Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP

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Acos Alliance construyó un protocolo de seguridad para enfrentar los riesgos que ha traído consigo la pandemia. El protocolo busca que los medios de comunicación y periodistas independientes logren adaptar sus prácticas a las nuevas circunstancias.

Aquí puede conocer el protoclo en español.

Además, Acos Alliance puso a disposición una serie de recursos para cubrir la pandemia y minimizar los riesgos a los que se enfrentan medios y periodistas. Los recursos y guías abordan temas como manejo de crisis, comunicaciones, higiene y salud mental.

Las guías están enfocadas especialmente en los reporteros independientes y las recomendaciones para atender asuntos como las acreditaciones, los insumos de bioseguridad y los seguros.

Aquí puede navegar por los recursos.

En este momento los recursos están en inglés pero la guía se está traduciendo al español.

Esta herramienta fue producida por Acos en alianza con Article 19, Committee to Protect Journalists, Free Press Unlimited, Frontline Freelance Register, International Center for Journalists, International Media Support, International News Safety Institute, International Press Institute, International Women’s Media Foundation, Reporters Without Borders, Samir Kassir Foundation y World Association of News Publishers.

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  • El alcalde Urrego hizo señalamientos irresponsables contra el periodismo del municipio.
  • Además, el alcalde ha utilizado las vías judiciales para restringir el debate público.
  • El alcalde tiene el deber de garantizar el ejercicio periodístico y tener mayor tolerancia a la crítica.

 

 

La FLIP tuvo conocimiento de las declaraciones que el pasado 16 de junio hizo Leyton Urrego Durango, alcalde de Dabeiba, contra el periodismo local que indaga sobre información del contagio de COVID-19. En una alocución el alcalde sostuvo: “Le pedimos a las personas que dejen de llamar ese virus por acá. No se dejen influenciar por supuestos periodistas malignos, carroñeros, que dicen ser periodistas y están publicando cosas negativas para nuestro municipio”.

La FLIP advierte que esta situación es perjudicial para el ejercicio libre e independiente del periodismo en la región, para el acceso a la información por parte de la población y, además, socava la garantía de veeduría sobre la gestión de la administración frente a la atención de la emergencia. 

Durante el estado de emergencia es indispensable que las autoridades públicas garanticen las condiciones óptimas para el ejercicio de la libertad de prensa ya que la información relativa a su gestión y atención es de relevancia pública. Brindar información y asegurar su difusión permite que los ciudadanos tengan múltiples herramientas para comprender aspectos complejos que les permitan tomar decisiones informadas.

La pandemia del COVID-19 no sólo exige que las autoridades públicas sean proactivas en proporcionar información veraz y oportuna. Para que la ciudadanía esté informada también se requiere que todo lo que sucede con ocasión de la crisis sea contrastado y cuestionado por puntos de vista diversos que escapan de la mirada institucional y que son de enorme utilidad para fortalecer el debate democrático sobre esta situación de interés general.  

La Corte Constitucional ha recalcado recientemente que la libertad de expresión es un pilar del Estado Social de Derecho y un principio fundamental de los regímenes democráticos, en esa calidad previene abusos de poder y es una “válvula de escape” que estimula la confrontación pacífica de las decisiones estatales o sociales que no se compartan, de ahí que goza de un grado reforzado de protección (Sentencia T-155 de 2019).

El alcalde Urrego debe fomentar un clima óptimo para que la ciudadanía se mantenga informada sin valerse de estigmatizaciones contra la prensa. Una característica esencial de una sociedad democrática es la posibilidad de consultar distintos puntos de vista, contenidos y aproximaciones a los hechos, de manera que se respete la autonomía y criterio de los ciudadanos.

El alcalde y su equipo de trabajo deben asumir el deber de mayor tolerancia a la crítica propio de los funcionarios públicos en el marco de una crisis como la actual. Así lo recordó recientemente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su Resolución 01 de 2020: “En las actuales circunstancias, constituye un deber que las autoridades estatales informen a la población (...) También, deben recordar que están expuestos a un mayor escrutinio y a la crítica pública, aun en períodos especiales”.

Por ello, la FLIP le recuerda a las autoridades del municipio de Dabeiba, y en especial al alcalde, que deben respetar el escrutinio sobre la gestión frente a la emergencia y sobre la situación de contagio sin que ello signifique una represalia contra la prensa. 

Además, la FLIP alerta sobre el uso de vías judiciales para contrarrestar el debate público por parte del alcalde Urrego. Recientemente interpuso una acción de tutela contra un periodista independiente a sabiendas de no haber solicitado la rectificación de manera previa, requisito indispensable para utilizar este mecanismo de defensa de manera legítima.  

Para la FLIP es de extrema gravedad que el resultado de dicho proceso implicó  la afectación de los derechos fundamentales a la libertad de expresión, al acceso a la administración de justicia y al debido proceso del periodista por cuenta de un error judicial. Ordenar la rectificación de opiniones desconoce la jurisprudencia constitucional que ha establecido que el objetivo de la rectificación es controvertir las informaciones que carecen de veracidad e imparcialidad, por lo que este mecanismo no puede aplicarse a las opiniones. Limitar las opiniones sobre la gestión de un funcionario público desconoce que, por su relevancia pública, se trata de un discurso especialmente protegido y esto constituye una forma de censura previa, la cual está prohibida por la Constitución.

