Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP

Un reportero se aparta del oficio, un proyecto cultural que aporta a la memoria no ve la luz y una emisora comunitaria se modera. Asesinar la voz de un comunicador es la primera gran herida de muchas.

Por Laura Ardila Arrieta, periodista.

Escribió Javier Valdez en su libro Narcoperiodismo que en el asesinato de periodistas el silencio gana. Cuando se cumplieron tres años del homicidio del reportero mexicano que desafió a los narcos a punta de pluma y valentía, su esposa, Griselda Triana, señaló además que la falta de justicia en estos casos agrava el estado emocional de las familias, y que, con la muerte de Javier, no solo resultaron huérfanos sus hijos: también quedaron desamparadas muchas víctimas de la violencia en México.

Parece obvio y, sin embargo, no siempre lo es: un periodista no solo perece cuando lo matan. Un periodista desaparecido, eliminado por la embestida asoladora de una acción criminal, vuelve a morir en cada pequeña o gran circunstancia definida por esa ausencia lograda a la fuerza.

Varias muertes, distintas formas de la muerte, oprimiendo las heridas abiertas de un oficio en el que, cada Día del Periodista en Colombia —y en México y en toda América Latina, región en la que el año pasado se cometió casi la mitad de los asesinatos a periodistas que registró el mundo— se volvió lugar común exponer un nuevo récord de agresiones.

Y las solas cifras frías ya no ayudan para entender bien la magnitud de lo que ocurre.

Cali se untó de tristeza e indignación cuando, en diciembre de 2020, un sicario disparó los cuatro tiros que acabaron con la vida de Andrés Felipe Guevara, periodista judicial del diario Q'hubo. 

El reportero de 27 años fue asesinado en Mariano Ramos, el barrio sede de oficinas de cobro en el que residía, después de publicar varias historias sobre una de las bandas que justamente opera en ese sector caliente del oriente de Cali. Así es que, incluso sin que su caso se haya esclarecido hoy, desde el primer momento se constituyó en otra constatación del alto riesgo que corren los periodistas inmersos en las periferias y en los territorios sin mucho Estado.

Pero, más allá, para su colega Felipe Becerra ese golpe significó la inflexión que le marcó el retiro del periodismo. Caleño, de 35 años y con una década larga ejerciendo el oficio, Becerra trabajaba entonces como editor judicial del diario El País, el más grande e influyente del Valle del Cauca. Y era el amigo, el compadre, con el que Guevara cada mañana charlaba informalmente los planes periodísticos del día.

“¿Qué tema llevás hoy?”, “¿cómo viste la portada?”, “píllate esta historia”. El compañerismo y la solidaridad. Jugaban juntos al fútbol. Iban por la obligada cerveza tras algunos cierres. Les decían “los tres Pipes”, porque eran ellos dos y un compañero llamado Andrés Felipe Carmona, los periodistas judiciales de Cali que siempre coincidían en notas y escenarios.

Antes del asesinato de Andrés Felipe, su compañero Pipe Becerra ya estaba agotado de hacer periodismo de diario y venía pensando su salida del periódico. Finalmente, con el peso de la pérdida de su amigo encima, renunció a El País y al periodismo. 

Ahora trabaja en la Fundación SIDOC del exalcalde Maurice Armitage. “Esto fue demasiado duro, ni mi familia ni yo estábamos tranquilos con una fuente que de por sí ya es complicada. Me encantaría volver a ejercer, yo quiero volver, pero si es en otra dinámica de trabajo”.

A unos quinientos kilómetros de Cali, desde Samaniego, Nariño, el docente y comunicador José Gerardo Gómez da cuenta de otra forma en la que un periodista muere más de una vez. En junio de 2019, Gómez colaboraba haciendo notas una o dos veces por semana para el programa ‘El Despertador’, que su amigo Libardo Montenegro dirigía y presentaba en Samaniego Estéreo, la emisora comunitaria del pueblo.

Un martes de aquel mes, a las 9:30 p.m., dos sicarios en moto mataron a Libardo cuando iba rumbo a su casa. Ocurrió pocos días después de que la víctima difundiera una cuña que promovía una marcha “por la paz y la vida de Samaniego”, un municipio cuyo control social y político ha estado históricamente en manos de narcotraficantes; y también de que se registrara una supuesta discusión entre Montenegro y la expareja de su novia.

Aunque en tres años y ocho meses no ha habido una condena que permita establecer si las motivaciones fueron en razón del oficio, relata José Gerardo que, como sea, el crimen de su compañero de programa ha tenido un efecto lamentable en el periodismo comunitario de Samaniego.

