Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP

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El 1 de noviembre, la Fiscal 53 Especializada contra Violaciones a los Derechos Humanos, asignada al caso de Guillermo Cano, decidió la apertura de instrucción y la vinculación de Jhon Jairo Velásquez Vásquez, alias Popeye, y Gustavo Adolfo Gutiérrez Arrubla, conocido como alias “Maxwell”, quienes fueron citados a indagatoria para escuchar su versión sobre los hechos.

Popeye y Maxwell fueron personas cercanas a la actividad delincuencial del Cartel de Medellín y de Pablo Escobar. Según testimonios recogidos en la investigación, Popeye hizo referencia al asesinato del periodista diciendo: “Matar a Guillermo Cano fue una vuelta fácil”. En cuanto a la participación de Gutiérrez, testigos lo señalan como: “una persona conocida con el alias de Maxwell, (...) y quien fue el encargado de desarrollar los trabajos de inteligencia en la ciudad de Bogotá, para el asesinato de diferentes personas, incluido el señor Guillermo Cano”.

El periodista fue asesinado el 17 de diciembre de 1986 por sicarios pertenecientes a la banda los Priscos, grupo criminal al servicio del Cártel de Medellín. En la investigación se ha encontrado que esta organización veía el trabajo periodístico de Guillermo Cano como una potencial amenaza para los intereses del narcotráfico en aquella época.

La FLIP se constituyó como actor popular dentro de este proceso en febrero de este año y ha venido haciendo seguimiento e impulso de las labores investigativas efectuadas por la Fiscalía con el fin de vincular a otros presuntos responsables. Por eso considera que la declaración de estos vinculados es un avance que reabre la oportunidad de lograr justicia en este caso

La FLIP resalta la labor de la fiscal quien, después de 32 años del homicidio del periodista, logra la vinculación de dos presuntos responsables. Así mismo, hace un llamado para que el Fiscal General de la Nación y la Vicefiscalía continúen comprometidos con el esclarecimiento de este caso y de otras agresiones contra periodistas que aún se mantienen en la impunidad.

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La FLIP expresa su preocupación por la situación de seguridad de los periodistas Alberto Castaño y María Lourdes Zimmermann, quienes tuvieron que abandonar el país en junio de este año. La Fundación le hace un llamado a las autoridades colombianas para que atiendan este caso con celeridad y dispongan de las medidas necesarias para proteger a los reporteros.

El primero de marzo de 2018, Alberto Castaño recibió una amenaza proveniente de la cuenta anónima de Twitter @RodrigoDuet8. En el trino le enviaron la siguiente intimidación al reportero: “@MONOCASTAO Abrite de acá con tus denuncias, pirobo, dejá explotar la naturaleza que pa eso es, capitalismo siempre. Ayer te vimos pagando en la Comercial Papelera, cuidado sigues azarando el parche".

Castaño recibió esta amenaza luego de publicar un informe en los portales Natural Press y mongabay.com en el que denunció el asesinato de líderes ambientales, indígenas, afrodescendientes y campesinos en Colombia. Adicionalmente, el periodista estaba adelantando una investigación sobre deforestación y quemas de bosque en los departamentos de Guaviare y Meta.

Posteriormente, el 14 de marzo mientras Castaño estaba entrevistando a una fuente en un café al norte de la ciudad, un desconocido se sentó en la mesa de al lado y se acomodó un arma que llevaba en la cintura mientras los miraba. Minutos antes, el hombre pasó muy cerca de la mesa donde estaba el periodista y revisó con detalle un mapa en el que estaban trabajando Castaño y su fuente.   

Luego, el cinco de mayo, mientras el periodista iba en su carro fue interceptado por un desconocido en una motocicleta sin placas que llevaba un arma de fuego en la cintura. El agresor se detuvo al lado del vehículo del periodista y le dijo: “entonces qué?, periodista hijueputa, seguís azarando el parche y te vamos a pelar”. Días después, el reportero y su familia fueron víctimas de otros seguimientos en un centro comercial al norte de la ciudad.

Luego de que se produjo la intimidación, el 2 de marzo la FLIP le solicitó a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que iniciara el estudio de riesgo del periodista para determinar las medidas de protección que garantizaran su seguridad. Sin embargo, Castaño asegura que la entidad nunca se comunicó con él y, por esta razón, el 18 de junio el reportero decidió irse del país con su familia. El 19 de julio, la Fundación le envió una solicitud de información a la UNP para conocer el estado del estudio de riesgo del periodista, pero hasta la fecha de esta publicación no ha recibido respuesta.

