Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP

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La FLIP alerta y expresa su preocupación por la censura que están sufriendo quince medios de comunicación como consecuencia del paro armado declarado por el Clan del Golfo. Periodistas de Antioquia y Córdoba han sido amenazados y hostigados por miembros de este grupo armado, que exige que no circule información sobre lo que sucede en los municipios afectados.

Las amenazas iniciaron anoche, 4 de mayo, cuando miembros del Clan del Golfo le exigieron difundir un panfleto a dos emisoras comunitarias del Bajo Cauca antioqueño. Como medida de autoprotección ante la falta de garantías de seguridad, las seis emisoras comunitarias de la región decidieron dejar de transmitir su señal hasta que el paro armado termine.

En Montería, esta mañana tres hombres, presuntamente miembros del Clan del Golfo, amenazaron con incendiar la planta transmisora si no dejaba de emitir señal. Esta planta sirve a seis emisoras en Córdoba, Sucre, Atlántico, Antioquia y Bolívar. La planta tuvo que ser apagada y las emisoras permanecerán sin señal por al menos cuatro días. 

A esto se suma la amenaza que recibió un periodista de Córdoba, que salió a hacer cubrimiento en vivo y, como consecuencia, fue seguido por un hombre que lo intimidó con un arma de fuego. Según este mismo periodista, ninguna emisora de la ciudad está dando información relacionada con el paro armado. En Urabá, Antioquia, otros dos periodistas que realizaban reportería sobre el paro fueron hostigados por hombres armados que dispararon al aire para intimidarlos y obligarlos a dejar de grabar. 

Esta censura directa afecta a la población, que se privará de tener información local durante el tiempo que el paro armado se mantenga. Además, también es preocupante la seguridad de los y las periodistas de los medios de estas regiones, que ya han sido amenazados y hostigados por intentar publicar noticias del paro.

Esta situación es muy preocupante, especialmente si se tiene en cuenta que el inicio de este 2022 ha sido uno de los más violentos para la prensa en la última década: en los primeros cuatro meses la FLIP ha documentado 199 casos de ataques a la prensa. También evidenciamos una relación entre los ataques y los temas que cubren los periodistas: en 52 casos los periodistas agredidos cubren temas relacionados con el conflicto armado. En total, en el 2022 la FLIP ha registrado en todo el país cuarenta agresiones a la prensa realizadas por actores armados ilegales

El departamento de Arauca es ejemplo de este recrudecimiento de la violencia. En los primeros cuatro meses de este año registramos 39 agresiones, en contraste con las 24 de todo el 2021; la mayoría de los ataques en este departamento provienen de grupos armados ilegales.

El periodismo se enfrentó a una situación similar en el 2018, cuando un paro armado decretado por el EPL en el Catatumbo, Norte de Santander, silenció a varios medios de comunicación en la región. Con este antecedente, se hace necesario que se tomen medidas para enfrentar esta censura. 

La FLIP hace un llamado al Ministerio de Defensa para que incluya dentro de las estrategias de protección planes focalizados para garantizar la seguridad de los y las periodistas de los departamentos en los que se está desarrollando el paro armado. También pedimos a las gobernaciones de Antioquia y Córdoba que discutan dentro de los consejos de seguridad acciones concretas para proteger a la prensa. Por último, instamos a la Unidad Nacional de Protección para que tenga en cuenta estos hechos dentro de las evaluaciones de riesgo de los y las periodistas que ya cuentan con protección, con el fin de reforzar o implementar medidas que salvaguarden su vida e integridad.

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Gabriel Cruz Díaz fue asesinado por desconocidos hace 26 años en Chinú, Córdoba. Gabriel fue corresponsal de los diarios El Universal de Cartagena, El Heraldo y El Espectador, y trabajó en emisoras como Panzenú, La Voz de Corozal Y Radio Piragua. Antes de su asesinato, el periodista estaba escribiendo un libro sobre los ataques militares contra las personas de izquierda en la región.

El caso del asesinato de Gabriel prescribió en 2015 sin que las autoridades identificaran a los responsables de su homicidio. Hoy, se cumplen 26 años de su muerte y en la FLIP reconocemos sus esfuerzos y el de todos y todas las periodistas que han sido asesinados en Colombia por denunciar las irregularidades y problemas en sus regiones. 

Gracias por recordar con nosotros.

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Oswaldo Regino Pérez fue asesinado el 11 de noviembre de 1988, tras denunciar las primeras masacres paramilitares en Córdoba. El periodistas abrió sus micrófonos a las comunidades más vulnerables del departamento. Iba de pueblo en pueblo, denunciando las precariedades a las que se enfrentaba la comunidad. Oswaldo trabajó en las emisoras La Voz de Montería y Radio Panzenú, y además fue corresponsal de El Universal de Cartagena y jefe de prensa de la Gobernación de Córdoba.

