Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP

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  • El periodista Juan Alejandro Loaiza participa en el informativo de la emisora comunitaria.

  • En Algeciras se vive una difícil situación de orden público.

  • Después de recibir una amenaza de muerte, Loaiza decidió abandonar el municipio.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza la intimidación que recibió Juan Alejandro Loaiza, periodista de la emisora comunitaria Nueva Era Algeciras, por parte de desconocidos. La FLIP les solicita a las autoridades que se investiguen los hechos y se garantice la seguridad del comunicador.

El pasado 17 de julio, hacia las diez de la mañana, un hombre en una moto interceptó al reportero mientras se dirigía al centro del municipio y lo amenazó de muerte. Según Loaiza, el hombre le dijo que debía irse de Algeciras o de lo contrario iba a pagar con su vida. Dos días después de que el periodista recibiera esta intimidación, abandonó el municipio para proteger su vida y su integridad.

El reportero participa en el informativo de la emisora comunitaria que se transmite de lunes a viernes en la franja de la mañana. En este espacio Loaiza ha hecho críticas a las gestión de algunos concejales del municipio y ha informado sobre la difícil situación de orden público que se vive en Algeciras. Un día antes de que el periodista fuera amenazado, cuatro personas fueron asesinadas en la vereda Quebradón Sur y antes de eso, el primero y seis de julio,  fueron asesinados dos líderes en las veredas de El Puente y Santuario. Sumado a esto, según la ONU, a inicios de julio, 42 familias de la zona rural del municipio de Algeciras tuvieron que desplazarse luego de recibir amenazas.

La FLIP le solicita a la Unidad Nacional de Protección que implemente de manera urgente las medidas de protección necesarias para que el reportero pueda regresar a su municipio en condiciones de seguridad. Adicionalmente, la Fundación le solicita a la Fiscalía General de la Nación que adelante las investigaciones correspondientes para dar con el paradero de los responsables y llevarlos ante la justicia. 

Las sanciones judiciales son un precedente importante que contribuye a disuadir la ocurrencia de nuevas violencias contra la prensa. Sobre esto, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho: “para prevenir la violencia contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación es indispensable que el ordenamiento jurídico sancione estas conductas de manera proporcional al daño cometido”.

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La información oportuna, veraz, actualizada y descentralizada es un bien público esencial para tramitar la pandemia con credenciales democráticas para atender la crisis y garantizar los derechos fundamentales durante el aislamiento. Cuando la ciudadanía cuenta con información de calidad adopta las medidas para su cuidado y atiende las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Reconociendo la vital importancia del periodismo en esta coyuntura la Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- comparte un balance preliminar sobre las variables que afectan a una prensa libre en Colombia durante la pandemia.

1. Los periodistas y trabajadores de la prensa enfrentan riesgos biológicos.

El Gobierno Nacional en representación del Estado en su conjunto debe garantizar el ejercicio de la libertad de prensa libre e independiente para que esta difunda información que contribuya al debate público sobre temas de interés general. No es suficiente declarar el servicio de telecomunicaciones como un servicio esencial si no se acompaña de medidas concretas para:

a. Proteger del riesgo biológico a los periodistas. Al menos 16 reportaron haber tenido acercamientos con personas contagiadas o posiblemente contagiadas durante el ejercicio de su oficio. Cuatro periodistas mantuvieron aislamiento voluntario y 11 se tomaron la prueba para el diagnóstico de Covid-19 pero se evidenciaron retrasos de hasta 17 días en la entrega de los resultados. Uno de estos casos fue el de Paco Lasso, quien falleció en 7 el mayo de 2020 tras contraer el nuevo coronavirus. La FLIP también ha tenido conocimiento extraoficial de casos positivos de Covid-19 en trabajadores de un medio de comunicación,  un caso donde respetamos la discreción del medio en el manejo y en el que valoramos especialmente la diligencia de cuidado que se ha adelantado con respecto a ese trabajador y todas las personas en su entorno. 

