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El pasado 8 y 9 de agosto se llevaron a cabo dos actuaciones clave dentro del proceso que se adelanta por el secuestro, tortura y violencia sexual de los que fue víctima la periodista Jineth Bedoya Lima en el año 2000.

Por un lado, en el proceso que se adelanta contra Alejandro Cárdenas Orozco (alias 'J.J.') y Jesús Emiro Pereira Rivera (alias 'Huevo de Pizca'), se llevó a cabo la lectura de alegatos de conclusión en donde las partes del proceso recogieron sus argumentos con el fin de exponer al juez por qué debe condenarlos o absolverlos.

En su intervención, la Flip solicitó al juez que condenara a los acusados teniendo en cuenta que la agresión a Jineth Bedoya Lima se enmarca en un escenario de agresiones a la prensa y a las mujeres por parte de estructuras paramilitares. La Fiscalía y el Procurador del caso igualmente solicitaron que tanto ‘J.J.’ como ‘Huevo de Pizca’ fueran condenados. Las partes quedaron a la espera la decisión del juez.

Al mismo tiempo, la Corte Suprema de Justicia confirmó ayer la sentencia de primera instancia del Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá, mediante la cual ordenó la exclusión de Alejandro Cárdenas y Mario Jaimes Mejía (Alias 'Panadero') de Justicia y Paz. Con esta decisión, tanto ‘J.J.’ como el ‘Panadero’ pierden el beneficio de una pena alternativa y deberán cumplir penas ordinarias en caso de que sean condenados en los múltiples procesos que se adelantan en su contra.

La Flip reconoce estas actuaciones como un avance en la lucha contra la impunidad en crímenes contra periodistas y exhorta a las autoridades judiciales para que continúen su labor en la búsqueda de verdad y justicia para Jineth Bedoya. Sin embargo, la Flip no desconoce que los 17 años que han transcurridos sin justicia efectiva se han constituido en una nueva forma de revictimización para Bedoya.

Por ello, la Fundación reafirma su compromiso sobre este caso e insiste en la necesidad de avanzar en el proceso con celeridad y diligencia de tal forma que se logre garantizar la verdad y la justicia.

Con lo anterior, se sentaría un importante precedente no sólo para las mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado, sino también para todas aquellas periodistas que han experimentado la crueldad de la guerra como consecuencia de su compromiso con contar la verdad.

Antecedentes

El 25 de mayo de 2000 la periodista Jineth Bedoya Lima, que en ese momento trabajaba en el diario El Espectador, fue víctima de violación, tortura y secuestro luego de acudir a la cárcel La Modelo de Bogotá para entrevistar al jefe paramilitar Mario Jaimes Mejía.

Tres años después, la reportera fue nuevamente víctima de secuestro, pero esta vez por parte de las Farc en Caño Jabón, Meta. Para ese entonces, Bedoya estaba realizando seguimiento a la situación de orden público del municipio, luego del secuestro masivo perpetrado allí por el grupo guerrillero en el año 2002.

Por estos hechos Bedoya lidera, desde 2009, la campaña ‘No es hora de callar’, que busca que las mujeres víctimas de violencia sexual denuncien a sus agresores y socialicen sus casos con el fin de recuperar su dignidad. Estas campañas, así como otras iniciativas que lidera la reportera para promover el perdón y la reconciliación, han aumentado su situación de riesgo por las múltiples amenazas que ha recibido durante los últimos 17 años.

En marzo de este año, la periodista fue revictimizada al ser llamada una vez más a contar lo ocurrido en mayo de 2000.

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El 28 de septiembre, en la Resolución No. 048, la Fiscalía General de la Nación declaró que los asesinatos de estos tres periodistas, y de otros defensores de derechos humanos, eran de lesa humanidad. Con ello se ratificó que estos crímenes fueron planeados por la Fuerza pública y los grupos paramilitares dentro un patrón sistemático y generalizado que usó el Estado colombiano en contra de la población civil. 

Publicado en Noticias

La Fundación para la Libertad de Prensa – FLIP – considera positiva la condena proferida por el Consejo de Estado en contra de la Nación por el crimen de Jaime Garzón. Además hace un llamado a las autoridades judiciales para que incorpore las consideraciones de este fallo dentro de los procesos que se siguen en contra los exfuncionarios presuntamente responsables del crimen.

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