Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP

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En este 2 de noviembre, Día internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas, la FLIP hace un llamado al Estado para que incremente sus esfuerzos para que los crímenes contra la prensa no queden impunes. Al terminar 2019, seis casos de asesinatos contra periodistas prescribirán sin condenas contra toda la cadena criminal, es decir para autores materiales e intelectuales. Otros delitos contra periodistas, como las amenazas y agresiones, también alcanzan altísimos índices de impunidad.

No obstante, con motivo de esta fecha, es oportuno reconocer avances, aunque no plenos, en algunos casos como en el de Jineth Bedoya Lima en el que se ha abierto un camino de justicia en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Como ya lo ha señalado la FLIP, es la justicia efectiva la única que puede sentar un precedente para generar un efecto disuasorio que evite la aparición de nuevas agresiones. Lamentablemente la impunidad en crímenes como los asesinatos de periodistas colombianos sigue siendo muy alta, cada año sumamos más casos a una cifra que es muy grave: de un total de 160 asesinatos contra periodistas, 159 están en distintos niveles de impunidad. Y al terminar el año, la totalidad de crímenes contra periodistas que estarán prescritos será de 89.

Casos que prescribieron o prescribirán este año

Hernando Rangel Moreno fue asesinado el 11 de abril de 1999. Realizaba denuncias de la corrupción local y los abusos en la mala administración de los servicios públicos. Esta investigación se encuentra inactiva.

Rodolfo Julio Torres fue asesinado el 21 de octubre de 1999. Desconocidos lo secuestraron y, luego, su cadáver fue encontrado en el corregimiento Rincón del Mar, Sucre. Cuando informaba sobre el gobierno y la corrupción fue estigmatizado como como auxiliador de la guerrilla.

Alberto Sánchez Tovar y Luis Alberto Rincón fueron asesinados el 28 de noviembre de 1999. Sus cuerpos fue hallados a la orilla de una carretera en El Playón, Santander. En su trabajo de reportería habían logrado grabar la fiesta de un paramilitar. En este caso hubo condena a los autores materiales Orlando Sánchez y Gregorio Castillo García. Sin embargo no se sabe de los autores intelectuales. Esta investigación también se encuentra inactiva.

Pablo Emilio Medina Motta fue asesinado el 3 de diciembre de 1999 en un retén de la guerrilla mientras se dirigía a cubrir la toma del municipio de Gigante, Huila. Existen 11 condenas contra Dair Giraldo Navarro Morales, Edgar Gustavo Navarro Morales, Floresmiro Burbano, Guillermo León Sáenz Vargas, José Benito Cabrera, Luciano Marin Arango, Milton de Jesús Toncel, Noel Mata Mata, Pedro Antonio Marín, Rodrigo Londoño Echeverry y Wiliam Mangarres. La investigación se encuentra activa en etapa de instrucción pero en menos de un mes prescribirá.

Jaime Garzón Forero fue asesinado el 13 de agosto de 1999. En su caso hay condena al jefe paramilitar Carlos Castaño como coautor del delito de homicidio agravado. También condena a José Miguel Narváez Martínez, ex subdirector del DAS, por el delito de homicidio agravado en calidad de determinador. También en 2012, el Coronel del Ejército Jorge Eliécer Plazas Acevedo fue vinculado a la investigación por el delito de homicidio agravado, luego de determinar que tenía una estrecha relación con Castaño y Narváez cuando era jefe de inteligencia de la Brigada XIII del Ejército en 1998.

Sin embargo, este año hubo un retroceso cuando el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá decidió en primera instancia no declarar el crimen de Jaime Garzón como un crimen de lesa humanidad. En agosto de este año la FLIP explicó que esa decisión llevó a la prescripción del crimen contra Garzón desconociendo los estándares para la investigación y juzgamiento de graves violaciones a los derechos humanos. Si bien los procesos contra Plazas y Narváez continuarán, hasta que una decisión de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia no permita que el crimen sea declarado de lesa humanidad, este caso seguirá en la impunidad pues de esa manera se impide que otros implicados en la cadena criminal respondan ya que puden evadir su responsabilidad debido a la mencionada preclusión.

 

Avances importantes en 2019 contra la impunidad

El caso de Jineth Bedoya Lima ha presentado avances significativos en 2019. Luego de casi 19 años del secuestro, tortura y violencia sexual contra la periodista, en enero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) notificó la aprobación de su informe de fondo en el caso que se adelanta por las violaciones a los derechos humanos sufridas por la periodista el 25 de mayo de 2000.

