Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP

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La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) expresa su preocupación por las violaciones a la libertad de prensa de las que fueron víctimas dos periodistas el pasado 16 de marzo, mientras cubrían la Minga indígena y campesina a la altura de El Cairo, Cajibío, en el departamento del Cauca.

La FLIP conoció que William Enrique Becerra, periodista de Marcha Patriótica, fue víctima de obstrucción, agresión y retención arbitraria por parte de agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía cuando cubría la intervención de ese cuerpo policial en el campamento de El Cairo.

Becerra manifestó que cuando empezó a grabar el operativo, un agente del Esmad le arrebató la cámara y se la lanzó a la cabeza, dañando el equipo. Además, Becerra asegura que intentó hacer una transmisión en vivo que fue impedida por agentes que lo tumbaron al piso, le propinaron varios golpes y le quitaron su celular. Después de eso, el comunicador fue trasladado a la estación de Policía del municipio de Piendamó en donde se verificó que él es periodista.

En comunicación con la FLIP, el Comandante del Departamento de Policía Cauca, Coronel Rojas García, manifestó no tener conocimiento de lo ocurrido. Por su parte, el jefe de Derechos Humanos de la Policía en el departamento, Capitán Trujillo, sostuvo que los agentes del Esmad en dos ocasiones solicitaron la identificación del periodistas y que, en una de ellas, no tenía ningún documento, por lo que el periodista fue trasladado a la estación de policía para identificación por huella digital. Sobre la agresión y el daño a los equipos, el Capitán asegura no haber recibido ningún reporte.

Sin embargo, Becerra asegura que cuando ocurrió la agresión y el daño de la cámara, él portaba su documento de identificación y un chaleco rojo de prensa. Además, al ser traslado a la estación de policía él informó a los dos agentes que lo recibieron el maltrato del que había sido víctima y la afectación de su equipo.

El periodista Andrés Martínez, de Colombia Informa, también fue víctima de agresiones. Martínez contó que fue impactado por uno de los gases lacrimógenos que lanzó el Esmad al campamento, lo que le ocasionó una leve lesión muscular en una de sus piernas. Además, la carpa en la que estaba instalado, para realizar el cubrimiento de la Minga, fue incendiada en medio del operativo. El periodista portaba chaleco y credencial de prensa.

La FLIP rechaza las agresiones de las que fueron víctimas estos dos periodistas. Resulta altamente preocupante que las autoridades encargadas de generar un ambiente seguro para el trabajo de los periodistas, por el contrario, generan un ambiente hostil para la prensa.

La Fundación solicitará que se inicie una investigación disciplinaria sobre los hechos con el fin de sancionar a los uniformados responsables de los ataques contra la prensa. La FLIP además hace una llamado a la institución para que garantice el cubrimiento periodístico de todo tipo de manifestaciones sociales, para que la ciudadanía reciba un flujo de información plural sobre este tipo de asuntos de alto interés público.

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La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza el ataque físico del que fue víctima el reportero Reinel Barón por parte de Heriberto Martínez, quien se desempeña como contratista de la Empresa de Servicios Públicos del Meta (EDESA).

El jueves 25 de octubre, en horas de la mañana, el periodista fue agredido por Martínez en la plazoleta Los Libertadores en el centro de Villavicencio. El contratista llegó hasta el punto donde se encontraba el reportero y sin mediar palabra lo golpeó en varias ocasiones, incluso lo arrojó al suelo y el periodista sufrió un grave golpe en la cabeza que le ocasionó un episodio de epilepsia. La agresión, que quedó registrada en un video al que tuvo acceso la FLIP, se produjo después de que el reportero publicara en sus redes sociales la denuncia de un presunto incumplimiento del contratista en los pagos a sus trabajadores. Según Barón, la publicación contenía documentos que los afectados le aportaron para evidenciar el retraso en los pagos por parte de Martínez.

