Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP

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El pasado 1 de febrero, el Fiscal 6 Especializado contra Violaciones a los Derechos Humanos, a cargo de la investigación por los homicidios de Julio Daniel Chaparro y Jorge Enrique Torres, decidió hacer apertura de instrucción y llamado a indagatoria a Nicolás Rodríguez Bautista (alias “Gabino”), Israel Ramírez Pineda (alias “Pablo Beltrán”) y Eliécer Herlinto Chamorro (alias “Antonio García”), miembros del Comando Central del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Igualmente, se emitió orden de captura en su contra, con el fin de que comparezcan al proceso.

La decisión señala que la muerte de los periodistas “partió de la orden de Julio Lezcano alias Zarco quien comandaba las milicias de Segovia, orden que se infiere necesariamente desciende del Comando Central como una política nacida de la condición del enemigo”. La responsabilidad de los miembros del ELN se fundamentaría en que los homicidios finalmente se cometieron por órdenes provenientes del Comando Central de ese grupo armado.

Julio Daniel Chaparro, periodista, y Jorge Enrique Torres Navas, fotógrafo, fueron asesinados el 24 de abril de 1991, pocas horas después de arribar a Segovia (Antioquia), en donde realizaban un cubrimiento periodístico para el diario El Espectador, sobre el impacto de la masacre del 11 de noviembre de 1988 en la población.

Si bien la FLIP considera que esta decisión podría ser importante para romper con el patrón de impunidad que ha caracterizado este caso. En este punto vale la pena recordar que la investigación ha sufrido una serie de reveses desde sus inicios.  Entre las falencias en el proceso de investigación, cabe señalar que dos de los autores materiales, Julio Lezcano y Ramiro Lezcano, permanecieron detenidos por rebelión y por el asesinato de los periodistas, entre el 19 de diciembre de 1991 y el 24 de mayo de 1994. Sin  embargo, la Fiscalía delegada ante el Tribunal revocó la resolución de acusación contra los mencionados guerrilleros, dejándolos en libertad. Posteriormente, en 2011, en una decisión que resulta contradictoria, el fiscal actual reconoció la autoría material de Julio y Ramiro Lezcano, pero expidió resolución inhibitoria alegando la muerte de los presuntos autores materiales del crimen.

Igualmente, la FLIP lamenta que esta decisión se adopte después de 27 años de los homicidios, ya que desde el principio de la investigación se reconoció la autoría del ELN y de su Comando Central.

Este caso fue declarado como crimen de guerra en diciembre de 2018, lo que implica que la investigación deberá continuar hasta esclarecer por completo los hechos y responsabilidades por este doble homicidio. En este sentido, la FLIP hace un llamado a la Fiscalía General de la Nación para que se adelante una investigación efectiva que garantice mayores avances que los registrados en años anteriores.

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El 2 de octubre en Boulder, Colorado (Estados Unidos), se llevó a cabo una reunión entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estado colombiano, la familia Cano Busquets y las organizaciones vinculadas al caso del asesinato de Guillermo Cano Isaza.

La CIDH reconoció que en el curso del proceso internacional se cometieron errores con respecto a los derechos de las víctimas. Los familiares valoran positivamente esta consideración y esperan que el proceso se retome desde el 2001, cuando todos estos errores comenzaron.

El Estado colombiano no reveló ningún avance significativo en lo relacionado con la investigación de los autores materiales e intelectuales del asesinato de Cano. Sin embargo, la FLIP reconoce su disponibilidad y compromiso de cumplir con las recomendaciones de la CIDH.

El comisionado relator para Colombia asumió personalmente el compromiso de llevar al pleno de la Comisión la solicitud de los familiares. La Comisión afirmó que para el próximo diciembre ya habrá respuesta a esta solicitud.


Aquí puede leer la carta de Ana María Busquets de Cano.

 


Comunicado de la familia Cano Busquets y organizaciones por el caso del asesinato de Guillermo Cano

El Estado colombiano fue citado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con el fin de realizar una reunión de trabajo acerca del homicidio del periodista Guillermo Cano Isaza.

La familia Cano Busquets, la Fundación Guillermo Cano Isaza, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), el Robert F. Kennedy Human Rights y la Fundación para la Libertad de Prensa publicaron un comunicado conjunto debido a su presencia en el 169° periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Lea aquí el comunicado en línea.

 

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Por Pedro Vaca Villarreal*

En febrero de 2017 denunciamos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no ha sido diligente con el trámite del caso por el asesinato del periodista Guillermo Cano Isaza. Un año después las explicaciones no llegan y sigue en entredicho la transparencia de este organismo internacional.

El caso Guillermo Cano llegó a la CIDH en 1997, once años después del asesinato, pero se congeló en el año 2001. El trámite es extraño: la CIDH abrió las puertas a una solución amistosa entre el Estado y la familia Cano el 16 de febrero del año 2001, pero esta oferta fue rechazada cuatro días después por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). Tres días más tarde, el 23 de febrero, la CIDH cerró el trámite conciliatorio, decidió unificar el caso con otro proceso sin mayor explicación y declaró la responsabilidad del Estado Colombiano emitiendo una serie de recomendaciones que jamás vigiló en 17 años. La CIDH tardó alrededor de una semana en agotar fases que normalmente le pueden tomar más de 5 años. Acelerar el camino a la impunidad no es un mérito, es un error que se debe enmendar.