A pesar de su salida del país, Castaño y María Lourdes Zimmermann, quien también es periodista, continúan recibiendo intimidaciones por sus publicaciones sobre problemáticas ambientales. El pasado sábado 11 de agosto, desconocidos ingresaron ilegalmente a la cuenta personal de Facebook de la periodista y publicaron una imagen de un oso bañado en pintura roja en una foto en la que la reportera aparecía con su familia. Adicionalmente, durante los días siguientes la reportera recibió notificaciones de alerta por intento de falsificación de las claves de sus cuentas de correo electrónico.

 

La FLIP le solicita a la Fiscalía General de la Nación que inicie las investigaciones sobre estos hechos para dar con el paradero de los responsables.  Las sanciones judiciales en este tipo de situaciones son un precedente importante que contribuye a disuadir la ocurrencia de nuevas violencias contra la prensa. Así lo ha dispuesto la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe sobre Violencia contra periodistas y trabajadores de Medios: “Para prevenir la violencia contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación es indispensable que el ordenamiento jurídico sancione estas conductas de manera proporcional al daño cometido”.

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El 15 de agosto desconocidos robaron un computador del equipo periodístico de Rutas del Conflicto. El equipo contenía información altamente sensible sobre víctimas en actuales procesos de restitución de tierras. Una situación similar se presentó en abril de 2017 en las instalaciones de la Fundación Fahrenheit 451, donde se robaron dos computadores y una tablet. Según los videos de seguridad que registraron lo sucedido en cada lugar, los responsables en ambos casos serían las mismas personas. 

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) expresa su preocupación por estos robos y hace un llamado a las autoridades para que determinen si se trata de un ataque sistemático por parte de los agresores para acceder a información sensible.

El robo a Rutas del Conflicto tuvo lugar el pasado miércoles 15 de agosto, durante el lanzamiento del proyecto “Tierra en Disputa” en Bogotá. Durante el evento, desconocidos robaron uno de los computadores del equipo periodístico, que contenía información sensible de las fuentes de información, investigaciones realizadas por los miembros del portal web y datos personales de los periodistas de la redacción. 

Según los reporteros y las evidencias del video de seguridad aportado por las organizaciones, los responsables de los robos serían un hombre y una mujer que se hicieron pasar como asistentes al evento. Luego de que la desconocida distrajo la atención del equipo periodístico, el hombre tomó el computador que estaba en una mesa cerca a la salida y abandonó el lugar en pocos segundos. 

De igual modo en abril de 2017, durante un conversatorio público organizado por la Fundación Fahrenheit 451, un hombre y una mujer ingresaron al evento y hurtaron dos computadores y una Tablet, en los que había información periodística de su director Javier Osuna, quien desde 2014 ha sido víctima de amenazas, robos y daños a equipos electrónicos por su trabajo investigativo en Norte de Santander.    

Durante el proceso de documentación, la FLIP encontró inusuales similitudes en la forma de operar de los agresores. Luego de contactar a las dos organizaciones, fue posible identificar que en ambos robos participaron una mujer y un hombre con características físicas similares. La evidencia más importante es un gesto particular que hace uno de los ladrones cuando simula estar atendiendo una llamada en el momento del robo:

Fotograma del robo a la Fundación Fahrenheit 451 Fotograma del robo a Rutas del Conflicto

El fotograma de la izquierda fue captado el día del robo en la Fundación Farhenheit 451. El de la derecha corresponde al día del robo a Rutas del Conflicto. En ambas fotografías es posible identificar una postura particular del agresor cuando sujeta con su mano izquierda el teléfono móvil mientras simula atender una llamada. 

Las dos organizaciones afectadas también notaron similitudes en la forma de operar de los agresores, quienes se acercaron a los organizadores de los dos eventos, se ganaron su confianza para distraerlos y posteriormente cometieron el hurto. Adicionalmente, en los dos robos había más elementos de valor de fácil acceso que fueron ignorados por los ladrones. 

Horas después de que se cometieran ambos robos, las dos organizaciones recibieron una alerta de intento de ingreso a la cuenta de correo electrónico de Javier Osuna y al administrador de contenidos de Rutas del Conflicto.

Para la FLIP es indispensable que la Fiscalía establezca si existe una relación entre ambos hechos más allá de haber sido cometidos por las mismas personas y el haber obtenido en ambos casos información periodística altamente sensible.

Según la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: “la protección de las fuentes periodísticas es una de las condiciones básicas para la libertad de prensa. (…) La ausencia de esa protección podría disuadir a las fuentes de colaborar con la prensa para informar a la población sobre asuntos de interés público.”    

