Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP

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Este 11 de diciembre, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena a Ferney Tapasco González, exdirector del Partido Liberal en Caldas, a 36 años y tres meses de prisión por su participación como autor intelectual en el homicidio del periodista Orlando Sierra Hernández, subdirector del diario La Patria de Manizales. Tapasco había sido condenado en segunda instancia por el Tribunal Superior de Caldas el 24 de junio de 2015.

En su sentencia, la Corte Suprema de Justicia destacó que el homicidio contra Orlando Sierra se dio en razón de su labor como periodista. Al respecto la Corte señaló: “las amenazas que soportaba Orlando Sierra por razón de su actividad periodística son una realidad demostrada en el proceso, de las cuales, además, sabían las personas que lo acompañaban y compartían su trabajo, su vida familiar”.

A través de su columna “Punto de Encuentro”, Sierra realizó críticas a varios políticos de Manizales, entre los que se encontraba Ferney Tapasco. Sin embargo, la Corte determinó que fue Tapasco quien planeó el homicidio del periodista a través de múltiples declaraciones  entre las que se encuentra la de Flavio Restrepo, a quién Orlando Sierra le había manifestado quién pretendía atentar contra su vida.

Para la condena también fueron determinantes los testimonios de personas cercanas al sicario que disparó contra Orlando Sierra. Al respecto, la Corte señaló que “el análisis conjunto de las pruebas revela la condición bajo la cual se le llamó a juicio, pues así fue reconocido por el jefe de sicarios que perpetró el homicidio y por personas del círculo cercano de éste, como Néstor Iván Arboleda Franco y Gustavo Adolfo López Aguirre”.

La Sala Penal modificó parte de la sentencia de segunda instancia al determinar que la condena contra los hermanos Fabio y Jorge López Escobar se haría en calidad de cómplices y no de coautores, como lo había establecido previamente el Tribunal.

Orlando Sierra fue asesinado el 30 de enero de 2002 cuando salía de La Patria. Luis Fernando Soto Zapata, el sicario que disparó contra el periodista, fue condenado en 2002 a 19 años de prisión por su participación material en los hechos. En 2007 salió de prisión, pero fue asesinado en 2008.

La Fundación para La Libertad de Prensa reconoce la importancia de esta decisión en la lucha contra la impunidad por crímenes contra periodistas. Además, hace un llamado a la Fiscalía General de la Nación para que avance en las investigación de los crímenes contra la prensa en  Colombia, los cuales alcanzan graves niveles de impunidad.

 

Actualización:

El 25 de septiembre de 2019 la Corte Suprema de Justicia negó una acción de tutela interpuesta por Ferney Tapasco, por medio de la cual solicitaba se ordenara su libertad. Con la acción de tutela, Tapasco pretendía quedar en libertad aduciendo que al ser condenado por el Tribunal Superior de Manizales, no se le había garantizado el derecho a la doble instancia. La Corte Suprema negó esta solicitud considerando que no hubo una violación a sus derechos fundamentales pues contó con el recurso de casación para controvertir el fallo.

 

 

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Hoy, 12 de octubre de 2018, se cumplen ochenta años del asesinato del periodista Eudoro Galarza Ossa. Este crimen es el primer asesinato de un periodista por razones de su oficio del que se tiene registro en Colombia. Galarza, fundador y director del periódico La Voz de Caldas, fue asesinado en 1983 por el teniente Jesús María Cortés.

El periódico había publicado las denuncias de maltrato presentadas por un soldado en contra de Cortés. El teniente pidió a Galarza que se retractara y, ante la negativa, asesinó al periodista a pesar de haber afirmado que las acusaciones eran ciertas. Curiosamente, en la madrugada del 9 de abril de 1948, Jorge Eliécer Gaitán, abogado defensor de Cortés, logró su absolución con un razonamiento imposible de sostener hoy en día: Gaitán argumentó que el teniente había actuado en legítima defensa del honor militar. Más tarde, ese mismo día, Gaitán fue asesinado en el centro de Bogotá.

La FLIP invita a la Corte Suprema de Justicia, al Ministerio de Justicia y del Derecho, al Ministerio del Interior y a la Fiscalía General de la Nación a que acompañen a la Fundación en un homenaje a Galarza.

Aquí puede leer la carta completa.

