Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP
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*La FLIP tuvo conocimiento de que en la tarde del 23 de diciembre el periodista Felipe Guevara falleció a causa de complicaciones médicas producidas por los impactos de bala. Esta noticia nos entristece infinitamente. Acompañamos a la familia y los amigos de Felipe.
22 de diciembre de 2020
La FLIP rechaza el atentado del que fue víctima Felipe Guevara, periodista del Q’Hubo en la ciudad de Cali*. A la Fundación le preocupa que la Policía descarte anticipadamente la relación de estos hechos con su actividad periodística. La FLIP le hace un llamado a las autoridades para que realicen una investigación seria, imparcial y diligente sobre estos hechos y que se tenga como primera línea de investigación la relación con su oficio.
Según ha conocido la FLIP, la noche del 21 de diciembre Guevara recibió cuatro disparos que le afectaron el tórax, el estómago y una pierna. El hecho ocurrió en el barrio Mariano Ramos, perteneciente a la Comuna 16 al oriente de Cali donde vive el comunicador. El periodista fue trasladado de urgencia a una clínica de la ciudad donde permanece en este momento bajo pronóstico reservado.
Guevara ha trabajado los últimos tres años para el periódico Q'hubo de la casa editorial El País y actualmente cubre temas judiciales. Fuentes consultadas por la FLIP, entre ellos periodistas colegas de Guevara, han manifestado que desde hace un par de años él había recibido amenazas que estarían relacionadas con su trabajo periodístico.
Precisamente, y según la información recolectada por la FLIP, a raíz de estas amenazas Guevara había tenido que irse del barrio Mariano Ramos en el 2017, luego de que hiciera algunas notas sobre una banda criminal que operaba en ese sector. Según conocen las personas allegadas al comunicador, él había puesto una denuncia ante las autoridades por estos hechos. Además, en 2018 y en agosto de este año, Guevara reportó nuevamente amenazas y hostigamientos y afirmó que ya no quería salir de su casa porque no se sentía seguro.
La Fundación expresa su preocupación por los antecedentes que tendría el periodista en torno a su seguridad y exige a las autoridades que investiguen este caso con celeridad y que contemplen como primera hipótesis la relación con su labor periodística. Es preocupante que la Policía Nacional descarte desde un inicio que el atentado contra Guevara podría estar relacionado con su trabajo como periodista. El general Manuel Antonio Vásquez Prada, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, expresó que “preliminarmente desvirtúan que este suceso estuviera relacionado con su profesión”.
La Fundación se solidariza con los familiares del comunicador y desea una pronta recuperación. Además, la FLIP se suma al llamado de las y los periodistas del suroccidente del país frente este terrible atentado.
La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza la detención ilegal, las agresiones físicas y las obstrucciones a la labor periodística que se presentaron ayer, 9 de septiembre. A diferencia de otras protestas, en la jornada del 9 de septiembre, día Nacional de los Derechos Humanos, todos los casos son atribuidos a la Policía Nacional.
La FLIP rechaza que la Policía Nacional, como entidad que tiene el mandato de ser un cuerpo garante de la libertad de prensa, emprenda acciones de violencia y censura dirigidas a limitar la libertad de información sobre abusos policiales. La FLIP exige a los organismos de control investigar con celeridad y aplicar sanciones ejemplarizantes a los responsables.
El miércoles 9 de septiembre de 2020, manifestantes salieron a las calles de Bogotá a protestar por el asesinato del abogado Javier Ordoñez la noche anterior en medio de un procedimiento de la Policía Nacional. Ordoñez fue impactado en repetidas ocasiones con un arma de electrochoque conocida como taser. Durante las manifestaciones que se presentaron frente a más de 50 Comandos de Acción Inmediata (CAI) de la ciudad, seis periodistas fueron agredidos por parte de miembros de la Policía. La FLIP registró una detención ilegal, dos obstrucciones y tres agresiones físicas.
El primer hecho se registró en el CAI del barrio Mazurén. Julián Gómez, reportero del medio ABC Noticiero Virtual, aseguró que durante el cubrimiento de agresiones a manifestantes por parte de la Policía, dos uniformados se le acercaron para retirarlo del lugar. El periodista se negó y se identificó con el carné del noticiero, pero los agentes lo arrestaron, lo golpearon en su rostro y lo empujaron al interior del CAI. Dentro de la unidad policial, al reportero le quitaron su celular, los documentos personales, el carné de prensa y lo amenazaron con ponerle un comparendo "por no haber estado debidamente identificado como prensa". Luego de 15 minutos, el periodista fue dejado en libertad y hasta el momento no tiene certeza de que el comparendo se haya hecho efectivo.