Por lo anterior, la FLIP hace un llamado al alcalde de Dabeiba a que, en cumplimiento del mandato constitucional de su cargo, respete la libertad de expresión y promueva un ambiente favorable que respalde la labor periodística y el acceso a la información. De ese modo, se abstenga de calificar la labor de la prensa en el municipio, de intimidar y desacreditar a la prensa al igual que censurar los contenidos periodísticos en la región.  

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  • El periodista Paco Lasso falleció el pasado 7 de mayo por un paro respiratorio.

  • Andrés Lasso, hijo del periodista, contó que se entorpeció el traslado de su padre a Bogotá para obtener una mejor atención médica.

  • Es deber del Estado garantizar medidas de bioseguridad para prevenir el contagio de los reporteros, practicar las pruebas de Covid-19 cuando se considere necesario y entregar de manera oportuna los resultados.

La FLIP expresa su preocupación ante la denuncia de la familia del periodista Paco Lasso por las irregularidades en la atención médica que recibió el comunicador durante su tratamiento para prevenir el contagio de Covid-19, luego de ser diagnosticado con neumonía. La Fundación le hace un llamado a las autoridades para que atiendan de manera oportuna a los periodistas que se encuentran en riesgo de contagio.

La FLIP se contactó con Andrés Lasso, hijo del periodista, quien compartió algunos detalles del proceso por el que atravesaron antes de la defunción de su padre. Manifiesta que durante los días que el reportero estuvo internado en el Hospital San Rafael de Leticia, se determinó que era necesario ordenar un traslado a Bogotá para recibir una mejor atención pero continuamente se entorpecieron los trámites. Durante este tiempo también le fue practicada la prueba médica para descartar el contagio por Covid-19. Sin embargo, la familia obtuvo los resultados 17 días después, cuando el periodista ya había fallecido por un paro respiratorio el 7 de mayo.

El hijo del reportero cuenta que inicialmente le diagnosticaron neumonía y que, a partir de ese momento, se dilató la prestación de los servicios médicos necesarios, por lo que la condición de su padre empeoraba con el paso de los días y no recibió una terapia respiratoria adecuada. En su relato, Andrés Lasso asegura que en la clínica no contaban con gases arteriales ni máquinas adecuadas así que su padre tuvo que compartir oxígeno con otro paciente.

Paco Lasso era un periodista regional interesado en narrar problemáticas ambientales, especialmente las de la región de la Amazonia. Su trabajo siempre estuvo enfocado en denunciar los daños a la naturaleza y en publicar análisis sobre la defensa de los territorios, la importancia del cuidado y la preservación de los ecosistemas, y la protección de los pensamientos ancestrales de las comunidades que habitan el sur de Colombia. Tuvo la oportunidad de publicar sus investigaciones en diferentes medios de todo el país como La Patria, El País y El Nuevo Liberal.

La FLIP se solidariza con la familia del periodista Paco Lasso y expresa su preocupación por las condiciones de cuidado y atención oportuna que están recibiendo los periodistas en medio de la situación de emergencia que enfrenta el país. 

Los reporteros están haciendo un constante cubrimiento de esta coyuntura y es deber del Estado garantizar medidas de bioseguridad para prevenir el contagio, practicar las pruebas de Covid-19 cuando se considere necesario y entregar de manera oportuna los resultados con el fin de salvaguardar la vida y la integridad de quienes están expuestos. Así mismo, en caso de confirmarse algún contagio es deber del Gobierno nacional prestar la atención necesaria para garantizar la salud de los afectados. 

La FLIP le recuerda al Gobierno nacional que parte de su responsabilidad frente al cumplimiento del derecho al acceso a la información pública es proteger a la prensa en medio de esta emergencia para que cuente con las garantías suficientes que le permitan difundir de manera oportuna información que contribuya al debate público sobre temas de interés general.

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La información oportuna, veraz, actualizada y descentralizada es un bien público esencial para tramitar la pandemia con credenciales democráticas para atender la crisis y garantizar los derechos fundamentales durante el aislamiento. Cuando la ciudadanía cuenta con información de calidad adopta las medidas para su cuidado y atiende las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Reconociendo la vital importancia del periodismo en esta coyuntura la Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- comparte un balance preliminar sobre las variables que afectan a una prensa libre en Colombia durante la pandemia.