“La emisora tiene una pesadumbre que se siente en el aire y ya no se pueden decir muchas cosas. Por ejemplo, yo solicité un espacio para socializar la veeduría ciudadana que le estamos haciendo a una obra y nos piden callar algunas cosas, uno se siente limitado. Ya nadie puede dar un punto de vista, como lo hacía Libardo. Algunos dicen que la emisora lo hace por prudencia, otros que lo hace más bien por conveniencia”, cuenta Gómez.

Libardo era nieto de Segundo Montenegro, el fundador de la primera emisora comunitaria que tuvo Samaniego. Con su asesinato no solo callaron la voz de una institución y golpearon una libertad de expresión y prensa que ya era precaria. Los asesinos, de paso, cometieron otra agresión al provocar el desplazamiento de la madre del periodista: doña Yolanda Quintero, una auxiliar de enfermería jubilada que, a sus 70 años, tuvo que desarraigarse como medida de prevención después del homicidio. “Vive triste, extraña a su hijo y a su tierra”, comentó Wilson Montenegro, hermano de Libardo.

Tampoco están residiendo en la tierra en la que habían echado raíces los familiares de Mauricio Lezama, asesinado en mayo de 2019 en La Esmeralda, corregimiento del fronterizo municipio de Arauquita, en Arauca.

Mauricio era un comunicador, dedicado a la producción audiovisual y a la gestión cultural, que vivía en la capital Arauca y había viajado hasta La Esmeralda —mencionado nacionalmente en enero del año pasado, debido a que guerrilleros del ELN patrullaron por su centro poblado, mientras el entonces presidente Iván Duque se encontraba de visita en el departamento— a hacer un casting para el cortometraje Mayo, que estaba produciendo.

En su caso, los seres queridos repiten el deplorable lugar común de la impunidad y de la falta de investigación y resultados, con el agravante de que la escena del crimen fue alterada. Desaparecieron su cámara, su celular y los casquillos de las balas, y su cuerpo no fue levantado formalmente por funcionarios judiciales, pues estos no se atrevieron a entrar a la zona.

Mayo fue concebido como una ficción para contar la historia real de Mayo Villarreal, una enfermera y profesora de La Esmeralda que sobrevivió al exterminio de la Unión Patriótica. Y el cortometraje fue seleccionado como beneficiario de los recursos que entrega el Fondo de Desarrollo Cinematográfico (FDC).

Aunque en su momento el crimen de Mauricio generó cierta conmoción (el cineasta Ciro Guerra exhibió su foto y pidió justicia en una alfombra roja en Cannes) y había expectativa de que el corto sí viera la luz (el exsenador Gustavo Bolívar anunció con bombos y platillos por Twitter que apoyaría el rodaje), el trabajo que ocupó la mente e ilusiones del productor en sus últimos días murió con él. Al menos, por ahora. 

Tonni Villarreal, hijo de Mayo y quien concibió y empezó a dirigir el proyecto, cuenta que, desde el asesinato que obligó a parar todo, la iniciativa ha pasado por tres productores y terminó perdiendo el apoyo de Proimágenes, que es la entidad que administra y ejecuta el dinero del FDC.

El respaldo con el que hizo bulla Gustavo Bolívar nunca llegó, asegura Villarreal. Una afirmación en la que coincide la familia de Mauricio Lezama. El papá, Benhur Lezama, y la madrastra, Marta de Lezama, se mudaron de Arauca tiempo después de los hechos, en parte por prevención y en parte porque la señora se pensionó.

Ambos dicen que con la muerte de Mauricio no solo se frenó un cortometraje, sino que se acabaron lo teatrinos en los que Lezama les llevaba a niños araucanos mensajes sobre educación sexual a través de títeres; los cursos de fotografía y pintura que el gestor dictaba en su ciudad; y el sueño del Festival de Cine de la Frontera, que fundó en 2015 y solo tuvo una versión.

Y dicen también que les gustaría poder ver alguna vez Mayo en una pantalla, pero siempre y cuando “nadie vaya a verse afectado en su seguridad y mucho menos vaya a haber más vidas sacrificadas”, como dijo Laura Lezama, la única hija que tuvo Mauricio.

De pronto sí logran verlo. Tonni Villarreal no se rinde y este año quiere volver a postular su proyecto a ver si le consigue recursos. Aunque, ahora se llamará de otra manera: Mayo 1984 o La mami Mayo.

Él seguirá intentando. Porque los contadores de historias, los periodistas, quienes creen en el poder de expresarse, también viven y sobreviven de varias maneras.

A mediados del año 93, Iván Pelayo, un joven de 24 años de edad, oriundo de Hato Corozal, Casanare, llegó al municipio vecino de Puerto Rondón para crear la emisora cultural Llanorámica Estéreo. El 17 de agosto de 1995, cuando el periodista se encontraba en la cabina de la emisora, un comando de la guerrilla del ELN lo asesinó. Los guerrilleros dejaron volantes en los que acusaban a Pelayo de tener nexos con los paramilitares. 