Nunca dieron aviso a los familiares y, salvo los Comisionados de esa época y los funcionarios de la Cancillería Colombiana, nadie supo sobre esta decisión hasta el mes de diciembre de 2016 cuando la FLIP tuvo acceso a parte del expediente. La CIDH sabe lo que está pasando, pero ha preferido callar. Un malabar procesal en un caso tan emblemático que ha motivado a la UNESCO a otorgar cada año el premio global “Guillermo Cano a la libertad de prensa”. La CIDH hizo y mantiene una maniobra opaca, una acción más cercana a contribuir a la inmerecida reputación del Estado Colombiano que a los estándares interamericanos de justicia, transparencia, reparación y garantías de no repetición. Ojalá se descubran los verdaderos intereses detrás de esta actuación.

La Comisión no solo hizo que se esfumara una expectativa de justicia para la familia Cano, el diario El Espectador, los 14 periodistas de este medio que han sido asesinados y para la sociedad colombiana que ha sido finalmente la mayor afectada por la falta de información producto de la violencia contra la prensa. La CIDH también impidió que el continente produjera a tiempo estándares que habrían resultado de gran utilidad para poner freno a la violencia contra periodistas. Hoy el hemisferio clama a gritos obligaciones perentorias y no simples recomendaciones para los Estados. México, Honduras, Guatemala, Brasil y Paraguay se suman al listado de países donde matar periodistas no tiene consecuencias. En Colombia, 47 periodistas han sido asesinados desde el día que la CIDH decidió meter en un cajón desconocido el caso de Guillermo Cano.

La CIDH está en Colombia por estos días en un periodo extraordinario de sesiones en el que puede hablar de todo, menos de Colombia. Sin embargo, nada nos impide hablar sobre ella y sea esta la oportunidad para preguntarle ¿Por qué no responde por el caso de Guillermo Cano?

Ojalá, con la misma fuerza con la que este organismo promociona la transparencia, brinden una respuesta. 

*Director ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP

Publicado en Opinión

A propósito de la citación que recibió el periodista Jorge Gómez Pinilla, columnista de El Espectador, la FLIP dirige esta comunicación a la Fiscalía General de la Nación para que su actuar no sea cómplice de los intentos de censura. 

Lea aquí la carta dirigida a la Fiscalía.

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La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- condena el hurto del que fue víctima Édinson Bolaños, periodista de El Espectador y Colombia 2020, en la ciudad de Ibagué.

Hoy, 13 de enero, Bolaños se encontraba en un restaurante en el sector Alto de Gualanday, Ibagué, en compañía del esquema de seguridad proporcionado por la Unidad Nacional de Protección. Mientras ellos estaban en el establecimiento, desconocidos rompieron el vidrio de la camioneta en la que se movilizaban y se llevaron un bolso en el que estaba un computador portátil, dos discos duros, libretas de apuntes, una grabadora y el carné del diario. A pesar de que en el vehículo había otras maletas, los delincuentes -según los testigos eran dos hombres- se llevaron únicamente los elementos periodísticos.

Según informó el periodista, días atrás estaba realizando labores de reportería como parte de una investigación del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) “Aldemar Gaitán”. Él, junto a su esquema, se movilizaban del Cauca hacia Bogotá y decidieron detenerse en Ibagué para almorzar. Bolaños no realizó actividades periodísticas en el departamento del Tolima.

La FLIP expresa su preocupación por la gravedad de este ataque. Esta situación pone en riesgo al periodista ya que puede implicar seguimientos de personas interesadas en afectar su seguridad y robar su información. Sumado a lo anterior, estos hechos son de extrema gravedad ya que se pone en riesgo el secreto profesional y la seguridad de las fuentes y del reportero. Según el relato de Bolaños, en los equipos y libretas robadas había información sensible como datos personales de sus fuentes, datos y croquis de las ETCR y de otra investigación acerca de minería en el Cauca.

Este no es el primer ataque en contra de Bolaños por su trabajo periodístico. En noviembre de 2015 fue víctima de amenazas de muerte por una investigación acerca de cómo la minería artesanal en el municipio de Buenos Aires había sido cooptada por una empresa foránea. En ese momento la situación de seguridad de Bolaños empeoró y se vio obligado a dejar el departamento de Cauca. Además, en 2016 la familia del periodista fue víctima de intimidaciones en su lugar de residencia.

La FLIP hace un llamado urgente a la Fiscalía General de la Nación y a la Policía Nacional a que investiguen con celeridad estos hechos y sancionen a los responsables. Teniendo en cuenta la gravedad de la situación, la Fundación solicita a la UNP que fortalezca las medidas de seguridad necesarias de manera inmediata para salvaguardar al periodista.

De acuerdo a lo anterior, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su Declaración de principios sobre libertad de expresión dispuso: “(…) la destrucción material [o robo] de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada.”

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