1. Los periodistas y trabajadores de la prensa enfrentan riesgos biológicos.

El Gobierno Nacional en representación del Estado en su conjunto debe garantizar el ejercicio de la libertad de prensa libre e independiente para que esta difunda información que contribuya al debate público sobre temas de interés general. No es suficiente declarar el servicio de telecomunicaciones como un servicio esencial si no se acompaña de medidas concretas para:

a. Proteger del riesgo biológico a los periodistas. Al menos 16 reportaron haber tenido acercamientos con personas contagiadas o posiblemente contagiadas durante el ejercicio de su oficio. Cuatro periodistas mantuvieron aislamiento voluntario y 11 se tomaron la prueba para el diagnóstico de Covid-19 pero se evidenciaron retrasos de hasta 17 días en la entrega de los resultados. Uno de estos casos fue el de Paco Lasso, quien falleció en 7 el mayo de 2020 tras contraer el nuevo coronavirus. La FLIP también ha tenido conocimiento extraoficial de casos positivos de Covid-19 en trabajadores de un medio de comunicación,  un caso donde respetamos la discreción del medio en el manejo y en el que valoramos especialmente la diligencia de cuidado que se ha adelantado con respecto a ese trabajador y todas las personas en su entorno. 

b. Corregir las dificultades de movilidad para la reportería. Según el Decreto 749 de 2020, los periodistas están exceptuados de las restricciones de movilidad. Sin embargo, algunas autoridades también requieren la acreditación de esta calidad mediante títulos, certificados laborales y/o carnets. Esto es contrario al artículo 20 de la Constitución Política que establece que el derecho a informar está en cabeza de todas las personas del territorio colombiano. Además, en algunos casos, para ser cobijado por esta excepción, resulta indispensable registrarse en plataformas que exigen acceder a datos personales y a la georeferenciación en tiempo real. Esto puede representar un riesgo para los comunicadores y sus fuentes.

c. Aclarar las condiciones del uso de los medios de comunicación para difundir información oficial1. Algunas medidas reconocen y valoran el derecho a informar y ser informados para exigir que los medios de comunicación difundan la información oficial. Sin embargo, la falta de claridad sobre los parámetros aplicables puede prestarse para arbitrariedades. La Resolución 844 de 2020 establece la obligación a los medios de comunicación masiva de difundir gratuitamente información sobre la situación sanitaria y las medidas de protección para la población adoptadas, de acuerdo con la información suministrada por el Ministerio de Salud. La amplitud de estos términos y restringir a los medios como simples amplificadores de información oficial abre la puerta para la imposición estatal de contenidos, uno de los mecanismos de propaganda y censura previa prohibidos por la Constitución.  

d. Disponer recursos para asegurar la sostenibilidad del sector. Hasta el 31 de mayo, se han conocido al menos 48 casos de periodistas y medios de comunicación que se han visto afectados por la situación de emergencia sanitaria, 32 son de medios y reporteros que están viendo afectadas sus finanzas. Esta situación es más grave en las regiones que se ven amenazas de quedarse sin medios e información local. Las distintas interpretaciones de la Directiva 16 de la Procuraduría General de la Nación implicó una reducción de la pauta publicitaria agravando la situación, los alivios del gobierno se han concentrado en televisión abierta y medios comunitarios dejando en desprotección específica a un amplio rango de medios de comunicación

2. Ambiente hostil contra la libertad de prensa.

La FLIP ha advertido conductas recurrentes entre las autoridades locales que afectan el flujo de la información. La descalificación de manera pública del trabajo periodístico y estigmatización a algunos reporteros y medios tiene, sin duda, un efecto inhibidor. Estas conductas hostiles contra la prensa buscan silenciar las voces que critican la gestión de la emergencia. Esto limita la veeduría y participación ciudadana. Es preocupante la situación en Medellín, Sucre, Cesar y Nariño donde las autoridades gubernamentales no han ahorrado calificativos denigrantes contra la prensa.

Al respecto, vale la pena recordar que las autoridades y funcionarios públicos deben garantizar el derecho a la libertad de prensa y facilitar el debate de interés público aun cuando ello implique tolerar la crítica sobre su gestión. Dicho debate no debe estar sujeto a calificaciones por parte de las entidades oficiales ni a obstrucciones o censura, que está expresamente prohibida en la Constitución Política y es una herramienta dañina que limita el pluralismo y por ende el funcionamiento mismo de la democracia en un Estado.

3. Dificultades para acceder a la información.

El acceso a la información pública no se está garantizando de manera plena, al menos por las siguientes razones:

  • El tiempo de respuesta a derechos de petición se amplió como consecuencia de la emergencia, mediante el Decreto 491 de 2020. 

  • Motivos de orden público se ha convertido en un argumento recurrente para negar la entregar la información sobre el nivel de contagio.

  • La directriz de que las únicas fuentes autorizadas para dar esta información son el Instituto Nacional de Salud y el Ministerio de Salud limita el acceso a la información local.

  • La falta de reglas claras para el uso de ámbitos digitales (Whatsapp, Facebook, Twitter) como canal oficial y de los funcionarios ha facilitado arbitrariedades, tales como no responder a los cuestionamientos incómodos, excluir con base en criterios discriminatorios (línea editorial, tamaño del medio, tipo de medio, tamaño de audiencia) y bloquear los comentarios críticos.

Esto no permite un flujo ágil de la información y tampoco responde a las necesidades informativas territoriales. Por lo anterior, la FLIP hace un llamado a la Procuraduría General de la Nación para que establezca guías de uso de plataformas y redes sociales que garanticen el acceso a la información y también que ejerza de manera activa el poder disciplinario preferente sobre las faltas por impedir y obstaculizar el acceso a la información. 