Pelayo conocía el potencial cultural que había en la región de los Llanos Orientales y, por eso, desde su emisora “se enfocó en resaltar e impulsar a los artistas musicales (...) dio a conocer a declamadores y compositores que necesitaban ser reconocidos”, explica Alberto, colega del periodista que pidió que su nombre real no fuera revelado.

A sus 16 años, Alberto conoció a Pelayo, quien se convertiría en su maestro en el periodismo. Alberto empezó aprendiendo a hacer cuñas radiales y, muy pronto, era capaz de presentar todo un programa musical. Lo que era una posibilidad remota para él, se convirtió en una labor gracias a las enseñanzas de su amigo Pelayo. 

Cada mañana, el periodista saludaba a su audiencia con un "vaya, vaya". Pelayo tenía buen humor y es recordado como una persona que, además, tenía vocación para colaborar con los demás, especialmente con los jóvenes. 

El 17 de agosto de 1995, Pelayo fue asesinado por dos sicarios en el local donde funcionaba el medio de comunicación. “Dijeron que él tenía vínculos con un grupo llamado los Masetos, que es filial de los paramilitares”, explica su colega. Este grupo armado operó desde los Llanos Orientales y fue un capítulo del grupo Muerte a Secuestradores (MAS), creado por los jefes del Cartel de Medellín a principios de la década de los ochenta. 

Mediante panfletos, miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN), pertenecientes al Frente Domingo Laín Sáenz, se atribuyeron el asesinato del periodista. Para Alberto, la afirmación sobre los nexos de Pelayo con los Masetos es falaz, pues él nunca se relacionó con integrantes de este grupo y no cubrió orden público. Después del asesinato la emisora tuvo varios dueños, pero por la situación de seguridad del municipio y la presencia de grupos al margen de la ley, el medio tuvo que cerrar. 

Sin tener mayores avances en las investigaciones para imputar a los autores intelectuales y materiales del homicidio del periodista, en febrero de 1998 la Fiscalía Especializada de Cúcuta suspendió la investigación. Y pese a los reiterados llamados de la FLIP a la Fiscalía, el caso prescribió en el 2015.

La existencia de medios de comunicación en las regiones es fundamental para que toda la ciudadanía pueda acceder a información. En la FLIP, no olvidamos al periodista Iván Darío Pelayo que desde su labor dio a conocer artistas, representaciones culturales de los Llanos Orientales y fue la voz de su comunidad. 

En los primeros cinco meses del año hay un aumento del 59% en amenazas contra medios y periodistas en comparación con el 2018. 

El 5 de mayo 15 medios de comunicación anunciaron su salida del aire. El motivo, amenazas de muerte de integrantes del Clan del Golfo durante el paro armado que decretaron ese mismo día. Cuatro meses atrás, un carro bomba fue detonado en Saravena, Arauca, y como consecuencia las sedes de dos medios de comunicación sufrieron daños estructurales. Durante los días siguientes, 16 periodistas del departamento recibieron amenazas. Estos hechos impactan de manera directa en la ciudadanía que deja de recibir información sobre lo que sucede.

Vea el balance en versión PDF aquí

Durante el 1 de enero y el 20 de mayo del 2022, la FLIP registró que 97 medios y periodistas fueron amenazados. Es decir que una o un reportero ha sido amenazado cada día y medio. En este mismo periodo en 2018, las últimas elecciones presidenciales, la FLIP registró 61 víctimas de amenazas.

Quienes amenazan a las y los periodistas suelen exigirles que eliminen algún contenido o que dejen de cubrir e investigar algún tema. En ciertos casos también se les ha demandado que publiquen información de grupos armados ilegales como panfletos. En otros casos, les ordenan que salgan del municipio en donde residen y realizan su trabajo. En lo que va del año, seis amenazas han derivado en desplazamientos forzados y exilios. 

Los medios en los que trabajan las y los periodistas que han sido amenazados son 37 medios digitales, 30 emisoras y cadenas radiales (17 de estas emisoras comunitarias), 10 medios televisivos y 5 medios impresos. 

Las ciudades donde los periodistas han sido amenazados son Medellín, Arauca ciudad, Barranquilla, Bogotá, Cartagena, Tunja, Florencia, Quibdó, San José del Guaviare, Neiva, Santa Marta, Villavicencio, Pasto, Pereira, Barrancabermeja, Cali, Buenaventura.

Arauca y Bajo Cauca, las regiones más peligrosas

En el departamento de Arauca se presentaron 16 amenazas en los municipios de Arauca, Arauquita y Saravena. En Antioquia, se presentaron 9 casos, principalmente en Medellín y la región del Bajo Cauca antioqueño. Además, en Bogotá hubo 15 amenazas. 

