Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP

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El Juzgado 19 Penal del Circuito de Bogotá condenó a Ariel Ortega Martínez a 76 meses de prisión por el delito de amenazas contra los periodistas Julio César González Quiceno (conocido como Matador), Daniel Samper Ospina y María Antonia García de la Torre. Además, a Ortega se le impuso una multa por 29.67 salarios mínimos y la inhabilitación del ejercicio de funciones públicas por el mismo tiempo de la pena principal. 

Entre marzo y abril del 2018, Ortega Martínez compartió en su cuenta de Twitter múltiples mensajes de amenazas de muerte, en los cuales se hacía alusión a la falta que hacían las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) para callar a la prensa. Algunos de los mensajes dirigidos en contra de María Antonia García de la Torre incluían mensajes discriminatorios por género

El juzgado consideró que las declaraciones de Ortega afectaron al gremio periodístico y a la opinión pública, pues los mensajes en Twitter fueron utilizados como una herramienta de intimidación a la prensa. Para el juzgado, es reprochable que Ortega haya hecho alusión a las AUC para intimidar a periodistas y consideró que la amenaza es especialmente grave porque el Estado tiene la obligación de asegurar la libertad de expresión y, en una democracia, los periodistas ejercen este derecho de manera continua, estable y reiterada. 

La FLIP celebra la decisión adoptada por el juzgado pues se tuvo en cuenta el grave impacto que tienen las amenazas para el trabajo de una prensa libre en Colombia. Sin embargo, la impunidad en estos crímenes sigue siendo la regla general, pues el 98% de los casos de amenazas contra periodistas continúan sin esclarecer.

La FLIP advierte que perdura una situación de riesgo para el ejercicio de la labor periodística por la falta de investigación y sanción de las amenazas y otros crímenes. Esto envía un mensaje permisivo a quienes atacan a la prensa y deja inconclusa la desactivación del riesgo. 

Por lo anterior, es necesario que la Fiscalía refuerce sus técnicas de investigación y judicialización de las amenazas contra periodistas, pues este es uno de los delitos que más afecta a la prensa en Colombia, siendo cada año la principal agresión contra la prensa. 

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En los últimos días la periodista independiente Katia Ospino ha sido objeto de amenazas e intimidaciones como retaliación por sus investigaciones sobre el abuso sexual a mujeres indígenas por parte de algunos miembros de la comunidad arhuaca. Ella también ha denunciado presuntos hechos de corrupción y fraude procesal que involucran a Zarwawiko Torres y otras autoridades indígenas. 

El 7 de octubre Ospino recibió una llamada de desconocidos que afirmaron que había una orden de asesinarla si ingresaba a territorio arhuaco, incluyendo la Sierra Nevada en Cesar, La Guajira y Magdalena. Ospino, además, manifestó que el día anterior, mientras estaba en la Sierra realizando actividades periodísticas, una de sus fuentes le advirtió que un grupo de personas estaba buscándola para retenerla

Ese mismo día, en la cuenta de Facebook del ‘Resguardo Arhuaco Businchama’, se tildó a la periodista de ser una persona que atenta contra la unidad del resguardo y advierten que se ‘tomarán las medidas pertinentes de justicia’. 

Es precisamente en los escenarios de denuncias por violencia sexual donde se incrementa el riesgo contra la prensa, y particularmente contra las mujeres periodistas. Por esto advertimos de una situación de alta vulnerabilidad para Katia Ospino y la urgencia en atender su riesgo diferenciado.  

Los señalamientos en contra de la prensa son especialmente lesivos cuando provienen de autoridades que tienen una alta influencia en las comunidades. Estos mensajes desacreditan la labor de los y las periodistas, obstaculizan la relación fuente periodista y pueden ser entendidos por terceros como autorizaciones para atentar contra su integridad. En este sentido, la estigmatización sobre la prensa promueve la autocensura y el silenciamiento de temas que son de altísimo interés público como los investigados por Ospino. 

Si bien las autoridades indígenas tienen autonomía sobre el funcionamiento de la justicia en sus territorios, a partir del reconocimiento de la jurisdicción indígena, esto no da aval para censurar la labor de la prensa que denuncia posibles actos de violaciones de derechos humanos. 