Por último, la FLIP declara un riesgo de captura estatal del debate público en el que la expectativa de simple amplificación de la voz oficial por parte los gobiernos nacional y locales, sumada a una reducción operacional de los medios debido a la crisis financiera que atraviesan, deriva en un ambiente muy limitado de escrutinio social a las políticas públicas en curso. La FLIP anima a las audiencias a que contribuyan económicamente a los medios de comunicación e invita a las autoridades nacionales y locales a evaluar el derecho a una sociedad informada como un bien de interés público en la pandemia facilitando medidas que efectivamente atiendan el riesgo de extinción de medios y la captura del debate público. 

 

1 El Decreto 460 de 2020 se ordenó a las radios comunitarias estar dispuestas y responder a las necesidades informativas en medio de la emergencia frente a ciertos temas específicos. De manera más reciente, el apoyo de los medios de comunicación fue ampliada mediante la Resolución 844 de 2020 expedida por el Ministerio de Salud, que extiende la emergencia sanitaria hasta el 31 de agosto de 2020 y ordena a todas las estaciones de radiodifusión sonora, a los programadores de televisión y demás medios masivos de comunicación, difundir gratuitamente la información suministrada por este ministerio, en horarios o franjas de alta audiencia, sobre la situación sanitaria y las medidas de protección para la población, de acuerdo con los lineamientos del Ministerio de Tecnologías de la información y las Comunicaciones.

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La crisis económica que vive el país a cuenta del coronavirus ha afectado profundamente a los medios de comunicación y a los periodistas independientes.

Por esta razón, a continuación encontrarán algunos de los fondos que están apoyando a periodistas. Es muy importante que lean toda la información de aplicación en cada caso, varios fondos tienen criterios esenciales para que puedan ser elegidos. 

National Geographic Society

https://www.nationalgeographic.org/funding-opportunities/grants/what-we-fund/covid-19-emergency-fund/

Monto: el fondo oscila entre $ 1,000 y 8,000 USD.

Perfil: periodistas especialmente que cubran información local e hiperlocal.

National Geographic Society lanzó un fondo de emergencia para periodistas de todo el mundo que deseen cubrir COVID-19 dentro de sus propias comunidades. Este fondo está diseñado para apoyar la creación de historias individuales o series más largas de contenido, y les interesan los proyectos locales e hiperlocales.

El fondo alienta especialmente la presentación de informes que cubran asuntos sociales, emocionales, económicas y de equidad. 

Todos los materiales de la solicitud deben estar en inglés, y los solicitantes deben tener al menos 18 años de edad al momento de presentar una solicitud.

International Women’s Media Foundation

ttps://iwmf.submittable.com/submit/7e32b971-35c2-4392-b884-e34b13b49a02/fondo-de-ayuda-para-periodistas-espanol

Monto: este fondo proporcionará pequeñas subvenciones de hasta $US 2,000 por solicitud.

Perfil: periodistas mujeres (cis y trans).

El Fondo de Ayuda para Periodistas de la IWMF está abierto a mujeres periodistas (trans y cisgénero) que están en una situación económica difícil. Esto puede incluir periodistas que han perdido su trabajo, que fueron despedidas recientemente o que necesitan asistencia urgente para evitar resultados graves e irreversibles.

El Fondo de Ayuda para Periodistas de la IWMF brinda lo siguiente: asistencia para prevenir la falta de vivienda y la inseguridad alimentaria; atención médica y servicios de salud mental; cuidado de niños; y apoyo legal.

Rory Peck

https://rorypecktrust.org/freelance-assistance/covid-fund/

Monto:  £200 y £900 (libras esterlinas).

Perfil: periodistas independientes.

El Rory Peck creó este fondo para periodistas independientes a los que el COVID-19 ha afectado directamente en su trabajo y medios de subsistencia. Los solicitantes seleccionados recibirán una subvención única para contribuir a los costos de subsistencia (hogar y comida) para ellos y sus dependientes.

Contacto: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Field of vision

https://fieldofvision.org/relief-fund

Monto: hasta $US2.000.

Perfil: documentalistas independientes.

El fondo busca apoyar las necesidades financieras personales durante la pandemia de COVID-19 a los trabajadores independientes que han experimentado dificultades por la pérdida de ingresos u oportunidades como resultado de la pandemia.

El fondo estará abierto para solicitudes desde el 6 de mayo a las 9 a.m. ET, hasta el 8 de mayo a las 6 p.m. ET o hasta que lleguen a 750 solicitudes.

Format 

https://www.format.com/photographer-fund

Monto: hasta $US 500

Perfil: fotógrafos independientes.

Format creó el Fondo de Fotógrafos para ayudar a los fotógrafos independientes que enfrentan dificultades financieras a raíz del brote de COVID-19.

Teniendo en cuenta que esto no es una gran cantidad, Format busca apoyar a tantas personas como puedan a mantenerse en pie.

Contacto: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Netflix y la Academia Colombiana de Artes y Ciencias Cinematográficas 

https://form.jotform.com/academiacolcine/fondonetflix

http://www.academiacolombianadecine.org/fondo-netflix

Monto: única entrega de hasta $ 1’200.000 pesos colombianos.

