Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP

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El cubrimiento de la Minga Indígena ha dejado en lo corrido del año diez ataques contra la prensa en el departamento del Cauca. De ellas, cuatro agresiones provinieron de desconocidos y tres de la fuerza pública.

Las primeras agresiones se dieron en marzo. Dos periodistas fueron víctimas de obstrucción, agresión y retención arbitraria por parte de miembros del Esmad en Cajibío y otros tantos sufrieron obstrucciones e intimidaciones por parte de encapuchados mientras se dirigían a cubrir una rueda de prensa del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC).

La FLIP se pronunció en ambos casos y exigió garantías para la prensa por parte de las autoridades de ese departamento. Sin embargo, el miércoles 3 de abril se presentó una nueva violación a la libertad de prensa. Los periodistas Juan David Rodríguez de Colombia Informa y Richard Calpa de Radio 1040 fueron agredidos por los manifestantes que se encontraban frente a la sede del CRIC en la ciudad de Popayán, protestando por los bloqueos que se han presentando a raíz de la Minga llevada a cabo en el suroccidente del país. Además, ambos reporteros fueron víctimas de una obstrucción al trabajo periodístico por parte de agentes del Esmad.  

Rodríguez, quien estaba identificado con el chaleco del medio, asegura que miembros del Esmad lo señalaron de guerrillero, lo que provocó que los manifestantes lo insultaran, agredieran con piedras e intentaran quitarle la cámara, frente a la mirada indiferente del Esmad. Este tipo de señalamientos hacia la prensa, provenientes de funcionarios públicos, pueden, como sucedió en este caso, exponer a un mayor riesgo a lo periodistas de ser víctimas de conductas violentas en su contra.

Sobre esto, la La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,  en su informe anual de 2010, señaló que “una medida de protección simple pero sumamente eficaz consiste en que las más altas autoridades del Estado reconozcan de manera constante, clara, pública y firme la legitimidad y el valor de la labor periodística”.

Richard Calpa, también fue agredido con puños y patadas por los manifestantes, quienes, además, intentaron quitarle los equipos de grabación. Esto, después de que un miembro de la Policía cuestionara la veracidad de los logos del medio así como la labor del periodista.

En 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostuvo que “el ejercicio efectivo de la libertad de expresión implica la existencia de condiciones y prácticas sociales que lo favorezcan. Es posible que esa libertad se vea ilegítimamente restringida por actos normativos o administrativos del Estado o por condiciones de facto que coloquen, directa o indirectamente, en situación de riesgo o mayor vulnerabilidad a quienes la ejerzan o intenten ejercerla, por actos u omisiones de agentes estatales o de particulares”.

La FLIP expresa su preocupación por estos hechos y hace un llamado a la Policía Nacional y demás autoridades para que garanticen el cubrimiento periodístico de todo tipo de manifestaciones sociales. Es sumamente importante la labor de la prensa en este tipo de escenarios para que la ciudadanía reciba un flujo de información plural que le permita entender y participar en la discusión de estos temas de alto interés público.

Adicionalmente, la Fundación hace un llamado a todos los manifestantes para que no se conviertan en agresores a la prensa. Todo acto de violencia es inadmisible independientemente de quien provenga y altera las condiciones para una deliberación pública libre y abierta.

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La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) expresa su preocupación por la obstrucción e intimidación de la que fueron víctimas en el departamento del Cauca varios periodistas de medios locales y nacionales por parte de encapuchados mientras se dirigían a cubrir una rueda de prensa del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC).

Dos de los periodistas manifestaron que al llegar al sector de La Agustina, jurisdicción de Santander de Quilichao, encapuchados no los dejaron avanzar y amenazaron con quemar los vehículos en los que se movilizaban si no se retiraban del lugar. En esta misma zona, el el 19 de marzo, fue asesinado un patrullero de la Policía Nacional en circunstancias que aún no han sido esclarecidas.

Los periodistas aseguran que cuando fueron interceptados, informaron a los encapuchados que tenía autorización del CRIC para ingresar a la rueda de prensa. Sin embargo, tras las intimidaciones, los reporteros decidieron retirarse del lugar. Otros periodistas manifiestan que colegas y habitantes de la zona les informaron sobre los bloqueos y las presencia de encapuchados por lo que se abstuvieron de seguir avanzando.