La FLIP hace un llamado a las autoridades y representantes del pueblo arhuaco de abstenerse de señalar de manera pública e injustificada a los medios de comunicación y periodistas. Así mismo, la FLIP le solicita a la Fiscalía General de la Nación que investigue las amenazas reportadas por la periodista. La Unidad Nacional de Protección debe tener en cuenta estos nuevos hechos dentro de la evaluación de riesgo de Ospino con el fin de implementar las medidas que sean más idóneas para garantizar su seguridad. 

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La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza las amenazas de las que fueron víctimas los periodistas de Córdoba Rafael Gómez, Édgar Astudillo, Organis Cuadrado y Rafael Moreno. La FLIP hace un llamado urgente a las autoridades locales y nacionales para que protejan a los periodistas e inicien las investigaciones necesarias para dar con los responsables.

La FLIP conoció hoy un panfleto firmado por las “Autodefensas Gaitanistas de Colombia”, en el que amenazan de muerte a ocho personas, entre ellas, a dos periodistas del departamento de Córdoba: Rafael Gómez y Édgar Astudillo. Gómez, a quien le llegó el panfleto en físico a su oficina, ha estado cubriendo en el diario y la cadena radial La Piragua el accionar de grupos armados ilegales y el manejo irregular de dineros públicos en los municipios de Montelíbano, Tierralta y Puerto Libertador. 

Por otra parte, Rafael Moreno y Organis Cuadrado, periodistas de Voces de Córdoba, también le reportaron a la FLIP haber recibido amenazas en los últimos días. Moreno informó que el 17 de junio en Puerto Libertador un hombre desconocido se le acercó, mientras almorzaba, y le dijo que habían dado la orden de asesinarlo. El reportero días atrás había publicado información sobre el asesinato de un joven en el municipio. Por su parte, Cuadrado le reportó a la FLIP que el pasado 13 de junio fue intimidado por un hombre en el municipio de Montelíbano, quien le dijo que “se la iba a pagar”. El comunicador ha estado publicando notas periodísticas en las que denuncia irregularidades en la gestión de un exalcalde de Puerto Libertador. 

Córdoba es un departamento con presencia histórica de grupos armados, y, actualmente, la situación de seguridad resulta alarmante sobre todo en los municipios de la subregión del Alto Sinú y San Jorge, en donde hay una fuerte presencia de grupos al margen de la ley. En este contexto, genera preocupación que la situación de riesgo de los reporteros puedan estar relacionadas directamente con las denuncias sobre orden público, corrupción y organizaciones criminales. Además, estas amenazas contra la prensa generan un ambiente de miedo y silencio en los y las periodistas del departamento de Córdoba, afectando así el flujo de información en la zona sobre temas que impactan a la comunidad. 

La FLIP le solicita a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que implemente y refuerce por trámite de emergencia las medidas de seguridad necesarias para garantizar la vida de los cuatro periodistas. Así mismo, la Fundación le solicita a la Fiscalía General de la Nación que inicie diligentemente la investigación de estos hechos con el fin de que se sancione a los responsables, y así evitar agresiones futuras. 

Es sumamente necesario que tanto UNP como Fiscalía se articulen con la Defensoría del Pueblo, las Gobernación de Córdoba y las alcaldías de Puerto Libertador y Montelíbano para evaluar el contexto de violencia que hay en la región y las vulnerabilidades y factores de riesgo de la prensa en esta región. Este contexto es un elemento supremamente importante para determinar el nivel de riesgo de los periodistas e implementar las medidas que sean más eficientes para salvaguardar su vida y su integridad. 

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Luis Eduardo Alfonso Parada era periodista de la emisora Meridiano 70 en Arauca. A lo largo de 10 años, se dedicó a denunciar, a través de los micrófonos, temas relacionados con el orden público y la administración municipal. Hoy, tras 18 años de su asesinato, recordamos su trayectoria.

El periodista, a través del noticiero “Actualidad informativa”, se convirtió en un referente informativo para los araucanos pero, las amenazas fueron una constante. Luis Eduardo fue atacado la madrugada del 18 de marzo del 2003 por tres hombres en motocicleta. Estos realizaron múltiples disparos a la entrada de su casa, justo cuando iba de salida a la emisora.

En 2009, amparados bajo la Ley de Justicia y Paz, en el proceso de desmovilización de los grupos paramilitares, José Rubén Tobón, alias “Lucho” aseguró que el paramilitar alias “Cúcuta” había asesinado a Luis Eduardo. Este paramilitar, a su vez, declaró haber asesinado a un periodista. Tobón fue identificado como autor material y recibió una condena sin posibilidad de excarcelación. Sin embargo, los autores intelectuales aún no han sido identificados. 

