Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP
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La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza las intimidaciones y amenazas que ha recibido el periodista Andrés Benavides, director de la emisora comunitaria Paraíso Stereo 96.3 FM.
El pasado 1 de septiembre el periodista Andrés Benavides fue interceptado en una carretera que conduce de Puerres a la vía Panamericana, en el departamento de Nariño, por tres hombres que lo abordaron y le preguntaron si era director del medio. Cuando el periodista respondió que sí, los hombres le advirtieron que lo mejor era que se retirara de la emisora si no quería pagar las consecuencias.
Después, el 6 de septiembre el periodista recibió un mensaje amenazante proveniente de un número desconocido. El mensaje le exigía retirarse del medio y entregar los elementos físicos con los que funciona la emisora. El texto decía: “los sapos mueren por la boca y usted la tiene grande”. Además, la locutora del medio recibió un mensaje donde se le advertía que debía reclamar su indemnización y retirarse del medio.
El periodista publica noticias sobre la comunidad, como temas de cultura, salud y noticias sobre la administración de Puerres. Además, en 2017 denunció un caso de acoso sexual y pederastia por parte de un sacerdote de Puerres. Según el periodista, desde entonces han sido recurrentes las presiones para obligarlo a renunciar al medio.
La FLIP rechaza enfáticamente la coacción al periodista para que se aparte del medio y silencie su trabajo. En el 2020, la FLIP registró tres amenazas a periodistas de medios comunitarios en el departamento de Nariño. Las emisoras comunitarias tienen el enorme reto de ejercer su labor informativa en medio de difíciles contextos de riesgo y condiciones económicas precarias. Este tipo de acciones intimidatorias aumentan su vulnerabilidad y conducen a la autocensura.
Según los datos de nuestra investigación Cartografías de la información, en Puerres el único medio de comunicación que opera es esta emisora comunitaria. Por esta razón, es de especial preocupación que se busque silenciar al único medio informativo, así la ciudadanía quedaría con un gran vacío informativo para conocer lo que sucede en su región.
La radio comunitaria es una manifestación democrática, por lo que garantizar las condiciones de seguridad para su funcionamiento es esencial. La Corte Constitucional ha destacado su importancias en la medida que “cumple un rol fundamental en el fortalecimiento de la democracia y la participación en las pequeñas comunidades rurales o urbanas destinatarias, ya que contribuye a formar redes de solidaridad entre vecinos, permite la toma de decisiones informadas acerca de los asuntos locales, promueve el desarrollo social, la convivencia pacífica, la construcción de ciudadanía y de identidades culturales y sociales, y contribuye a mejorar la provisión de otros servicios y a mejorar la calidad de vida de la población”.
La FLIP expresa su preocupación por estos hechos y solicita a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que inicie la evaluación de riesgo, con enfoque diferencial, con el fin de implementar las medidas de seguridad necesarias para salvaguardar la vida e integridad del periodista Andrés Benavides. Además, la FLIP insta a la Fiscalía General de la Nación para que se investiguen y esclarezcan estos hechos, teniendo en cuenta que la impunidad promueve la autocensura como mecanismo de autoprotección.
La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza las amenazas contra las periodistas Vicky Dávila y Claudia Gurisatti por parte de Jesús Santrich, integrante de las disidencias de las FARC. La FLIP conoció que desde hace quince días, a través de grupos de difusión en Telegram, se venían enviando mensajes en los que se hablaba del trabajo periodístico de Dávila y Gurisatti, y que provendrían de miembros de las disidencias de las FARC.
El pasado nueve de marzo el general Jorge Luis Vargas, director de la Policía Nacional, confirmó, a través de la cuenta oficial de Twitter de la institución, que Santrich amenazó a las periodistas a través de mensajes y videos. Estos circularon por redes sociales y en las amenazas se hace referencia al trabajo que vienen realizando las periodistas.
La Fundación expresa su preocupación por la seguridad de las periodistas y hace un llamado a las autoridades para que realicen las acciones necesarias para salvaguardar la vida y la integridad de las comunicadoras.
Solicitamos a la Unidad Nacional de Protección que reevalúe la situación de riesgo de las periodistas con el fin de implementar las medidas necesarias para salvaguardar su vida e integridad y la de sus familias. Así mismo, la Fundación le hace un llamado a la Fiscalía General de la Nación para que investiguen con diligencia estos hechos y sancionen a los responsables.
