Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP

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La FLIP conoció de las amenazas que sufrió el equipo periodístico de Telemundo, que realizaba cubrimiento a la ruta migratoria en la selva del Darién. Guías ilegales, también conocidos como coyotes, los amenazaron y les exigieron que salieran del territorio. 

El periodista Daniel Muñoz y su equipo periodístico llegaron a Urabá el 2 septiembre; cuatro días más tarde, ingresaron a la selva del Darién y allí recibieron las primeras amenazas. Un grupo de cinco coyotes intimidó a Muñoz preguntándole quién le había dado permiso para estar allí, intentaron quitarle sus equipos, le grabaron su rostro y lo amenazaron diciendo que “varios periodistas ya se han muerto aquí”. Después de esta amenaza, Muñoz regresó a Capurganá y allí, el 9 de septiembre, fue abordado nuevamente por tres desconocidos, quienes le reiteraron que debía irse inmediatamente, pues su vida corría peligro. Ese mismo día, un grupo de personas llegó al hotel donde se estaba hospedando el equipo periodístico para asegurarse de que los comunicadores hubieran salido del casco urbano.

La región del golfo de Urabá es riesgosa para la prensa que reporta sobre asuntos como la migración. El año pasado ocurrió un caso similar, en el que un periodista tuvo que abandonar el cubrimiento periodístico en esta región por presiones de personas desconocidas. Del mismo modo, reporteros que residen y trabajan en la zona le han afirmado a la FLIP que el riesgo que corren allí es alto: “desde que se saca una cámara se vuelve un blanco”; afirma uno de ellos. Además, aseguran que quienes cubren esta región no cuentan con el respaldo de las autoridades para realizar su trabajo.

Estos hechos evidencian la falta de garantías que tiene la prensa para hacer cubrimiento de las rutas migratorias. En el caso del equipo de Telemundo los periodistas habían advertido previamente a las autoridades sobre el trabajo en terreno que realizarían y estas no emprendieron el acompañamiento y monitoreo correspondientes.

Hacemos un llamado a las autoridades, como la Policía, el Ejército y la Armada, para que hagan un acompañamiento activo e integral de los y las periodistas que se desplazan a zonas de riesgo a cubrir temas relacionados con la migración. Por otro lado, la Defensoría y las alcaldías de esos municipios deben focalizar sus esfuerzos en difundir activamente información sobre las rutas de atención para la protección a las que pueden acceder periodistas que se enfrentan a diferente peligros durante la reportería. 

Es de especial importancia que las y los reporteros que hablan sobre temas migratorios tengan garantías suficientes para ejercer su trabajo e investigar asuntos de alto interés público. Diferentes regiones de Colombia, como el golfo de Urabá, son hoy puntos estratégicos para las rutas que siguen migrantes indocumentados. Precisamente la clandestinidad que rodea este tema hace que la información con la que cuenta la ciudadanía sea escasa y solo provenga por parte de periodistas que deciden ir a investigar a la zona.

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Ayer, 24 de agosto, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá absolvió a Ariel Ortega, quien en 2018 compartió en su cuenta de Twitter mensajes en contra de los periodistas Julio César González (conocido como Matador), Daniel Samper Ospina y María Antonia García de la Torre. En las publicaciones se hacía alusión a la falta que hacían las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) para callar a la prensa. Esta decisión no evalúa el impacto de mensajes violentos en línea contra la prensa porque desconoce las dinámicas propias de las interacciones en Internet. 

El año pasado, en primera instancia, Ortega fue condenado a 76 meses de prisión, pero su defensa apeló la decisión. En el proceso, Ortega negó que los mensajes hubieran sido emitidos por él; sin embargo, para el Tribunal no hay duda de que él es el autor de las publicaciones. No obstante, el juez decidió que dichos mensajes no constituyen el delito de amenaza, pues consideró que no tenían una probabilidad de llevarse a cabo, ya que para él las AUC están extintas y Ortega no tiene ningún poder sobre grupos armados ilegales.