Algunos de los municipios afectados tienen además una baja oferta de medios locales. Por lo tanto, basta con que tan solo un medio sea intimidado para que se produzca una reacción en cadena y otros medios también se atemoricen y se vean obligados a  autocensurarse. Esto trae como resultado el silencio informativo, que en zonas de conflicto o con problemas de orden público puede ser devastador tanto para la prensa como para la ciudadanía. 

La mayoría de las amenazas son realizadas por desconocidos (49 casos), grupos armados (25 casos) y particulares (7 casos). Cuando no se conoce la identidad de quien amenaza, no es posible identificar si este hace parte de algún grupo armado, una banda criminal o si es un particular. Por eso, en estos casos es más difícil desactivar el riesgo de la víctima, pues al no poder identificar al autor, también se desconoce cuál puede ser su capacidad de daño.

Durante el paro armado de mayo, el Clan del Golfo amenazó a dos emisoras comunitarias del Bajo Cauca antioqueño para que publicaran un panfleto de este grupo ilegal. Como reacción, seis radios comunitarias decidieron salir del aire por los cuatro días que duró el paro. Además, en Córdoba el grupo armado exigió que se apagara la planta transmisora que servía a seis emisoras, y en el Urabá dos periodistas fueron hostigados por hombres armados que dispararon al aire para intimidarlos y obligarlos a dejar de grabar.

Otro caso de censura por parte de grupos armados ocurrió el 9 de mayo cuando la periodista Salud Hernández fue hostigada, retenida, intimidada y obligada a abandonar Betulia y La Toma, en Cauca, donde realizaba reportería sobre la situación de seguridad. Hernández informó a la FLIP que primero fue detenida por personas que se identificaron como integrantes de las disidencias de las FARC y luego fue seguida y hostigada por personas que se identificaron como integrantes del Consejo Comunitario. En ambas situaciones la periodista tuvo que abandonar su cubrimiento periodístico. 

¿Qué investigaban las y los periodistas que fueron amenazados?

En 37 casos las amenazas estarían relacionadas con el cubrimiento del conflicto armado. En territorios en los que hay enfrentamientos con grupos armados es más riesgoso hablar de temas que afectan los intereses de personas que tienen un poder económico, social, político e, incluso, militar. 

Corrupción es el segundo tema que investigan quienes han sido amenazados, en total registramos 11 casos. Luego le siguen seguridad (9 casos), elecciones (9 casos) y manifestaciones sociales (5 casos). 

Este panorama de violencia contra la prensa se agrava por la falta de respuesta estatal, rechazo público y procuración de justicia. El Estado, a nivel nacional, departamental y local, no se ha enfocado en atender las necesidades y riesgos de la prensa. Por ejemplo, no se ha evidenciado una atención priorizada para activar rutas de protección a periodistas que son víctimas de amenazas. En el caso puntual de Arauca, según la información que tiene la FLIP, la Unidad Nacional de Protección no atendió por trámite de emergencia a los periodistas amenazados que solicitaron protección a pesar de la suficiente evidencia que existe sobre el riesgo y la necesidad de atender a esta población de manera prioritaria.

En lo corrido del 2022, la FLIP ha remitido a Fiscalía 12 casos de amenazas. De estos, hasta ahora no se conocen avances significativos en la investigación, lo que a su vez genera una pérdida de confianza de los y las periodistas víctimas, quienes prefieren no denunciar.

“La respuesta del Estado ante mi situación de seguridad ha sido supremamente lenta. Las denuncias se hicieron finalizando el mes de enero y hasta el momento ni la solicitud que hizo la Fiscalía, la Defensoría, personerías, organizaciones de derechos humanos, todos solicitaron las activación de medidas urgentes para mi caso y hasta la fecha [la UNP] no ha tramitado el caso con la urgencia que merece. No hay ningún interés por parte del gobierno para protegernos a los periodistas, es una cuestión de abandono, de olvido y de desidia”, periodista amenazado de Arauca.

“La respuesta del gobierno es llegar tarde a las zonas de conflicto. No estar en los lugares que deberían, es decir, las zonas apartadas, que es donde se generan más temas de comunicación. En las zonas urbanas la fuerza pública estuvo los últimos dos días del paro. ¿Y qué hacer? Ha quedado demostrado que en las zonas rurales los grupos ilegales tienen más poder que las fuerzas del Estado. Y a los medios nos toca arriesgarnos para poder informar, porque si no lo hago, no tengo trabajo”, periodista amenazado durante el paro armado del Clan del Golfo.

“No hubo ninguna respuesta ni respaldo gubernamental exigiendo respeto por los periodistas que investigamos el operativo militar en Putumayo, a pesar de que dentro de las personas que nos estigmatizaron hubo un candidato presidencial y varias figuras públicas. En general, creo que cuando hemos vivido episodios de violencia o intentos de censura a la prensa la respuesta del Estado es bastante pobre, porque se limitan a recordar las instancias de denuncia a las que podríamos acceder pero no hay pronunciamientos públicos en los que se exija respeto por ese mandato constitucional que nos cobija como periodistas”, periodista hostigada luego de investigar el operativo del Ejército en Putumayo.