Más de dos años lleva sin resolverse el caso por amenazas de muerte en contra de Daniel Samper Ospina, Matador y María Antonia García de la Torre. Los periodistas fueron amenazados a través de Twitter por Ariel Ortega entre marzo y abril del 2018. Uno de los tuits decía “bobo mal nacido, vive insultando y cuando le dicen la verdad en esa jeta llora como una nena. ¡Qué falta hacen las AUC para callar a este sapo!”.
Rápidamente los hechos se volvieron mediáticos y la misma Fiscalía rechazó las amenazas y aseguró que la investigación sería prioritaria. Así mismo, el ministro de Defensa de la época, Luis Carlos Villegas, ordenó a la Policía Nacional investigar las amenazas a 'Matador'. Villegas indicó que "quienes se esconden en un teléfono o computador para estorbar la libre expresión también deben recibir el peso de la ley”.
A pesar del apoyo inicial de las entidades nacionales, el caso ha avanzado muy poco.
Desde el 4 de febrero de 2019 la Fiscalía acusó a Ortega como presunto autor de las amenazas. La Fiscalía cuenta con las pruebas suficientes para asegurar que Ortega es el autor de las amenazas. De hecho, en 2018 Ortega aceptó que los tuits habían sido suyos y dijo públicamente que estaba arrepentido.
En junio del mismo año la defensa presentó a la Fiscalía una solicitud de principio de oportunidad. Esto le daría el chance a Ortega de tener una sentencia absolutoria. El trámite duró aproximadamente 6 meses y nunca prosperó. La Fiscalía insistió varias veces a pesar de que las víctimas manifestaron su desacuerdo. Es por ello que la solicitud nunca tuvo posibilidad de prosperar.
Luego de más de un año en el que el caso no avanzó, solo hasta el 4 de noviembre de este año comenzó la audiencia preparatoria. Esta tiene como propósito que se den a conocer todas las pruebas que hay sobre el caso para que se tengan en cuenta en el juicio. Sin embargo, aún falta tiempo para que el momento de la sentencia se dé, pues la audiencia preparatoria ni siquiera ha concluido y se sigue a la espera que el juez la reprograme.
Entre cada una de las audiencias del proceso ha transcurrido un año. Es difícil comprender cómo un caso que para la Fiscalía era una prioridad, resultó siendo dilatado por la misma entidad. Hay pocas respuestas a por qué el proceso se ha demorado tanto, cuando este era un caso con pruebas y autor identificado desde el inicio.
“Es imperativo sentar un precedente y que haya un castigo ejemplar para Ariel Ortega pues debe enviarse el mensaje de cero tolerancia frente a las amenazas de muerte por redes sociales contra periodistas”: María Antonia.
La FLIP ha registrado que las amenazas son la principal agresión que sufren los periodistas. Cada año los casos se incrementan, casi hasta duplicarse. En 2016 se presentaron 90 intimidaciones a periodistas; el año siguiente 129; en 2018 fueron 200 casos y en 2019 se presentaron 137 amenazas. En esta misma línea, Reporteros Sin Fronteras ubica a Colombia como el país 130 con la peor calificación para ejercer la libertad de prensa.
Las amenazas tienen un efecto amedrentador y disuasivo que conlleva al silenciamiento de la prensa. Donde exista miedo, producto de posibles agresiones relacionadas con el trabajo periodístico, se promueve un ambiente de autocontención o autocensura.
“Amenazar de muerte a un periodista no solo afecta a ese ser humano en particular y a su familia; sino que pone en peligro a la libertad de prensa, fortalece a la censura y dota de poder a esas fuerzas ocultas que usan la violencia como medio de coerción”: María Antonia.
La falta de cumplimiento y celeridad con las investigaciones en los casos de agresiones a la prensa propicia la repetición crónica de la violencia, pues se puede entender que no habrá sanciones ejemplares. Es necesario que la Fiscalía y los jueces avancen de manera pronta y diligente en estos casos para disuadir las agresiones contra la prensa y combatir un ambiente hostil contra la prensa en línea.
La FLIP expresa su preocupación por el exilio del periodista de Noticias Caracol Arlex Piedrahita tras recibir nuevas amenazas y ante la falta de garantías para salvaguardar su vida y continuar ejerciendo su labor en el país.