Perfil: técnicos y personal de soporte de la industria cinematográfica y audiovisual.

La Academia Colombiana de Cine (ACACC) y Netflix lanzan el “Fondo de Apoyo COVID-19 para la Industria Cinematográfica y Audiovisual”. Se quiere apoyar a los trabajadores técnicos y de soporte del sector más afectados por la pandemia. Un comité evaluador revisará las solicitudes y determinará a los beneficiarios en un plazo no superior a los 10 días.

Fecha de apertura: 5 de mayo de 2020. Estará disponible por dos meses o hasta agotar los recursos del fondo.



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Junto a la Misión de Observación electoral hicimos una investigación en la que encontramos que la tendencia de la publicidad oficial de las admistraciones locales es en gran medida de autopromoción.

Por esta razón y teniendo en cuenta la situación actual que atravesamos por el Coronavirus, y la forma en que éste ha afectado a los medios de comunicación, la FLIP hace las siguientes recomendaciones para la probación de piezas publicitarias. 

1. El eslogan de la administración no debe ser el contenido principal de la pieza.

2. El contenido de la campaña debe ser claro, con información de interés y utilidad para la ciudadanía. Por ejemplo: consejos de autoprotección, información sobre ayudas e información actualizada de la pandemia.

3. La campaña debe estar enfocada en mitigar la crisis del Covid-19, no debe hacer mención a ningún funcionario o servidor público. Tampoco debe resaltar a partidos o movimientos afines a la administración.

4. El objetivo es mitigar los efectos del Covid-19, la campaña no debe atacar a voces opositoras del gobierno u otras administraciones.

5. La campaña no debe centrarse en promocionar la la gestión de un gobierno. Esta situación excepcional no debe ser un pretexto para la autopromoción.

 

 

 

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Investigación de la MOE y la FLIP sobre publicidad oficial 

  • Una investigación conjunta entre la FLIP y la MOE analizó 2.128 piezas de 30 contratos realizados durante el 2018 (antes de iniciado el proceso electoral local)  por las alcaldías de nueve ciudades capitales y de Buenaventura. 

  • De esos mensajes o piezas hay 1.237 de “autopromoción” (58%), 738 de tipo “informativo” (35%) y 153 piezas “no identificadas” (7%).

  • Los contratos indagados suman más de 91 mil millones de pesos.

 

Bogotá 20 de abril de 2020. La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- y la Misión de Observación Electoral -MOE- alertaron sobre la necesidad de mayor transparencia en los procesos de contratación de los gastos de comunicaciones durante esta emergencia por el COVID-19, y solicitan restringir, de una vez por todas, la autopromoción de los mandatarios. 

Esta alerta hacer parte de los resultados de una investigación realizada sobre los mayores contratos ejecutados en el curso en 2018, bajo el concepto de publicidad oficial, de las alcaldías de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Mocoa, Buenaventura, Montería, Santa Marta y Neiva. Hay que recordar que el pasado 8 de abril, la Contraloría y la Procuraduría empezaron a hacer un seguimiento especial para que los recursos públicos no sean utilizados en publicidad innecesaria asociada a la emergencia por COVID-19.

Se analizaron los contratos sobre publicidad oficial que las diez alcaldías remitieron y sobre esa información se seleccionaron tres contratos por ciudad: los dos de mayor cuantía destinados para publicidad oficial y el contrato de mayor cuantía de material POP1. La MOE y la FLIP le solicitaron a cada alcaldía los soportes de esos tres contratos, es decir, la evidencia ya sea física o digital de lo que se ordena en ellos

Así pues, la investigación abordó 30 contratos que sumaron 91.611.829.777 pesos. En varios casos se trataban de contratos de altos montos que fueron ejecutados por medio de la creación de otros contratos. 

Según Jonathan Bock Ruíz, subdirector de la FLIP: "al analizar detenidamente las 2.128 piezas de los contratos nos encontramos que el 58% eran informaciones de autopromoción o autobombo de los funcionarios y las administraciones. Estas piezas carecían de elementos informativos o de política pública relevantes para la ciudadanía". 

La investigación indica que sólo el 35% de las piezas analizadas eran de carácter informativo y un 7% no se pudieron identificar. Las piezas analizadas consistían en 522 piezas contratadas en prensa, 263 en radio, 432 audiovisuales, 181 piezas para redes sociales y 730 de materiales POP. 

Alejandra Barrios Cabrera, directora nacional de la Misión de Observación Electoral -MOE-, explica que "la publicidad que se contrata con dineros públicos fue en general usada para exaltar la imagen del alcalde o de la entidad. Su contenido podía estar ofertando un derecho o un bien, sin embargo, no informaba con precisión a la ciudadanía sobre cómo acceder al beneficio y se focalizaba en exaltar los logros de la administración y el funcionario”. 

Las organizaciones que realizaron la investigación hicieron un llamado a las alcaldías en todo el país para restringir cualquier contratación que tenga como finalidad la autopromoción, en especial ahora en plena emergencia causada por el COVID-19, que obliga que el gasto público en comunicaciones sea responsable y transparente.

