Las medidas adoptadas por el Gobierno nacional para asegurar el orden público en la jornada de elecciones restringen la libertad de prensa. Tal como ocurrió hace 4 años, el Ministerio del Interior replica normas que limitan el ejercicio periodístico y dificultan el cubrimiento de las elecciones del próximo domingo 13 de marzo, mediante el decreto 318 de 2022. Estas medidas, que se expiden a pocos días de las elecciones, desalientan el cubrimiento por parte de periodistas y medios y, además, generan un riesgo de moderación del debate sobre los comicios. Las siguientes son las restricciones más preocupantes:
1. Solicitar la “acreditación” ante la Registraduría se constituye como un obstáculo administrativo para ejercer el ejercicio periodístico
El artículo 11 prohíbe la utilización de cámaras y celulares dentro del puesto de votación, salvo a los medios de comunicación “debidamente acreditados por la Registraduría Nacional del Estado Civil.”
Al respecto debe recordarse que, como ha aclarado la Corte Constitucional (sentencia C-87 de 1998), el periodismo es una actividad de libre ejercicio, por lo que no se pueden exigir habilitaciones ni documentos especiales. En Colombia, la cédula de ciudadanía o el pasaporte son los únicos documentos que se le pueden exigir a un periodista para su identificación. La Corte Constitucional (sentencia C-087 de 1998) declaró que es contrario a la Constitución exigir carnés, tarjetas profesionales o cualquier otro medio de acreditación para ejercer el oficio. En consecuencia, la exigencia de algún registro especial o una identificación expedida por un medio no puede convertirse en una excusa para impedir el acceso de cualquier periodista a los puestos de votación.
Esta vez, la Registraduría dispuso de un sistema para que los medios de comunicación se “acrediten” para acceder a la sala de prensa nacional en Corferias y así puedan recibir información oficial. Sin embargo, esta medida desconoce las falencias en conectividad en la regiones así como la variedad del ejercicio periodístico, sobre todo de quienes no están afiliados a un medio de comunicación.
Las medidas para la organización de los puestos de votación no pueden constituirse en barreras administrativas que impidan el ejercicio de la libertad de prensa. En ese sentido, alertamos a las autoridades para que el día de las elecciones esta norma no se convierta en una barrera para el acceso de los periodistas a los puestos de votación. Es deber de las autoridades electorales garantizar que se ejerza la libertad de prensa y que los periodistas puedan hacer reportería de los puestos de votación siempre y cuando no interfieran en el secreto del voto ni obstaculicen la labor de los jurados.
2. Exigirle a los medios publicar información confirmada únicamente por fuentes oficiales es una forma de censura
El artículo 9 dispone que “en materia de orden público, los medios de comunicación transmitirán el día de las elecciones las informaciones confirmadas por fuentes oficiales”. Esta restricción desconoce el mandato del artículo 20 de la Constitución según el cual “no habrá censura”. Exigir confirmación de autoridades estatales para publicar contenidos periodísticos es una forma de control previo a la información que se puede transmitir. En Colombia cualquier control de este tipo debe ser posterior a su publicación (sentencia T-391 de 2007).
Así, el artículo 9, que obliga a los medios a dar prelación a los comunicados emitidos por las autoridades electorales o de policía, viola la libertad editorial y la independencia de los medios de comunicación, pues se acerca a una imposición de contenidos por parte del gobierno, práctica que reprocha la Corte Constitucional (sentencia T-391 de 2007).
Esta medida también desconoce el mandato del artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que establece que todas las limitaciones a la libertad de expresión deben estar “expresamente fijadas por la ley y ser necesaria”. La medida no garantiza la preservación del orden público y sí impide, tanto a los medios como a la ciudadanía, tener acceso a información de interés nacional, como lo son las afectaciones al orden público durante las elecciones, situaciones que no siempre son confirmadas oficialmente.
3. Restringir las fuentes para consolidar una narrativa única sobre las elecciones es peligroso para la credibilidad democrática, pues es una forma indirecta de moderación del debate público.
El artículo 7 dispone que “después del cierre de la votación, los medios de comunicación citados sólo podrán suministrar información sobre resultados electorales provenientes de las autoridades electorales." Esta medida restringe las fuentes de información, cuando en Colombia no hay fuentes prohibidas. Esto afecta indirectamente la opinión pública sobre las elecciones, pues es importante que se reporte sobre la percepción de las elecciones por parte de todos los actores. La pluralidad informativa en el marco de las elecciones robustece su valor democrático, pues al articular distintas perspectivas sobre este proceso se puede dar mayor legitimidad del mismo.
Sobre este punto, preocupa que esta medida implica la limitación del cubrimiento de las elecciones para que se focalice alrededor de la narrativa oficial, sin dar lugar a cuestionamientos por parte de cualquier otro actor involucrado. Al privilegiar y direccionar la publicación de información oficial se busca la ampliación de una lectura oficialista sobre las elecciones, la cual se ve respaldada por vocerías únicas, concentradas y centralizadas de las autoridades electorales.
Por ejemplo, la Registraduría Nacional dispuso una vocería única y concentrada que afecta el cubrimiento de las elecciones. El manual COPD02 de comunicación organizacional de la Registraduría establece que “los únicos voceros autorizados para entregar información y declaraciones a la prensa, además del Registrador Nacional y los directivos del nivel central autorizados por este, son los Registradores Distritales y los Delegados en los departamentos, dentro del ámbito de su competencia. Los demás funcionarios deben abstenerse de dar declaraciones a los medios”. Disposiciones como estas se replican en distintas entidades públicas que, en últimas, tienen un impacto diferenciado en las regiones e impiden que fluya la información.
Al respecto, la FLIP reconoce que los planes de comunicación con los que cuentan las entidades buscan cumplir con estándares de calidad comunicativa y buscan asegurar que la información emitida por las entidades esté debidamente contrastada para evitar difusión de contenido falso. Sin embargo, la obligación de dar información no debería recaer únicamente sobre las oficinas centrales o sobre quienes ostentan altos cargos en cada institución.
La FLIP recuerda a todas las autoridades encargadas de la vigilancia y el acompañamiento durante las elecciones, así como a la opinión pública, que “la libre comunicación de información e ideas acerca de las cuestiones públicas y políticas […] es indispensable para garantizar el pleno ejercicio de los derechos [de participación política]”, como lo ha indicado el Comité de Derechos Humanos. Ello comporta la existencia de una prensa y otros medios de comunicación libres capaces de comentar cuestiones públicas sin censura ni limitaciones, así como de informar a la opinión pública sobre todo lo que pueda estar relacionado con el desarrollo y los resultados de las elecciones.
Por lo anteriormente expuesto, la FLIP les solicita al Consejo Nacional Electoral y a la Registraduría Nacional del Estado Civil que, en medio de su labor de ejercer vigilancia y control de la actividad electoral, garanticen el acceso de la prensa a los hechos noticiosos del día de las votaciones con el fin de que los ciudadanos puedan acceder a información plural y oportuna. Instamos a la Procuraduría y a las misiones de observación electoral de la Organización de Estados Americanos y de la Unión Europea que hagan una vigilancia diferencial de la garantía de la libertad de prensa en estas elecciones.