El 16 de octubre de este año Piedrahita recibió un mensaje de texto a su celular en el que lo declaran objetivo militar y lo amenazan de muerte a él y a su familia. Esta es la más reciente de una serie de amenazas y hostigamientos que el periodista ha recibido desde el 2019 y que estarían relacionadas con el cubrimiento de temas judiciales, orden público y narcotráfico en los departamentos de Valle del Cauca y el norte del Cauca.
Las constantes intimidaciones y la falta de una respuesta efectiva y atención oportuna por parte de las autoridades obligaron a Piedrahita a abandonar el país a mediados de noviembre de este año buscando salvaguardar su integridad y la de su familia.
Es la segunda vez que el reportero se ve obligado a dejar de hacer su trabajo periodístico como consecuencia de la falta de garantías frente a su seguridad. A finales de 2019, luego de recibir amenazas en su contra junto con otros cuatro periodistas, Piedrahita estuvo por fuera de los medios un par de semanas y un día después de reintegrarse a su trabajo recibió una nueva intimidación en la que le advertían que tenía que renunciar al noticiero.
Cuando Piedrahita recibió nuevamente una amenaza en octubre de este año sintió que ya no tenía muchas opciones, no encontró una respuesta diligente y oportuna por parte de las autoridades: no había garantías de seguridad para él y su familia. Además, dos de los periodistas que habían sido amenazados con él en agosto de 2019 se vieron obligados a salir del país por encontrarse en las mismas condiciones. Así, con el apoyo de su medio de comunicación, el periodista abandonó el país.
En noviembre de 2019, la FLIP advirtió que Piedrahita se encontraba en un alto riesgo y era urgente implementar medidas idóneas. Sin embargo, la Unidad Nacional de Protección (UNP) tardó un año en volver a evaluar la situación de riesgo del periodista y la FLIP aún no conoce de ningún avance en las investigaciones que adelanta la Fiscalía General de la Nación por estos hechos. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH ha resaltado que los Estado no sólo tienen la obligación de proteger a periodistas en riesgo, sino que deben garantizar que las medidas de protección adoptadas sean efectivas y adecuadas.
La Fundación hace un llamado urgente a la Fiscalía y a las autoridades competentes para que investiguen con celeridad, seriedad e imparcialidad, las amenazas y hostigamientos reportados por los tres periodistas con el fin de identificar y sancionar a los responsables. El exilio de periodistas trae consecuencias devastadoras para la libertad de prensa. Además de tener una afectación psicológica, económica, social y familiar en quienes lo padecen, genera un ambiente de miedo y autocensura entre los periodistas que están alrededor.
La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza la amenaza que recibieron los periodistas Cipriano López, Lina María Peña, Yannis Moscote, Víctor Polo, Miguel Martínez, Víctor Rodríguez, Aristides Herrera y Leopoldo Díaz Granados. La FLIP les solicita a las autoridades que se investiguen los hechos y se garantice la seguridad de los reporteros.
El 7 de agosto varios de los periodistas afectados recibieron el panfleto con firma del ELN en el que son declarados objetivo militar con la siguiente advertencia: “se les otorga un plazo de 48 horas para que abandonen el país con sus familias o se atendrán a las consecuencias”. Los reporteros mencionados en el panfleto han denunciado hechos de corrupción por parte de la administración departamental y coinciden en que les parece extraño que la amenaza sea responsabilidad del ELN, debido a que no han hecho denuncias relacionadas con este grupo armado y no tienen conocimiento de su presencia en Magdalena.
La FLIP expresa su preocupación por estos hechos y le solicita a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que evalúe la situación de riesgo de los reporteros con el fin de implementar las medidas de protección necesarias para salvaguardar su vida y su integridad. La Fundación le solicita a la Fiscalía General de la Nación que adelante las investigaciones correspondientes para dar con el paradero de los responsables y llevarlos ante la justicia.
Las sanciones judiciales son un precedente importante que contribuye a disuadir la ocurrencia de nuevas violencias contra la prensa. Sobre esto, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho: “para prevenir la violencia contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación es indispensable que el ordenamiento jurídico sancione estas conductas de manera proporcional al daño cometido”.
