercanas a la actividad delincuencial del Cartel de Medellín y de Pablo Escobar. Según testimonios recogidos en la investigación, Popeye hizo referencia al asesinato del periodista diciendo: “Matar a Guillermo Cano fue una vuelta fácil”. En cuanto a la participación de Gutiérrez, testigos lo señalan como: “una persona conocida con el alias de Maxwell, (...) y quien fue el encargado de desarrollar los trabajos de inteligencia en la ciudad de Bogotá, para el asesinato de diferentes personas, incluido el señor Guillermo Cano”.
El periodista fue asesinado el 17 de diciembre de 1986 por sicarios pertenecientes a la banda los Priscos, grupo criminal al servicio del Cártel de Medellín. En la investigación se ha encontrado que esta organización veía el trabajo periodístico de Guillermo Cano como una potencial amenaza para los intereses del narcotráfico en aquella época.
La FLIP se constituyó como actor popular dentro de este proceso en febrero de este año y ha venido haciendo seguimiento e impulso de las labores investigativas efectuadas por la Fiscalía con el fin de vincular a otros presuntos responsables. Por eso considera que la declaración de estos vinculados es un avance que reabre la oportunidad de lograr justicia en este caso
La FLIP resalta la labor de la fiscal quien, después de 32 años del homicidio del periodista, logra la vinculación de dos presuntos responsables. Así mismo, hace un llamado para que el Fiscal General de la Nación y la Vicefiscalía continúen comprometidos con el esclarecimiento de este caso y de otras agresiones contra periodistas que aún se mantienen en la impunidad.
Este 2 de noviembre, Día internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas, la FLIP reconoce los avances que se han dado en la búsqueda de justicia en crímenes contra la prensa. Sin embargo, es necesario que las autoridades del Gobierno trabajen exhaustivamente para condenar a los autores de estos ataques.
El primer paso para evitar la violencia contra la prensa es lograr justicia, y así lograr un efecto disuasorio para futuros agresores. Sin embargo, lamentablemente, en Colombia se ha posicionado la impunidad que incentiva la violencia. Las cifras son dramáticas: 126 casos de asesinatos a periodistas se mantienen en completa impunidad.
El caso de Orlando Sierra es el único de 158 asesinatos que no está en la impunidad, al haberse condenado a toda la cadena criminal. Solo en 28 casos se han dictado condenas contra autores materiales. Sin embargo, resulta aún más preocupante que los autores intelectuales parecen ser olvidados por la justicia: tan sólo en tres casos se ha alcanzado condenas de los cerebros de los asesinatos. Adicionalmente, durante 2018 prescribieron cuatro casos, y varios están próximos a quedarse en la impunidad perpetua.
El problema de la impunidad se repite para otros tipos de violencia. Las amenazas, motivadoras de exilios y autocensura, se mantienen impunes en cerca del 99% de los casos. Esto es especialmente preocupante al considerar que al día de hoy, con dos meses restantes para terminar el año, la FLIP ha documentado 183 amenazas contra 240 periodistas. Este año, la FLIP y diecinueve embajadas y organizaciones expresaron su preocupación por el aumento de las amenazas durante 2018.
Es necesario que la justicia avance prontamente en la investigación y solución de estos casos. En agosto de este año, la FLIP y AMI (Asociación Colombiana de Medios Informativos) se reunieron con el Fiscal General de la Nación, el Ministro de Interior, el Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo, el Director de la Unidad Nacional de Protección y la Ministra del Interior designada y vocera de la comisión de empalme del gobierno del presidente electo, quienes expresaron su preocupación por el aumento de las amenazas y por la situación de la prensa regional. En dicha reunión, todos ellos hicieron una declaración contra la impunidad: se comprometieron a impartir instrucciones para garantizar el pleno trabajo periodístico y acordaron trabajar de manera coordinada para prevenir, investigar y sancionar a los responsables de la violencia.
