Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP
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Los enfrentamientos por el control del territorio entre los grupos armados ilegales Frente Carolina Ramírez y Comandos Bolivarianos de la Frontera han obligado a los periodistas de Putumayo a no volver a hablar sobre la guerra. La FLIP entrevistó a decenas de periodistas de este departamento, quienes desde agosto del año pasado han recibido presiones y amenazas por parte de estos grupos. La única salida que han encontrado es la autocensura.
“Empezó la guerra del comunicado entre ellos”, dijo uno de los periodistas para explicar la dinámica: cada uno de los grupos armados les envía panfletos —aunque ellos usan el término comunicados de prensa— en los que se enorgullecen de acciones militares contra el grupo contrario, critican al “enemigo” o advierten a la gente de la región sobre las reglas que quieren impartir. Escritos con un tono cordial, les obligan a difundirlos en sus medios, e incluso les han invitado a “ruedas de prensa” o a “entrevistas exclusivas”.
Sin muchas opciones, los periodistas publican en sus medios algunos de estos panfletos, pero al hacerlo quedan en la mira del grupo contrario. En palabras de uno de los reporteros que informa sobre orden público desde hace más de cuatro años “si uno publica a un grupo, el otro se va a enojar; si no publica, es grave y puede haber consecuencias”.
Otras veces las amenazas llegan más camufladas, a través de comentarios de personas que están en los sitios donde hay mayor presencia de los grupos armados o por recomendaciones de fuentes confiables. Expresiones como “en lo posible no venga si no lo tiene que hacer” o “es mejor que usted se vaya” parecen ser advertencias que los periodistas siguen al pie de la letra para no correr mayores riesgos.
Los comunicadores también saben que existe un monitoreo sobre su trabajo: en redes sociales los siguen cuentas que pertenecen a líderes o miembros de estos dos bandos y saben que sus emisoras son escuchadas dentro de los campamentos. Todo esto alimenta un ambiente de temor para ejercer el periodismo y de precaución sobre cada palabra dicha.
La tensión y el miedo se sienten en los relatos de los periodistas, quienes afirman que los grupos armados los han convertido en un arma más de disputa. Y aunque no son claras las motivaciones detrás de las amenazas y presiones de los actores armados, los comunicadores creen que pueden responder a un interés de visibilidad mediática motivada por las negociaciones del Gobierno sobre la Paz Total.
Para los periodistas la autocensura se ha convertido en su única medida de protección. Hace algunas semanas, varios de ellos llegaron al acuerdo de no publicar los comunicados de los grupos armados, no conceder entrevistas, ni participar en ruedas de prensa. Tampoco publican noticias sobre los asesinatos y otros crímenes cometidos por estas dos organizaciones, pues consideran que esto les trae mayores riesgos. Ahora enfocan su agenda informativa en asuntos como el turismo, las vías o la economía. “Si se quiere conservar la vida, hay temas de los que no se puede hablar”, sentenció un periodista con más de veinte años de trayectoria.
Desplazarse por el departamento también se ha convertido en una actividad casi imposible de realizar. Todos evitan hacer cubrimientos fuera del casco urbano de sus municipios y afirman que hay otros a los que desde hace meses no pueden viajar: Puerto Guzmán, Puerto Asís, Puerto Caicedo y La Hormiga.
Cuando hay noticias que son de gran relevancia pero que les pueden ocasionar riesgos —las que sí o sí deben difundir—, los periodistas han decidido publicarlas sin mostrar su rostro o enviar la información a colegas que vivan en Bogotá y trabajen para medios nacionales. “Si lo hacemos nosotros acá estaríamos muertos al siguiente día”, afirma uno de los periodistas.
En estos municipios, donde todas las personas saben quiénes son periodistas, dónde viven o en qué vehículos se movilizan, parece más fácil hacer efectivas las amenazas. El temor es latente y la zozobra no solo les ha obligado a voltear la cara y no informar sobre hechos de violencia —por lo que han recibido reproches de la audiencia—, sino que también los ha hecho considerar salir del departamento e incluso dejar el oficio.
Y con este silencio no solo se afecta la vida y el trabajo de los periodistas; son las personas que viven en el departamento quienes ven perjudicados sus derechos al no recibir información sobre lo que está sucediendo. Así, sólo les queda enterarse a través de murmuraciones o conversaciones privadas.