El clima para ejercer el periodismo se ha deteriorado por este aumento de las amenazas contra reporteros y reporteras, y también se agudiza por un clima persistente de descrédito, muchas veces coordinado, que ha operado contra periodistas y medios especialmente en redes sociales durante la campaña electoral. A pesar de la gravedad de estos casos no ha habido un respaldo público a la labor de la prensa en momentos donde es crucial. 

El gobierno de Iván Duque no ha rechazado este tipo de ataques y no ha adoptado ninguna acción de contingencia. Otras figuras públicas, incluidos candidatos presidenciales, han generado un ambiente de permisividad y de hostilidad en contra de diferentes periodistas. Por ejemplo, el equipo que cubrió el operativo del Ejército en Alto Remanso, Putumayo, fue objeto de mensajes estigmatizantes por parte de diferentes figuras públicas. Posteriormente, los periodistas recibieron amenazas y mensajes hostigantes en las redes sociales. Todo esto desencadena un escenario de permisividad en el que los agresores no se judicializan y tienen libertad para continuar hostigando. Frente a esta escalada de ataques la prensa la FLIP insta a las autoridades a intensificar las medidas de protección para garantizar el trabajo de la prensa y hace un llamado para que el próximo gobierno incluya esta situación como una de sus acciones prioritarias.

Ayer, 19 de enero, en Saravena, Arauca, un carro bomba explotó frente al edificio Héctor Alirio Martínez, casa sede de las organizaciones sociales del Centro Oriente en Saravena, y donde opera el medio digital e impreso Trochando Sin Fronteras. Con esta explosión también se afectaron las instalaciones de Sarare Stereo, una emisora comunitaria con alta difusión en el municipio, que está ubicada a una calle del lugar de la explosión. Este atentado afecta el funcionamiento de estos dos medios. Es urgente que las autoridades locales y nacionales actúen conjuntamente con el fin de proteger el trabajo de las y los periodistas del departamento.  

Las instalaciones de los medios quedaron destruidas y perdieron antenas y equipos de producción. Aunque los dos medios están operando virtualmente, sufrieron daños que alteran su funcionamiento normal. Los periodistas afectados por esta explosión le manifestaron a la FLIP que se sienten desprotegidos y sienten temor por lo que pueda ocurrir en el futuro. Por ahora se han centrado en revisar y cuantificar los daños ocasionados. 

Hace solo dos semanas, al menos siete periodistas fueron amenazados y presionados por parte del ELN y de disidencias de las FARC para que publicaran información que ellos les proporcionaban a través de Whatsapp. En algunos de estos casos, se les dijo a los periodistas que de no cumplir con las órdenes deberían atenerse a las consecuencias. Con todo esto, es posible afirmar que existe una intención clara de los grupos armados de agredir a la prensa. Estos ataques envían un mensaje de miedo y zozobra a los periodistas del departamento y promueven la autocensura sobre estos asuntos de seguridad.

En Arauca han aumentado, de manera alarmante, los ataques al ejercicio periodístico después de la firma del Acuerdo de Paz. En el 2017, la FLIP registró 9 agresiones contra periodistas en Arauca, cifra que fue triplicada en el 2019, cuando se documentaron 27 ataques. En el 2020 se registraron 13 casos, y en el 2021 fueron 24 agresiones. Algunos de estos ataques han derivado en desplazamientos forzados de periodistas. 

Es urgente que haya una reacción por parte del Estado enfocada en prevenir la violencia contra la prensa y en proteger la vida de los y las reporteras en Arauca. Le solicitamos a la Alcaldía de Saravena y a la Gobernación de Arauca que discutan la situación de la prensa en los consejos de seguridad, y que se generen medidas diferenciadas para proteger a los y las periodistas de la zona.

Del mismo modo, le pedimos a la Defensoría del Pueblo que se reúna con la prensa de la región y atienda  sus peticiones. También es vital que la Unidad Nacional de Protección (UNP) resuelva de manera urgente y prioritaria las solicitudes de protección de los periodistas de la región y que refuerce la seguridad de quienes ya cuentan con medidas asignadas, reconociendo el contexto de violencia y los riesgos diferenciales del oficio periodístico.

Por último, le solicitamos a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que haga seguimiento a la situación de seguridad de los periodistas en Arauca y la incluya en las alertas sobre la violencia en el departamento con el fin de contribuir a su protección. 

La FLIP expresa su preocupación por la retención extorsiva y constreñimiento al que ha sido sometido el periodista Josué Nieves, director del medio digital N Noticias Saravena. 