Ha habido algunos progresos destacables por parte de la Fiscalía en varios casos de amenazas y extorsiones. Además, el Equipo de Seguimiento Especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para las investigaciones del asesinato de Paúl Rivas, Javier Ortega y Efraín Segarra, equipo periodístico del diario El Comercio de Ecuador, ha resaltado los avances de la institución en la captura y judicialización de al menos tres presuntos autores de los crímenes.
Sin embargo, son necesarios más avances. La FLIP hace un llamado a estas instituciones para que honren sus compromisos y trabajen coordinadamente, ya que su acción es esencial para lograr una verdadera prensa libre.
Es importante resaltar que este año se consiguieron algunas decisiones importantes que avanzan en la consecución de justicia y verdad para las víctimas y sus familias. En el caso del periodista Nelson Carvajal, por primera vez en su historia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos hizo a un Estado responsable por el asesinato de un periodista por razón de su oficio. Además, la justicia administrativa encontró al Estado responsable por el asesinato del periodista y abogado Edison Molina. Este año también se obtuvo la condena más alta jamás dada en Colombia por el asesinato de un periodista, en el caso Luis Antonio Peralta. Finalmente, José Miguel Narváez fue condenado a treinta años de prisión por el asesinato de Jaime Garzón.
La FLIP espera que la misma justicia sea encontrada para otros casos y ratifica su compromiso con las víctimas y sus familias en la lucha contra la impunidad en los crímenes contra la prensa. Durante el día de hoy la FLIP compartirá algunos de los casos de asesinatos, amenazas y otros crímenes que continúan en la impunidad para generar una reflexión profunda en la búsqueda de justicia.
La violación, la tortura y el secuestro que sufrió la periodista Jineth Bedoya el 25 de mayo del 2000 fueron el comienzo de una pesadilla de la que aún no despierta: “Llevo casi 19 años siendo violada todos los días”, dice. Y se refiere a la impunidad que ha rodeado su caso todo este tiempo.
El proceso judicial se ha caracterizado por investigaciones insuficientes, retrasos inexplicables y obstáculos procesales que han impedido llegar a toda la cadena de implicados en el hecho. Según la periodista, peor que la violación ha sido el después: “Te siguen violando todos los días cuando no te creen; cuando te revictimizan y te obligan a sentarte frente a tu victimario; cuando la justicia no es operante; cuando la gente no cree en tu testimonio; cuando se va a centenares de audiencias y no pasa nada”.
Bedoya no ha logrado justicia. Todavía recibe amenazas constantes por su trabajo como periodista y también por su labor como activista por los derechos de las mujeres que han padecido abuso sexual.
Hoy, Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, es preciso recordar este caso por su doble condición: crimen contra la libertad de expresión y la marcada violencia de género. Ese 25 de mayo se intentó callar y amedrentar a la periodista por revelar las irregularidades de la cárcel La Modelo.
Entre 2000 y 2011 el caso estuvo prácticamente archivado por el fiscal. Su labor se centró en investigar la vida privada de Jineth Bedoya y no los móviles del crimen o la responsabilidad de sus victimarios. Así se perdieron los años más valiosos de la investigación. “El fiscal no tuvo la diligencia ni la voluntad de sacar adelante el proceso. Probablemente porque en Colombia la violencia sexual es un delito menor, incluso con menos importancia que un robo”.
En 2011, después de años de inactividad procesal, se asignó el caso a una nueva fiscal y solo hasta 2012 se vinculó a tres paramilitares como responsables. Estos avances no necesariamente deben atribuirse a la fiscalía, sino, más bien, a la “colaboración” de los paramilitares que confesaron a cambio de beneficios procesales. Según Pedro Vaca, director de la Fundación para la Libertad de Prensa, se trata de una justicia confesional y no de una que se derive de un esclarecimiento pleno de los hechos.
A la fecha se ha vinculado a varias personas y hay dos condenados: Mario Jaimes Mejía (alias El Panadero) y Alejandro Cárdenas Orozco (alias J.J.). Ambos se acogieron a un beneficio que contempla la Ley Penal, conocido como “sentencia anticipada”. Jaimes Mejía aceptó su responsabilidad en los tres cargos que le imputaron y recibió una condena de 28 años de prisión. Cárdenas Orozco aceptó cargos de secuestro y tortura, pero no de violencia sexual, por esto su responsabilidad penal no se ha definido.