En medio de toda esta violencia, la institucionalidad parece debilitada ante los ojos de periodistas amenazados y censurados. Ninguno de ellos cuenta con medidas de protección por parte de la Unidad Nacional de Protección. Algunos han acudido a la Policía, la Fiscalía o la Defensoría del Pueblo regional, pero su respuesta parece insuficiente ante el poder de los grupos armados ilegales. Por ahora, todos los reporteros coinciden en un mismo llamado al Alto Comisionado de Paz para que emprenda acciones que garanticen el trabajo de la prensa en el cubrimiento de la Paz Total y que se solicite un cese de amenazas y hostigamientos a la prensa.
Más allá de esto, para los periodistas parece no haber una solución clara ni efectiva a la vista. En este momento solo les queda el temor y el silencio, en palabras de un periodista: “aquí ya se formó la cultura del miedo”.
Las decisiones que tienen que tomar las y los periodistas de regiones afectadas por la violencia no son fáciles: callar, asumir los riesgos, trabajar bajo la amenaza inminente, denunciar. Este es el relato de la prensa en tres departamentos al sur del país que convive con la violencia, que en algunos casos asume el rol de liderazgo social y que con distintas motivaciones trabaja a nivel local para informar a sus comunidades.
Por: Carolina Arteta Caballero y Juan Pablo Madrid-Malo
Colombia sigue siendo un país en guerra. Con muchas guerras. El panorama de paz que por un tiempo se vivió en algunas regiones después de la firma del acuerdo con las FARC-EP poco a poco se ha esfumado. En los últimos cuatro años ha aumentado de manera sostenida la presencia de grupos armados en todo el país, como lo expone Indepaz en su más reciente informe. Hoy retumba con cada vez más fuerza el ruido de los combates con la fuerza pública, las disputas territoriales, los atentados, los asesinatos y las masacres. Lo que poco se escucha es el asfixiante control social ejercido sobre la población civil por parte de los miembros de grupos paramilitares y guerrillas. Hoy, los habitantes de más de 600 municipios todavía cuentan las heridas que deja la confrontación armada en sus territorios.
En este contexto trabajan —y han trabajado por años— periodistas en todo el país. Reporteros y reporteras que informan desde sus territorios, pero que también suelen recurrir al silencio para protegerse. El Cauca, Nariño y Putumayo, cuyas geografías abarcan desde el piedemonte amazónico hasta el macizo y la costa Pacífica, se han consolidado como corredores estratégicos del narcotráfico y escenarios en donde confluyen múltiples actores armados en constante disputa.
Este es el relato de periodistas, en diferentes zonas de los tres departamentos, que a diario conviven, en mayor o menor medida, con la amenaza latente de la violencia. Directores/as de medios, locutores/as, fotógrafos/as, reporteros/as y presentadores/as que ejercen su labor en emisoras comunitarias, comerciales y públicas; sitios web o plataformas digitales y como corresponsales para distintos medios también. Muchos/as con un importante rol de liderazgo social en sus comunidades. Sus testimonios constituyen la historia de una prensa que, lejos de los círculos de poder de grandes medios y por momentos acorralada, trabaja localmente contando lo que ocurre, aunque a veces las circunstancias no se lo permitan.
“Lo primero que hago es asomarme a la puerta y salir con temor”, afirma Andrés* al hablar de su espacio en una emisora comunitaria. A sus 46 años, además de periodista, se ha convertido en líder en su comunidad. Carga, a su vez, la dolorosa memoria del asesinato de un miembro de la emisora ya hace varios años atrás. “Queremos decirle a Colombia y al mundo lo que ocurre en nuestra región, pero hay cierta gente que no quiere que eso salga a la luz pública”, sentencia.
Como él, periodistas en todo el departamento se debaten entre informar sobre la situación de orden público o asegurar su integridad en un territorio donde confluyen principalmente estructuras del Comando Coordinador de Occidente, del ELN y de la Segunda Marquetalia. Dentro del conflicto por controlar los numerosos cultivos de uso ilícito y los corredores del narcotráfico que del sur del país conducen hacia el Pacífico los periodistas han quedado entre la espada y la pared. La constante se encuentra en la autocensura.