En julio de este año la CIDH decidió presentar el caso de la periodista contra el Estado de Colombia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), el más alto tribunal de derecho humanos de la región que deberá tomar una decisión al respecto en los próximos meses.

En mayo el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Bogotá emitió sentencias condenatorias contra Alejandro Cárdenas Orozco y Jesús Emiro Pereira Rivera por secuestro, tortura y violencia sexual en contra de la periodista Jineth Bedoya.

La decisión reconoce que las amenazas contra la periodista eran de conocimiento de las autoridades y que pudo existir una posible responsabilidad penal de terceras personas, por  eso compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación, con el fin de que se adelante una investigación en contra del General (r) José Leonardo Gallego.

En febrero de este año hubo avances en el caso de Julio Daniel Chaparro y Jorge Enrique Torres. La Fiscalía General de la Nación decidió hacer apertura de instrucción y llamado a indagatoria a los miembros del Comando Central del Ejército de Liberación Nacional (ELN). En octubre de este año les fue proferida medida de aseguramiento privativa de la libertad.

En el caso de Guillermo Cano la Fiscalía impuso medida de aseguramiento en establecimiento a Jhon Jairo Velásquez Vásquez en mayo de este año. De acuerdo con la Fiscalía, existen indicios de la participación de Velásquez Vásquez en la reunión en la cual el Cartel de Medellín concertó el homicidio de  Cano. Por otro lado, la Fiscalía estableció que Gustavo Gutiérrez Arrubla presuntamente realizó labores de inteligencia determinantes para que el grupo de sicarios pudiese atentar contra la vida del periodista. Por esa razón, Gutiérrez Arrubla recibió medida de aseguramiento no privativa de la libertad.

Al respecto del asesinato del periodista Guzmán Quintero, la Fiscalía declaró el delito como de lesa humanidad reconociendo que los hechos hacen parte de un ataque sistemático y generalizado contra la prensa en Colombia.

En el caso de Nelson Carvajal Carvajal, el ente acusador también decidió declarar como crimen de lesa humanidad el homicidio del periodista.

Los avances mencionados son positivos, sin embargo la FLIP hace un llamado al gobierno para que coordine e impulse a la instituciones del Estado colombiano en la búsqueda de justicia en todos los casos impunes de crímenes contra la prensa. La FLIP reitera su compromiso con las víctimas y sus familias en la lucha contra la impunidad en los crímenes contra los y las periodistas.

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Este 2 de noviembre, Día internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas, la FLIP reconoce los avances que se han dado en la búsqueda de justicia en crímenes contra la prensa. Sin embargo, es necesario que las autoridades del Gobierno trabajen exhaustivamente para condenar a los autores de estos ataques.

El primer paso para evitar la violencia contra la prensa es lograr justicia, y así lograr un efecto disuasorio para futuros agresores. Sin embargo, lamentablemente, en Colombia se ha posicionado la impunidad que incentiva la violencia. Las cifras son dramáticas: 126 casos de asesinatos a periodistas se mantienen en completa impunidad.

El caso de Orlando Sierra es el único de 158 asesinatos que no está en la impunidad, al haberse condenado a toda la cadena criminal. Solo en 28 casos se han dictado condenas contra autores materiales. Sin embargo, resulta aún más preocupante que los autores intelectuales parecen ser olvidados por la justicia: tan sólo en tres casos se ha alcanzado condenas de los cerebros de los asesinatos. Adicionalmente, durante 2018 prescribieron cuatro casos, y varios están próximos a quedarse en la impunidad perpetua.

El problema de la impunidad se repite para otros tipos de violencia. Las amenazas, motivadoras de exilios y autocensura, se mantienen impunes en cerca del 99% de los casos. Esto es especialmente preocupante al considerar que al día de hoy, con dos meses restantes para terminar el año, la FLIP ha documentado 183 amenazas contra 240 periodistas. Este año, la FLIP y diecinueve embajadas y organizaciones expresaron su preocupación por el aumento de las amenazas durante 2018.

Es necesario que la justicia avance prontamente en la investigación y solución de estos casos. En agosto de este año, la FLIP y AMI (Asociación Colombiana de Medios Informativos) se reunieron con el Fiscal General de la Nación, el Ministro de Interior, el Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo, el Director de la Unidad Nacional de Protección y la Ministra del Interior designada y vocera de la comisión de empalme del gobierno del presidente electo, quienes expresaron su preocupación por el aumento de las amenazas y por la situación de la prensa regional. En dicha reunión, todos ellos hicieron una declaración contra la impunidad: se comprometieron a impartir instrucciones para garantizar el pleno trabajo periodístico y acordaron trabajar de manera coordinada para prevenir, investigar y sancionar a los responsables de la violencia.