El tercer paramilitar es Jesús Emiro Pereira (alias Huevoepizca), quien tiene detención preventiva por el caso de Bedoya, y además está detenido por otros delitos. La defensa de Pereira busca su libertad provisional y está pendiente un recurso de apelación donde el tribunal decidirá si continúa detenido o sale en libertad. La FLIP, como representante de la periodista, teme que el tribunal considere la segunda opción.
“Esas condenas”, dice Bedoya, “son el producto de mi persistencia, gracias al apoyo de la FLIP y otras personas”. Sin embargo, la periodista ha dicho que estas detenciones y sentencias no se pueden mostrar como una acción efectiva y reparadora de la justicia, porque se trata solo de los dos eslabones más débiles de una gran cadena de corrupción, mientras los autores intelectuales siguen sin ser mencionados.
Desde agosto de 2017 la defensa espera la sentencia que decida, de forma definitiva, la responsabilidad de los mencioandos paramilitares por los distintos crímenes cometidos en el 2000. Pero se siguen sumando días y meses de espera.
El caso ha tenido cinco fiscales. El primero estuvo desde que ocurrieron los hechos hasta 2011, y fue la etapa menos productiva de la investigación. Desde 2011 se han asignado cuatro fiscales mujeres. Cada vez que un fiscal nuevo toma el caso debe leer el expediente en la Fiscalía. Son 30 cuadernos de 400 folios: unas doce mil páginas en total.
Según Pedro Vaca, solo desde mediados de 2017 la fiscalía está avanzando hacia los los otros niveles de responsabilidad. Es decir, establecer la autoría intelectual de los hechos: “Han comenzado a hacer su trabajo en el momento en el que es más difícil y dispendioso”. Vaca celebra que se retomen líneas de investigación en las que no se había avanzado desde las primeras pistas aparecidas en 2007. Y una de estas líneas es la que involucra a funcionarios públicos como cómplices, incluidos funcionarios del INPEC.
A esto se suma otro proceso, también demorado: el caso se presentó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2011, pero solo fue admitido hasta 2014. Desde 2015, los Relatores de Libertad de Expresión de la CIDH han dicho que este es un caso priorizado, pero todavía no está en la agenda la discusión sobre una decisión de fondo. “A veces siento que la CIDH terminó siendo igual de revictimizante que el Estado colombiano. Y lo digo con todo respeto, porque creo que hacen un muy buen trabajo en defensa de los derechos humanos, pero en mi caso no lo he sentido así”, dice Bedoya.
Ella siente que la CIDH la ha dejado en un vacío: “Hemos hecho hasta lo imposible para que entiendan que esto no solo es el caso de Jineth Bedoya. Es lo que afrontan centenares de mujeres en todo el hemisferio”.
La solicitud concreta ante la CIDH es que el Estado colombiano sea juzgado internacionalmente en este caso, porque varios de sus agentes pudieron estar vinculados en los hechos. El Estado no brindó protección a la reportera, aunque había denunciado amenazas previas al secuestro y había sufrido un atentado un año antes. El Estado, por último, tiene la obligación de brindar justicia y no lo ha hecho.
La CIDH tiene una gran oportunidad para sentar un precedente: se trata, al mismo tiempo, de un caso de violencia de género y el único ante el sistema interamericano que trata el tema de libertad de expresión. Una resolución de la CIDH podría dar un mayor impulso a las investigaciones a nivel nacional y hacer visibles las deficiencias que existen en algunas estructuras del Estado; sobre todo en el tiempo de respuesta.
Después de que la CIDH emita este pronunciamiento pueden ocurrir dos cosas: el caso se archiva, o pasa a la Corte Interamericana para que se juzgue al Estado. Bedoya no se amilana: “Si la justicia de este país no asume su responsabilidad frente a los victimarios, tenemos una última instancia que es la Corte Penal Internacional. No voy a desfallecer en ese propósito, ni para mí, ni para ninguna de las miles de mujeres violadas en Colombia”.