Al final del vídeo, cuando el contratista y el periodista son separados por la comunidad, se escucha a un hombre decir “sapo, periodista hijueputa, por eso le dan en la jeta, utilizan los medios de comunicación para hablar mierda...antes no los han matado”.

La FLIP expresa su preocupación por lo sucedido, debido a que estos actos de violencia ponen en riesgo la integridad del periodista. La información relacionada con la destinación de recursos públicos es de interés general para los habitantes del departamento y es fundamental para la deliberación pública.

Adicionalmente, el contratista Martínez expresó en entrevista con Noticias Uno que “lo volvería a hacer”,  refiriéndose al ataque contra el periodista.

La FLIP le hace un llamado a Heriberto Martínez para que ofrezca disculpas públicas y se comprometa a expresar sus desacuerdos con la prensa de una manera responsable a través de mecanismos democráticos como la solicitud de rectificación. Así mismo, la Fundación le solicita a Edesa que tome los correctivos necesarios para que este tipo situaciones no se vuelvan a presentar.

Las acciones oportunas por parte de las entidades responsables de las actuaciones de sus contratistas son un respaldo indispensable a los medios de comunicación para que continúen haciendo veeduría a la destinación de los recursos públicos. Garantizar el cubrimiento de los medios de comunicación sobre la contratación oficial contribuye a que los ciudadanos hagan mayor escrutinio de las gestiones que adelantan los funcionarios de las administraciones locales.  

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Jueves, 01 March 2018 14:43

¿El suyo será un #VotoInformado?

Por más de 21 años, la Fundación para la Libertad de Prensa ha trabajado en pro de los periodistas en Colombia. Y al hacerlo, esta organización ha defendido el derecho de los ciudadanos a estar informados. En época electoral, las personas requieren de información para poder tomar decisiones. No obstante, también es un tiempo en el que los intereses políticos y la violencia ponen en riesgo el acceso a información importante para poder elegir.

La campaña #VotoInformado es un esfuerzo de la FLIP para que candidatos, periodistas y la ciudadanía en general, se articulen en la defensa de la libertad de prensa como mecanismo para tomar decisiones informadas.

Como parte de esta iniciativa, la Fundación envió 30 cartas a candidatos de Cámara y Senado, y próximamente le enviará un mensaje similar a los candidatos presidenciales, en la que se les invita a asumir los siguientes compromisos:

 

  1. Rechazar públicamente que se realicen declaraciones que estigmaticen o pongan en peligro a medios de comunicación o periodistas.

  2. Comprometerse públicamente, por medio de la etiqueta #VotoInformado, a que, en caso de tener inconformidades con el cubrimiento hecho sobre ellos o sobre su campaña o la colectividad que representa, las expresará a través de solicitudes de rectificación, acompañadas de las respectivas pruebas.

  3. Promover entre sus seguidores, adeptos y los miembros de su campaña o la colectividad que representa, el respeto por el trabajo de los medios de comunicación y periodistas.

 

Desde que empezó el 2018, adicional al monitoreo constante que hace la FLIP a las violaciones a la libertad de prensa, la FLIP viene prestando especial atención a los señalamientos, estigmatizaciones, acusaciones y agresiones por parte de los candidatos a los medios o los periodistas.

El conteo, hasta ahora, va así:

Los precandidatos a la presidencia Alejandro Ordóñez y Gustavo Petro, encabezan el Censurómetro de la FLIP con 3 ataques a la prensa cada uno. En el caso de Ordóñez sus ataques se concentran en la estigmatización de periodistas. Así lo hizo con Ramiro Bejarano, Daniel Coronell, Yohir Akerman y Ricardo Silva.

Por su parte, los ataques de Gustavo Petro fueron a Revista Semana, al periodista Darío Arizmendi, de Caracol Radio, además de sus señalamientos contra el canal RCN.

Carlos Caicedo, precandidato a la presidencia de la República, hizo señalamientos contra la Silla Vacía y su directora Juanita León. La candidata al Senado Leszli Kálli por el Centro Democrático, también hizo varias acusaciones injustificadas contra este medio.