b. Corregir las dificultades de movilidad para la reportería. Según el Decreto 749 de 2020, los periodistas están exceptuados de las restricciones de movilidad. Sin embargo, algunas autoridades también requieren la acreditación de esta calidad mediante títulos, certificados laborales y/o carnets. Esto es contrario al artículo 20 de la Constitución Política que establece que el derecho a informar está en cabeza de todas las personas del territorio colombiano. Además, en algunos casos, para ser cobijado por esta excepción, resulta indispensable registrarse en plataformas que exigen acceder a datos personales y a la georeferenciación en tiempo real. Esto puede representar un riesgo para los comunicadores y sus fuentes.

c. Aclarar las condiciones del uso de los medios de comunicación para difundir información oficial1. Algunas medidas reconocen y valoran el derecho a informar y ser informados para exigir que los medios de comunicación difundan la información oficial. Sin embargo, la falta de claridad sobre los parámetros aplicables puede prestarse para arbitrariedades. La Resolución 844 de 2020 establece la obligación a los medios de comunicación masiva de difundir gratuitamente información sobre la situación sanitaria y las medidas de protección para la población adoptadas, de acuerdo con la información suministrada por el Ministerio de Salud. La amplitud de estos términos y restringir a los medios como simples amplificadores de información oficial abre la puerta para la imposición estatal de contenidos, uno de los mecanismos de propaganda y censura previa prohibidos por la Constitución.  

d. Disponer recursos para asegurar la sostenibilidad del sector. Hasta el 31 de mayo, se han conocido al menos 48 casos de periodistas y medios de comunicación que se han visto afectados por la situación de emergencia sanitaria, 32 son de medios y reporteros que están viendo afectadas sus finanzas. Esta situación es más grave en las regiones que se ven amenazas de quedarse sin medios e información local. Las distintas interpretaciones de la Directiva 16 de la Procuraduría General de la Nación implicó una reducción de la pauta publicitaria agravando la situación, los alivios del gobierno se han concentrado en televisión abierta y medios comunitarios dejando en desprotección específica a un amplio rango de medios de comunicación

2. Ambiente hostil contra la libertad de prensa.

La FLIP ha advertido conductas recurrentes entre las autoridades locales que afectan el flujo de la información. La descalificación de manera pública del trabajo periodístico y estigmatización a algunos reporteros y medios tiene, sin duda, un efecto inhibidor. Estas conductas hostiles contra la prensa buscan silenciar las voces que critican la gestión de la emergencia. Esto limita la veeduría y participación ciudadana. Es preocupante la situación en Medellín, Sucre, Cesar y Nariño donde las autoridades gubernamentales no han ahorrado calificativos denigrantes contra la prensa.

Al respecto, vale la pena recordar que las autoridades y funcionarios públicos deben garantizar el derecho a la libertad de prensa y facilitar el debate de interés público aun cuando ello implique tolerar la crítica sobre su gestión. Dicho debate no debe estar sujeto a calificaciones por parte de las entidades oficiales ni a obstrucciones o censura, que está expresamente prohibida en la Constitución Política y es una herramienta dañina que limita el pluralismo y por ende el funcionamiento mismo de la democracia en un Estado.

3. Dificultades para acceder a la información.

El acceso a la información pública no se está garantizando de manera plena, al menos por las siguientes razones:

  • El tiempo de respuesta a derechos de petición se amplió como consecuencia de la emergencia, mediante el Decreto 491 de 2020. 

  • Motivos de orden público se ha convertido en un argumento recurrente para negar la entregar la información sobre el nivel de contagio.

  • La directriz de que las únicas fuentes autorizadas para dar esta información son el Instituto Nacional de Salud y el Ministerio de Salud limita el acceso a la información local.

  • La falta de reglas claras para el uso de ámbitos digitales (Whatsapp, Facebook, Twitter) como canal oficial y de los funcionarios ha facilitado arbitrariedades, tales como no responder a los cuestionamientos incómodos, excluir con base en criterios discriminatorios (línea editorial, tamaño del medio, tipo de medio, tamaño de audiencia) y bloquear los comentarios críticos.