Sin embargo, para la FLIP esta decisión no tiene en cuenta que los mensajes de Ortega son violentos y podrían ser tomados por otros usuarios como determinación para actuar en contra de los y las periodistas. La Relatoría Especial de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha sido consistente en identificar que los actos de violencia contra periodistas generan un efecto amedrentador y vulneran el derecho de las víctimas a expresar y difundir sus ideas, opiniones e información. Para la FLIP estos mensajes también pretenden que los periodistas dejen de participar de espacios cívicos como las redes sociales.

El ciberacoso contra la prensa es una problemática en aumento a nivel mundial. De hecho, en mayo, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ya reconoció la existencia de la violencia en línea contra periodistas y el efecto diferenciado que tiene en las mujeres. En el 2019 la FLIP documentó 82 de estas agresiones; 117 en 2020; 114 en 2021 y, a corte de julio de 2022, van 122. 

Hacemos un llamado para que el gobierno nacional impulse la formación especializada en libertad de expresión de jueces, juezas, fiscales y otros operadores y operadoras de justicia. El rol de los jueces es central para la protección de la prensa y la creación de espacios seguros de participación, tanto para la prensa como para toda la ciudadanía.

También le hacemos un llamado a la delegada de la Defensoría del Pueblo para la Protección de Derechos en Ambientes Digitales y Libertad de Expresión, para que haga un diagnóstico urgente de la violencia en línea contra la prensa. A partir de esto considere formular recomendaciones enfocadas en la protección de los derechos de la prensa, que articulen al Estado para dar una respuesta preventiva y de protección.

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La FLIP alerta y expresa su preocupación por la decisión de la Unidad Nacional de Protección (UNP) de no brindar medidas de protección al periodista Robert Posada de Tuluá, Valle del Cauca. En el último año, Posada ha recibido tres amenazas y ha sido acosado por contratistas de la alcaldía; sin embargo, la UNP afirma que no tiene un riesgo diferente al que puede estar expuesto cualquier otro ciudadano. Este tipo de acciones por parte de la UNP son negligentes y ponen en grave riesgo la vida del comunicador. 

En diciembre de 2021, Posada denunció ante la Fiscalía dos mensajes en los que amenazan de muerte a su hermano y le dicen al periodista que lo tienen identificado. En su momento, la FLIP compartió esta información con la UNP, para que realizara el estudio de riesgo del periodista. A pesar de esto, la entidad afirma que el riesgo del reportero es ordinario y que no se requieren medidas de protección. 

La FLIP nota con preocupación que en la resolución no se evidencia que la UNP haya realizado un análisis de contexto para determinar el riesgo al que se enfrenta Posada. La Corte Constitucional ha dicho que en estos casos es necesario valorar los riesgos propios del lugar donde se desempeña el comunicador. Tuluá es un municipio hostil y peligroso para la prensa, en septiembre del 2021, fue asesinado el periodista Marcos Efraín Montalvo, quien investigaba y hablaba de los mismos temas que Posada: corrupción, grupos armados y política local. Según lo documentado por la FLIP, este homicidio está relacionado con el oficio periodístico de Montalvo. Sumado a este contexto, el alcalde de Tuluá, John Jairo Gómez, ha realizado declaraciones estigmatizantes que deslegitiman el trabajo de los reporteros locales.

La FLIP le solicita a la UNP que inicie la evaluación de riesgo de inmediato y que implemente por trámite de emergencia las medidas para proteger al periodista Robert Posada. Esta evaluación debe estar acorde a su situación y debe tener en cuenta los estándares de protección para periodistas: perfil del comunicador, contenido de la información que publica y contexto de la región donde ejerce el oficio, en este caso Tuluá.

También exhortamos a las autoridades locales, a la UNP y a la Fiscalía General de la Nación para que lleven a cabo todas las acciones necesarias para proteger al periodista. La articulación entre entidades estatales es fundamental para la correcta realización de los estudios de riesgo y la garantía de la protección del ejercicio periodístico y la vida de las y los comunicadores. 