Durante el 2018 y en lo que va del 2019 la Fundación ha registrado 18  ataques a la prensa durante el cubrimiento de manifestaciones. Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha dicho que “los ataques contra periodistas que cubren estas situaciones violan tanto el aspecto individual de la libertad de expresión —pues se les impide ejercer su derecho a buscar y difundir información, y se genera un efecto de amedrentamiento—, como su aspecto colectivo —pues se priva a la sociedad del derecho a conocer la información que los periodistas obtienen—”.

En comunicación con la Policía del Cauca, la institución dio a conocer que los canales para denunciar este tipo de hechos están abiertos. La Fundación invita a los periodistas para que informen a las autoridades este tipo de situaciones y exhorta a estas instituciones para que adelanten las investigaciones correspondientes y brinden las garantías de seguridad necesarias para que los periodistas puedan desarrollar libremente su labor periodística.

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En las últimas horas del miércoles 1 de agosto los periodistas Valentín Tezada y Jairo Calderón fueron asesinados en Cauca y Valle del Cauca. El periodismo del suroccidente del país perdió dos voces en una misma noche.

Valentín Tezada Rúa se desempeñaba como locutor en la emisora comunitaria Salvajina Estéreo, del municipio de Suárez, Cauca. Desde hace más de trece años, Tezada trabajaba como comunicador en el municipio. Harold Ambuila, director de Salvajina Estéreo, afirmó a la FLIP que el locutor trabajaba en programas musicales.

Jairo Calderón Plazas era el director de la revista digital Contacto. El medio es una guía comercial y cultural del municipio de Tuluá, Valle del Cauca. Años atrás había trabajado como camarógrafo en el canal de televisión local Tuluá Centro Televisión. Carlos Guillermo Palomino, presidente de la Asociación de Periodistas y Líderes de Opinión de Tuluá, informó a la FLIP que la revista Contacto había tenido una edición impresa pero que actualmente publicaba en línea.

Los dos comunicadores fueron asesinados en la noche del miércoles 1 de agosto en circunstancias que aún no son claras. Según la información publicada por medios nacionales, Tezada recibió una llamada y salió a encontrarse con una persona a quien las autoridades aún no identifican. En un  parque cercano, le dispararon con arma de fuego. Por su parte, según la información que brindó el Mayor Julio Fernando Mora, comandante de Policía de Tuluá, Jairo Calderón se desplazaba en una motocicleta con su esposa, cuando dos hombres que se movilizaban en motocicleta le dispararon. Jairo acababa de firmar un documento relacionado con el alquiler de la moto que conducía.

Los dos homicidios se presentaron en municipios que han sido golpeados por la violencia. Suárez está ubicado en el norte del departamento del Cauca, en una región con alta extracción artesanal de oro. Además, esta región ha sido escenario para el desarrollo de cultivos ilícitos administrados por actores ilegales. Por su parte, Tuluá  está ubicada en el centro del Valle del Cauca y durante años el delito con mayor impacto ha sido el asesinato. Según cifras publicadas por el diario El País, solo en junio de este año se registraron 8 asesinatos en Tuluá, lo que representa una disminución del 20% en comparación a junio del 2017.

Estos escenarios pueden implicar riesgos para el desarrollo periodístico, en especial, si se tiene en cuenta el actuar de los distintos actores ilegales que consolidan un ambiente extremadamente hostil para el ejercicio de la libertad de expresión. En estas regiones la seguridad de periodistas es aún más frágil que en el resto del país, especialmente si se tiene en cuenta que cualquier manifestación de opinión de temas de interés puede ponerlos en riesgo frente a los actores que delinquen en el territorio.

Por lo anterior, la FLIP considera que la Fiscalía General de la Nación debe incluir dentro de sus investigaciones la hipótesis de que estos crímenes podrían estar relacionados con el oficio. La FLIP presentará solicitudes formales a los fiscales en tal sentido.

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En la madrugada del lunes 5 de marzo, Eider Campo Hurtado, comunicador y guardia indígena nasa, recibió impactos de bala que acabaron con su vida. Según el Consejo Regional Indígena del Cauca -CRIC-, a la media noche, cuatro hombres armados ingresaron a la casa del cabildo indígena de Pioyá en Caldono, Cauca, y liberaron a tres hombres detenidos por la guardia indígena, acusados ser presuntos informantes del Ejército.

Después de esto, cuenta el CRIC, comenzó una persecución de la guardia con el fin de recapturar a los acusados. De acuerdo con el relato de un miembro de una comunidad indígena del norte del Cauca, los implicados se dirigieron a la parte alta de Caldono y allí los hombres dispararon indiscriminadamente, impactando así el cuerpo de Campo.