 

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La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza las amenazas contra periodistas y medios de comunicación nacionales.

El pasado 4 de septiembre la senadora Aída Avella publicó a través de su cuenta de Twitter una fotografía de un panfleto firmado por las Águilas Negras en el que se amenaza a un grupo de periodistas, parlamentarios y defensores de derechos humanos. Entre los reporteros mencionados están Daniel Coronell, columnista de Semana; el caricaturista Julio César González, conocido como “Matador”; Jineth Bedoya, periodista de El Tiempo y el medio de comunicación La Silla Vacía.

En el sufragio que ha circulado a través de redes sociales, los periodistas son señalados de ser miembros de la guerrilla y en consecuencia son declarados “objetivo militar”: “Para nuestra organización no existe ningún esquema de seguridad que nos impida proceder y acabar con cada uno de estos guerrilleros (…) a partir de la fecha procederemos a la ejecución total de nuestras advertencias”.

Entre 2016 y 2018 se han documentado 14 amenazas contra la prensa firmadas por las Águilas Negras. Siete de estos casos se han presentado en lo corrido del 2018.

La FLIP hace un llamado a la Fiscalía General de la Nación para que investigue con celeridad esta amenaza. Las sanciones judiciales en este tipo de situaciones son un precedente importante que contribuye a disuadir futuros hechos de violencia contra la prensa.

La Fundación le solicita a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que otorgue las medidas de protección adecuadas para salvaguardar la vida de los periodistas.

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En las últimas horas del miércoles 1 de agosto los periodistas Valentín Tezada y Jairo Calderón fueron asesinados en Cauca y Valle del Cauca. El periodismo del suroccidente del país perdió dos voces en una misma noche.

Valentín Tezada Rúa se desempeñaba como locutor en la emisora comunitaria Salvajina Estéreo, del municipio de Suárez, Cauca. Desde hace más de trece años, Tezada trabajaba como comunicador en el municipio. Harold Ambuila, director de Salvajina Estéreo, afirmó a la FLIP que el locutor trabajaba en programas musicales.

Jairo Calderón Plazas era el director de la revista digital Contacto. El medio es una guía comercial y cultural del municipio de Tuluá, Valle del Cauca. Años atrás había trabajado como camarógrafo en el canal de televisión local Tuluá Centro Televisión. Carlos Guillermo Palomino, presidente de la Asociación de Periodistas y Líderes de Opinión de Tuluá, informó a la FLIP que la revista Contacto había tenido una edición impresa pero que actualmente publicaba en línea.

Los dos comunicadores fueron asesinados en la noche del miércoles 1 de agosto en circunstancias que aún no son claras. Según la información publicada por medios nacionales, Tezada recibió una llamada y salió a encontrarse con una persona a quien las autoridades aún no identifican. En un  parque cercano, le dispararon con arma de fuego. Por su parte, según la información que brindó el Mayor Julio Fernando Mora, comandante de Policía de Tuluá, Jairo Calderón se desplazaba en una motocicleta con su esposa, cuando dos hombres que se movilizaban en motocicleta le dispararon. Jairo acababa de firmar un documento relacionado con el alquiler de la moto que conducía.

Los dos homicidios se presentaron en municipios que han sido golpeados por la violencia. Suárez está ubicado en el norte del departamento del Cauca, en una región con alta extracción artesanal de oro. Además, esta región ha sido escenario para el desarrollo de cultivos ilícitos administrados por actores ilegales. Por su parte, Tuluá  está ubicada en el centro del Valle del Cauca y durante años el delito con mayor impacto ha sido el asesinato. Según cifras publicadas por el diario El País, solo en junio de este año se registraron 8 asesinatos en Tuluá, lo que representa una disminución del 20% en comparación a junio del 2017.

Estos escenarios pueden implicar riesgos para el desarrollo periodístico, en especial, si se tiene en cuenta el actuar de los distintos actores ilegales que consolidan un ambiente extremadamente hostil para el ejercicio de la libertad de expresión. En estas regiones la seguridad de periodistas es aún más frágil que en el resto del país, especialmente si se tiene en cuenta que cualquier manifestación de opinión de temas de interés puede ponerlos en riesgo frente a los actores que delinquen en el territorio.

Por lo anterior, la FLIP considera que la Fiscalía General de la Nación debe incluir dentro de sus investigaciones la hipótesis de que estos crímenes podrían estar relacionados con el oficio. La FLIP presentará solicitudes formales a los fiscales en tal sentido.