Esto no permite un flujo ágil de la información y tampoco responde a las necesidades informativas territoriales. Por lo anterior, la FLIP hace un llamado a la Procuraduría General de la Nación para que establezca guías de uso de plataformas y redes sociales que garanticen el acceso a la información y también que ejerza de manera activa el poder disciplinario preferente sobre las faltas por impedir y obstaculizar el acceso a la información. 

Por último, la FLIP declara un riesgo de captura estatal del debate público en el que la expectativa de simple amplificación de la voz oficial por parte los gobiernos nacional y locales, sumada a una reducción operacional de los medios debido a la crisis financiera que atraviesan, deriva en un ambiente muy limitado de escrutinio social a las políticas públicas en curso. La FLIP anima a las audiencias a que contribuyan económicamente a los medios de comunicación e invita a las autoridades nacionales y locales a evaluar el derecho a una sociedad informada como un bien de interés público en la pandemia facilitando medidas que efectivamente atiendan el riesgo de extinción de medios y la captura del debate público. 

 

1 El Decreto 460 de 2020 se ordenó a las radios comunitarias estar dispuestas y responder a las necesidades informativas en medio de la emergencia frente a ciertos temas específicos. De manera más reciente, el apoyo de los medios de comunicación fue ampliada mediante la Resolución 844 de 2020 expedida por el Ministerio de Salud, que extiende la emergencia sanitaria hasta el 31 de agosto de 2020 y ordena a todas las estaciones de radiodifusión sonora, a los programadores de televisión y demás medios masivos de comunicación, difundir gratuitamente la información suministrada por este ministerio, en horarios o franjas de alta audiencia, sobre la situación sanitaria y las medidas de protección para la población, de acuerdo con los lineamientos del Ministerio de Tecnologías de la información y las Comunicaciones.

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  • El periodista Eder Narváez recibió amenazas de muerte por parte de una persona que se identificó como Manuel, alias "El Negro", comandante de Los Caparrapos.

  • La FLIP le solicita a la UNP que fortalezca las medidas de protección del periodista.

  • La FLIP hace un llamado a la Fiscalía a que investigue estos hechos con el fin de dar con los responsables y llevarlos ante la justicia.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza las amenazas contra de Eder Narváez, director del medio de comunicación NP Noticias y corresponsal de Teleantioquia en el Bajo Cauca Antioqueño. La Fundación le solicita a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que atienda de manera urgente esta situación con el fin de proporcionar la seguridad necesaria para el reportero.

El pasado 13 de abril de 2020, Narváez recibió varios mensajes a través de WhatsApp provenientes de una persona que se identificó como Manuel, alias "El Negro", comandante de Los Caparrapos. El desconocido amenazó de muerte a Narváez luego de que el reportero publicara una noticia sobre el asesinato de dos hombres ocurrido el día anterior en el barrio Loma Fresca en Caucasia. Con este homicidio son tres los crímenes ocurridos durante la última semana en el municipio. 

La FLIP expresa su preocupación por la seguridad de Eder Narváez y le solicita a la UNP que durante las próximas horas fortalezca las medidas de protección del periodista para salvaguardar su vida y su integridad. El pasado 13 de abril la Fundación solicitó medidas de seguridad por trámite de emergencia a la entidad y, luego de 34 horas, no han establecido comunicación con el reportero.  

La Fundación le solicita a la Fiscalía General de la Nación que investigue estos hechos con el fin de dar con los responsables y llevarlos ante la justicia. Las sanciones judiciales en este tipo de situaciones son un precedente importante que contribuye a disuadir la ocurrencia de nuevas violencias contra la prensa. Así lo ha dispuesto la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe sobre Violencia contra periodistas y trabajadores de Medios: “para prevenir la violencia contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación es indispensable que el ordenamiento jurídico sancione estas conductas de manera proporcional al daño cometido”.

