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El 6 de septiembre de 1999, fue asesinado el periodista Guzmán Quintero Torres, periodista del diario El Pilón de Valledupar. El periodista había hecho denuncias contra la fuerza pública y recibió amenazas desde 1995 cuando publicó en el diario El Heraldo el artículo titulado Los hijos de la Sierra, sobre los grupos armados en la Serranía del Perijá. Meses antes de su asesinato, Quintero Torres documentó dos casos de errores militares, en uno de los cuales resultaron muertas dos mujeres, una de ellas embarazada. El otro se trató de la muerte de un niño durante una prueba de polígono.

Luego de veinte años de investigación, la Fiscalía General de la Nación no ha identificado y llevado a la justicia a toda la cadena criminal que participó en el homicidio del periodista Guzmán Quintero Torres. Pocos días después de iniciar la investigación, se capturó a Jorge Eliécer Espinel Velásquez, alias “El Parce”, y Rodolfo Nelson Rosado, alias “El Pichi”, autores materiales de los hechos, a quienes se les condenó a 472 meses de prisión. 

Actualmente, la Fiscalía General de la Nación sigue una línea de investigación a partir de las declaraciones del paramilitar Luciano Rojas Serrano, alias “Alex”, quien dice haber sido el encargado de contratar a los sicarios que acabaron con la vida de Guzmán Quintero Torres, por orden de Rodrigo Tovar Pupo, alias “Jorge 40”. Rojas Serrano aceptó los cargos por homicidio del periodista Quintero Torres y se está a la espera de que el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Valledupar dicte la sentencia. 

El 12 de septiembre de 2019, faltando tres días para que el asesinato prescribiera, la Fiscalía 77 Especializada Contra las Violaciones a los Derechos Humanos decidió declarar como crimen de lesa humanidad el homicidio del periodista Guzmán Quintero Torres, reconociendo que el mismo se dió en el marco de un ataque sistemático y generalizado contra la prensa en Colombia. 

La FLIP reconoce la importancia de la declaración como crimen de lesa humanidad pues es un avance en la lucha contra la impunidad en el caso, debido a que la misma tiene como efecto principal la imprescriptibilidad de los hechos. No obstante, la FLIP hace un llamado a la Fiscalía General de la Nación para que continúe con una investigación seria, imparcial y dentro de un tiempo razonable que logre sancionar a los responsables.

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Bogotá D.C./ Miami, FL. / Washington, D.C., 23 de marzo de 2018 --

A tan solo un mes de que prescriba el asesinato del periodista colombiano Nelson Carvajal, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), el Robert F. Kennedy Human Rights y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) presentaron el miércoles 21 de marzo una solicitud a Néstor Humberto Martínez, Fiscal General de la Nación de Colombia, para que declare el homicidio como crimen de lesa humanidad.

El homicidio de Carvajal es un caso emblemático que señala el incumplimiento de los deberes internacionales del Estado colombiano para prevenir la violencia contra el periodismo y para juzgar y sancionar a los responsables. Asimismo, ilustra la impunidad generalizada en los crímenes contra la libertad de expresión en América Latina y el Caribe.

Nelson Carvajal Carvajal fue periodista radial en Pitalito, Huila. Fue director del noticiero ‘Momento Regional’ y de las radio-revistas ‘Mirador de la Semana’, ‘Amanecer en el Campo’ y ‘Tribuna Médica’ de la Emisora Radio Sur, en ese municipio. Reportaba sobre irregularidades en la administración pública, corrupción y lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Fue asesinado el 16 de abril de 1998 por un sicario que le disparó siete tiros cuando salía de la escuela Los Pinos, donde era director.

El homicidio del periodista ocurrió en uno de los periodos más violentos contra la prensa en Colombia, en un contexto de ataques generalizados contra periodistas provenientes de estructuras criminales que incluían autoridades locales, paramilitares, guerrilleros y narcotraficantes. De acuerdo con la investigación penal, el crimen habría sido cometido por una alianza que involucra presuntamente a funcionarios, empresarios y miembros de la guerrilla de las FARC.