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En los primeros cinco meses del año hay un aumento del 59% en amenazas contra medios y periodistas en comparación con el 2018. 

El 5 de mayo 15 medios de comunicación anunciaron su salida del aire. El motivo, amenazas de muerte de integrantes del Clan del Golfo durante el paro armado que decretaron ese mismo día. Cuatro meses atrás, un carro bomba fue detonado en Saravena, Arauca, y como consecuencia las sedes de dos medios de comunicación sufrieron daños estructurales. Durante los días siguientes, 16 periodistas del departamento recibieron amenazas. Estos hechos impactan de manera directa en la ciudadanía que deja de recibir información sobre lo que sucede.

Vea el balance en versión PDF aquí

Durante el 1 de enero y el 20 de mayo del 2022, la FLIP registró que 97 medios y periodistas fueron amenazados. Es decir que una o un reportero ha sido amenazado cada día y medio. En este mismo periodo en 2018, las últimas elecciones presidenciales, la FLIP registró 61 víctimas de amenazas.

Quienes amenazan a las y los periodistas suelen exigirles que eliminen algún contenido o que dejen de cubrir e investigar algún tema. En ciertos casos también se les ha demandado que publiquen información de grupos armados ilegales como panfletos. En otros casos, les ordenan que salgan del municipio en donde residen y realizan su trabajo. En lo que va del año, seis amenazas han derivado en desplazamientos forzados y exilios. 

 

Los medios en los que trabajan las y los periodistas que han sido amenazados son 37 medios digitales, 30 emisoras y cadenas radiales (17 de estas emisoras comunitarias), 10 medios televisivos y 5 medios impresos. 

Las ciudades donde los periodistas han sido amenazados son Medellín, Arauca ciudad, Barranquilla, Bogotá, Cartagena, Tunja, Florencia, Quibdó, San José del Guaviare, Neiva, Santa Marta, Villavicencio, Pasto, Pereira, Barrancabermeja, Cali, Buenaventura.

 

Arauca y Bajo Cauca, las regiones más peligrosas

En el departamento de Arauca se presentaron 16 amenazas en los municipios de Arauca, Arauquita y Saravena. En Antioquia, se presentaron 9 casos, principalmente en Medellín y la región del Bajo Cauca antioqueño. Además, en Bogotá hubo 15 amenazas. 

Algunos de los municipios afectados tienen además una baja oferta de medios locales. Por lo tanto, basta con que tan solo un medio sea intimidado para que se produzca una reacción en cadena y otros medios también se atemoricen y se vean obligados a  autocensurarse. Esto trae como resultado el silencio informativo, que en zonas de conflicto o con problemas de orden público puede ser devastador tanto para la prensa como para la ciudadanía. 

La mayoría de las amenazas son realizadas por desconocidos (49 casos), grupos armados (25 casos) y particulares (7 casos). Cuando no se conoce la identidad de quien amenaza, no es posible identificar si este hace parte de algún grupo armado, una banda criminal o si es un particular. Por eso, en estos casos es más difícil desactivar el riesgo de la víctima, pues al no poder identificar al autor, también se desconoce cuál puede ser su capacidad de daño.

Durante el paro armado de mayo, el Clan del Golfo amenazó a dos emisoras comunitarias del Bajo Cauca antioqueño para que publicaran un panfleto de este grupo ilegal. Como reacción, seis radios comunitarias decidieron salir del aire por los cuatro días que duró el paro. Además, en Córdoba el grupo armado exigió que se apagara la planta transmisora que servía a seis emisoras, y en el Urabá dos periodistas fueron hostigados por hombres armados que dispararon al aire para intimidarlos y obligarlos a dejar de grabar.