 

 

 

 

 

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El 1 de mayo, el periodista Daniel Martínez, corresponsal de RCN en Arauca, recibió una llamada amenazante de una persona que se identificó como miembro del frente Domingo Laín, perteneciente a la guerrilla del ELN. Este sujeto advirtió al periodista que tenía hasta las cuatro de la tarde de ese mismo día para irse de Arauca.

En el 2014, el periodista ya había recibido una llamada de un número desconocido en la que un hombre amenazó con matarlo. Y en enero de este año, en una de las ventanas de su carro le escribieron "está advertido".

Martínez, además de ser periodista en RCN, es propietario del portal de noticias El Círculo. En ambos medios de comunicación el periodista ha hecho un amplio cubrimiento de la difícil situación de orden público que se vive en el departamento de Arauca, a causa de la presencia de grupos armados. Otros periodistas del departamento también han recibido llamadas intimidatorias de personas que se identifican como miembros de la guerrilla del ELN y que les exigen que vayan a reuniones con ellos para seguir “instrucciones”.

La FLIP rechaza esta amenaza, expresa su preocupación por estos hechos y advierte sobre un clima intimidante creciente en el departamento de Arauca que puede derivar en autocensura y silenciamiento de medios sobre asuntos de interés público.

Ante la gravedad de los hechos, el Canal RCN y la FLIP han trabajado coordinadamente para apoyar a Martínez. La Fundación resalta la celeridad con la que el medio ha concurrido a la protección del periodista. No obstante lo anterior, la FLIP exige a la UNP que implemente a la brevedad medias de protección de emergencia con el fin de salvaguardar la vida y la integridad del periodista y hace un llamado a la Fiscalía para que investigue con celeridad estos hechos con el fin de juzgar y sancionar ejemplarmente a los responsables.

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La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza las amenazas en contra de las reporteras y La Silla Vacía por el desarrollo de su labor periodística. Les exigimos a las autoridades diligencia para investigar y sancionar a los responsables.

Este sábado 14 de julio fue difundido un panfleto firmado por el Bloque Central de Las Águilas Negras en el que Jineth Bedoya y los periodistas de La Silla Vacía fueron estigmatizados como guerrilleros y declarados objetivo militar. El grupo criminal emitió la siguiente amenaza: “Esta vez no estamos jugando, a partir de la fecha procedemos a la ejecución total de nuestras advertencias por varios años y que no fueron escuchadas por estos milicianos guerrilleros disfrazados de supuestos líderes y lideresas sociales”. Junto a los nombres de los periodistas aparecen también los de otros activistas, líderes sociales, defensores de derechos humanos y sindicalistas.

El domingo 15 de julio la periodista María Jimena Duzán recibió una amenaza a través de la cuenta de twitter @Gustavo68831299. El desconocido que se hace llamar LíederSocialSigloXXI le envió el siguiente mensaje a la reportera: “la verdad colombianos hagan patria esta sra @MJDuzan deber ser violada, escupuda, pucada con motosierra y cokgada eln plaza Bolivar, hagan honor al nombre de paramilitares.”

Teniendo en cuenta la dificultad que han tenido las autoridades para investigar este tipo de amenazas transmitidas a través de internet, la FLIP le exige a la Fiscalía General de la Nación que solicite el apoyo de expertos en delitos informáticos de otros países para dar con el paradero de los responsables de estas intimidaciones y que reciban las sanciones judiciales correspondientes.

La FLIP expresa su preocupación por estos hechos, debido a que, en el caso de Jineth Bedoya y los periodistas de La Silla Vacía, los agresores sentenciaron: “Para nuestra organización no existe ningún esquema de seguridad que nos impida proceder y ejecutar a cada uno de estos guerrilleros”. Por lo anterior, la Fundación le solicita a la Unidad Nacional de Protección que implemente medidas de protección adecuadas para salvaguardar la vida y la integridad de los periodistas amenazados a través de internet.

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La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) expresa su preocupación por el incremento en el número de amenazas contra periodistas en Colombia. En los últimos seis meses, muchos reporteros que alternan sus labores con el activismo social han sido víctimas de intimidaciones.