Entre las limitaciones que enfrentan están una geografía complicada y la multiplicidad de actores armados. Ambos conllevan riesgos al momento de desplazarse que pocos están dispuestos a asumir. Otro radialista al sur del departamento afirma: “en cada corregimiento hay un grupo predominante. Hay líneas imaginarias y por eso se dan enfrentamientos. Acá en nuestro municipio ninguna persona puede andar sin una carta de recomendación emitida por un líder de la zona”. Un escenario crítico sobre el que Martín, radialista también, explica: “cayó un petardo en plena cabecera municipal y sacamos la noticia. Luego hubo una granada contra la estación de policía y reportamos. Hubo dos bombas a la entrada del municipio. Hubo dos hostigamientos más. En medio de todo eso laboramos”.
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El panorama hacia el norte es similar. Desde un medio digital Andrea* ejerce su labor para mostrar otra cara de un territorio, colindante con los departamentos de Tolima y Valle del Cauca, conocido por su violencia, según cuenta. “Nosotros siempre estamos con el temor de cubrir. Siempre pensamos que tenemos los ojos encima de alguien que está pensando que no es así lo que uno escribe. Casi siempre evitamos meternos en ese tema”, afirma al hablar de la agenda de orden público y también de corrupción. “No va a ser posible la libertad de prensa en el norte del Cauca”, finaliza.
Y entre tanto riesgo, vale la pena preguntarse por las motivaciones que llevan quienes se dedican a esto. En la respuesta de Martín* hay, tal vez, un espíritu común para todos: “yo creo que es la única forma de que el país entienda que hay otros territorios y otra gente que construye esta nación. Yo vengo de un lugar muy complejo, allá sólo mandaban los grupos armados en los 2000. Yo crecí en eso. Yo viví en medio de esa violencia. Yo escogí esto para tratar de revertir eso. Queremos seguir trabajando”.
Cauca en cifras
Si algo tiene claro Alberto*, después de 25 años trabajando en la radio, es que un periodista debe contar las dos caras de la moneda: lo bueno y lo malo. Esa premisa le devuelve la tranquilidad cuando recuerda que en un par de meses la emisora comunitaria que dirige cumplirá un año sin emitir noticias locales en el bajo Putumayo, a pocas horas de la frontera con Ecuador. A inicios del año pasado, el periodista suspendió la transmisión del informativo local después de que dos miembros de su equipo recibieron amenazas.
La emisora, fundada hace más de veinte años, enfrentaba dificultades económicas desde la pandemia, pero había logrado mantenerse a flote con una parrilla informativa que combinaba las voces de campesinos y mujeres con música y noticias. Hasta aquel día en que suspendieron la difusión del noticiero. Alberto tomó la decisión cargando a cuestas con el recuerdo de un colega de la región que fue asesinado por su liderazgo social. “Uno siente nostalgia de no tener el noticiero. No poder hacer lo que deberíamos hacer… ¿para qué sirve una radio que solo pasa música o mensajes a la alcaldía o del hospital si hay otras cosas que contar? Lastimosamente no se pueden decir”, se lamenta.
La autocensura como estrategia de autoprotección es una de las prácticas que han implementado los periodistas del Putumayo desde que el conflicto recobró su fuerza. Hoy, al menos cuatro grupos armados están presentes en el departamento, entre ellos el Frente Carolina Ramírez del Bloque Suroriental y los Comandos de la Frontera. En el territorio están dos de los enclaves productivos de coca más importantes a nivel nacional, y hasta finales de 2021 había 28 mil hectáreas de coca, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD).
En este contexto, muchos reporteros evitan desplazarse hacia áreas rurales o publicar noticias relacionadas con el orden público. “Yo lo hago para proteger mi integridad. Uno sabe que corre peligro si dice algo malo o no maneja bien la información. Cualquiera puede terminar amenazado”, sostiene César*, quien dirige un portal de noticias. Por su parte, un locutor de una emisora comunitaria afirma: “yo trato de ser muy técnico… de no usar adjetivos”.