En la FLIP no olvidamos a Luis Eduardo y su compromiso con la región. Su memoria debe ser honrada con la justicia y esclarecimiento completo de su asesinato. Gracias por recordar con nosotros.

Haciendo clic en el siguiente audio podremos escuchar la historia de este periodista:

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Miércoles, 28 October 2020 15:19

Amenazan a periodista comunitario en Sucre

La FLIP rechaza la amenaza de la que fue víctima el periodista Mario Manuel Ubarnes el pasado 27 de octubre. La Fundación le solicita a las autoridades llevar a cabo las acciones necesarias para proteger al reportero.

Urbanes le manifestó a la FLIP que en la puerta de su casa ubicada en el municipio de San Antonio de Palmito, Sucre, desconocidos dejaron una bolsa negra que contenía una corona fúnebre. Además, una lideresa del municipio también recibió el mismo día un ramo similar con un mensaje en el que la amenazan de muerte. 

El periodista dirige un programa radial en la emisora comunitaria Palmitos Estéreo en el que recientemente ha hecho denuncias sobre el robo de ganado en esa región. Además, ha hablado en la emisora sobre irregularidades relacionadas con la contratación en la administración municipal. 

La FLIP expresa su preocupación por estos hechos y le solicita a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que inicie la evaluación de riesgo con el fin de implementar las medidas de seguridad necesarias para salvaguardar la vida y la integridad del reportero. Así mismo, la Fundación insta a la Fiscalía General de la Nación a que investigue con celeridad estos hechos y tome las medidas que sean necesarias para garantizar la seguridad del periodista.

La debida investigación y sanción de los responsables de la violencia contra la prensa es fundamental para la generación de garantías alrededor del desarrollo de la labor periodística sobre todo en zonas en las que la oferta informativa es escasa. 





 

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La FLIP conoció que el periodista Omar Martínez recibió una amenaza el pasado 15 de octubre. Según Martínez un conocido suyo le manifestó que lo habían llamado para que le dijera al periodista que "se quedara quieto y que dejara los ataques a la alcaldía". Posteriormente, una fuente del reportero le informó que en una reunión que se había hecho en una finca cerca al municipio de Caucasia, Antioquia, en la que participaron miembros de bandas criminales, se había hablado de un plan para atentar contra su vida. 

Martínez ha abordado de manera crítica, a través de una video columna que publica semanalmente en su perfil de Facebook, las gestiones de la administración municipal y las actuaciones de los funcionarios públicos de Caucasia

Con esta son cinco las amenazas contra periodistas que la FLIP ha registrado en el municipio de Caucasia en lo corrido de este año. Esta situación genera una amplia preocupación por el ambiente de hostilidad hacia la prensa y la falta de garantías de seguridad para los periodistas en el municipio. 

La FLIP rechaza la amenaza contra el periodista Omar Martínez y le solicita a la Fiscalía General de la Nación que adelante las investigaciones pertinentes para identificar y sancionar a los responsables. La Fundación, también le solicita a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que evalúe con celeridad estos hechos con el fin de implementar las medidas de seguridad necesarias para salvaguardar la vida y la integridad del periodista.

Así mismo, la Fundación hace un llamado al alcalde de Caucasia Félix Olmedo para que articule a las entidades del municipio para que adelanten las acciones necesarias que contribuyan a la protección del periodista. Además, es sumamente importante que como máxima autoridad muestre su respaldo a la labor periodística que se desarrolla en el municipio. La Relatoría para la Libertad de Expresión de la CIDH ha dicho que “una medida de protección simple pero sumamente eficaz consiste en que las más altas autoridades del Estado reconozcan de manera constante, clara, pública y firme la legitimidad y el valor de la labor periodística, aun cuando la información difundida pueda resultar crítica, inconveniente e inoportuna para los intereses del gobierno”.

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  • El periodista Juan Alejandro Loaiza participa en el informativo de la emisora comunitaria.

  • En Algeciras se vive una difícil situación de orden público.

  • Después de recibir una amenaza de muerte, Loaiza decidió abandonar el municipio.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza la intimidación que recibió Juan Alejandro Loaiza, periodista de la emisora comunitaria Nueva Era Algeciras, por parte de desconocidos. La FLIP les solicita a las autoridades que se investiguen los hechos y se garantice la seguridad del comunicador.