En lo corrido de 2018 la FLIP ha registrado un aumento en el número de amenazas contra periodistas con respecto al año anterior. Mientras que para julio de 2017 la Fundación había documentado 65 casos de amenazas, en este 2018 se han reportado 89. Estas cifras acentúan una tendencia preocupante: en los últimos años se ha registrado un aumento considerable en el número de amenazas contra periodistas en Colombia. Mientras que en el año 2015 la FLIP documentó 59 casos de amenazas, en 2016 la cifra ascendió a 90 y en 2017 llegó a 129.

Esto sucede en paralelo al aumento en el número de asesinatos a líderes sociales en el país. En lo corrido del año han sido asesinados más de 100 personas en sus territorios. Varios de esos homicidios han sido crímenes contra la libertad de expresión.

La FLIP ha reportado los casos de amenaza ante la UNP. Sin embargo, en muchas ocasiones la entidad no ha sido lo suficientemente diligente para atender el riesgo al que están expuestos los reporteros. Paralelo al aumento de las amenazas, la FLIP ha registrado con preocupación el desmonte de esquemas de protección de periodistas que se encuentran amenazados y los trámites de casos en la UNP no se están haciendo acordes al nivel de urgencia de la situación.  

Casos de periodistas que requieren protección urgente del Estado

Ricardo Ruidíaz es un periodista y activista que ha enfocado sus esfuerzos en denunciar la trata de menores por parte de estructuras al margen de la ley y de visibilizar las amenazas y los asesinatos en contra de líderes sociales en la región del Magdalena Medio. A pesar de que este reportero ha denunciado diez intimidaciones contra su vida solo en el último año, el pasado 18 de junio la UNP decidió disminuir su esquema de protección, hecho que vulnera considerablemente las condiciones de seguridad del reportero.

Situación similar enfrenta la reportera Catalina Vásquez, quien desarrolla su labor periodística y de defensa de los derechos humanos en la Comuna 13 de Medellín. A pesar de que el pasado cinco de julio la FLIP solicitó a la UNP medidas de protección por trámite de emergencia para la periodista por los asesinatos de los que han sido víctimas algunas fuentes cercanas a ella en este sector de Medellín, la entidad no ha atendido al llamado de urgencia y Vásquez continúa expuesta al riesgo derivado de sus labores en el territorio.

De igual forma, la periodista Jhanuaria Gómez tuvo que desplazarse del municipio de Segovia, Antioquia, a raíz de las amenazas que estaba recibiendo por el desarrollo de su labor periodística. La reportera se dedica a investigar acciones irregulares alrededor de la actividad minera y hace pedagogía con las comunidades sobre las consecuencias que tiene para el ambiente. Actualmente la reportera se encuentra sin protección por parte de la UNP y su situación de vulnerabilidad es alta.

Otro caso preocupante es el de la periodista Laura Montoya, quien el pasado viernes 6 de julio fue víctima de amenazas a través de una llamada telefónica mientras promovía una manifestación en Mocoa, Putumayo, para rechazar el asesinato de líderes sociales. La UNP tuvo conocimiento de estos hechos y solicitó medidas de protección por trámite de emergencia para proteger a la reportera. Sin embargo, la entidad aún no ha atendido el llamado.

Es importante resaltar, adicionalmente, que en estos tres últimos casos hubo agravantes por razones de género. Gómez recibió una de las amenazas a través de su hija, Vásquez ha sido víctima de insultos y tratos denigrantes y, aunque no hay registro de violencia por razones de género en contra de Montoya, es urgente que la UNP tenga en cuenta estos factores al momento de actuar para procurar la seguridad de estas reporteras y sus familias. 

Frente a la situación crítica que enfrenta el país por el asesinato de defensores de derechos humanos y amenazas a periodistas, la FLIP expresa su preocupación por la ausencia de acciones efectivas por parte de la UNP para garantizar la protección de quienes se encuentran en riesgo. La Fundación solicita al gobierno nacional redoblar sus esfuerzos con el fin de brindar medidas efectivas para salvaguardar la vida e integridad de quienes ejercen la labor periodística.