Otro de los puntos de encuentro de las manifestaciones fue el CAI de La Soledad, ubicado en el sector conocido como el Parkway en la localidad de Teusaquillo. Allí se encontraban los reporteros gráficos Juan Pablo Pino de Publimetro y Óscar Pérez de El Espectador. Según los periodistas, mientras estaban haciendo el registro de la movilización, los policías que estaban en el operativo se acercaron, los intimidaron con insultos y les ordenaron retirarse. Uno de los uniformados portaba una chaqueta negra con la clara intención de asegurar que no fueran visibles las insignias con apellidos y números policiales asignados que todo policía está obligado a portar mientras esté en servicio. A pesar de que los reporteros continuaron con su ejercicio periodístico, los uniformados intentaron agredirlos con piedras y a uno de ellos le dijeron: “mejor váyase de aquí no va y sea que le pase algo”.
En la localidad de Suba fue agredido José Vargas, reportero gráfico de El Espectador. Según el periodista, mientras cubría las acciones violentas contra una manifestante que estaba siendo detenida en el CAI La Fontana, miembros de la Policía Nacional lo agredieron con los escudos de dotación, causándole una lesión leve en uno de sus pies y ocasionando daños en su cámara fotográfica. Vargas manifiesta que los policías tenían oculta su identificación y cuando se acercó al CAI para solicitar esta información los uniformados le ordenaron retirarse de forma violenta.
En el barrio Villa Luz fue agredido Javier Jiménez Rojas, periodista del medio Colombia Informa, mientras registraba las acciones de un uniformado que se encontraba lanzando un gas lacrimógeno al interior de un conjunto. Según el reportero, cuando el policía notó que estaba siendo grabado, le lanzó una piedra la cual afectó su cámara y otro de los agentes que estaba en el lugar se acercó al reportero e intentó arrebatarle el dispositivo periodístico.
El fotógrafo Juan Camilo Rubiano, quien le manifestó a la FLIP que se encontraba haciendo un cubrimiento de las protestas como freelance, reportó haber sido agredido por cerca de doce policías en el barrio Santa María del Lago mientras grababa un procedimiento policial. Rubiano manifestó que cuando los uniformados notaron que estaban siendo grabados, se acercaron al reportero lo encerraron y lo golpearon con los bastones de dotación, ocasionándole fracturas en la nariz, el pómulo y el ojo izquierdo. Además, Rubiano denuncia que los uniformados le quitaron dos cámaras y su celular.
Durante esta violenta jornada de protestas, la FLIP identificó tres acciones recurrentes por parte de miembros de la Policía Nacional:
i) Varios de los periodistas afectados coinciden en que los policías que los agredieron tenían las chaquetas al revés o no portaban su identificación en un lugar visible.
ii) Las violaciones a la libertad de prensa se presentaron durante el cubrimiento de procedimientos policiales abusivos contra los manifestantes que podrían comprometer disciplinariamente a los uniformados.
iii) Todos los reporteros que denunciaron su caso estaban plenamente identificados con credenciales de prensa, logos de su medio de comunicación y dispositivos como cámaras fotográficas que hacían evidente su labor de registro.
La Fundación para la Libertad de Prensa rechaza las acciones de la Policía Nacional y le solicita a la institución que inicie la investigación disciplinaria sobre estos hechos con el fin de sancionar a los uniformados responsables de estas actuaciones contra la libertad de prensa. La ausencia de resultados concretos representa un mensaje errado hacia los demás miembros de la fuerza pública frente a futuros escenarios de cubrimiento de manifestaciones.
La FLIP les recuerda a los miembros de la Policía Nacional su deber de cumplimiento del Código de Policía, que establece que cualquier ciudadano puede registrar los procedimientos policiales sin ningún tipo de restricción. En ese sentido, es importante que la Policía garantice la labor periodística en estos escenarios y conciba la presencia de las cámaras como una garantía de transparencia sobre sus operativos y no como un obstáculo para adelantar sus labores.
La Fundación para la Libertad de Prensa reconoce el anuncio de la alcaldesa Claudia López para iniciar las investigaciones del caso y valora positivamente que desde la administración distrital se haya aclarado que el uso de armas y la respuesta de la Policía el 9 de septiembre no estaban autorizados por la Alcaldía Mayor de Bogotá. Sin embargo, la Fundación le solicita que adelante las acciones pertinentes para sancionar a los uniformados responsables de las situaciones de violencia contra la prensa y le hace un llamado para que imparta instrucciones claras a los miembros de la fuerza pública orientadas a la garantía del ejercicio periodístico en este tipo de escenarios.
La FLIP rechaza la agresión de la que fue víctima el periodista y le solicita a las autoridades competentes que tomen las medidas pertinentes para salvaguardar la vida y la integridad del reportero afectado y garanticen el cubrimiento periodístico en este tipo de reuniones.
El pasado jueves 20 de febrero, Minesa organizó un encuentro en el Club Campestre de Floridablanca con el fin de dar a conocer detalles sobre el proyecto de extracción de oro que se planea adelantar en el páramo de Santurbán. Mientras esto ocurría, varios personas que se oponen a la actividad de explotación hicieron una manifestación a las afueras del lugar donde se desarrollaba el evento.
