Bogotá, 6 de mayo de 2021. Organizaciones de derechos humanos y apoderados de los accionantes de la tutela que condujo a la sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 22 de septiembre de 2020 que protegió el derecho a la protesta consideramos que existe un incumplimiento sistemático, masivo y flagrante de lo ordenado por la Corte.
Las violaciones de derechos humanos cometidas durante las protestas iniciadas el pasado 28 de abril evidencian que sigue existiendo y se ha hecho más grave la intervención sistemática, arbitraria y violenta de los miembros de la fuerza pública en manifestaciones públicas.
Observamos con profunda preocupación que continúa la estigmatización frente a quienes, sin violencia, salen a las calles a cuestionar, refutar y criticar las políticas gubernamentales; continúa también el uso desproporcionado de la fuerza, el uso de armas letales y el uso inadecuado de armas potencialmente letales en medio de las protestas, las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas, los tratos inhumanos, crueles y degradantes, el irrespeto a los derechos a la vida y la integridad personal y los ataques contra la libertad de expresión y de prensa.
Por estas razones, acudimos a la Corte Suprema de Justicia para que haga cumplir sus órdenes para la garantía efectiva del derecho a la protesta, el derecho a la vida, a la integridad personal y la libertad de prensa.
Solicitamos que se declare desacato e incumplimiento de la sentencia que protegió el derecho a la protesta. Además, pedimos que se ordene suspender la asistencia militar; la disolución por la fuerza de las manifestaciones; el uso de armas de fuego; y la actuación del ESMAD. También pedimos que la fuerza pública, Procuraduría, Defensoría, la Fiscalía y el Gobierno entreguen los informes sobre los avances en las investigaciones disciplinarias y penales contra miembros de la Policía Nacional.
Aquí enlistamos todas las solicitudes:
Firmantes:
El Veinte
Humanidad Vigente
Coorporación Colectivo de Abogados - CCAJAR
Comité de Solidaridad con los Presos Políticos - CSPP
Comisión Colombiana de Juristas - CCJ
Centro de estudios de derecho, justicia y sociedad - Dejusticia
Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP
dhColombia
Profes al paro
Contactos para prensa
Dejusticia
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Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo – CAJAR
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Fundación para la Libertad de Prensa – FLIP
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3103419744
Humanidad Vigente Corporación Jurídica
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Comisión Colombiana de Juristas – CCJ
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Comité de Solidaridad con los Presos Políticos – CSPP
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En relación con la carta difundida en redes sociales por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y por su director Camilo Gómez, Jineth Bedoya y sus representantes se permiten manifestar lo siguiente:
Jineth Bedoya Lima
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional - CEJIL
Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP
Este lunes 15 de marzo comenzó la audiencia pública ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en el marco del proceso en el cual se determinará la responsabilidad del Estado en los hechos de amenazas, secuestro, tortura y violencia sexual que enfrentó la periodista Jineth Bedoya Lima en el año 2000. Durante la audiencia, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado colombiano, en cabeza de Camilo Gómez, señaló la presunta falta de imparcialidad de la mayoría de los jueces y de la presidenta de la Corte IDH y anunció que presentará una solicitud de recusación contra cinco de los seis jueces, debido a una supuesta falta de garantías procesales. El Estado tomó la decisión de retirarse de la audiencia y, además, la testigo ofrecida por el Estado no compareció a rendir su declaración.
Para Colombia, las preguntas y los comentarios realizados por los cuatro jueces y la jueza Elizabeth Odio Benito, presidenta de la Corte, estaban cargados de parcialidad a favor de la víctima. Ante esto, CEJIL y la FLIP, representantes de Jineth Bedoya Lima, sostenemos que los comentarios de los magistrados fueron dignificantes y oportunos en la medida que acababan de escuchar el valiente testimonio de una sobreviviente de graves violaciones a derechos humanos, pero de ninguna manera prejuzgaron sobre la responsabilidad del Estado, tal y como alega la defensa.
Precisamente, es facultad y deber de los jueces indagar sobre los hechos objeto del litigio, es decir, aquellos que fundamentan el caso como el contexto para comprender su alcance y las medidas que para la víctima pueden significar la reparación. En su testimonio, Jineth Bedoya contestó a preguntas relacionadas con el objeto de su declaración tal como fue aprobado por la Corte. Esto incluye: su labor periodística y las investigaciones que llevaba a cabo en la época de los hechos, el riesgo al que se encontraba expuesta, sus solicitudes de protección y la respuesta estatal ante esta situación. De igual forma, la periodista narró los hechos del 25 de mayo del 2000 y el impacto que estos tuvieron en su vida desde entonces hasta la fecha.
En su declaración, Jineth señaló que agentes de la Policía fueron quienes le sugirieron entrevistarse en la cárcel La Modelo con jefes paramilitares, para contener el riesgo que había generado su cubrimiento periodístico. Esta entrevista fue la trampa que ocasionó su secuestro, tortura y violencia sexual. También entregó detalles de cómo los perpetradores justificaron que estas agresiones eran un escarmiento contra sus denuncias periodísticas. Además, mencionó los numerosos indicios de la responsabilidad de agentes estatales sobre los hechos, que han sido ignorados en la investigación a nivel interno. Del mismo modo, Jineth cuestionó la revictimización que debió afrontar al ser llamada doce veces a declarar sobre el ataque sexual. Esto último fue reconocido por parte del agente del Estado en la audiencia pública.