Los pocos periodistas que cubren hechos violentos suelen enfrentar decenas de barreras, entre ellas el silencio estatal. “Es un problema grandísimo lograr que una autoridad se pronuncie sobre un hecho para tener una fuente oficial”, afirma César. Esto ha llevado a que la gente critique su labor. Hace unos meses, participó en un panel sobre periodismo que fue transmitido en vivo a través de redes sociales. En uno de los comentarios que recibieron ese día los llamaron periodistas mediocres. “Yo les pedía disculpas por eso —cuenta César—. A veces terminamos siendo mediocres, pero detrás de eso están las limitaciones que tenemos para informar. Si tuviéramos más libertad tal vez podríamos hacer otro periodismo”.
Putumayo en cifras
El periodismo en Nariño tiene puntos ciegos. Es decir, porciones del territorio en las que está vedado el ingreso de periodistas. En este departamento fronterizo, ONUDD ha identificado enormes laboratorios de cocaína en los que se llega a producir hasta cinco toneladas en un mes. Allí confluyen varios grupos armados y organizaciones criminales que se disputan el control de las zonas cocaleras y las rutas de narcotráfico. De acuerdo con Indepaz, los enfrentamientos se concentran en las subregiones Saquianga, Pacífico Sur y Telembí, especialmente en municipios como Tumaco, Roberto Payán, Olaya Herrera y Barbacoas. Repartidos en pequeñas fracciones del territorio, hay miembros de al menos ocho grupos que por momentos actúan unidos, en bloque, y en otros se enfrentan entre ellos o con el Ejército.
Las dinámicas de la guerra en el departamento son tan confusas y cambiantes que la gente no logra seguirle la pista al fuego cruzado. Las y los periodistas, que en otros lugares del país se las ingenian para hacer reportería en lugares controlados por los grupos armados, quedan atrapados entre fronteras invisibles. “Al viajar durante una hora desde la zona de piedemonte hasta la frontera puedes encontrar un grupo y en 45 minutos va a ser otro”, ilustra Diego*, un periodista que a pesar de las limitaciones publica algunas noticias sobre el conflicto en medios regionales y nacionales. Para hacerlo sin correr demasiados riesgos, se vale de varias estrategias como enviar reportes para que sean otros colegas quienes den la información o utilizar imágenes de archivo al momento de mencionar ciertos lugares. “Hay sitios en donde es imposible llegar con cámaras. Se limita hasta el uso de dispositivos móviles. Si los usas y sale algo de por allá, te van a llegar amenazas”, explica. Aún así, Diego ha recibido mensajes intimidantes. “Vea cuidese con la información que mandó”, le dijeron hace poco a través de un mensaje de texto.
Los registros de las organizaciones humanitarias dan cuenta de la dimensión del conflicto. Solo en febrero del año pasado se registraron cinco desplazamientos masivos en La Tola, Mosquera, Olaya Herrera y Barbacoas, de acuerdo con Médicos Sin Fronteras. Pero el verdadero impacto que está teniendo la violencia en la vida de la población civil no se ve en los medios, pues las mismas cifras de los grupos defensores de derechos humanos alimentan el miedo de los periodistas. “Una vez intenté hacer un acercamiento para viajar con un abogado conocido allá (en Ricaurte). Me dijeron que fuera y que al siguiente día me secuestraban”, cuenta un fotógrafo que utiliza la ciudad de Pasto como sede. El cronista asegura que en Nariño casi todos los días ocurren decenas de asesinatos de los que nadie se entera. “Eso no lo publica nadie porque es como meterse en la boca del lobo”. Un colega de Ipiales coincide. Para él, el miedo es un sentimiento permanente: "es una amenaza indirecta”.
Nariño en cifras
* Los nombres de los periodistas consultados han sido modificados por su seguridad.
El 5 de octubre de 2003, el locutor radial José Nel Muñoz, fue asesinado en la vereda La Libertad, en Puerto Asís, Putumayo. Hoy, dieciocho años después de su muerte, se desconocen los responsables de su homicidio, por lo que el caso permanece en total impunidad.
A causa de su desaparición, su esposa y un grupo de periodistas se unieron en su búsqueda. El 6 de octubre de 2003, su cuerpo fue hallado sin vida. Hasta el momento, su caso permanece en la impunidad, pues la Fiscalía no ha determinado quiénes fueron los responsables de su homicidio.
En la FLIP, recordamos las labores comunicativas de José Nel y hacemos un llamado para que su caso sea investigado, pues está a dos años de prescribir en total impunidad. Gracias por recordar con nosotros.