La FLIP le hace un llamado al gobernador de Magdalena, Carlos Caicedo, para que rechace estas amenazas y, a partir de su rol como garante de la libertad de prensa en el departamento, respalde públicamente la labor de los periodistas y medios de comunicación a quienes se dirige esta amenaza. Al respecto, la Relatoría Especial Para la Libertad de Expresión (RELE) sostiene que: “Una medida de protección simple pero sumamente eficaz consiste en que las más altas autoridades del Estado reconozcan de manera constante, clara, pública y firme la legitimidad y el valor de la labor periodística, aun cuando la información difundida pueda resultar crítica, inconveniente e inoportuna para los intereses del gobierno”.
Éder Narváez, director de NP Noticias y corresponsal de Teleantioquia en el Bajo Cauca Antioqueño, recibió dos amenazas de muerte en la última semana. La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) expresa su preocupación por la situación de seguridad del periodista de Caucasia. La Fundación le solicita a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que fortalezca las medidas de seguridad para el reportero en las próximas horas.
El pasado 18 de abril el reportero recibió una amenaza por parte de un hombre que, días antes, se había identificado como Manuel, alias “El Negro”, y quien asegura ser un comandante de la organización criminal “Los Caparrapos”. En el mensaje que le enviaron a Narváez a través de WhatsApp el agresor le advierte que tiene tres días para abandonar Caucasia. El domingo 19 de abril, luego de las recurrentes amenazas, el periodista salió desplazado de manera forzada.
Esta es la segunda intimidación contra Narváez en una semana. El pasado 13 de abril el periodista recibió una amenaza proveniente del mismo número telefónico, luego de publicar una noticia sobre el asesinato de dos hombres en el barrio Loma Fresca en Caucasia. Las constantes intimidaciones en contra del reportero son producto de las publicaciones que ha hecho acerca de la difícil situación de orden público que enfrenta la región del Bajo Cauca Antioqueño.
La FLIP rechaza las amenazas contra Narváez y le solicita a la UNP que durante las próximas horas fortalezca las medidas de protección del reportero para salvaguardar su vida y su integridad. Es importante que la entidad concerte con el periodista el cubrimiento de los gastos de su reubicación o el retorno a su municipio para continuar desarrollando su labor informativa en condiciones de seguridad.
La Fundación le solicita a la Fiscalía General de la Nación que investigue con celeridad estos hechos para así dar con los responsables y llevarlos ante la justicia. Las sanciones judiciales son un precedente importante que contribuye a disuadir la ocurrencia de nuevas violencias contra la prensa.
Esto lo ha dicho la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: “para prevenir la violencia contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación es indispensable que el ordenamiento jurídico sancione estas conductas de manera proporcional al daño cometido”.
El reportero Wilfer Moreno fue víctima de una amenaza por parte de un hombre que se identificó como comandante del ELN.
Moreno se vio obligado a dejar inmediatamente el departamento.
La FLIP le solicita a la UNP que tome las medidas necesarias para proteger al periodista.
La FLIP expresa su preocupación por la situación de seguridad del periodista de CNC Noticias, Wilfer Moreno. El reportero fue víctima de una amenaza que lo obligó a desplazarse del municipio de Arauca. La Fundación les solicita a las autoridades que investiguen estos hechos y garanticen la seguridad del periodista.
El pasado jueves 13 de febrero el reportero recibió una llamada en la que un hombre que se identificó como alias “Marcos” lo amedrentó para que suspendiera la transmisión de su espacio informativo durante el paro armado de 72 horas que anunció el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y que empieza este 14 de febrero. Cuando Moreno se negó cumplir con la orden, el desconocido lo declaró objetivo militar y le advirtió que tenía que abandonar el departamento en una hora.
Luego de la amenaza, el reportero tuvo que salir de inmediato del municipio para salvaguardar su vida. Esta intimidación se presentó luego de que Moreno cubriera los temas de orden público en el departamento a través de su espacio informativo, en el que denuncia constantemente las acciones delictivas del ELN. El desplazamiento del reportero afecta la pluralidad informativa de los araucanos, debido a que la señal del informativo de CNC llega a los municipios de Fortul, Tame, Saravena, Rondón y Arauca.
La Fundación le solicita a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que tome las acciones necesarias para proteger a Wilfer Moreno durante el tiempo que se encuentre fuera de Arauca e implemente las medidas necesarias para salvaguardar su vida y su integridad. Adicionalmente, la FLIP le hace un llamado a la Unidad para que coordine con las autoridades locales la implementación de medidas preventivas con el fin de garantizar el trabajo informativo de los demás reporteros del canal y d otros medios de comunicación.