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W Radio dio a conocer la posibilidad de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) interponga acciones penales en contra de un periodista por sus publicaciones relacionadas con la investigación que adelanta dicho tribunal contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Consultada por la FLIP, la Corte aseguró que ‘no presentará acción judicial alguna contra periodistas’.

Después de que la Corte Suprema de Justicia llamara a indagatoria al expresidente Álvaro Uribe Vélez, el debate público se ha visto opacado por los distintos actores. Además, este tipo de situaciones tienen como efecto el de amedrentar a los medios de comunicación y periodistas interesados en cubrir el proceso contra Uribe.

El 31 de julio en rueda de prensa, el senador Iván Cepeda anunció que iba a tomar medidas penales en contra de Gustavo Rugeles y de Fernando Londoño por difundir información, en criterio de Cepeda, calumniosa. El pasado 27 de julio, El Expediente publicó una nota titulada “El Expediente revela informe de contrainteligencia sobre supuesto complot criminal contra Álvaro Uribe”. En el artículo se vincula al presidente Santos, al senador Cepeda, al General Naranjo y dos magistrados con un supuesto complot para encarcelar al expresidente Uribe.

Ese mismo día, también en rueda de prensa, el abogado de Uribe, Jaime Granados, se refirió a filtraciones de material probatorio del proceso a medios de comunicación con el fin de “maltratarlo (a Uribe) y hacerlo ver como responsable de actos que no ha cometido.”

Frente a esto, la FLIP considera que

  1. El procedimiento en contra de Uribe es un asunto del más alto interés público. Este caso debe debatirse públicamente independientemente de la opinión o parecer de las  personas involucradas en él. Entre más transparencia exista en el proceso, mayores garantías habrá para los implicados y para la ciudadanía.

  2. Tanto el procesado, como la CSJ y las demás entidades y funcionarios que tengan competencia o interés  en el asunto deben ser tolerantes a la crítica. Son los integrantes de la Corte y los congresistas quienes escogieron voluntariamente los roles públicos que representan y eso les acarrea un mayor escrutinio público y exposición. Hay un interés general sobre sus actuaciones y opiniones. Además, el derecho de la sociedad a recibir informaciones y opiniones al respecto está por encima de las posiciones de las instituciones o funcionarios parte de la presente controversia.

  3. Rechazamos que desde las autoridades se insinue o contemple la judicialización vía penal sobre las publicaciones de los medios de comunicación. El cubrimiento de este caso tiene una especial protección constitucional y anticipar como consecuencia el uso del derecho penal configuraría un mecanismo de censura indirecta.

  4. Valoramos positivamente que la CSJ confirme que no iniciará acciones judiciales. Sin embargo, los últimos hechos invitan a recordar que una situación similar se presentó años atrás. Una democracia no puede permitir que la máxima autoridad en lo penal llegue a desconocer su deber acentuado de tolerancia a la crítica y responda con acciones legales a los contenidos que le causan molestia. Una acción de este tipo condicionaría la actuación del fiscal y el juez que conocieran el caso contra el periodista. Esto representa un riesgo excesivo para la democracia.

  5. El centro del debate público sobre el caso Uribe debe ser él, las personas implicadas y las autoridades a cargo del caso, no los periodistas que están interesados en cubrir el asunto.

  6. Los custodios de la información reservada son los funcionarios. Los periodistas que reciben dicha información no deben ser objeto de señalamientos ni acciones legales.

  7. La verdad sobre este caso debe decantarse en el debate público. Las autoridades tienen como deber el de abrir espacios para esto en lugar de poner trabas para el libre flujo de opiniones e informaciones.

 

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La Fundación Para la Libertad de Prensa rechaza la decisión del Tribunal Superior de Bogotá de acceder a todo el material con el que Revista Dinero realizó una investigación periodística.

En 2013, esta revista publicó el artículo “Los pecados de Eike” en el cual se criticaban las inversiones en Colombia del multimillonario brasileño Eike Batista y se cuestionaba a Leyla Rojas Moreno, exviceministra de Aguas del Ministerio de Ambiente y quien entonces trabajaba para la carbonera CCX Colombia, propiedad de Batista.