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En la tarde de ayer, 2 de agosto, la Asociación Colombiana de Medios Informativos (AMI) y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) se reunieron con Guillermo Rivera, Ministro del Interior; Néstor Humberto Martínez, Fiscal General de la Nación; Fernando Carrillo, Procurador General de la Nación; Carlos Alfonso Negret, Defensor del Pueblo; Diego Mora, director de la Unidad Nacional de Protección; y Nancy Patricia Gutiérrez, Ministra del Interior designada y vocera de la comisión de empalme del presidente electo Iván Duque. En el encuentro, se analizó el ambiente hostil para la prensa en el país y se llegó a varios compromisos.

A través de un comunicado conjunto, las autoridades nacionales rechazaron la violencia contra los periodistas y se comprometieron con promover una prensa libre. También expresaron su preocupación por la situación en las regiones del país y acordaron dar instrucciones a las delegaciones territoriales de los órganos de control para garantizar las condiciones para el pleno desarrollo del trabajo periodístico.

Lea el comunicado completo aquí.

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La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- condena las nuevas amenazas en contra de Katherine Leal y Juan Pablo Latorre, periodistas de RCN Radio.

El pasado sábado 28 de julio la periodista Leal recibió varias llamadas en las que un hombre que se identificó como alias “el aguapanelero” la amenazó de muerte. El hombre, quien se identificó como un paramilitar recluido en la cárcel La Picota, le dijo que acababa de ser declarada “objetivo militar”.

El desconocido le dio información detallada a Leal acerca de su lugar de residencia y de su trabajo. Además, le ordenó renunciar al aire en un plazo máximo de 72 horas. El hombre sentenció: “Por hablar de falsos positivos te va a ir mal. No debiste abrir la boquita para hablar de falsos positivos”. La periodista afirma que en la emisora no ha tratado el tema de ejecuciones extrajudiciales.

Durante la llamada a Leal, el desconocido también mencionó al también periodista Juan Pablo Latorre. Las amenazas en contra de los reporteros de RCN Radio han sido reiterativas en las últimas semanas. El 19 de julio Luis Carlos Vélez, director de La Fm, reportó una amenaza en su contra a travé de redes sociales. Tres días antes, el 16 de julio, Latorre, Jorge Espinosa y Yolanda Ruíz habían recibido otras amenazas a través de una llamada telefónica. En junio, los periodistas de RCN Radio en Bucaramanga también recibieron llamadas amenazantes.

La FLIP reconoce que entidades como la Unidad Nacional de Protección -UNP- y la Fiscalía General de la Nación han reaccionado parcialmente ante el reciente incremento de las amenazas a periodistas en Colombia. Esta reacción es perceptible en los casos que afectan a medios de comunicación de alcance nacional. Sin embargo, aún falta mejorar la respuesta estatal en los casos de periodistas que están en territorios. La respuesta del Estado ha sido insuficiente frente a la dimensión del fenómeno. La FLIP continuará exigiendo diligencia y agilidad en las investigaciones para dar con los responsables de estas amenazas.

La FLIP advierte que tanto la Unidad Nacional de Protección, como la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio del Interior ya tienen pleno conocimiento de las circunstancias que rodean estas amenazas reiteradas contra el equipo de RCN Radio. 

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El juzgado 17 administrativo de Medellín declaró al Estado responsable por el incumplimiento de la obligación de seguridad y protección del derecho a la vida del periodista y líder de oposición, Edison Alberto Molina Carmona, asesinado el 11 de septiembre de 2013, en Puerto Berrio, Antioquia. La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) reconoce este fallo como un importante paso hacia una mayor garantía de la seguridad para la prensa en Colombia.

En dicha sentencia se reconoce que Molina ejercía actividades periodísticas y que, como consecuencia de su labor y de su rol como líder de oposición, habría sido objeto de amenazas que no fueron atendidas por el Estado de forma oportuna, y en particular por la Policía Nacional al ejecutar tardía y deficientemente su labor de protección.

Según la sentencia, la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional son responsables no solo por el “conocimiento que se tenía del peligro latente sobre la vida del señor MOLINA CARMONA, sino porque existía de un lado solicitud de protección de parte de autoridades en favor del denunciante, y en el caso de la Fiscalía General, porque a pesar que pidió medidas preventivas a la Policía, desconoció por otro lado el deber constitucional y legal, que sobre el particular le asistía".

Como consecuencia de ello, el juez ordenó reparar económicamente a la familia del periodista, representada por la FLIP,  y realizar una ceremonia pública en Puerto Berrío en la que se ofrezcan disculpas a los familiares y la sociedad y que se realice un taller de derechos humanos, con énfasis en libertad de expresión y garantías de la oposición, entre otros temas, en ese mismo municipio.