El pasado 17 de julio, hacia las diez de la mañana, un hombre en una moto interceptó al reportero mientras se dirigía al centro del municipio y lo amenazó de muerte. Según Loaiza, el hombre le dijo que debía irse de Algeciras o de lo contrario iba a pagar con su vida. Dos días después de que el periodista recibiera esta intimidación, abandonó el municipio para proteger su vida y su integridad.

El reportero participa en el informativo de la emisora comunitaria que se transmite de lunes a viernes en la franja de la mañana. En este espacio Loaiza ha hecho críticas a las gestión de algunos concejales del municipio y ha informado sobre la difícil situación de orden público que se vive en Algeciras. Un día antes de que el periodista fuera amenazado, cuatro personas fueron asesinadas en la vereda Quebradón Sur y antes de eso, el primero y seis de julio,  fueron asesinados dos líderes en las veredas de El Puente y Santuario. Sumado a esto, según la ONU, a inicios de julio, 42 familias de la zona rural del municipio de Algeciras tuvieron que desplazarse luego de recibir amenazas.

La FLIP le solicita a la Unidad Nacional de Protección que implemente de manera urgente las medidas de protección necesarias para que el reportero pueda regresar a su municipio en condiciones de seguridad. Adicionalmente, la Fundación le solicita a la Fiscalía General de la Nación que adelante las investigaciones correspondientes para dar con el paradero de los responsables y llevarlos ante la justicia. 

Las sanciones judiciales son un precedente importante que contribuye a disuadir la ocurrencia de nuevas violencias contra la prensa. Sobre esto, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho: “para prevenir la violencia contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación es indispensable que el ordenamiento jurídico sancione estas conductas de manera proporcional al daño cometido”.

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El pasado 6 de diciembre, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Valledupar condenó a John René Gélvez Gélvez, alias "Orbitel", a 80 meses de prisión por el delito de amenazas contra los periodistas Juan Pablo Latorre y Katherine Leal. Esta es la cuarta sentencia que se emite en lo corrido del año por amenazas contra periodistas y es la condena más alta. 

Gélvez admitió haber amenazado telefónicamente a Latorre y a Leal desde el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, donde se encuentra recluido. Esta es la segunda sentencia en contra de Gélvez por hechos similares. En agosto de este año, fue condenado a 53.33 meses de prisión por amenazar al periodista Jorge Eduardo Espinosa Ahumada.

Los cuatro fallos se enmarcan en la estrategia de priorización de investigación y judicialización de amenazas contra defensores de derechos humanos, creada por la Fiscalía General de la Nación en la Resolución 00339 de 2018. En este momento continúan en etapa de juicio otros casos por amenazas contra los periodistas Claudia Gurisatti, Luis Carlos Vélez, María Jimena Duzán y Juanita Gómez.

La FLIP reconoce el trabajo realizado para avanzar en la investigación y judicialización de las amenazas contra periodistas. No obstante, vale la pena señalar que de los casos reportados a la FLIP en 2018 de amenazas el 99% permanece en la impunidad. En consecuencia, la FLIP hace un llamado a la Fiscalía y a las autoridades judiciales para que continúen y amplíen sus esfuerzos en el tema, la lucha contra la impunidad por estos hechos es fundamental para la garantía de la libertad de prensa en Colombia.


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La FLIP rechaza la amenaza que recibieron los periodistas Miguel Rojas y Rubén Darío Rojas de Ipiales, Nariño, el pasado 30 de septiembre. Así mismo, la FLIP expresa su preocupación por los señalamientos que han realizado funcionarios públicos de Ipiales contra los medios de comunicación de ese municipio responsabilizando a la prensa del fallecimiento, el 11 de octubre, del gerente de la empresa de obras sanitarias, Empoobando.  

La FLIP tuvo conocimiento de que el 30 de septiembre de 2019 hasta las instalaciones de Caracol Radio Ipiales llegó un CD con un video en el que un hombre encapuchado amenaza a Miguel Rojas, periodista de esa emisora, y a su hijo Ruben Dario Rojas, quien trabaja en el sistema radial de Tropicana. La amenaza está relacionada con una serie de debates electorales que han organizado los periodistas en alianza con otros medios del municipio. 