La voz que acaban de escuchar era la de Juan Carlos Benavides Arévalo, locutor de la radio comunitaria Manantial Estéreo en Sibundoy, Putumayo. Juan Carlos fue asesinado hace dieciocho años. Las FARC atentaron contra el carro en el que se transportaba, cuando iba hacia Puerto Asís, Putumayo a cubrir el primer consejo comunal del expresidente Álvaro Uribe Vélez.
El periodista murió cuando guerrilleros de las FARC dispararon indiscriminadamente contra la camioneta en la que él se transportaba hacia Puerto Asís. Hasta ahora, su caso permanece en total impunidad.
En la FLIP reconocemos el esfuerzo de Juan Carlos por fortalecer la radio comunitaria en el departamento de Putumayo y aplaudimos el legado comunicativo que construyó para los y las habitantes de la región. Gracias por recordar con nosotros.
La FLIP expresa su preocupación porque la violencia desbordada y sostenida contra la prensa, en el marco del cubrimiento de las jornadas de manifestación, ha forzado el silenciamiento de la prensa local. El Estado es responsable por la falta de respuesta institucional ante la violencia contra la prensa que ahora escala al mayor nivel de afectación a la democracia, mediante el silenciamiento como mecanismo de autoprotección.
Es altamente preocupante que el ambiente hostil consolidado contra la prensa forjó decisiones abiertas de autocensura como mecanismo de autoprotección. Este es el caso de varios medios del departamento de Putumayo que en un comunicado, publicado el 3 de junio por la Corporación de Periodistas del Putumayo (CORPEP), anuncian el silenciamiento de varios medios en el departamento por 48 horas como forma de protesta por la falta de garantías para el ejercicio periodístico en medio de las protestas.
La FLIP ha documentado cuatro ataques a la prensa en esta región relacionados con el cubrimiento de las manifestaciones sociales este año, entre las que se encuentran hostigamientos, agresiones físicas, estigmatizaciones y presiones. En esta zona, el subregistro es claro debido a que la intimidación es tan fuerte que impide el cubrimiento y a la desconfianza en las autoridades; de ahí que la violencia contra la prensa no se refleja en las cifras oficiales.
Lo ocurrido en Putumayo exige que todas las alertas de las autoridades locales y nacionales, pues implica un altísimo precio para el debate público y plural sobre la coyuntura. Además, debido a los altos índices de violencia en el país es una decisión que puede replicarse en otras zonas.
La violencia contra la prensa ha sido constante durante estos 37 días de paro. Hasta la fecha hemos documentado y registrado 217 ataques con la prensa relacionados con el cubrimiento de protestas en todo el país, se ha evidenciado que 166 son acciones violentas. Además, el riesgo de nuevos ataques perdura, ya que no hay un rechazo público a la violencia dirigida contra la prensa y esto desalienta cualquier denuncia por parte de los y las periodistas ante las entidades competentes.
A pesar de los constantes llamados de la FLIP a las distintas autoridades para que se brinden las condiciones de seguridad a los y las periodistas, aún no hemos conocido una estrategia articulada que busque brindar las garantías necesarias para un ejercicio periodístico libre de violencia. Las respuestas tardías de los entes de control de cara a la violencia atribuida a la fuerza pública —alrededor del 54% de los casos— son insuficientes, pues se limitan a solicitar la información que ya es pública sobre la documentación de las agresiones.
La FLIP hace un llamado urgente a los alcaldes locales y al gobernador para que haya un respaldo público a la labor que desarrolla la prensa en el departamento de Putumayo. Así mismo, le solicita a la Defensoría del Pueblo que monitoree los factores de riesgo de la prensa en esta región de manera articulada con la Fiscalía General de la Nación, y que estudie y emita las alertas necesarias.
De igual manera, reiteramos la urgencia de un rechazo público de la violencia contra la prensa y un mensaje de cero tolerancia frente a las agresiones perpetradas por miembros de la fuerza pública por parte del presidente de la República, la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación y el ministro de Defensa.
Así mismo, solicitamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, que en el marco de la visita a Colombia estudien la violencia contra la prensa y, en particular, el alto riesgo de autocensura de la prensa regional a causa de la falta de garantías de seguridad para ejercer el quehacer periodístico.