La FLIP reconoce esta sentencia como un precedente importante para la protección y seguridad del periodismo en Colombia, pues se refiere a la obligación del Estado de prestar protección oportuna y efectiva a los periodistas en riesgo. Adicionalmente, la FLIP hace un llamado a la Fiscalía General de la Nación para que actúe con mayor diligencia frente a este caso, pues no cuenta con ningún avance y está en completa impunidad.

 

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La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza las agresiones de las que fueron víctimas Cristian Garavito, fotógrafo de El Espectador, y César Flechas, periodista de Caracol Radio, por parte de un hombre cercano a los implicados en el caso Fonade.

En la mañana del miércoles 25 de julio se llevó a cabo la audiencia de imputación de cargos en contra de siete personas vinculadas al caso de corrupción del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade). Después de finalizada la diligencia, a la 1:15 p.m., un hombre que acompañaba el desplazamiento de uno de los implicados empujó y siguió a Cristian Garavito a las afueras del complejo judicial de Paloquemao. Luego, cuando el fotorreportero se acercó a tomar más fotografías del detenido, el hombre lo golpeó con una rama ocasionándole lesiones en su brazo.

César Flechas grabó la agresión con su teléfono celular e intentó mediar para que el hombre dejara de agredir al fotógrafo. Cuando este notó que estaban registrando la situación le quitó el celular al periodista violentamente en dos ocasiones. Además, intentó golpearlo en la cara.

La FLIP rechaza esta agresión y llama la atención a los agentes del CTI que estaban custodiando a los detenidos. La FLIP exige al CTI que garantice el ejercicio periodístico y evite estas agresiones durante los procesos en los que está a cargo.

La FLIP invita a la Fiscalía a que acompañe a los periodistas en el proceso de la eventual denuncia por lesiones personales u otros posibles delitos y espera que se realicen las investigaciones pertinentes para sancionar al agresor.

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En la tarde del lunes 25 de junio, Néstor Humberto Martínez, Fiscal General de la Nación, confirmó la identidad de los cuerpos hallados el pasado jueves en Tumaco, Nariño. Según él, los cuerpos pertenecen al reportero Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra, integrantes del equipo periodístico del diario ecuatoriano El Comercio. Las organizaciones firmantes extienden su solidaridad con las familias de las víctimas.

El pasado 21 de junio, a través de Twitter, el presidente Juan Manuel Santos afirmó: “Me informan que encontramos unos cadáveres que pueden corresponder a los cuerpos de los 3 periodistas secuestrados y asesinados por alias 'Guacho'. Estamos verificando su identidad. Reitero mis condolencias a sus familias y repudio por tan atroz crimen”, dijo. El Gobierno desplegó al Gaula de la Policía y a comandos especiales en un operativo que encontró los cadáveres en una fosa rodeada por minas antipersona. Caracol Noticias afirmó que un militante de las disidencias capturado habría dado las coordenadas del lugar donde estaban enterrados los cuerpos.

La entrega de los cuerpos a sus familias permite a sus allegados despedirse de manera digna y comenzar por fin una etapa de duelo. Adicionalmente, el hallazgo permite a los Estados y a la sociedad en su conjunto tener información más amplia que pueda contribuir al esclarecimiento de los hechos que rodearon el secuestro y posterior asesinato de los trabajadores de El Comercio. Esta información refuerza en los Estados la obligación de avanzar en la identificación y sanción de los autores de este crimen atroz.

Las familias de Javier, Efraín y Paúl se enteraron del hallazgo a través del citado mensaje de Twitter del presidente Santos y se desplazaron a Cali el viernes 22 de junio. Las organizaciones firmantes reconocen el despliegue del Estado con el fin de encontrar los cuerpos y el trabajo de recuperación, identificación y entrega a sus familias. Sin embargo, lamentan el mal manejo de la información en este caso. Las familias del equipo periodístico han manifestado su inconformidad por la poca comunicación y la difusión imprecisa de hechos aún sin corroborar de parte del Ministerio de Defensa de Colombia frente a la identidad de los cuerpos.

El hallazgo de los restos también refuerza el llamado a los Estados para que tomen medidas efectivas para garantizar el derecho a informar acerca de la grave situación de derechos humanos que atraviesa la frontera colombo-ecuatoriana.

 

Firman:

Comité para la Protección de los Periodistas - CPJ

Fundamedios

Reporteros Sin Fronteras

 

Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP

 

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