Las organizaciones que representamos a la periodista consideramos que la actitud del Estado demuestra la desidia contra las víctimas de violencia sexual en el conflicto armado y niega espacios dignos para acceder a la justicia. El retiro del Estado de la audiencia es un acto sin precedentes, lo que genera preocupación sobre el compromiso del Estado colombiano frente al juicio por violaciones de derechos humanos y al sometimiento frente a la decisión que adopte la Corte.
Además, esta actuación hace parte de una estrategia que busca deslegitimar a la Corte IDH y significa un nuevo obstáculo en el proceso, que continúa castigando a Jineth Bedoya por hacer escuchar su voz, resultando así en un nuevo intento de silenciarla.
Los representantes de las víctimas instamos al Estado colombiano a que, en cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, comparezca a la audiencia programada de conformidad con lo dispuesto por la Honorable Corte. Así se contribuye a que el proceso internacional sea digno y tenga un componente reparador, independientemente del posterior fallo.
La Fundación para la Libertad de Prensa construyó el siguiente informe con dos objetivos principales. El primero es brindar un diagnóstico técnico a la Unidad Nacional de Protección (UNP) sobre los riesgos que enfrentan los periodistas en Colombia y poner en conocimiento algunas preocupaciones sobre la manera en la que la entidad asigna, ajusta y retira medidas de seguridad a los beneficiarios del programa. El segundo, que surge a partir de la experiencia de litigio estratégico de la Fundación, es identificar buenas prácticas a favor de la consecución de la justicia que se pudiesen replicar en la Fiscalía General de la Nación (FGN) en la investigación de casos de violencia contra periodistas. En los dos momentos se presentarán recomendaciones a las entidades.
El presente informe se divide en tres partes. En la primera se presenta un breve contexto sobre los tipos de agresiones contra la prensa que la FLIP registra. En la segunda parte, se expondrán las problemáticas identificadas por la Fundación respecto a la protección a periodistas desde la UNP y se hacen recomendaciones. En la tercera parte, se mencionarán las buenas prácticas para la investigación de casos de violencia contra la prensa.
Washington, D.C. y Bogotá, 29 de enero, 2019 - Luego de casi 19 años del secuestro, tortura y violencia sexual contra la periodista Jineth Bedoya Lima, el 16 de enero de 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) notificó la aprobación de su informe de fondo en el caso que se adelanta por las violaciones a los derechos humanos sufridas por la periodista el 25 de mayo de 2000 que, hasta la fecha, permanecen en la impunidad. Sobre este particular la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) transmiten a la opinión pública lo siguiente:
1. Este informe concluye el análisis del caso ante la CIDH como primera instancia internacional en el marco de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y abre la puerta para que el Estado colombiano pueda ser juzgado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) con sede en Costa Rica. En este supuesto, la evaluación por parte de la Corte sería una valiosa oportunidad para revisar el cumplimiento de las obligaciones internacionales por parte de Colombia en cuanto a la garantía de los derechos de los periodistas en Colombia y, particularmente, implicaría que por primera vez este tribunal internacional se pronuncie sobre la situación de las mujeres periodistas en contextos de conflicto armado.
2. La emisión de este informe representa un paso muy importante en la incansable lucha que la periodista Jineth Bedoya ha librado por la justicia y la verdad en su caso. El mismo también tiene el potencial de poner freno a las dinámicas de impunidad generalizada en casos de violencias contra la mujer y de restricciones de hecho a la libertad de prensa.
3. Si bien los hechos denunciados acaecieron durante gobiernos anteriores, esperamos que el gobierno actual, en representación del Estado, cumpla con lo decidido por la CIDH a fin de garantizar los derechos de Jineth Bedoya y evitar la repetición de hechos de violencia contra las mujeres y su impunidad. Recordamos así mismo que este caso tiene un enorme potencial de brindar justicia no solo a nuestra representada sino a otras víctimas de violencia basada en género en el marco del conflicto armado en Colombia.
4. Una vez la CIDH corra traslado del informe a la víctima y sus representantes, daremos respuesta a los requerimientos de la Comisión de acuerdo con la normativa interamericana, la cual requiere que presentemos nuestra posición sobre el envío a la Corte.
5. Para la FLIP y CEJIL es un honor poder acompañar a Jineth Bedoya desde el apoyo judicial en su lucha que también es nuestra. Llamamos a la comunidad internacional, que siempre ha estado acompañando el caso, a que continúe su observancia del mismo. Esperamos que la veeduría internacional de este proceso emblemático sirva para vigilar la respuesta estatal y mejor abordar los desafíos que el caso revela.
Aquí puede leer el informe de fondo completo.
Pedro Vaca Villarreal
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Alex McAnarney |
EL pasado 6 de diciembre se llevó a cabo una audiencia para evaluar las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a Javier Ortega, Efraín Segarra y Paúl Rivas, periodistas asesinados en abril de este año por parte de la disidencia Frente Oliver Sinisterra.
El Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), Fundamedios y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) expresan su respaldo al Equipo de Seguimiento Especial (ESE) del caso del secuestro y asesinato del equipo periodístico del diario El Comercio de Ecuador y a la CIDH por las investigaciones emprendidas.
Sin embargo, las organizaciones rechazan los alegatos de los Estados colombiano y ecuatoriano. Los dos Estados hicieron declaraciones irresponsables que revictimizan a los familiares del equipo periodístico y que significan un retroceso en la búsqueda de justicia y verdad en este caso. En sus alegatos los Estados no aportaron avances ni evidencia relevante en las investigaciones y, por el contrario, estuvieron dirigidos a evadir responsabilidades propias.
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