Finalmente, están los candidatos al Senado Miguel Gómez, del Partido Conservador, y Álvaro Uribe Vélez, del Centro Democrático. En el caso de Gómez, a través de su cuenta de Twitter, publicó un ataque general a los medios del país. Por su parte, Uribe Vélez realizó un intento de obstrucción a un periodista de Noticias UNO.

 

Queremos que los ciudadanos reflexionen sobre la importancia del periodismo como una herramienta para entender el acontecer nacional y un apoyo útil a la hora de decidir su voto. Son las preguntas incómodas de los reporteros, las críticas de los columnistas, los debates al aire en los medios los que posibilitan entender un poco más quién es la persona que aspira a representar a una colectividad durante los próximos 4 años.

Entendemos que para muchos candidatos esto puede ser incómodo, pero esa exposición hace parte de el rol que rodea a los funcionarios públicos. Su intimidad es menor y, adicionalmente, su papel les exige promover un clima favorable para la libertad de prensa.

Invitamos a los ciudadanos a que se unan a esta campaña, nos ayuden a monitorear a los candidatos y le exijan a aquellos por los que planean votar que asuman compromisos por la defensa de la libertad de prensa con la etiqueta #VotoInformado y la cuenta @Flip_org.

Vea aquí la carta que se está enviando a los candidatos.

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Luis Carlos Ortiz, periodista de la emisora comunitaria La Voz de la Inmaculada, denunció haber sido víctima de un atentado por parte de Wilson González Reyes, alcalde del municipio de Rionegro, Santander.

En la madrugada del domingo 17 de diciembre, cuando el periodista estaba llegando a su casa después de trabajar, González, adscrito al Centro Democrático, llegó intempestivamente en su camioneta y –acompañado de un desconocido- lo abordó.

Según relató Ortiz a la FLIP, el mandatario saludó al reportero con cordialidad y luego subió el tono de voz, insultándolo y agrediéndolo físicamente. González tomó al periodista por el cuello e intentó subirlo a su camioneta por la fuerza. Cuenta Ortiz que en medio del forcejeo, el Alcalde le dijo al periodista “lo voy a matar” mientras que le ordenaba a su acompañante “páseme el arma” sin que este le obedeciera.

Ortiz afirma que logró liberarse y comenzó a correr para proteger su vida. Según el relato, el alcalde se bajó de la camioneta y le disparó a Ortiz mientras este huía. “Sentí que la bala pasó muy cerca de mí,” dijo.

Ortiz considera que las amenazas y las agresiones del mandatario están relacionadas con las denuncias periodísticas que él ha hecho sobre presuntas irregularidades de la actual administración. El reportero ha denunciado en redes sociales el mal estado del centro turístico del municipio y el cierre de Centro Vida, un programa que asistía a adultos mayores de escasos recursos, quienes ahora no cuentan con un sustento diario.

Así mismo, Ortiz dijo a la FLIP que en las pasadas elecciones municipales en el año 2015 se acercó al mandatario para mostrarle una denuncia sobre compra de votos en el municipio y le preguntó a González por su responsabilidad en los hechos. Como consecuencia, se habría iniciado una pelea con puños entre el reportero y el ahora alcalde.

En horas de la tarde, la FLIP intentó comunicarse con González para contrastar los hechos denunciados por Ortiz. Sin embargo, este no respondió de manera inmediata a las llamadas de la Fundación.

La FLIP condena estos hechos y le solicita a la Procuraduría General de la Nación que de manera inmediata suspenda al alcalde Wilson González mientras adelanta su investigación disciplinaria. Adicionalmente, La Fundación le pide a la Fiscalía General de la Nación que inicie la investigación penal en contra del alcalde por estos hechos con el fin de determinar su responsabilidad.

La FLIP le solicita a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que inicie el estudio de nivel de riesgo con el fin de determinar las medidas necesarias para proteger la integridad del reportero. La Fundación considera que lo sucedido sitúa a Ortiz en una situación de riesgo inminente y, por esta razón, le hace un llamado a la entidad para que implemente medidas de seguridad por trámite de emergencia con el fin de prevenir un ataque posterior.