La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) expresa su preocupación por las constantes amenazas que vienen recibiendo los periodistas Germán Arenas, Dubán García y Jairo Figueroa, quienes desempeñan su labor en Mocoa, Putumayo. La FLIP les solicita a las autoridades estatales que investiguen y protejan a los reporteros.
El pasado jueves dos de agosto desde el perfil de Facebook de una persona que se identifica como Carlos Ramírez publicaron la siguiente amenaza en la cuenta de Dubán García:“ESTAMOS EN MOCOA, PARA MATARLO HIJO DE PERRA A USTED JAIRO FIGUEROA DUVAN GARCIA Y GERMAN ARANAS, LES VAMOS A PEGAR LA MATADA MAS IMPORTANTE DE ESTE AÑO POR SAPOS Y LAMBONES CON LA POLICIA Y EJERCITO”. Adicionalmente, los agresores se identifican como miembros de las Águilas Negras y les advierten a los periodistas que tienen hasta la siguiente semana para salir de Mocoa.
Posteriormente, en la tarde de ese jueves, Germán Arenas recibió una llamada en la que un desconocido le dijo: “perro hijueputa te vas a morir” e inmediatamente el agresor finalizó la comunicación. Luego, el viernes tres de agosto, el periodista Dubán García también recibió una llamada a su casa en la que en tono burlesco lo amenazaron a él y a miembros de su familia. Ese mismo día el reportero notó la presencia de extraños rondando su casa. Finalmente, en la madrugada de este lunes 6 de agosto, el periodista Jairo Figueroa recibió a través de un mensaje privado a través de Facebook la misma amenaza que recibió García el dos de agosto.
Los reporteros consideran que las amenazas son producto de la información que han difundido a través de sus medios de comunicación sobre los operativos que adelantan el Ejército y la Policía en la región para capturar a miembros de disidencias de las Farc, narcotraficantes y miembros de bandas delincuenciales. Los tres periodistas cubren las fuentes de Fuerza Pública para sus informativos. Dubán García trabaja en la emisora La Primera en el informativo “Noticias Al Día”, Germán Arenas es corresponsal de Colprensa y Jairo Figueroa de Caracol Televisión y Blu Radio.
La FLIP hace un llamado a la Fiscalía General de la Nación para que investigue con celeridad las amenazas contra los periodistas de Mocoa y, de esa manera, dar con el paradero de los responsables. Las sanciones judiciales en este tipo de situaciones son un precedente importante que contribuye a disuadir la ocurrencia de nuevas violencias contra la prensa. Así lo ha dispuesto la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe sobre Violencia contra periodistas y trabajadores de Medios: “Para prevenir la violencia contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación es indispensable que el ordenamiento jurídico sancione estas conductas de manera proporcional al daño cometido”.
Adicionalmente, la Fundación expresa su respaldo a los periodistas amenazados por el riesgo inminente al que se encuentran expuestos y le solicita a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que les implementen las medidas de protección necesarias para proteger su vida y su integridad.
La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza las intimidaciones de John Ever Calderón Valencia, alcalde de Villagarzón, Putumayo, en contra del periodista Mauricio Rodríguez.
El lunes 9 de julio durante una sesión del Concejo de Villagarzón, Putumayo, en la que se discutía la construcción de una estación de Policía, el alcalde de la ciudad fue invitado para intervenir. Cuando el primer mandatario notó la presencia de Rodríguez, manifestó públicamente: “aquí se está tejiendo un tema político. (...) el señor periodista viene hoy con una cámara, solo graba cuando los concejales atacan, cuando los concejales tocan el tema contra el alcalde (…) con el objetivo de ir a transmitir por el canal una mentira.”
Luego, Calderón agregó “como alcalde y como regulador de los medios de comunicación del municipio también vamos a tomar medidas el día de hoy con ese tema”. El martes 10 de julio en la mañana, luego de que el alcalde anunciara acciones contra el reportero, la dirigencia del Canal Villavisión decidió unilateralmente finalizar el contrato con Mauricio Rodríguez.