Cuando Sergio Andrés Osma, otro de los periodistas de Construyendo Región, llegó a registrar lo que estaba sucediendo, los manifestantes le impidieron ingresar al Club. En ese momento, el director del periódico, Edgar Osma, se acercó a las personas que protestaban para solicitarles que dejaran ingresar a su colega. Entonces, varios de los manifestantes respondieron con insultos y con agresiones físicas contra el reportero, lo cual le ocasionó un episodio de taquicardia y le dejó dos hematomas: uno en la cabeza y otro en una de sus muñecas.
La FLIP expresa su preocupación por este hecho y le solicita a la Policía Nacional que garantice la labor de la prensa en futuros cubrimientos relacionados con este y otros hechos de alto interés público para la comunidad. También le solicita a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que estos nuevos hechos sean tenidos en cuenta en el estudio de riesgo de Edgar Osma para determinar cuáles deben ser las medidas idóneas para salvaguardar la vida y la integridad del reportero y la de su familia.
Por último, la Fundación le hace un llamado a los diferentes movimientos ambientalistas para que no se conviertan en agresores contra la prensa en este tipo de escenarios. Garantizar el principio de diversidad y pluralismo en los medios de comunicación en el cubrimiento de temas de alto interés para la ciudadana contribuye a la deliberación abierta, plural y libre que necesita cualquier sociedad democrática.
La Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, desde el momento de su creación, se ha enfocado en el análisis del fenómeno de la censura y su transformación a través de los años. Por ejemplo, las nuevas tecnologías y los cambios en el contexto sociopolítico han hecho que la clasificación de las agresiones a la prensa deba modificarse.
Por eso la FLIP ha agrupado los ataques a periodistas en cuatro categorías:
Acoso judicial.
Ataques directos.
Dificultades en el acceso a la información.
Censura que se da exclusivamente en internet.
Las siguientes fichas presentan y explican los tipos de agresión incluidos en estas categorías.
La FLIP rechaza el acoso y las amenazas de las que ha sido víctima la periodista de la W Radio, Luz Helena Fonseca, luego de que congresistas del Centro Democrático, incluido el senador Álvaro Uribe, descalificaran a la periodista por un supuesto activismo en contra del líder político de ese partido.
Los hechos ocurrieron el pasado 8 de octubre, durante el cubrimiento de la indagatoria al expresidente Uribe en el marco del proceso que adelanta la Corte Suprema de Justicia en su contra por los delitos de fraude procesal y soborno en concurso homogéneo y sucesivo.
Una vez finalizada la indagatoria, los senadores del Centro Democrático,Carlos Felipe Mejía y María del Rosario Guerra, publicaron una foto sacada de contexto de la periodista Luz Helena Fonseca sosteniendo un cartel con el rostro de Uribe Vélez y la palabra genocida. En sus publicaciones los congresistas cuestionaron la objetividad de la reportera. Un par de horas después, el Centro Democrático publicó un comunicado en el que señalaron a Fonseca de “tomar partido en las situaciones coyunturales del país dejando de lado su verdadera labor de informar”. Tan pronto se realizaron estas publicaciones, la periodista comenzó a recibir varias intimidaciones y amenazas a través de sus cuentas en redes sociales y correo electrónico.
Al respecto, la reportera le manifestó a la FLIP que el cartel que portaba en sus manos era propiedad de uno de los manifestantes que asistieron a la indagatoria y que ella estaba revisando su contenido.
La FLIP rechaza los señalamientos que hicieron los congresistas y el comunicado del Centro Democrático sobre la periodista, soportados en una fotografía sin explicación de su contexto y que buscaba descalificar su trabajo.
Por otro lado, la reportera denunció que durante el cubrimiento de la diligencia otras personas le tomaron fotografías que luego publicaron en las redes. Teniendo en cuenta lo sucedido, la FLIP le hace un llamado a la Unidad Nacional de Protección para que evalúe prontamente la situación de seguridad de la periodista e implemente las medidas necesarias para salvaguardar su vida y su integridad. Así mismo, la Fundación le solicita a la Fiscalía General de la Nación que investigue las amenazas de las que fue víctima Luz Helena Fonseca y sancione a los responsables.
Adicionalmente, la FLIP le hace un llamado al partido Centro Democrático para que aclare la situación con la periodista, rectifique lo dicho y brinde un respaldo a su labor. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha hecho énfasis en que los funcionarios públicos tienen la obligación de adoptar un discurso público que contribuya a un ambiente favorable para la discusión abierta sobre asuntos de interés público. En su informe anual de 2010, la Relatoría señaló que “una medida de protección simple pero sumamente eficaz consiste en que las más altas autoridades del Estado reconozcan de manera constante, clara, pública y firme la legitimidad y el valor de la labor periodística, aun cuando la información difundida pueda resultar crítica, inconveniente e inoportuna para los intereses del gobierno”.
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