Como ya lo denunció la FLIP en días pasados, los funcionarios públicos se sitúan entre los principales agresores a la prensa en el país. De cara a la campaña electoral, es urgente que las autoridades y la ciudadanía exijan más garantías para el periodismo en el país. 

 

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La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- rechaza los ataques a periodistas por parte de Fuerza Pública y manifestantes en el contexto de las protestas sociales en Cauca y Norte de Santander.

El pasado 1 de noviembre, dos periodistas fueron agredidos por agentes de la Policía Nacional en el sector conocido como la “Y”, a la altura del municipio de Sardinata, Norte de Santander. Los reporteros Arquímedes Gutiérrez de NC Noticias y Luis Fernando Molina de Prensa Rural estaban cubriendo el paro campesino en la región del Catatumbo.

Cerca del mediodía los reporteros registraron una confrontación entre campesinos de la región y la Policía Nacional. Según el relato de Gutiérrez, miembros de la Fuerza Pública agredieron a los reporteros, les decomisaron su material periodístico e intentaron detenerlos: “Comienzan a botarnos gasolina por encima, diciéndonos que nosotros éramos los sapos. Luego empiezan a quitarnos el material que teníamos”, narró el reportero.

Gutiérrez asegura que miembros de la Policía y de la Sijín requisaron sus pertenencias y  revisaron el contenido de sus celulares. Según el reportero, gracias a la intervención de funcionarios de la ONU y de integrantes de Marcha Patriótica, los miembros de la Fuerza Pública dejaron de agredirlos.

Ese mismo día, en horas de la tarde, Gustavo Molina, reportero de la emisora Radio 1040 de Popayán, fue golpeado por miembros de los pueblos indígenas, que se encuentran en Minga desde hace más de tres días en el Cauca. La agresión se presentó después de una reunión entre el gobierno y las autoridades indígenas en el sector de Monterilla, a la que asistieron los periodistas para hacer el cubrimiento. Al finalizar el encuentro, los reporteros salieron en el vehículo del medio de comunicación, en el que además se transportaban los corresponsales de Red+ Noticias, y fueron atacados con piedras.

Además de los ataques físicos, los protestantes señalaron a los periodistas de ser mentirosos y vendidos. Gutiérrez afirma que las personas que los agredieron tenían pañoletas y otros símbolos que los identificaban como miembros del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC). La Fundación hace un llamado al Consejo Regional para que aclare estos hechos y determine la responsabilidad de sus integrantes en esta grave agresión.

La FLIP expresa su preocupación por las agresiones que se vienen presentando en las recientes manifestaciones y le exige a los actores en confrontación que cesen cualquier acción de censura contra la prensa.

Para la FLIP las acciones de la Policía resultan inadmisibles, pues decomisar, borrar, inspeccionar o dañar cualquier tipo de información es una forma de censura previa, la cual está prohibida por la Constitución y por la Convención Americana de Derechos Humanos. Este tipo de actuaciones interfiere con el derecho de toda persona a buscar información e impide que se lleve a cabo la libre circulación de información y se configura como una violación de la reserva de la fuente, que debe garantizarse en todo ejercicio periodístico.

La FLIP puso en conocimiento de estos hechos al Área de Derechos Humanos de la Inspección General de la Policía Nacional y está a la espera de que la entidad inicie las investigaciones disciplinarias a los uniformados que hicieron parte del operativo con el fin de sancionar a los responsables de las agresiones contra los reporteros.

Al respecto, los relatores especiales de libertad de expresión de la ONU y de la CIDH hicieron un llamado a las autoridades en 2013: “El Estado tiene el deber de garantizar que los periodistas y comunicadores que se encuentran realizando su labor informativa en el marco de una manifestación pública no sean detenidos, amenazados, agredidos o limitados en cualquier forma en sus derechos por estar ejerciendo su profesión”.

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