La FLIP rechaza las presiones ejercidas por parte del alcalde de Villagarzón, que dieron como resultado el despido de Mauricio Rodríguez del Canal Villavisión. Este tipo de acciones vulneran los estándares internacionales de libertad de prensa. No es función del alcalde dictar qué imágenes debe o no grabar un periodista ni insinuar cuál es el enfoque editorial que los medios deberían tener hacia él. Por el contrario, como funcionario público está obligado a ser tolerante a la crítica y aceptar que la prensa está en su derecho a hacer un control fuerte de los poderes del Estado.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la CIDH ha sido enfática en declarar que los funcionarios públicos tienen la obligación de adoptar un discurso público favorable que contribuya a prevenir la violencia contra la prensa: “la obligación de garantizar los derechos de libertad de expresión y a la integridad personal requiere que los funcionarios públicos se abstengan de realizar declaraciones que expongan a periodistas y trabajadores de medios de comunicación a un mayor riesgo de actos de violencia”.
Por otro lado, la Fundación expresa su preocupación por la postura que asume el alcalde al presentarse como un “regulador de medios”. De ninguna manera está dentro de las funciones de un alcalde el regular ni controlar a los medios de comunicación. Por el contrario, sus declaraciones pueden ser entendidas como un intento de censura previa y como un ataque a la independencia que deben tener los medios de comunicación para garantizar la discusión y el disenso en las democracias.
La Fundación para la Libertad de Prensa le solicita a la Procuraduría General de la Nación que investigue las acciones de censura emprendidas por el alcalde John Ever Calderón con el fin de determinar las sanciones disciplinarias correspondientes.
La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- condena el ataque que sufrió la emisora Colón Stereo, de Colón, Putumayo.
En la tarde del pasado 3 de marzo, los transmisores de la emisora comunitaria de Colón fueron incinerados por desconocidos. El director de la emisora, Jesús Antonio Caicedo, estaba realizando el programa “Fiesta sabatina" en el corregimiento de San Pedro. Cerca de las 5:30 de la tarde, los transmisores dejaron de funcionar. Al llegar al lugar donde están ubicados, fuera del municipio de Colón, Caicedo los encontró completamente quemados.
Por la forma en la que fueron incendiados los equipos, se podría deducir que el ataque fue planeado. Según Caicedo, a través de las rejillas de ventilación fueron introducidas hojas secas y musgo que fueron prendidas con leña.
Según conoció la FLIP, agentes de la policía capturaron a un hombre que aseguró ser el autor material de los hechos. Al parecer, el hombre habría afirmado que quemó los transmisores porque no le gustaba la música que ponían en la emisora. Sin embargo, de acuerdo con información que conoció la Fundación, este hombre aparenta un comportamiento anormal y está siendo evaluado por psiquiatría.
La emisora comunitaria lleva 21 años al aire en Colón. Tienen programas musicales,magacines informativos y de opinión. En este momento la emisora no puede transmitir su programación habitual debido al ataque.
A pesar de que al supuesto agresor se le están haciendo valoraciones psiquiátricas, la FLIP invita a la Fiscalía General de la Nación a que investigue con celeridad los hechos. Además, la Fundación solicita al ente judicial que tenga como hipótesis principal que el daño contra la infraestructura del medio puede tener relación con el ejercicio informativo de la emisora.
La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), con el apoyo de Open Society Foundations, el fondo para apoyar a los periodistas freelance Rory Peck Trust y la empresa de tecnología Sudecom, respaldaron a los periodistas de Mocoa a través de la entrega de equipos para reanudar su labor periodística, luego de que resultaran afectados por la avalancha del pasado 1 de abril.
El pasado 28 de octubre miembros de la Fundación para la Libertad de Prensa se reunieron en el auditorio de la Cámara de Comercio de Mocoa con los 12 periodistas que resultaron afectados por la avalancha que dejó más de 300 personas muertas. Durante el encuentro, la FLIP entregó los equipos que fueron reunidos junto a las otras tres organizaciones para contribuir a la reanudación de sus labores periodísticas.
Las organizaciones esperan que este apoyo contribuya a que los periodistas desarrollen su oficio con mayores garantías para hacer veeduría a la gestión de los funcionarios de su municipio y denuncien las irregularidades en los procesos electorales y de contratación pública de su región. Con la entrega de estos equipos se espera, además, que haya mayor pluralidad informativa a través del fortalecimiento de medios de comunicación de diferentes formatos como radio, televisión y prensa.
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