El periodista denunció que fue retenido por disidencias de las FARC y forzado a asistir técnicamente la grabación de una prueba de supervivencia del Coronel del Ejército Pedro Pérez Arciniegas, quien había sido secuestrado. 

Los hechos sucedieron el 5 de septiembre, cuando un hombre armado llegó a su casa y lo obligó a desplazarse y apoyar la grabación de un video al Coronel Arciniegas. Nieves fue trasladado por el grupo armado, de ida y vuelta, de manera terrestre y fluvial, inclusive cruzaron la frontera sin que hubiera un control de las autoridades. 

Por miedo a las represalias y bajo la presión de los hombres armados, el periodista publicó el video en el medio que dirige. La FLIP conoce que no es la primera vez que Nieves ha recibido presiones similares, por parte del mismo grupo armado, para difundir y replicar información que estos entregan, inclusive ya editada. 

Por lo anterior, alertamos que la publicación de la prueba de supervivencia del Coronel Pérez Arciniegas no puede, de ninguna manera, ser usada por las autoridades para incriminar al periodista o al medio de comunicación con el grupo armado. 

Forzar a los comunicadores a difundir misivas de las partes en conflicto es inadmisible, y genera un riesgo de ser objeto de represalias de quien se ve afectado por la publicación, en este caso el Ejército por haber sido desmentido. Este hecho pone sobre la mesa una  práctica recurrente en los conflictos armados. 

Al respecto, hacemos un llamado al Estado y a los grupos armados para que respeten la protección especial de los periodistas en zonas de conflicto consagrada en el derecho internacional humanitario. En particular, destacamos que la costumbre internacional documentada por el Comité Internacional de la Cruz Roja exige que los periodistas civiles que realicen misiones profesionales en zonas de conflicto armado sean respetados y protegidos, siempre que no participen directamente en las hostilidades. Recordamos que en el 2014, los Relatores de Libertad de Expresión de Naciones Unidas, de manera conjunta, hicieron un llamado a los distintos actores de los conflictos armados para que hicieran un diálogo abierto y comprometido “con el fin de fortalecer las protecciones para promover la seguridad y el respeto de quienes informan sobre un conflicto”.

En Arauca es evidente la ausencia de condiciones de seguridad para el ejercicio periodístico, que es vital para un ejercicio libre e independiente. En lo corrido del 2021, la FLIP ha documentado 21 ataques a la libertad de prensa, siete más que en todo el año anterior. Bajo este contexto, hemos reiterado la necesidad de una respuesta institucional coordinada e inmediata. 

Conocemos el anuncio que realizó el Ministro de Defensa, que en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional pondrían en marcha un plan para atender las amenazas que han incrementado en el departamento de Arauca contra los periodistas, así como fortalecer la seguridad de la frontera. Sin embargo, el actual control territorial que tienen los grupos armados en Arauca genera un ambiente de hostilidad que promueve la autocensura y afecta gravemente la circulación de información. 

Así las cosas, la Fundación hace un llamado al Ministro de Defensa para que dentro de las medidas anunciadas evalúe, de manera estructural, los riesgos a los que están expuestos los y las periodistas en el departamento, en consideración particular de los factores de riesgo por la proximidad con la frontera. Adicionalmente, solicitamos al Ministerio de Defensa y a la Fiscalía General de la Nación que activen de inmediato las rutas de atención especiales que han dispuesto para las amenazas contra periodistas en el caso de Josué Nieves. 

La Unidad Nacional de Protección debe atender de manera urgente y prioritaria los casos que se han presentado y realizar un análisis integral que contemple todos los hechos recientes, así como la alerta de seguridad regional para periodistas que advierte el Ministerio,

La Fundación también reitera el llamado a la Defensoría del Pueblo para que incluya los riesgos específicos a los que están expuestos los periodistas en el departamento de Arauca en las alertas tempranas que haga sobre la región.  

Iván Darío Pelayo trabajaba como director de la emisora Llanorámica Estéreo en Puerto Rondón, Arauca, cuando fue asesinado hace 26 años por el ELN. Este grupo armado lo acusó de ser colaborador de grupos paramilitares.

Su caso prescribió en 2015, luego de que en febrero de 1998 la Fiscalía Especializada de Cúcuta suspendiera las investigaciones. En la actualidad, se desconocen los autores materiales e intelectuales del crimen. De acuerdo con la documentación de la FLIP, la Fiscalía solo destinó tres años a la investigación del homicidio. 

La muerte de Iván también supuso el fin de Llanorámica Estéreo. Con esto, se afectó el derecho a la información de la comunidad de Puerto Rondón. 

Nuestro equipo FLIP no ha podido contactar a colegas o personas cercanas a Iván Darío. Si usted lo conoció o tiene pistas de quiénes pudieron haber tratado con él, puede escribirnos a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.. 