Según la investigación, los mandatarios deben garantizar que los gastos en publicidad únicamente sirvan para: 1) impulsar políticas públicas. 2) fomentar valores para la ciudadanía. 3) informar al ciudadano sobre sus derechos y obligaciones y 4) ofrecer servicios a la ciudadanía, canales de información y instrucciones de procedimientos.

Las organizaciones recomendaron a todas las autoridades nacionales, departamentales y municipales aplicar 6 claves para la aprobación de cualquier pieza comunicativa: 

  1. El eslogan de la administración no debe ser el contenido principal de la pieza. 

  2. No debe tener menciones de ningún funcionario de la entidad. 

  3. No realice menciones al partido político de gobierno, senadores, concejales, diputados, ediles. 

  4. No ataque a opositores u otras administraciones.

  5. No se centre en promocionar la gestión de gobierno. 

  6. Asegúrese de que contenga información de utilidad para la ciudadanía.

 

Transparencia en la contratación de comunicaciones

Finalmente, una de las grandes dificultades que evidenció la investigación es la organización de la información y almacenamiento en formatos auditables. En la contratación de publicidad oficial se encontraron soportes borrosos o archivos que no contenían nada o no abrían. Lo anterior no permite una veeduría contundente sobre el presupuesto público por parte de las entidades de control estatal y miembros de la sociedad civil.

En cuanto a la transparencia de la publicidad oficial, la investigación halló que la carencia de normatividad frente a cómo deben ser almacenados los mensajes sobre publicidad oficial, y la falta de claridad y de un marco normativo en relación a los precios que se deberían pagar por las piezas de publicidad oficial son hechos que impiden una mayor transparencia. 

En la mayoría de contratos analizados no se pudo establecer con claridad cuánto pagaron las alcaldías por determinada pieza, por ejemplo, una cuña radial, una pieza audiovisual, un artículo en prensa. Este criterio ambiguo en las distintas ciudades hace muy difícil determinar en cuales efectivamente se puede hablar de sobrecostos o irregularidades. 


1. Se entiende material tipo POP lo referente a cualquier objeto o cosa que las entidades públicas utilizan para la divulgación de un mensaje. Un ejemplo de este tipo de material es maquetas, carteles, afiches, pendones, pasacalles, tazas de café, bolígrafos, stickers, etc

Aquí puedes ver el informe completo.

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La FLIP tuvo conocimiento de los mensajes estigmatizantes que el senador Laureano Acuña ha dirigido contra la prensa de Atlántico a través de sus redes sociales. El primero de ellos lo publicó en su cuenta de Facebook el pasado cuatro de abril. En la publicación señala al periodismo de la región de ser “extorsionista” y “amarillista, perverso y mal intencionado”. Horas más tarde, en otra publicación acusó a un reportero de hacer “un mandado político proveniente de mafias que gobiernan esta ciudad”, refiriéndose al municipio de Malambo, sin proporcionar justificación alguna.

Estas estigmatizaciones se presentaron luego de que varios periodistas y medios de comunicación de la región alertaran sobre la presunta celebración irregular de contratos por parte de los alcaldes Rummenige Monsalve de Malambo y Rodolfo Ucrós de Soledad.

Para la FLIP es indispensable alertar que esos señalamientos ponen en riesgo la vida y la integridad de los periodistas afectados, y, también envían un mensaje intimidatorio para aquellos reporteros que están cubrimiento este tema de interés general. Luego de las publicaciones del senador Acuña, al menos tres periodistas fueron víctimas de ataques a través de redes sociales, recibieron insultos e intimidaciones. Adicionalmente, los mensajes agresivos difundidos pudieron motivar más ataques contra la prensa por parte de otros funcionarios de la región. 

Por esta razón, la Fundación le solicita que se retracte públicamente de los señalamientos emitidos contra la prensa. La FLIP pondrá en conocimiento de esta situación a la Comisión de Ética y Estatuto del Congresista para que sea esta instancia que investigue y emita las sanciones correspondientes.

Conozca la carta competa aquí.

 

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Si hay un momento en el que se necesita periodismo libre e independiente, es este.

La pandemia del coronavirus no solo demanda que las autoridades nacionales y locales sean proactivas en proporcionar información veraz y oportuna. Para que la ciudadanía esté informada, bajo estándares democráticos, también se requiere que todo lo que acontece a causa de la crisis, sea del orden nacional o territorial se vea complementado con otros puntos de vista que escapan a la mirada institucional y que son de utilidad para fortalecer la toma de decisiones públicas. Una deliberación pública plural y diversa es fundamental para reafirmar, reconsiderar y/o reorientar las múltiples políticas en curso. Al igual que los servicios de salud, la seguridad y el abastecimiento, la información veraz y descentralizada es un bien público esencial en el estado de emergencia. 

El despliegue periodístico que la emergencia demanda es inversamente proporcional a los recursos de los cuales puede disponer el sector de medios y periodistas por sí mismo en el futuro cercano. Esto ha provocado que, en casi todos los países afectados por el COVID-19, organizaciones del sector hayan presentado solicitudes a los gobiernos, nacionales y locales, para que la prensa pueda cumplir con su mandato democrático durante la emergencia.