Otro caso de censura por parte de grupos armados ocurrió el 9 de mayo cuando la periodista Salud Hernández fue hostigada, retenida, intimidada y obligada a abandonar Betulia y La Toma, en Cauca, donde realizaba reportería sobre la situación de seguridad. Hernández informó a la FLIP que primero fue detenida por personas que se identificaron como integrantes de las disidencias de las FARC y luego fue seguida y hostigada por personas que se identificaron como integrantes del Consejo Comunitario. En ambas situaciones la periodista tuvo que abandonar su cubrimiento periodístico. 

¿Qué investigaban las y los periodistas que fueron amenazados?

En 37 casos las amenazas estarían relacionadas con el cubrimiento del conflicto armado. En territorios en los que hay enfrentamientos con grupos armados es más riesgoso hablar de temas que afectan los intereses de personas que tienen un poder económico, social, político e, incluso, militar. 

Corrupción es el segundo tema que investigan quienes han sido amenazados, en total registramos 11 casos. Luego le siguen seguridad (9 casos), elecciones (9 casos) y manifestaciones sociales (5 casos). 

Este panorama de violencia contra la prensa se agrava por la falta de respuesta estatal, rechazo público y procuración de justicia. El Estado, a nivel nacional, departamental y local, no se ha enfocado en atender las necesidades y riesgos de la prensa. Por ejemplo, no se ha evidenciado una atención priorizada para activar rutas de protección a periodistas que son víctimas de amenazas. En el caso puntual de Arauca, según la información que tiene la FLIP, la Unidad Nacional de Protección no atendió por trámite de emergencia a los periodistas amenazados que solicitaron protección a pesar de la suficiente evidencia que existe sobre el riesgo y la necesidad de atender a esta población de manera prioritaria.

En lo corrido del 2022, la FLIP ha remitido a Fiscalía 12 casos de amenazas. De estos, hasta ahora no se conocen avances significativos en la investigación, lo que a su vez genera una pérdida de confianza de los y las periodistas víctimas, quienes prefieren no denunciar.

 

“La respuesta del Estado ante mi situación de seguridad ha sido supremamente lenta. Las denuncias se hicieron finalizando el mes de enero y hasta el momento ni la solicitud que hizo la Fiscalía, la Defensoría, personerías, organizaciones de derechos humanos, todos solicitaron las activación de medidas urgentes para mi caso y hasta la fecha [la UNP] no ha tramitado el caso con la urgencia que merece. No hay ningún interés por parte del gobierno para protegernos a los periodistas, es una cuestión de abandono, de olvido y de desidia”, periodista amenazado de Arauca.

 

“La respuesta del gobierno es llegar tarde a las zonas de conflicto. No estar en los lugares que deberían, es decir, las zonas apartadas, que es donde se generan más temas de comunicación. En las zonas urbanas la fuerza pública estuvo los últimos dos días del paro. ¿Y qué hacer? Ha quedado demostrado que en las zonas rurales los grupos ilegales tienen más poder que las fuerzas del Estado. Y a los medios nos toca arriesgarnos para poder informar, porque si no lo hago, no tengo trabajo”, periodista amenazado durante el paro armado del Clan del Golfo.

 

“No hubo ninguna respuesta ni respaldo gubernamental exigiendo respeto por los periodistas que investigamos el operativo militar en Putumayo, a pesar de que dentro de las personas que nos estigmatizaron hubo un candidato presidencial y varias figuras públicas. En general, creo que cuando hemos vivido episodios de violencia o intentos de censura a la prensa la respuesta del Estado es bastante pobre, porque se limitan a recordar las instancias de denuncia a las que podríamos acceder pero no hay pronunciamientos públicos en los que se exija respeto por ese mandato constitucional que nos cobija como periodistas”, periodista hostigada luego de investigar el operativo del Ejército en Putumayo.

 

El clima para ejercer el periodismo se ha deteriorado por este aumento de las amenazas contra reporteros y reporteras, y también se agudiza por un clima persistente de descrédito, muchas veces coordinado, que ha operado contra periodistas y medios especialmente en redes sociales durante la campaña electoral. A pesar de la gravedad de estos casos no ha habido un respaldo público a la labor de la prensa en momentos donde es crucial. 