En la FLIP no olvidamos a los y las periodistas que han sido asesinados por causa del conflicto armado mientras cumplían con su labor. 

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza la desprotección estatal de la prensa en Arauca, cuya falta de respuesta a la violencia sostenida en el departamento obliga a los y las periodistas a optar por la autocensura como mecanismo de autoprotección. El ambiente hostil contra la prensa se ha generalizado en los últimos años, en particular afectando a quienes cubren temas relacionados al orden público y seguridad.

El periodismo en Arauca se desarrolla en un escenario de alto riesgo para la vida y la integridad de los y las periodistas, debido a la confluencia de actores armados ilegales y los enfrentamientos que se presentan entre estos grupos por el control en la región, sumado a el contrabando y el tráfico de estupefacientes, que se intensifica por tratarse de una zona fronteriza compleja.  A pesar de múltiples alertas sobre esta problemática, no hay una respuesta contundente por parte de las autoridades que proteja a la prensa. Tampoco se conocen acciones de prevención de estas violencias adoptadas por las autoridades regionales.

La FLIP advierte que la violencia contra la prensa en Arauca ha sido sostenida y tiende a incrementar con el paso del tiempo a pesar de la firma del Acuerdo de Paz. La Fundación documentó 9 casos en 2017, cifra que casi triplicó en 2019 cuando se registraron 27 ataques a la prensa. Entre 2020 y lo corrido de 2021 se han registrado 30 violaciones en este departamento. Solo en lo corrido de este año, la Fundación ha registrado 17 ataques a la prensa en el departamento, cuatro más de los que hubo durante todo el 2020. Estos casos corresponden a amenazas, agresiones físicas, hostigamientos, e intimidaciones durante y después del cubrimiento periodístico. 

Es especialmente preocupante que en las últimas dos semanas documentamos seis ataques, cuatro de ellos amenazas, lo que pone de manifiesto una grave intensificación de la violencia y la necesidad de una rápida respuesta de prevención y protección de parte de las autoridades. Ante esta situación, el Estado colombiano tiene la obligación de proteger la vida y la integridad personal de quienes se encuentran en una situación de riesgo, incluso cuando este riesgo deriva de la acción de un agente no estatal. 

Las y los comunicadores de la región sienten temor de denunciar los ataques en su contra y de continuar con el ejercicio de su trabajo periodístico. Esto tiene un alto costo para la libertad de expresión y de prensa regional y el Estado debe garantizar las condiciones para ejercer estos derechos.

Por lo expuesto, la FLIP hace un llamado a la Defensoría del Pueblo para que, en cumplimiento de su función de proteger y defender los derechos humanos y prevenir sus violaciones, integre en sus evaluaciones tempranas de riesgo como elemento diferencial el ejercicio del trabajo periodístico, de manera que promueva una lectura integral de los riesgos diferenciados e impulse una mejora de las políticas públicas para la protección integral de periodistas, pues son insuficientes para garantizar la efectiva protección de la prensa. En respuesta a la situación departamental, solicitamos se articule con las entidades locales y nacionales para generar estrategias de prevención efectivas para esta región de manera urgente. 

Adicionalmente, la FLIP le solicita a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que haga una valoración robusta y exhaustiva del contexto del departamento, de manera articulada con la Fiscalía General de la Nación, como requisito para la valoración del riesgo de los y las periodistas que tienen asignadas medidas de protección o que se encuentran en evaluación inicial. Lo anterior, con el fin de tener los elementos de juicios idóneos para implementar las medidas de protección necesarias e integrales que contribuyan a salvaguardar la vida e integridad de los y las periodistas en el departamento.  

Por la gravedad e inminencia del riesgo, solicitamos a la Gobernación de Arauca, las alcaldías locales, la Policía y el Ejército Nacional que reconozcan la violencia ejercida contra la prensa en el departamento y se articulen para realizar las acciones de protección necesarias para proteger la vida de los comunicadores.

La voz que acaban de escuchar era la de Efraín Varela Noriega periodista, locutor y director de la emisora Meridiano 70. Desde allí se dedicaba a la crítica política. Hoy, tras 19 años de su muerte, recordamos su trayectoria.

El 23 de noviembre de 2015, el Consejo de Estado reconoció y condenó la responsabilidad del Estado en el asesinato del periodista. Además, confirmó la responsabilidad de la Brigada XVIII del ejército como cómplices del crimen al permitir el accionar del Bloque Vencedores de las autodefensas. 

En la FLIP no olvidamos el esfuerzo de los periodistas por denunciar la corrupción y la violencia en defensa de los derechos humanos. Gracias por recordar con nosotros.

• La casa del periodista Philip Moreno fue pintada con las insignias de esta guerrilla.
  
  
• El medio de comunicación ha publicado dos investigaciones que abordan temas relacionados con el ELN.
  