Cualquier apoyo estatal a los medios viene acompañado de riesgos tanto para la prensa como para los propios gobernantes. Que la ciudadanía perciba que los medios favorecidos pierdan independencia para hacer escrutinio a la labor estatal es tan delicado como que se entiendan los eventuales apoyos como una forma en la que el Estado interviene en el debate público para dominarlo, excluyendo a la crítica y a las voces disonantes. Estas solicitudes y riesgos afectan por igual a medios nacionales y locales, así como a las autoridades a cargo de la ejecución de presupuestos públicos del orden nacional y territorial. Bajo estas consideraciones, la Fundación para la Libertad de Prensa propone:

  1. Que el Gobierno Nacional, en el marco de las facultades extraordinarias derivadas del estado de emergencia, emita un decreto con fuerza de ley en el que se declare el derecho a una sociedad informada, bajo estándares democráticos, como un bien de interés público. Sugerimos que sea a través de un decreto porque al tener revisión posterior por parte de la Corte Constitucional se brindan mayores garantías para la libertad de expresión. 

  2. Que en dicho decreto se invoquen como principios generales que cualquier tipo de apoyo al sector respetará los estándares de libertad de prensa, será de carácter universal, transparente, bajo criterios objetivos, sin discriminación y con una clara prohibición de interferencia en la autonomía y contenidos de los medios de comunicación para todas las entidades y funcionarios públicos del orden nacional y territorial.

  3. Crear al menos tres tipos de medidas a cargo de los gobiernos nacional, departamentales, distritales y municipales, a saber: i) incentivos para estimular la economía del sector vía eliminación de cargas tributarias, ii) crear un fondo de rescate para el flujo de caja del sector con aportaciones públicas y privadas, en tanto una porción importante de medios no califican para los apoyos de líneas de crédito habilitadas en el estado de emergencia en otras normas ya expedidas, y, iii) asignación de pauta oficial nacional y territorial para la difusión de contenidos institucionales, incorporando con especial cautela criterios para su ejecución de conformidad a los estándares internacionales sobre la materia.

    La publicidad oficial es un mecanismo adecuado para que la ciudadanía esté enterada de las disposiciones adoptadas durante el estado de emergencia. Sin embargo, esos recursos deben ajustarse a criterios de transparencia, efectividad y objetividad. Desconocer estos parámetros facilita las asignaciones arbitrarias, ineficientes y los actos de corrupción. Los rubros de publicidad oficial no pueden ser entendidos como un subsidio para los medios de comunicación.

  4. Estas medidas excepcionales sólo deberían asignarse a entidades periodísticas corporativamente responsables con sus trabajadores y colaboradores, esto implica: de un lado, cumplir con la normativa del Ministerio del Trabajo y por el otro, asegurar que todo el personal desplegado en actividades periodísticas cuente con elementos de protección y entrenamiento para la prevención de contagio del nuevo coronavirus.


La FLIP pone a disposición del Gobierno Nacional todo el acompañamiento técnico que se requiera para asegurar que cualquier apoyo estatal al sector de medios y periodistas sea compatible con estándares internacionales de libertad de prensa.

Toda vez que los presupuestos de pauta oficial ya se están ejecutando a nivel nacional y territorial haremos un seguimiento especial a la asignación de esos recursos.

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Bogotá, Marzo 27 de 2020.

A propósito de la emergencia ocasionada por la pandemia COVID-19, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) expidió la Circular Externa 001 del 23 de Marzo de 2020 donde se refiere al “suministro de información al Departamento Nacional de Planeación (DNP) y demás entidades estatales que las requieran para atender, prevenir, tratar o controlar la propagación del COVID-19 (coronavirus) y mitigar sus efectos”.

De acuerdo con lo manifestado por la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, el cheque en blanco que firma el Superintendente tenía como propósito asegurarse de que los operadores de telefonía entregaran al Departamento Nacional de Planeación los teléfonos de los beneficiarios del Sisben con el fin de desplegar la ayuda social que la emergencia amerita. Aunque el acceso a este tipo de información con dicho fin es razonable, el alcance de la Circular es mucho mayor. Además, es sorprendente que las autoridades no tuvieran la información necesaria para ponerse en contacto con las personas que deben recibir las ayudas humanitarias.

Las organizaciones firmantes somos conscientes de que un estado de emergencia como el que se está viviendo a causa de la pandemia del COVID-19 requiere medidas excepcionales por parte de los gobiernos. Tal y como lo recordaron los relatores especiales de derechos humanos de las Naciones Unidas, toda respuesta de los Estados debe ser “proporcionada, necesaria y no discriminatoria”. 