En otros hechos, el 11 de octubre, varios funcionarios públicos de Ipiales salieron a marchar contra los medios de comunicación. Según contó a la FLIP uno de los periodistas señalados, quienes protestaron frente a la sede de Caracol les gritaban “asesinos” y los acusaban de propagar el odio contra los funcionarios públicos. Además, algunos funcionarios publicaron a través de sus redes sociales mensajes en los que señalaban que la presión de los medios de comunicación sobre Fernando Rosero, gerente de Empoobando, había causado su muerte. El fallecimiento de Rosero se dio en medio de una grave crisis de desabastecimiento de agua en el municipio que duró un mes, que estaba siendo superada desde hace una semana y que recibió amplio cubrimiento de los medios de comunicación.

La crisis por el desabastecimiento de agua es un tema de alto interés para la comunidad que merece atención de la prensa. Si bien la manifestación pública es un derecho constitucional, a la FLIP le preocupan las estigmatizaciones que un sector de la administración pública de Ipiales hizo contra los periodistas y medios de comunicación al responsabilizarlos de la muerte del señor Rosero. Este tipo de señalamientos, en el contexto como el que vive actualmente el departamento, pueden poner en alto riesgo a los periodistas del municipio.

Sobre esto, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión ha sido enfática en declarar que los funcionarios públicos tienen la obligación de adoptar un discurso público favorable que contribuya a prevenir la violencia contra la prensa, aún cuando la información divulgada resulte contraria a sus interes: “la obligación de garantizar los derechos de libertad de expresión y a la integridad personal requiere que los funcionarios públicos se abstengan de realizar declaraciones que expongan a periodistas y trabajadores de medios de comunicación a un mayor riesgo de actos de violencia”.

Varios periodistas consultados por la FLIP manifiestan que incluso el alcalde, en el pasado, ha hecho señalamientos contra la prensa vinculando a los periodistas con intereses políticos. 

En relación con estos hechos, la FLIP le solicita a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que inicie el estudio de riesgo para los periodistas Miguel Rojas y Ruben Dario Rojas, así como para que evalúe las situación de seguridad de los periodistas en Ipiales en el marco del cubrimiento de las elecciones del 27 de octubre. Adicionalmente, le solicita a la Fiscalía general de la Nación para que investigue la amenaza contra Miguel y Rubén Darío Rojas  y sancione a los responsables.

La fundación se comunicó con la Alcaldía Municipal de Ipiales y con la Gobernación de Nariño para obtener sus declaraciones sobre estas situaciones, sin embargo, las dos entidades manifestaron que aún no se pronunciarán al respecto. La FLIP le hace un llamado a alcalde de Ipiales y a todos los funcionarios de esta administración para que se abstengan de estigmatizar a la prensa y sean garantes de la labor periodística.

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La Fundación para la Libertad de Prensa expresa su preocupación por la amenaza a nueve periodistas del departamento de Nariño a través de un panfleto firmado por las Águilas Negras. Entre los periodistas afectados están el director del Periódico Punto, Francisco Terán; el director de Nariño Noticias, Miguel Ángel Villarreal; la corresponsal de Canal Uno y CM&, Lorena Caicedo y la corresponsal de Radio Nacional de Colombia, Natalia Cabrera. 

Varios de los periodistas le manifestaron a la FLIP que el panfleto fue dejado el 26 de septiembre en la madrugada en las instalaciones del Canal Nariño Televisión por una persona encapuchada que habría sido grabada por las cámaras de seguridad del edificio. 

En lo corrido de este año la Fundación ha registrado once ataques a la prensa ocurridos en el departamento que han afectado a 20 comunicadores, entre los cuales está el periodista de Samaniego Stereo, Libardo Montenegro, quien fue asesinado el 11 de junio de 2019. 

La FLIP le solicita a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que haga una evaluación de la situación de riesgo que enfrentan los periodistas amenazados con el fin de implementar las medidas de seguridad necesarias para salvaguardar su vida y su integridad. Adicionalmente, la Fundación le solicita a la Fiscalía General de la Nación que investigue a fondo este hecho con el fin de identificar y sancionar a los responsables.

Las sanciones judiciales en este tipo de situaciones son un precedente importante que contribuye a disuadir la ocurrencia de nuevas violencias contra la prensa. Así lo ha dispuesto la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe sobre Violencia contra periodistas y trabajadores de Medios: “Para prevenir la violencia contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación es indispensable que el ordenamiento jurídico sancione estas conductas de manera proporcional al daño cometido”.



 

 

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