La FLIP hace un llamado a la Fiscalía General de la Nación para que investigue con celeridad estas amenazas con el fin de dar con el paradero de los responsables. Las sanciones judiciales en este tipo de situaciones son un precedente importante que contribuye a disuadir la ocurrencia de nuevas violencias contra la prensa. Así lo ha dispuesto la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe sobre Violencia contra periodistas y trabajadores de Medios: “Para prevenir la violencia contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación es indispensable que el ordenamiento jurídico sancione estas conductas de manera proporcional al daño cometido”.
La FLIP rechaza las amenazas que recibieron los reporteros Ignacio Gómez, Jairo Tarazona, José Luis Mayorga y la periodista Julieth Cano. La FLIP hace un llamado a las autoridades competentes para que protejan a los afectados e investiguen estos hechos con celeridad.
El pasado 4 de febrero la periodista Julieth Cano, corresponsal de Noticias Caracol en Cúcuta, recibió una amenaza a través de un mensaje de texto proveniente de un número desconocido. La reportera ha estado haciendo un amplio cubrimiento sobre la situación de la frontera colombo-venezolana en la capital de Norte de Santander y manifiesta que desde hace varios meses hombres desconocidos la han intimidado a ella y a su equipo periodístico para que no continúen ejerciendo su labor en la frontera.
A este caso se suma la intimidación que recibieron el pasado 5 de febrero Ignacio Gómez, subdirector de Noticias Uno; Jairo Tarazona, periodista de RCN Radio y José Luis Mayorga, del medio Agencia Reporteros Sin Fronteras. Tarazona recibió en su lugar de trabajo una correspondencia de una empresa de mensajería que opera a nivel nacional. El paquete que tenía como destinatario al reportero contenía un panfleto firmado por las Águilas Negras en el que aparecía su nombre junto al de Gómez y Mayorga. Además de los periodistas, en el panfleto aparecen funcionarios, políticos, defensores de derechos humanos y líderes estudiantiles y sindicales.
Esta no es la primera vez que estos tres reporteros reciben amenazas de este tipo. El 9 de septiembre de 2019, a los periodistas les llegó un panfleto a través de un mensaje de WhatsApp en el que los declaran objetivo militar. Con esta intimidación son 12 las amenazas que la FLIP ha registrado en lo corrido de 2020 y que han afectado a 15 periodistas, es decir, casi dos víctimas por semana.
La FLIP le solicita a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que tenga en cuenta estos hechos en la evaluación de la situación de riesgo de los periodistas amenazados con el fin de implementar las medidas de seguridad necesarias para salvaguardar su vida y su integridad. Teniendo en cuenta que se tiene información del remitente, la Fundación le exige a la Fiscalía General de la Nación que investigue con celeridad los hechos para identificar y sancionar a los responsables.
Las sanciones judiciales en este tipo de situaciones son un precedente importante que contribuye a disuadir la ocurrencia de nuevas violencias contra la prensa. Así lo ha dispuesto la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe sobre Violencia contra periodistas y trabajadores de Medios: “para prevenir la violencia contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación es indispensable que el ordenamiento jurídico sancione estas conductas de manera proporcional al daño cometido”.
La FLIP expresa su preocupación por la situación de riesgo de María Eugenia Durango, periodista de estación radial de Ituango, la segunda emisora de pedagogía para la paz en el país, que es operada por la Radio Nacional de Colombia. La Fundación le solicita a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que atienda de manera urgente las necesidades de reubicación de la comunicadora en condiciones de seguridad.
El pasado 24 de enero, la reportera recibió una amenaza a través de un mensaje de WhatsApp en el que le advertían que tenía 24 horas para abandonar el municipio. Luego de esta intimidación, la periodista tuvo que suspender sus labores de reportería y desplazarse para salvaguardar su seguridad y la de su familia. Durango cubría temas culturales del municipio y noticias generales del departamento, y en los últimos días, dada la situación de violencia en el Bajo Cauca Antioqueño, también hacía notas informativas sobre el orden público en la región.
La periodista estaba desarrollando su labor informativa en medio de las dificultades de seguridad que atraviesa el municipio. Ituango, al norte del departamento de Antioquia, es un corredor estratégico que comunica a la costa caribe con la región del Urabá y el Bajo Cauca Antioqueño, lo que lo convierte en una región atractiva para los grupos al margen de la ley. Actualmente, en este territorio se libra una disputa entre las disidencias de las Farc y otras estructuras ilegales como El Clan del Golfo y Los Caparrapos.