En 2012, la Fiscalía calificó este caso como un crimen de lesa humanidad, lo cual refuerza el deber internacional del Estado de investigar y sancionar a todos los responsables. Pero la espera se extiende como una agonía larga. “La impunidad va a ser siempre una segunda violación y una segunda muerte. Y cuando las tienes que cargar todos los días, lo único que te queda es pensar cómo vivir esa agonía, si llevarla con rabia, o como algo positivo que pueda transformar la vida de alguien”, dice Bedoya.
La periodista sabe que la impunidad padecida no es una excepción. Para muestra ofrece este dato: de los 136.000 sindicados que se llevaron a la justicia, solo hay cinco condenas por violencia sexual. “Yo no dejo de creer en la justicia, porque si no creyera, no tendría mi proceso adelante. Pero sí soy muy clara frente a lo que la justicia nos ha dado a las mujeres en Colombia”.
Para ella, solo habrá justicia cuando se esclarezcan los hechos. “Creo que ya no me importa si están cien, veinte o un año en la cárcel. Lo que me importa es que se conozca la verdad. Si no va a haber un escarmiento ante la justicia, creo que el peor escarmiento es el social: que esta sociedad conozca qué hubo detrás del secuestro de Jineth Bedoya. Eso me daría tranquilidad”.
La reportera y editora ha expuesto su caso en el Parlamento Europeo, en el Parlamento Británico, en la Casa Blanca y en el Congreso de los Estados Unidos. Ha recibido premios como el que entrega cada año el Departamento de Estado de los Estados Unidos, Mujeres de Coraje. Además, lidera la campaña de Intermon Oxfam, No es hora de callar, que invita a las mujeres víctimas de violencia sexual a denunciar estos crímenes. Su voz se ha vuelto relevante e influyente, pero no ha sido suficiente para conseguir justicia y reparación.
Las amenazas contra la periodista continúan, y aunque agradece el esquema de protección que le brinda el Estado, es urgente investigar de dónde viene el intento de coacción para desactivar el riesgo. Entre toda la negligencia oficial durante estos años, Bedoya piensa que la peor de todas radica en las amenazas, porque no han cesado en estos 18 años.
“Yo aprendí que lo normal era estar amenazada”, dice resignada. Bedoya ha visto afectada su salud, por la gran angustia que le generan estos hechos. “Si esto pasa conmigo que puedo hablar directamente con el fiscal general, qué puede esperar el resto de las mujeres, a quienes ni siquiera les reciben la denuncia”.
A pesar de todo, Jineth Bedoya no se deja amedrentar en su trabajo como periodista o como activista por los derechos de las mujeres: “Esto ya no es por mí, yo solo soy un referente que aglutina miles de nombres”.
“La violencia sexual nunca se supera. Es un dolor con el que uno aprende a vivir. Además de las secuelas emocionales, están las físicas. Nadie imagina cómo ha afectado mi salud todo lo que ocurrió. A veces, cuando estoy tan enferma como lo he estado en los últimos meses, pienso que esto es como el bono adicional que traía la violación. Te dañan el cuerpo, te dejan marcada, te dañan espiritualmente. Pero, además, después de casi 19 años, tienes que seguir sufriendo las secuelas de salud que deja ese hecho. Y te llenas de rabia y de impotencia porque son cosas muy difíciles de llevar. Toca agarrarse de algo para seguir viviendo. Pero hay días que no quisiera seguir viviendo. Hay días que desisto cien por ciento porque es muy difícil. A todas las mujeres les pasa eso. Hay mujeres que quedan con el útero destrozado; mujeres que nunca pueden ser madres, como yo. Hay mujeres que nunca pueden volver a tener una relación y a sentir que tienen el derecho a ser amadas. Hay mujeres que no consienten que las vuelvan a tocar. Eso es matarte en vida. Es lo que logra la violación”.
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