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El 14 de junio de 2018 la residencia de Juan José Hoyos, columnista y colaborador de El Colombiano, fue asaltada por desconocidos. Cuando el periodista llegó a su vivienda en Medellín encontró destruida la cerradura de la puerta del apartamento y, al revisar sus objetos personales, notó que habían robado su computador, un disco duro, una cámara de video y una cámara fotográfica. 

A pesar de que en el apartamento del reportero había otros artículos de valor, los desconocidos solo se llevaron los equipos que contenían información periodística. Dos empresas de seguridad que evaluaron los hechos le manifestaron a Hoyos que, por las características del robo, era posible inferir que los responsables no eran ladrones comunes, sino expertos que habían hecho un asalto selectivo. La puerta del apartamento asaltado era de seguridad, blindada, de acero y de un peso aproximado de 120 kilos.

La FLIP ha podido establecer que los equipos que fueron robados contenían información sensible relacionada con investigaciones judiciales que involucran a dirigentes políticos del país.

Esta no es la primera vez que el material periodístico de Hoyos es robado. En el año 2006, ocho personas encapuchadas con armamento de alto calibre ingresaron a la casa del reportero, amarraron a las personas que se encontraban allí y esperaron sin éxito la llegada del periodista, quien se encontraba ausente. Los desconocidos robaron el material periodístico que encontraron en la vivienda y presionaron a los familiares del periodista para que entregaran unos documentos de similar naturaleza a los que contenían los equipos que fueron robados en el último asalto.

Con la finalidad de proteger la integridad del periodista y la confidencialidad de sus fuentes, la Fundación se abstiene de hacer públicos detalles sobre el tipo de información contenida en los documentos robados y los nombres de los dirigentes políticos que podrían verse afectados por dicha información.

La FLIP condena estos actos de persecución e intimidación contra Juan José Hoyos que atentan contra su derecho a informar y el derecho de los ciudadanos a estar informados sobre asuntos de interés en Colombia. Así mismo, la Fundación acompañará al periodista haciendo seguimiento y evaluación a su situación y presentará denuncias formales ante las instancias pertinentes para que se proteja su vida y el desarrollo de su labor periodística.

La FLIP también ha puesto estos hechos en conocimiento de la Unidad Nacional de Protección y espera que la entidad otorgue medidas efectivas de emergencia para salvaguardar la integridad del periodista.

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La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- condena las amenazas en contra Jhanuarya Gómez, periodista de la página Informativo Segoviano. Miembros de bandas delincuenciales la hostigaron y le dieron 48 horas para salir de Segovia, municipio del Nordeste Antioqueño.

El 7 y el 13 de abril, Gómez compartió en la página de Facebook del medio notas acerca de la captura de unos presuntos traficantes de drogas y que, al parecer, están vinculados con el Clan del Golfo. Las publicaciones se hicieron con base en la información y fotografías ofrecidas por la Policía Nacional.

Después de esta publicación, la periodista recibió reiteradas amenazas. El 17 de abril, un hombre abordó a la hija de periodista -de trece años de edad- a la salida del colegio en donde estudia. El desconocido le dijo a la menor que tenía la orden de asesinar a su mamá.

Después de esto, recibió dos llamadas telefónicas el 19 de abril en las que le afirmaron que tenía que salir del municipio o habría un desenlace fatal. "No tenés tiempo pa' perder. Tenés 48 horas. Ábrete del pueblo. Te pusiste a publicar ‘huevonadas’ y calentaste el parche a los parceros. Por tu culpa los cogieron. Tenés 48 horas. Mirá a ver cuánto te queda", afirmó el autor de las amenazas. Debido a esto, con el apoyo de la Secretaría de Gobierno de Segovia, la periodista se vio obligada a salir del municipio junto a su familia.

La Fundación rechaza estas amenazas de muerte y condena los actos de hostigamiento. La página Informativo Segoviano tiene un papel activo en la trasmisión de información local en toda la región.