Durante los últimos días la situación de orden público del municipio se ha agudizado y son constantes las denuncias por extorsiones a los habitantes de la zona y los enfrentamientos entre los grupos armados ilegales. Esta situación de violencia venía siendo denunciada en los últimos días por el equipo periodístico de la emisora de Ituango que se escucha en el dial 92.3 FM. Durango asegura que para tratar estos temas han invitado a líderes sociales y autoridades de la región para que participen en los espacios informativos.
En vista de la inminencia del riesgo al que estaba expuesta la reportera, la FLIP le solicitó a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que implementara medidas de protección por trámite de emergencia pero la petición fue negada. La Fundación le reitera a la UNP la necesidad de implementar medidas de protección de manera urgente que garanticen la reubicación de la reportera en condiciones de seguridad con el fin de salvaguardar su vida, su integridad y la de su familia.
Adicionalmente, la Fundación le solicita a la Fiscalía General de la Nación que investigue a fondo este hecho con el fin de identificar y sancionar a los responsables. Las sanciones judiciales en este tipo de situaciones son un precedente importante que contribuye a disuadir la ocurrencia de nuevas violencias contra la prensa. Así lo ha dispuesto la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe sobre Violencia contra periodistas y trabajadores de Medios: “para prevenir la violencia contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación es indispensable que el ordenamiento jurídico sancione estas conductas de manera proporcional al daño cometido”.
Es la segunda vez, en el último año, que la UNP tiene la iniciativa de reducir el esquema de seguridad de Ricardo Ruidíaz.
La FLIP ha registrado siete acciones violentas en contra del periodista desde agosto de 2019.
La FLIP le solicita a la UNP que se restablezcan las medidas de protección con las que el periodista contaba en 2019
El pasado 13 de enero la Unidad Nacional de Protección (UNP) decidió reducir las medidas de protección del reportero y defensor de Derechos Humanos Ricardo Ruidíaz, aun cuando las amenazas y los hostigamientos en su contra han sido reiterativos y se han intensificado en los últimos meses.
Esta decisión es el resultado de una evaluación de nivel de riesgo que se le realizó al periodista. En agosto de 2019 la UNP pretendía disminuir las medidas de protección a Ruidíaz. Por esta razón el periodista decidió interponer una tutela. Un juez ordenó a la UNP que reestableciera el esquema de protección mientras concluía el estudio de nivel de riesgo que estaba en curso.
A pesar de que la UNP cumplió con lo dispuesto en el fallo de la tutela, la FLIP expresa su preocupación por la situación de riesgo inminente que enfrenta el periodista. Desde el 14 de agosto de 2019 hasta el 7 de enero de 2020, la Fundación ha registrado siete acciones violentas contra el reportero que han puesto en riesgo su vida y su actividad periodística.
Teniendo en cuenta las fechas en las que se realizó el estudio de riesgo y se notificó el resultado, a la FLIP le preocupa que los más recientes hechos, ocurridos entre diciembre y enero, no fuesen tenidos en cuenta en el análisis.
Lo anterior es aún más inquietante si se tiene en cuenta que Ruidíaz es el periodista que más amenazas ha recibido en los últimos dos años: durante el 2018 la FLIP registró un total de 21 ataques y en 2019 documentó 12 acciones violentas contra el reportero. En ese sentido, la Fundación considera que Ruidíaz está permanentemente expuesto a situaciones de riesgo inminente y, por esta razón, es cuestionable que la UNP decida disminuir sus medidas de seguridad, aumentando el nivel de exposición de su vida y su integridad.
Con el fin de garantizar la seguridad y el desarrollo del ejercicio profesional de Ruidíaz, la FLIP le solicita a la UNP que se restablezcan las medidas de protección con las que el periodista contaba en 2019, mientras se hace una revisión exhaustiva de las situaciones de riesgo que ha enfrentado el reportero hasta la fecha. Además, la FLIP le solicita a la Fiscalía General de la Nación que investigue los hechos reportados por el periodista con el fin de llevar a los responsables ante la justicia. Ruidíaz ha manifestado que a pesar de que ha aportado pruebas de las amenazas, la Fiscalía archivó la mayoría de las denuncias sin haber mostrado mayores avances en la investigación.
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