Distintas Cortes en el mundo han considerado que el acceso a información que tienen las compañías de telefonía fija y celular debe darse con las mayores garantías para evitar la vigilancia indebida. A manera de ejemplo, la Corte Suprema de los Estados Unidos indicó que la información de localización que tienen estas empresas sólo podría obtenerse por medio de orden judicial. Por su parte, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró que el sistema de vigilancia masiva del Reino Unido violaba la libertad de expresión porque no establecía garantías para evitar el acceso y uso abusivo a información protegida por la reserva de las fuentes periodísticas. En el marco de la pandemia, el Comité Europeo de Protección de Datos personales ha dicho que la información de localización que obtengan las autoridades debe procesarse de forma anónima, con el fin de analizar patrones de concentración de las personas. Según esa entidad, cualquier medida de procesamiento de información no anonimizada tiene que establecer garantías adecuadas

Teniendo esto en cuenta y frente a la Circular emitida por la SIC, nos permitimos manifestar:

  1. Los operadores de telefonía fija y celular tienen una gran cantidad de información con respecto a la localización, identificación y comunicaciones de sus usuarios. El acceso irrestricto a este tipo de datos, a pesar del  rol que pueda tener en la atención de la pandemia, implica riesgos de discriminación, de vigilancia indebida, de invasión de la privacidad y de protección de las fuentes periodísticas. 

  2. La SIC, por mandato de la Ley 1581 de 2012 y de la Ley 1266 de 2008, es la llamada a garantizar que el uso de datos personales por parte de entidades públicas y privadas se apegue a la ley y no desencadene en violaciones a los derechos humanos. Es preocupante que la Circular de la SIC, recuerde la existencia de un deber legal para la entrega de datos en manos de entidades privadas, pero no se sirva detallar las condiciones y requisitos legales que deben atender tanto el DNP como las entidades privadas que se vean requeridas por las autoridades públicas, para entregar información de sus bases de datos que sea personal y sensible.

  3. La Circular de la SIC se limita a indicar que el artículo 10 de la Ley 1581 de 2012 permite el tratamiento de datos personales sin autorización en casos de emergencia sanitaria o médica. No obstante, la SIC omite su deber de establecer garantías mínimas frente al tratamiento de dicha información. Sobre la excepción que la SIC invoca, la Corte Constitucional ha dicho que “el uso del dato también debe sujetarse a todos los principios y limitaciones consagrados en la Ley. Por el contrario, jamás podría interpretarse como una autorización abierta para que se acceda a datos personales sin consentimiento de su titular” (Corte Constitucional, Sentencia C 748 de 2011). 

  4. Una decisión como la que adoptó la SIC mediante la Circular  Externa 001 del 23 de Marzo de 2020 no puede usarse como un cheque en blanco. No incluye una limitación en el tiempo, por lo que permite el acceso a información previa a la pandemia. Tampoco indica de forma clara los tipos de datos cuyo acceso se autoriza, por lo que puede implicar desde el dato más básico hasta información compleja sobre localización de las personas. Esto es más grave si se observa que la Circular se delimita a reiterar el mandato legal que autoriza a acceder a cualquier entidad pública a información en bases de datos de entidades privadas. 

  5. La Circular de la SIC no exime a las empresas privadas de aplicar las garantías de protección de datos personales de sus usuarios frente a las solicitudes que provengan por parte de las autoridades. Esto implica que las empresas tienen el deber de analizar las solicitudes que realizan las autoridades y rechazarlas mientras que no cumplan con los requisitos de ley.

  6. Invitamos a las empresas que sean requeridas por autoridades públicas para entregar datos personales a evaluar estas solicitudes desde el marco de los derechos humanos, a seguir buenas prácticas internacionales e implementar y mejorar sus mecanismos de transparencia para informar sobre las solicitudes de datos personales que hagan las autoridades.

  7. Las autoridades deben explicar suficientemente qué datos personales solicitan para responder a la crisis de salud, por qué son necesarios para las acciones de mitigación y qué análisis realizan con esos datos. En lo posible, deben abrir canales de comunicación amplios con la academia y la sociedad civil para discutir los usos aceptables de los datos personales adquiridos durante la emergencia. 

  8. Las autoridades deben hacer un compromiso público claro para limitar el tiempo y los usos de los datos personales que aporte el sector privado y deben implementar mecanismos para que las solicitudes no se extiendan para fines o por tiempos más allá de la crisis. En ese sentido, deben implementar mecanismos de seguimiento para que otras autoridades, academia y sociedad civil puedan verificar el cumplimiento de esos compromisos.


En vista de las distintas omisiones por parte de la SIC en la garantía de la protección de los derechos fundamentales a la hora de emitir la Circular Externa 001 del 23 de Marzo de 2020, las organizaciones firmantes presentaremos una queja disciplinaria en contra del Superintendente de Industria y Comercio, Andrés Barreto González, y del Superintendente Delegado para la Protección de Datos Personales, Nelson Remolina Angarita, por considerar que están incumpliendo las obligaciones que la ley les ha encomendado. 

 

Firman:

La Fundación para la Libertad de Prensa,

La Fundación Karisma

El Centro de Internet y Sociedad de la Universidad del Rosario ISUR

 

Respaldan:

Access Now, Internacional

Asociación para los Derechos Civiles, Argentina

Derechos Digitales, América Latina

Hiperderecho, Perú

Ipandetec, Centroamérica y el Caribe

Privacy International, Internacional

R3D, México

Tedic, Paraguay



















Publicado en Pronunciamientos
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