La Comisión Nacional de Comunicación de los Pueblos Indígenas –CONCIP– manifestó que Eider Campo ejercía labores comunicativas en el colectivo de comunicación Pelsxhab Stereo del Resguardo de Pioyá.

La Fundación exhorta a la Fiscalía General de la Nación a que investigue los hechos para dar con los responsables de esta lamentable situación. Además, la FLIP invita a la Unidad Nacional de Protección a que evalúe la situación de seguridad de los comunicadores de la emisora a la que pertenecía Campo.

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La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- rechaza los ataques de miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) en contra de las instalaciones de la emisora Renacer Kokonuko en el municipio de Puracé, Cauca.

El pasado viernes 3 de noviembre, a las 5:30 pm, agentes de la Policía Nacional y del ESMAD atacaron con piedras y gases lacrimógenos las instalaciones de la emisora indígena Renacer Kokonuko. Según Lucelida Quilindo, coordinadora de Renacer, los uniformados arremetieron contra las puertas, ventanas y el techo de las instalaciones. Los daños incluyen seis vidrios rotos y ocho tejas destruidas. Durante el ataque, que duró cerca de media hora, los dos comunicadores que se encontraban en la emisora tuvieron que protegerse y por unos minutos se vieron obligados a salir del aire.

Según información que conoció la FLIP, desde el medio día se desarrollaban confrontaciones entre la fuerza pública y comuneros en el predio de Aguas Tibias, donde el pasado 8 de octubre la comunicadora Efigenia Vásquez, fue asesinada. La emisora Renacer Kokonuko, además de la programación habitual, había estado compartiendo con sus oyentes el comunicado del cabildo en el que se convocaba a la comunidad a unirse a la manifestación. Los comuneros del resguardo reclaman la propiedad colectiva del predio Aguas Tibias, que actualmente está en poder de un privado.

No es la primera vez que el ESMAD ataca la emisora. En junio de este año, en una jornada de manifestaciones, agentes del ESMAD rodearon las instalaciones del medio e intentaron ingresar a la fuerza. Un mes después, también en el contexto de una protesta, la emisora se quedó sin energía eléctrica. Según los comunicadores y las autoridades, este corte fue ordenado por la Fuerza Pública para impedir el cubrimiento de la manifestación.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe anual de 2015, determinó que “es crucial para garantizar de manera adecuada el derecho de protesta y a manifestarse públicamente que se facilite la tarea de los periodistas, camarógrafos y reporteros que se encuentren ejerciendo sus labores en estos contextos y que no sufran actos de fuerza arbitrarios por parte de los funcionarios policiales o estatales ni el secuestro de sus materiales de trabajo y registro, en todos sus soportes”.

La FLIP solicita a la Policía Nacional que investigue los hechos ocurridos el pasado 3 de noviembre y que suspenda a los responsables de ataque contra la prensa en el Cauca. Además, es necesario que los agentes asuman una actitud de respeto a la prensa, en especial en el contexto de la protesta social.

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La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- rechaza los ataques a periodistas por parte de Fuerza Pública y manifestantes en el contexto de las protestas sociales en Cauca y Norte de Santander.

El pasado 1 de noviembre, dos periodistas fueron agredidos por agentes de la Policía Nacional en el sector conocido como la “Y”, a la altura del municipio de Sardinata, Norte de Santander. Los reporteros Arquímedes Gutiérrez de NC Noticias y Luis Fernando Molina de Prensa Rural estaban cubriendo el paro campesino en la región del Catatumbo.

Cerca del mediodía los reporteros registraron una confrontación entre campesinos de la región y la Policía Nacional. Según el relato de Gutiérrez, miembros de la Fuerza Pública agredieron a los reporteros, les decomisaron su material periodístico e intentaron detenerlos: “Comienzan a botarnos gasolina por encima, diciéndonos que nosotros éramos los sapos. Luego empiezan a quitarnos el material que teníamos”, narró el reportero.

Gutiérrez asegura que miembros de la Policía y de la Sijín requisaron sus pertenencias y  revisaron el contenido de sus celulares. Según el reportero, gracias a la intervención de funcionarios de la ONU y de integrantes de Marcha Patriótica, los miembros de la Fuerza Pública dejaron de agredirlos.