Para la SIP, el RFK Human Rights y la FLIP, el homicidio de Nelson Carvajal es un crimen de lesa humanidad, considerando que el asesinato se enmarca en un ataque sistemático y generalizado contra un sector de la población civil y que fue perpetrado por actores estatales, estructuras de crimen organizado y grupos armados.

Durante el proceso, miembros de la familia Carvajal han sido víctimas de amenazas y muchos debieron salir al exilio. También fueron asesinados testigos y varios fiscales abandonaron la causa tras recibir amenazas. Otros procesos judiciales asociados a la muerte de Carvajal fueron archivados en forma prematura. 

En 2002, el caso fue presentado por la SIP al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. El caso fue remitido en el 2015 a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el RFK Human Rights se unió a la representación legal de la familia en el litigio contra el Estado colombiano. La Corte ya deliberó sobre el caso y se espera un fallo definitivo en las próximas semanas.

Vea aquí la solicitud presentada a la Fiscalía General de la Nación.

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El pasado viernes, 26 de septiembre, la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía confirmó que el secuestro, tortura y violencia sexual contra la periodista Jineth Bedoya, cometidos el 25 de mayo de 2000, constituyen un Crimen de Lesa Humanidad.

En su decisión, la Fiscalía establece que a partir de “la sistematicidad de los ataques perpetrados voluntaria y deliberadamente por la organización macro criminal” contra los periodistas se concluye que el caso de Jineth Bedoya es un Crimen de Lesa Humanidad.

La Fiscal a cargo del caso ya había tomado esta decisión en septiembre del año 2012, en ésta oportunida del Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, había enviado mensajes públicos contradictorios con la declaratoria del Crimen de Lesa Humanidad. Con la decisión del pasado viernes, la Fiscalía confirma que las características del caso y la gravedad de los hechos cometidos contra Jineth Bedoya atentaron contra los valores más importantes de la humanidad.

“Se atentó contra los más sublimes y neurálgicos principios de humanidad hasta degradarlos con profunda afectación a la dignidad humana, a su condición de mujer y a las proyecciones que manan de tales entidades, por ejemplo, el ejercicio de su profesión como periodista” indicó la fiscal del caso al ratificar su decisión.

Además, en la misma decisión la Fiscalía  dictó resolución de acusación contra Mario Jaimes Mejía, alias “Panadero”, como coautor de secuestro simple, tortura y acceso carnal violento contra la periodista Jineth Bedoya.   

Es importante recordar que el 21 de julio del presente año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decidió declarar la admisibilidad del caso de la periodista contra el Estado colombiano. Esto quiere decir que la Comisión estudiará el fondo del caso y determinará si existió o no responsabilidad del Estado en los hechos ocurridos hace 14 años.

Además, el 21 de agosto el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, estipuló el 25 de mayo, fecha del aniversario del crimen contra Bedoya, como día nacional de las víctimas de la violencia sexual como consecuencia del conflicto armado, un reconocimiento a la labor que ha hecho Jineth en la lucha contra este tipo de violencia.  

La FLIP saluda la decisión de la Fiscalía de declarar el crimen contra Jineth como de lesa humanidad y espera que en los próximos meses se dé inicio al primer juicio en la larga cadena de responsabilidades que existen en éste caso. 

 
 
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La Fiscalía Primera Especializada de Cúcuta que lidera la investigación sobre el asesinato del periodista Eustorgio Colmenares, declaró el caso como un crimen de lesa humanidad y por lo tanto no prescribirá.

La Fiscalía consideró que “el homicidio de EUSTORGIO COLMENARES BAPTISTA, ocurrió con ocasión de la actividad ilegal desplegada por el ELN, dentro de un plan trazado para desestabilizar la institucionalidad regional desde las entrañas de la población civil con personas representativas de esa sociedad que aquellos consideraban no seguían sus directrices”

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