  
• La FLIP llama a  la UNP a que tenga en cuenta estos hechos para salvaguardar la vida del periodista.
  
  

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza la intimidación que recibió Phillip Moreno, director del portal periodístico Confidencial Noticias, por parte del ELN. La FLIP les solicita a las autoridades que se investiguen los hechos y se garantice la seguridad del reportero. 

El pasado 7 de julio desconocidos pintaron la fachada de la casa del periodista con las insignias del Ejército de Liberación Nacional (ELN). La amenaza se presentó luego de la publicación de dos investigaciones a través de su medio de comunicación sobre temas relacionados con esta guerrilla. Una de las publicaciones está relacionada con el robo de vehículos de la Unidad Nacional de Protección (UNP) por parte de miembros del ELN y de las disidencias de las FARC. Según las investigaciones del periodista, entre 2019 y 2020 han sido hurtados once carros asignados a los esquemas de seguridad de los protegidos en el departamento. La otra publicación habla de la incautación de un cargamento de cocaína que hizo el Ejército en la región de Caño Limón. 

La FLIP expresa su preocupación por esta intimidación, debido a que en los últimos tres años el número de violaciones a la libertad de prensa en Arauca ha aumentado en un 300%. Mientras que en 2017 la FLIP registró 9 ataques contra periodistas y medios de comunicación en el departamento, en 2018 esta cifra ascendió a 17 ataques y en el 2019 alcanzó los 27 casos. Durante el 2020 la Fundación ha documentado un total de cinco amenazas en Arauca y uno de los periodistas afectados tuvo que desplazarse a otra ciudad debido a las intimidaciones que recibió por miembros del ELN. 

La FLIP le solicita a la Unidad Nacional de Protección que tenga en cuenta estos hechos en el estudio de riesgo de Phillip Moreno con el fin de implementar las medidas de seguridad necesarias para salvaguardar su vida y su integridad. Adicionalmente, la Fundación le solicita a la Fiscalía General de la Nación que adelante las investigaciones correspondientes para dar con el paradero de los responsables y llevarlos ante la justicia. 

Las sanciones judiciales son un precedente importante que contribuye a disuadir la ocurrencia de nuevas violencias contra la prensa. Sobre esto, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho: “para prevenir la violencia contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación es indispensable que el ordenamiento jurídico sancione estas conductas de manera proporcional al daño cometido”.

La FLIP rechaza las intimidaciones en contra de Emiro Goyeneche, director de la emisora Sarare FM Stereo en el municipio de Saravena, Arauca. El nombre del reportero apareció en un panfleto firmado por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) en el que lo amenazan de muerte y lo declaran objetivo militar junto con otros dirigentes sociales de sindicatos y movimientos políticos de la región.

El viernes 10 de mayo uno de los líderes que aparece mencionado recibió el sufragio en su casa. Ese mismo día, Goyeneche denunció en la emisora la presunta presencia de paramilitares en el municipio de Saravena y en todo el departamento. Adicionalmente, el periodista hizo un llamado a las autoridades municipales y departamentales para que investiguen y garanticen la seguridad de los dirigentes sociales y los habitantes de la zona.

La FLIP expresa su preocupación por estos hechos y por el ambiente de inseguridad que se vive en el departamento de Arauca y que pone en riesgo la integridad de quienes ejercen la labor periodística. La Fundación ha registrado, desde enero de este año, siete ataques a la prensa en ese departamento, que han afectado a ocho periodistas. El 9 de mayo asesinaron en el municipio de Arauquita a Mauricio Lezama, Consejero Departamental de Cine de Arauca, quien se encontraba adelantando la producción de un cortometraje cinematográfico sobre la vida de una líder social víctima del conflicto. Según las cifras de la FLIP, este homicidio es el número 159 contra reporteros en Colombia por el desarrollo de sus labores informativas.

Adicionalmente, el primero de mayo el periodista Daniel Martínez, corresponsal de RCN en Arauca, tuvo que salir del departamento, luego de recibir una llamada amenazante de una persona que se identificó como miembro del frente Domingo Laín, estructura armada que hace parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

La Fundación hace un llamado a la Unidad Nacional de Protección para que refuerce el esquema de seguridad del periodista Emiro Goyeneche y garantice la seguridad de los reporteros que se encuentran en riesgo por ejercer su labor en el departamento. Así mismo, la FLIP le exige a la Fiscalía General de la Nación y a las autoridades competentes que adelanten las investigaciones pertinentes para identificar y sancionar a los responsables.

La Fundación le solicita a la Defensoría del Pueblo y a la Personería que emitan las alertas oportunas para proteger a quienes se encuentran en riesgo y brinden un acompañamiento permanente a la situación de seguridad de Goyeneche y los demás periodistas que han sido víctimas de intimidaciones en los últimos meses.