Ese mismo día, en horas de la tarde, Gustavo Molina, reportero de la emisora Radio 1040 de Popayán, fue golpeado por miembros de los pueblos indígenas, que se encuentran en Minga desde hace más de tres días en el Cauca. La agresión se presentó después de una reunión entre el gobierno y las autoridades indígenas en el sector de Monterilla, a la que asistieron los periodistas para hacer el cubrimiento. Al finalizar el encuentro, los reporteros salieron en el vehículo del medio de comunicación, en el que además se transportaban los corresponsales de Red+ Noticias, y fueron atacados con piedras.

Además de los ataques físicos, los protestantes señalaron a los periodistas de ser mentirosos y vendidos. Gutiérrez afirma que las personas que los agredieron tenían pañoletas y otros símbolos que los identificaban como miembros del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC). La Fundación hace un llamado al Consejo Regional para que aclare estos hechos y determine la responsabilidad de sus integrantes en esta grave agresión.

La FLIP expresa su preocupación por las agresiones que se vienen presentando en las recientes manifestaciones y le exige a los actores en confrontación que cesen cualquier acción de censura contra la prensa.

Para la FLIP las acciones de la Policía resultan inadmisibles, pues decomisar, borrar, inspeccionar o dañar cualquier tipo de información es una forma de censura previa, la cual está prohibida por la Constitución y por la Convención Americana de Derechos Humanos. Este tipo de actuaciones interfiere con el derecho de toda persona a buscar información e impide que se lleve a cabo la libre circulación de información y se configura como una violación de la reserva de la fuente, que debe garantizarse en todo ejercicio periodístico.

La FLIP puso en conocimiento de estos hechos al Área de Derechos Humanos de la Inspección General de la Policía Nacional y está a la espera de que la entidad inicie las investigaciones disciplinarias a los uniformados que hicieron parte del operativo con el fin de sancionar a los responsables de las agresiones contra los reporteros.

Al respecto, los relatores especiales de libertad de expresión de la ONU y de la CIDH hicieron un llamado a las autoridades en 2013: “El Estado tiene el deber de garantizar que los periodistas y comunicadores que se encuentran realizando su labor informativa en el marco de una manifestación pública no sean detenidos, amenazados, agredidos o limitados en cualquier forma en sus derechos por estar ejerciendo su profesión”.

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La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- condena y lamenta la muerte de la comunicadora indígena Efigenia Vásquez Astudillo, quien falleció ayer después de enfrentamientos entre comuneros del Pueblo Kokonuko y agentes del ESMAD en Puracé, Cauca.

Vásquez Astudillo murió en el hospital San José de Popayán como consecuencia de heridas ocasionadas con armas de largo alcance, según dijeron autoridades indígenas del Cauca a la FLIP. Los enfrentamientos se dieron en el sector de Aguatibias, Puracé, en medio de un operativo de desalojo de tierras por parte de la Policía Nacional en reacción a las acciones de la Minga de Liberación de la Madre Tierra por parte de la Guardia Indígena del Pueblo Kokonuko.

La FLIP está verificando si Vásquez se encontraba realizando labores periodísticas durante los hechos. Efigenia Vásquez fue una comunicadora reconocida por su amplia trayectoria en medios de comunicación indígenas del Cauca. La FLIP resalta el trabajo de los medios indígenas y comunitarios en las regiones del país.

La Fundación exige a la Policía Nacional que investigue los hechos y a los agentes involucrados en el operativo. Así mismo, solicita a la Fiscalía General de la Nación que procese y sancione a quienes ordenaron accionar el arma de fuego que acabó con la vida de la comunicadora.  

Antecedentes:

La FLIP expresa su preocupación por las constantes agresiones durante las confrontaciones entre la comunidad y miembros de la Fuerza Pública en el contexto de manifestaciones sociales. La Fundación ha documentado varias agresiones en las que existen actos deliberados de la Fuerza Pública con el fin de censurar e impedir el registro de las protestas.  

El pasado 9 de mayo, Pedro García, colaborador del periódico El Turbión, y quien, según su familia, se encontraba tomando fotografías durante la Minga Comunitaria de Liberación de la madre Tierra, resultó gravemente herido por un impacto de bala en uno de sus glúteos.

Luego, el 12 de julio, en una jornada de enfrentamientos entre comuneros y policías, la emisora Renacer Kokonuko se quedó sin servicio de energía desde aproximadamente las 6 de la mañana. La empresa de energía no informó que estuvieran programados cortes eléctricos. Ese mismo día, periodistas de Caracol Televisión fueron agredidos con piedras durante el cubrimiento de la Minga en Puracé.

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