Ha habido algunos progresos destacables por parte de la Fiscalía en varios casos de amenazas y extorsiones. Además, el Equipo de Seguimiento Especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para las investigaciones del asesinato de Paúl Rivas, Javier Ortega y Efraín Segarra, equipo periodístico del diario El Comercio de Ecuador, ha resaltado los avances de la institución en la captura y judicialización de al menos tres presuntos autores de los crímenes.

Sin embargo, son necesarios más avances. La FLIP hace un llamado a estas instituciones para que honren sus compromisos y trabajen coordinadamente, ya que su acción es esencial para lograr una verdadera prensa libre.

Es importante resaltar que este año se consiguieron algunas decisiones importantes que avanzan en la consecución de justicia y verdad para las víctimas y sus familias. En el caso del periodista Nelson Carvajal, por primera vez en su historia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos hizo a un Estado responsable por el asesinato de un periodista por razón de su oficio. Además, la justicia administrativa encontró al Estado responsable por el asesinato del periodista y abogado Edison Molina. Este año también se obtuvo la condena más alta jamás dada en Colombia por el asesinato de un periodista, en el caso Luis Antonio Peralta. Finalmente, José Miguel Narváez fue condenado a treinta años de prisión por el asesinato de Jaime Garzón.

La FLIP espera que la misma justicia sea encontrada para otros casos y ratifica su compromiso con las víctimas y sus familias en la lucha contra la impunidad en los crímenes contra la prensa. Durante el día de hoy la FLIP compartirá algunos de los casos de asesinatos, amenazas y otros crímenes que continúan en la impunidad para generar una reflexión profunda en la búsqueda de justicia.

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Este 2 de noviembre, Día Internacional para poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, la FLIP hace un llamado al Estado colombiano para que garantice la justicia en los casos de agresiones a la prensa, especialmente en los asesinatos a periodistas.

El 2017 ha sido un año determinante en cuanto a lucha contra la impunidad en casos de agresiones a periodistas. Si bien se han dado algunos avances en casos emblemáticos como la condena a Jorge Noguera, exdirector del DAS, o la pena de 47 años impuesta al asesino de la periodista huilense Flor Alba Núñez, la impunidad en casos de asesinatos sigue siendo alarmante. De los 154 periodistas asesinados en los últimos 40 años, solamente en un caso se ha condenado a toda la cadena criminal y la inmensa mayoría se encuentra en la total impunidad.

El 8 de octubre la comunicadora indígena Efigenia Vásquez Astudillo fue asesinada mientras ejercía labores periodísticas y de comunera en Puracé, Cauca. Ella ocupa el último renglón de los 154 periodistas asesinados por razones de su oficio desde hace 40 años. La investigación por el crimen Vásquez apenas comienza y se espera que, a diferencia de lo que ha ocurrido con la gran mayoría de casos, el proceso judicial avance y las autoridades sancionen a los responsables con celeridad. 

Las cifras de impunidad en casos de asesinatos a periodistas son dramáticas. De los 154 casos de homicidios a periodistas por su trabajo, 129 se mantienen en total impunidad. Únicamente en 22 casos ha habido algún tipo de condena contra autores materiales y sólo en 3 casos se han condenado a los autores intelectuales. El único caso en el que la justicia ha logrado condenar a toda la cadena criminal es el del subdirector del diario La Patria de Manizales, Orlando Sierra, asesinado en 2002. Además, de la totalidad de estos casos, hasta la fecha han prescrito 77, es decir la mitad.

Decisiones relevantes

El asesinato de Gerardo Bedoya, ocurrido el 20 de marzo de 1997, fue declarado crimen de lesa humanidad días antes de que operara la prescripción. Teniendo en cuenta que esta decisión implica que estos delitos no prescriben, la FLIP celebra esta decisión pero expresa su preocupación ya que no existen avances significativos en la investigación, a pesar de que han pasado 20 años desde que se cometió el crimen contra el periodista de El País de Cali. La Fundación hace un llamado a la Fiscalía y a la rama judicial a que no asuman esta declaratoria como un incentivo para dilatar los resultados de las investigaciones y de las sanciones.

Este año, además, se conmemoraron 30 años del asesinato del médico y periodista Héctor Abad Gómez. El homicidio ocurrió el 25 de agosto de 1987 en Medellín. Han pasado tres décadas y su caso continúa sin ser resuelto. Este homicidio continúa en la completa impunidad sin que las investigaciones demuestren avances relevantes en la identificación y posterior sanción a los responsables.