Luego de la publicación, Leyla Rojas demandó a Publicaciones Semana S.A., dueña de la revista, solicitando como prueba la exhibición de todos los correos electrónicos, comunicaciones y demás documentos que sirvieron como sustento de la nota. La prueba fue negada por el juez de conocimiento. Sin embargo, posteriormente el Tribunal Superior de Bogotá autorizó la solicitud de Rojas.

Publicaciones Semana S.A. interpuso una acción de tutela en contra del Tribunal solicitando dejar sin efecto su decisión. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia la negó argumentando que la exhibición de las comunicaciones es “indispensable (...) a fin de conocer la autenticidad de las afirmaciones efectuadas en el artículo”.

Las decisiones de los magistrados Eluin Guillermo Abreo, del Tribunal Superior, y de Luis Armado Tolosa, de la Corte Suprema, son violatorias de la reserva de la fuente, figura esencial para el ejercicio libre del periodismo, reconocida en el derecho internacional y garantizada por la Constitución que dispone que “el secreto profesional es inviolable”.

No se trata de un hecho aislado. De manera creciente, las autoridades están ordenando la exhibición de documentos protegidos por la reserva de la fuente en una tendencia que la FLIP ha venido registrando desde el año 2017. Durante el año pasado la FLIP tuvo conocimiento de seis casos en los que periodistas independientes o vinculados a medios de comunicación, como RCN Televisión, El Pilón de Valledupar y La Patria de Manizales, recibieron solicitudes de entidades para que entregaran su material. Entre los casos documentados se destacan:

  • La solicitud hecha por un fiscal y la autorización dada por un juez para acceder a la cuenta de Facebook del periodista William Solano de la ciudad de Buga, en el marco de una investigación por injuria. La FLIP interpuso una tutela para buscar la protección del periodista la cual fue negada en primera y segunda instancia. Dada la evidente violación de derechos, la Fundación Karisma, el Centro de Estudios de Internet y Sociedad de la Universidad del Rosario, la organización Artículo 19 México, Artículo 19 Brasil y el abogado Carlos Cortés, de la mano con la FLIP, solicitaron infructuosamente a la Corte Constitucional que revisaran este caso.

Preocupa que este tipo de actuaciones sean emuladas por funcionarios judiciales de alto rango encargados de la defensa de la Constitución. La falta de conocimiento existente en la rama judicial sobre el alcance de protección de la libertad de expresión en el ordenamiento constitucional y en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos es evidente.

La reserva existe para que las personas que tienen hechos que denunciar no se sientan cohibidas por posibles represalias, garantizando su derecho a expresarse y el derecho de la ciudadanía a estar informada1. Según ha aclarado la Corte Constitucional, la inviolabilidad de la reserva permite que el medio guarde el secreto sobre quién es la fuente de su información, sobre el contenido de la información y la forma en cómo se obtuvo (sentencia T-298 de 2009).

Así mismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que los periodistas tienen derecho a negarse a revelar sus fuentes y los productos de su investigación a entidades privadas, terceros y a entidades públicas o judiciales: “el periodista, rinde un servicio público importante al reunir y difundir información que de otra forma, sin guardar el secreto de las fuentes, no podría conocerse. (...) Por lo tanto, la confidencia constituye un elemento esencial en el desarrollo de la labor periodística y en el rol conferido al periodismo por la sociedad de informar sobre asuntos de interés público”2.

La sentencia de tutela del magistrado Tolosa será impugnada por Publicaciones Semana S.A. La FLIP hace un llamado a la Corte Suprema de Justicia para que se aleje de esta tendencia infractora de los estándares internacionales de libertad de expresión y proteja el derecho a la reserva de la fuente de Publicaciones Semana S.A.


"[C]ompeler al periodista a revelar la fuente de su información, conduce a limitar el acceso a los hechos noticiosos, porque quien conoce los hechos desea naturalmente permanecer anónimo, cubierto de cualquier represalia en su contra. Es obvio, que no es sólo el interés particular sino el interés social el que sirve de sustento a la figura del secreto profesional del periodista; su actividad requiere por consiguiente de la confianza que en él depositan los miembros de la comunidad quienes le suministran la información que debe ser difundida en beneficio de la sociedad” (Corte Constitucional, sentencia SU-56 de 1995).

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Antecedentes e Interpretación de la Declaración de Principios. Párrafos 36 y 37.

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