Sumado a esto, la situación de seguridad para los periodistas en el Nordeste Antioqueño es preocupante. El año pasado, durante el paro minero que se desarrolló en agosto, dos periodistas tuvieron que desplazarse de sus municipios por las constantes amenazas y agresiones mientras hacían tareas de reportería.

La FLIP tuvo conocimiento de que la periodista  está esperando la implementación de medidas que le brindará la Unidad Nacional de Protección después de la realización de un estudio de emergencia. La FLIP espera que estas medidas sean integrales para atender la complejidad de la situación.

La Fundación solicita a la Fiscalía General de la Nación que investigue los hechos y dé con los responsables. Así mismo, la FLIP solicita a la Policía Nacional que acompañe a la periodista víctima de amenazas.

 

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La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- exige a la Policía Nacional y a la Unidad Nacional de Protección garantizar la vida e integridad de Ricardo Ruidíaz, periodista de Colmundo Radio, quien recientemente ha sido amenazado por su trabajo en el Magdalena Medio.

Ruidíaz, quien reside en Bogotá, en las últimas dos semanas ha recibido nuevas amenazas en su contra por parte de desconocidos que le advierten que no puede visitar Barrancabermeja ni el corregimiento El Llanito. Desde hace meses, el periodista ha acompañado a líderes ambientales locales y ha hecho cubrimiento mediático  de la situación en el Magdalena Medio. La FLIP ha registrado 7* llamadas amenazantes en contra de Ruidíaz en los últimos días.

La comunidad de El Llanito y distintos líderes sociales convocaron a una manifestación pacífica en Barrancabermeja este martes 10 de abril para manifestar su inconformidad con la situación ambiental actual y el impacto de la minería en la región. Ruidíaz acompañó esta convocatoria y además hará el registro periodístico de los hechos.

Vea también: Periodista de Colmundo Radio recibió amenazas en vivo.

La más reciente ocurrió ayer 9 de abril. El periodista y defensor de derechos humanos se encontraba en un café de Barrancabermeja y un hombre lo llamó y le dijo: “Mire periodista hijueputa, siga tomando café tranquilo ahí en el centro comercial, que mañana le vamos a lanzar una bomba a la marcha”.

La Fundación informó a la UNP y a la Policía Nacional del viaje que emprendía Ruidíaz a pesar de las amenazas en su contra. La Policía se comprometió a hacer acompañamiento a Ruidíaz durante su visita a Barrancabermeja. Sin embargo, el manifiesta que la entidad no le está brindando protección. Mientras tanto, las amenazas continúan.

Si bien en noviembre de 2017 la UNP implementó un esquema de protección a Ruidíaz, la FLIP considera que estas medidas deberían fortalecerse teniendo en cuenta el alto riesgo al que se ve expuesto el periodista.

La FLIP expresa su preocupación por esta situación que pone en riesgo la integridad y la vida del reportero. Es inaceptable que la Policía de Barrancabermeja no esté tomando las medidas necesarias para garantizar la seguridad de Ruidíaz teniendo pleno conocimiento de una amenaza específica para atentar contra la vida del periodista el día de hoy.

La Fundación exige a la Policía Nacional y a la UNP que actuar inmediatamente para la protección de Ruidíaz en Barrancabermeja.

*Las amenazas:

En el 2017 la Fundación registró seis amenazas y hostigamientos en contra de Ruidíaz.

En lo corrido de 2018, la FLIP había registrado un hostigamiento en su contra que no estaba relacionado con la problemática ambiental en el Magdalena Medio.

Después de una visita de Ruidíaz a Barrancabermeja, la FLIP ha registrado siete llamadas amenazantes incluida la del pasado 9 de abril.