Otra decisión relevante en el escenario de la impunidad en crímenes contra la prensa es la condena de más de 47 años de cárcel a Juan Camilo Ortíz, alias “El Loco”, por su participación en el asesinato de la periodista huilense Flor Alba Núñez. La periodista fue asesinada el 9 de septiembre de 2015 en Pitalito. Núñez, a través de la emisora La Preferida Stereo y el Canal 6, hacía constantes denuncias acerca de la delincuencia común que operaba en el municipio y sus posibles relaciones con funcionarios públicos.

La Fundación reconoce esta condena como un avance en la búsqueda de justicia en este crimen y destaca, además, que el juez haya tenido en cuenta la calidad de periodista de la víctima en el momento de valorar los móviles del homicidio. Sin embargo, dentro del proceso judicial aún hace falta condenar a toda la cadena criminal, mediante el esclarecimiento de los autores intelectuales y del autor material restante que se encuentra libre.

En el caso de Jineth Bedoya Lima se llevaron a cabo los alegatos de conclusión en los que la Fiscalía solicitó la condena de Alejandro Cárdenas Orozco y Jesús Emiro Pereira. Sumado a esto, la Corte Suprema de Justicia confirmó la exclusión de Justicia y Paz de dos de los implicados en estos delitos. Sin embargo, las autoridades judiciales que intervienen en el proceso continúan sometiendo a la reportera a escenarios de revictimización en los que no se generan mayores aportes al proceso. El primero de marzo, la reportera fue llamada por decimosegunda vez para declarar como parte de la investigación por la tortura, el secuestro y la violación de las que fue víctima en mayo del 2000.

Otro avance en la búsqueda de justicia en los crímenes contra la prensa es la condena al exdirector del DAS, Jorge Noguera, por las interceptaciones, los hostigamientos y la tortura a líderes sociales y políticos, abogados y periodistas. La Corte Suprema de Justicia condenó a Noguera a una pena de 7 años, 10 meses y 15 días de prisión. La FLIP reconoce esta decisión como un avance, teniendo en cuenta que Noguera era el más alto funcionario del extinto DAS cuando ocurrieron los hostigamientos y las interceptaciones. Sin embargo, espera que las investigaciones continúen y se condene a todos los responsables de estos crímenes.

Una de las víctimas de la tortura impartida por el extinto órgano de seguridad es la periodista Claudia Julieta Duque. Este año se llevó a cabo el proceso de extradición a Enrique Ariza Rivas, uno de los responsables de las agresiones a la periodista. Además, continuó el proceso en contra del General Jorge Luis Ramírez Aragón, director del INPEC. Sumado a esto, el pasado 19 de octubre, los delitos de tortura y persecución de los que fue víctima Duque fueron declarados crímenes de lesa humanidad.

A pesar de estos avances en la lucha contra la impunidad, a la FLIP le preocupa la postura del Estado colombiano frente al caso del asesinato de Carvajal Vs. Colombia que se está llevando a cabo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Durante las audiencias realizadas en agosto, la defensa del Estado utilizó argumentos ofensivos contra las víctimas y manipuló información para no aceptar su responsabilidad. La representación del Estado culpó de su negligencia a la familia Carvajal por no entregar suficiente información acerca de los responsables. Además, negó las condiciones reales de la libertad de prensa en el país y afirmó -erróneamente- que estaba cumpliendo con su deber de prevenir la violencia contra la prensa.

Nelson Carvajal fue asesinado el 16 de abril de 1998 en Pitalito, Huila. El Estado colombiano falló en la prevención de la violencia contra la prensa, en la protección de Carvajal a pesar de conocer el riesgo inminente y en la posterior investigación y sanción a los responsables de este crimen atroz.

El 2017 ha sido un año determinante en la búsqueda de justicia en los casos de agresiones a la prensa. La FLIP reconoce los pequeños avances en los casos previamente mencionados. Sin embargo, la Fundación exige al Estado colombiano que, a través de las distintas instituciones, haga parte de la lucha contra la impunidad en los casos de agresiones a periodistas.

Este año volvió a ser asesinada una comunicadora durante su trabajo periodístico. El Estado debe garantizar la justicia en el caso de Efigenia Vásquez y de los otros 153 periodistas que han sido asesinados desde 1977. La FLIP solicita a la Fiscalía que sea diligente en las investigaciones de estos crímenes y a la rama judicial a que condene fuertemente a los responsables de la forma de censura más atroz: el asesinato a periodistas. 

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