El martes 11 de octubre de 1988, en el corregimiento Los Pericos, zona rural de Montería, Córdoba, Oswaldo fue asesinado presuntamente por las Autodefensas Unidas de Colombia. Su caso prescribió en 2008 y hoy, 33 años después de su muerte, no hay condenas en contra de los responsables del crimen. 

En la FLIP, recordamos la trayectoria periodística de Oswaldo y recordamos sus esfuerzos por dar voz a las personas más vulnerables de su región. Gracias por recordar con nosotros.

 

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La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza las amenazas de las que fueron víctimas los periodistas de Córdoba Rafael Gómez, Édgar Astudillo, Organis Cuadrado y Rafael Moreno. La FLIP hace un llamado urgente a las autoridades locales y nacionales para que protejan a los periodistas e inicien las investigaciones necesarias para dar con los responsables.

La FLIP conoció hoy un panfleto firmado por las “Autodefensas Gaitanistas de Colombia”, en el que amenazan de muerte a ocho personas, entre ellas, a dos periodistas del departamento de Córdoba: Rafael Gómez y Édgar Astudillo. Gómez, a quien le llegó el panfleto en físico a su oficina, ha estado cubriendo en el diario y la cadena radial La Piragua el accionar de grupos armados ilegales y el manejo irregular de dineros públicos en los municipios de Montelíbano, Tierralta y Puerto Libertador. 

Por otra parte, Rafael Moreno y Organis Cuadrado, periodistas de Voces de Córdoba, también le reportaron a la FLIP haber recibido amenazas en los últimos días. Moreno informó que el 17 de junio en Puerto Libertador un hombre desconocido se le acercó, mientras almorzaba, y le dijo que habían dado la orden de asesinarlo. El reportero días atrás había publicado información sobre el asesinato de un joven en el municipio. Por su parte, Cuadrado le reportó a la FLIP que el pasado 13 de junio fue intimidado por un hombre en el municipio de Montelíbano, quien le dijo que “se la iba a pagar”. El comunicador ha estado publicando notas periodísticas en las que denuncia irregularidades en la gestión de un exalcalde de Puerto Libertador. 

Córdoba es un departamento con presencia histórica de grupos armados, y, actualmente, la situación de seguridad resulta alarmante sobre todo en los municipios de la subregión del Alto Sinú y San Jorge, en donde hay una fuerte presencia de grupos al margen de la ley. En este contexto, genera preocupación que la situación de riesgo de los reporteros puedan estar relacionadas directamente con las denuncias sobre orden público, corrupción y organizaciones criminales. Además, estas amenazas contra la prensa generan un ambiente de miedo y silencio en los y las periodistas del departamento de Córdoba, afectando así el flujo de información en la zona sobre temas que impactan a la comunidad. 

La FLIP le solicita a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que implemente y refuerce por trámite de emergencia las medidas de seguridad necesarias para garantizar la vida de los cuatro periodistas. Así mismo, la Fundación le solicita a la Fiscalía General de la Nación que inicie diligentemente la investigación de estos hechos con el fin de que se sancione a los responsables, y así evitar agresiones futuras. 

Es sumamente necesario que tanto UNP como Fiscalía se articulen con la Defensoría del Pueblo, las Gobernación de Córdoba y las alcaldías de Puerto Libertador y Montelíbano para evaluar el contexto de violencia que hay en la región y las vulnerabilidades y factores de riesgo de la prensa en esta región. Este contexto es un elemento supremamente importante para determinar el nivel de riesgo de los periodistas e implementar las medidas que sean más eficientes para salvaguardar su vida y su integridad. 

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La libertad de expresión y de prensa en Colombia se ha movido durante años entre las borrosas barreras de la censura que se impone desde actores externos y la autocensura que se instala en la cotidianidad del periodista. Si bien es claro que el conflicto armado limitó el acceso a la información y difusión de la misma, también es innegable que la relación directa de medios de comunicación con grupos políticos y económicos ha afectado la manera de informar al país.

Luego de un trabajo realizado por la FLIP y gracias a la financiación de Reporteros sin Fronteras, hoy se da a conocer este informe que muestra que  las condiciones para hacer periodismo en las regiones son muy difíciles, en este caso en Córdoba, el grado de libertad de expresión y prensa con el que pueden ejercer su oficio y en la actualidad el dinero. Como cierre del informe se encuentra un capítulo especial trabajado con mujeres que recoge las realidades vividas por las mujeres en las salas de redacción y en general en el mundo periodístico.

Lea el documento en línea.

Publicado en Informes Temáticos