El gobierno de Iván Duque no ha rechazado este tipo de ataques y no ha adoptado ninguna acción de contingencia. Otras figuras públicas, incluidos candidatos presidenciales, han generado un ambiente de permisividad y de hostilidad en contra de diferentes periodistas. Por ejemplo, el equipo que cubrió el operativo del Ejército en Alto Remanso, Putumayo, fue objeto de mensajes estigmatizantes por parte de diferentes figuras públicas. Posteriormente, los periodistas recibieron amenazas y mensajes hostigantes en las redes sociales. Todo esto desencadena un escenario de permisividad en el que los agresores no se judicializan y tienen libertad para continuar hostigando. Frente a esta escalada de ataques la prensa la FLIP insta a las autoridades a intensificar las medidas de protección para garantizar el trabajo de la prensa y hace un llamado para que el próximo gobierno incluya esta situación como una de sus acciones prioritarias.

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La FLIP conoció que el periodista Omar Martínez recibió una amenaza el pasado 15 de octubre. Según Martínez un conocido suyo le manifestó que lo habían llamado para que le dijera al periodista que "se quedara quieto y que dejara los ataques a la alcaldía". Posteriormente, una fuente del reportero le informó que en una reunión que se había hecho en una finca cerca al municipio de Caucasia, Antioquia, en la que participaron miembros de bandas criminales, se había hablado de un plan para atentar contra su vida. 

Martínez ha abordado de manera crítica, a través de una video columna que publica semanalmente en su perfil de Facebook, las gestiones de la administración municipal y las actuaciones de los funcionarios públicos de Caucasia

Con esta son cinco las amenazas contra periodistas que la FLIP ha registrado en el municipio de Caucasia en lo corrido de este año. Esta situación genera una amplia preocupación por el ambiente de hostilidad hacia la prensa y la falta de garantías de seguridad para los periodistas en el municipio. 

La FLIP rechaza la amenaza contra el periodista Omar Martínez y le solicita a la Fiscalía General de la Nación que adelante las investigaciones pertinentes para identificar y sancionar a los responsables. La Fundación, también le solicita a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que evalúe con celeridad estos hechos con el fin de implementar las medidas de seguridad necesarias para salvaguardar la vida y la integridad del periodista.

Así mismo, la Fundación hace un llamado al alcalde de Caucasia Félix Olmedo para que articule a las entidades del municipio para que adelanten las acciones necesarias que contribuyan a la protección del periodista. Además, es sumamente importante que como máxima autoridad muestre su respaldo a la labor periodística que se desarrolla en el municipio. La Relatoría para la Libertad de Expresión de la CIDH ha dicho que “una medida de protección simple pero sumamente eficaz consiste en que las más altas autoridades del Estado reconozcan de manera constante, clara, pública y firme la legitimidad y el valor de la labor periodística, aun cuando la información difundida pueda resultar crítica, inconveniente e inoportuna para los intereses del gobierno”.

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En la tarde de ayer, 2 de agosto, la Asociación Colombiana de Medios Informativos (AMI) y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) se reunieron con Guillermo Rivera, Ministro del Interior; Néstor Humberto Martínez, Fiscal General de la Nación; Fernando Carrillo, Procurador General de la Nación; Carlos Alfonso Negret, Defensor del Pueblo; Diego Mora, director de la Unidad Nacional de Protección; y Nancy Patricia Gutiérrez, Ministra del Interior designada y vocera de la comisión de empalme del presidente electo Iván Duque. En el encuentro, se analizó el ambiente hostil para la prensa en el país y se llegó a varios compromisos.

A través de un comunicado conjunto, las autoridades nacionales rechazaron la violencia contra los periodistas y se comprometieron con promover una prensa libre. También expresaron su preocupación por la situación en las regiones del país y acordaron dar instrucciones a las delegaciones territoriales de los órganos de control para garantizar las condiciones para el pleno desarrollo del trabajo periodístico.

Lea el comunicado completo aquí.

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