 

El 24 y 25 de marzo, Ricardo Ruidíaz recibió tres llamadas en las que lo amenazaron de muerte y le advirtieron que no se desplazara a Barrancabermeja y al Magdalena Medio. En la primera llamada le dijeron: “¿Aló?. Buenas. ¿Ricardo Ruiz Diaz? Vea, periodista hijueputa  no se aparezca más por acá por Barranca ni por el Llanito. ¿Oyó, gonorrea? No se vuelva a
venir más por acá, ¿oyó, hijueputa?. deje de estar haciendo marchas y toda esa vaina. Lárguese. No lo queremos ver más por acá". En las otras dos le advierten que "si se aparece en El Llanito y en Barranca le dan de baja".

Luego, el 27 de marzo, Ruidíaz volvió a recibir una amenaza. El periodista estaba en su vivienda y recibió una llamada en la que hicieron referencia al sector donde reside y además le dijeron: "Mire, periodista hijueputa, gonorrea, no lo queremos ver más en Barranca ni mucho menos en El Llanito. Si no lo bajamos allá en Bogotá, aquí sí pelamos. ¿Oyó, gonorrea, sapo, hijueputa?".

El día siguiente, 28 de marzo, el periodista recibió una nueva llamada que afecta su seguridad.  Ruidíaz se encontraba en una reunión en Chapinero, en Bogotá y una mujer lo llamó y le dijo: "Gonorrea, está parqueado en Chapinero".

El 2 de abril Ruidíaz recibió dos nuevas llamadas amenazantes. En las dos un hombre lo insultó y le dijo que no podía aparecerse en Barrancabermeja ni en El Llanito. Minutos después de la segunda llamada, Ruidíaz conoció que un líder ambiental de El Llanito acababa de ser amenazado por un hombre que le advertía que no siguiera con el asunto de la marcha.

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La FLIP expresa su preocupación por el ambiente amenazante para la prensa en el departamento de Arauca durante el proceso electoral. Hoy, 10 de marzo, disidencias de las Farc llamaron a la emisora Meridiano 70 y amenazaron a los periodistas.

En la emisora se estaba realizando una entrevista a Miguel Matus, candidato al Senado por Centro Democrático. Personas que se identificaron como miembros de las Farc llamaron al medio y amenazaron al candidato. Además, acusaron a la emisora de estar al servicio del partido político y los declararon objetivo militar.

Durante la llamada amenazante, los autores hicieron énfasis en no debían llamarlos “disidencias”, sino Farc. Según ellos, los disidentes son quienes participaron en el proceso de paz. Esto coincide con la información que este grupo ilegal habría distribuido en Arauquita hace dos semanas a través de un panfleto. En aquella ocasión también amenazaron a los medios locales.

Vea: Disidencias de las Farc amenazan a la prensa en Arauca.

Las guerrillas y otros actores armados imponen condiciones violentas a los medios de comunicación para el cubrimiento electoral. Amenazar a la prensa por cómo denominar a un grupo armado es bastante problemático. No puede ocurrir  que por el uso de la palabra “disidencia”, los periodistas vean afectada su integridad. Si los medios denominan como “Farc” al grupo armado que opera en Arauca, tendrían problemas con el partido político y con los candidatos que esperan ser elegidos popularmente.

La FLIP condena estas amenazas en contra la prensa regional. En Arauca se está viviendo un momento muy difícil para los medios de comunicación debido a la fuerte presencia de diversos grupos armados y al margen de la ley. Según los datos de la Misión de Observación Electoral (MOE), el departamento de Arauca hay tres municipios que se encuentran en riesgo extremo por violencia: Arauca, Saravena y Tame.

La FLIP hace un llamado a las autoridades para que enfoquen sus recursos en la prevención de violencia en el departamento de Arauca. Deben existir garantías para que la prensa pueda ejercer su trabajo libremente en la temporada de elecciones. Es urgente proteger a la prensa en medio de la polarización y la vulnerabilidad evidente que implica hacer reportería en medio de actores armados como disidencias de las Farc y el ELN.

La FLIP exige a la Policía Nacional y a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que tomen medidas inmediatas para la protección de los periodistas en Arauca. Así mismo, la FLIP solicita a la Fiscalía General de la Nación que investigue estos hechos y dé con los responsables de este ataque.

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