Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP
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Hace 38 años asesinaron al periodista Lides Renato Batalla en frente de su residencia en Buenaventura, Valle del Cauca. Fue locutor de Radio Buenaventura y director del periódico La Batalla, su trabajo se enfocó en investigar actos de corrupción administrativa y tráfico de drogas en la ciudad.
La inconformidad del periodista fue alimentándose de la situación de corrupción, presencia de grupos armados y actividades delincuenciales en Buenaventura. Lides denunciaba todas estas irregularidades en su medio de comunicación La Batalla, que fundó en 1983. Entre sus investigaciones más importantes está el caso de corrupción por parte de Jesús Jori Valencia, comandante del Departamento de Bomberos de la ciudad.
Lides Renato será recordado por su labor periodística y por velar por el bienestar de los bonaverenses. Gracias por recordar con nosotros.
Para escuchar la historia completa, te invitamos a reproducir el siguiente video:
Fernando Bahamón Molina fue corresponsal de El Espectador, de la cadena radial Caracol y del Noticiero 24 Horas. También se desempeñó como locutor deportivo y tenía un programa de música vallenata en la emisora La Voz de la Selva. Bahamón enfocó su profesión como periodista regional en velar por los derechos de las personas más necesitadas, narraba la situación de violencia que sucedía en el departamento y realizaba denuncias sobre la mafia de cocaína.
Desde la FLIP, conmemoramos el arduo trabajo que desempeñó el periodista Fernando Bahamón que con pasión ejerció su profesión.
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Hoy, 28 de septiembre, se conmemora el Día Internacional por el Derecho a Saber, una fecha que recuerda la importancia de estar debidamente informado mediante el acceso a la información, para de esta manera ejercer una ciudadanía activa y responsable.
En los últimos 18 meses, el país ha sufrido graves retrocesos en materia de transparencia, en buena medida por las decisiones tomadas por el Gobierno nacional y funcionarios públicos que han obstaculizado el acceso a la información, especialmente por parte de los periodistas.
La ‘cultura del secreto’, preponderante en las entidades estatales colombianas, encontró terreno fértil en el mundo hiperdigitalizado. La virtualidad marcó profundamente las prácticas periodísticas durante la pandemia y ha puesto sobre la mesa nuevos desafíos en materia de acceso a la información que deben ser atendidos de manera urgente para combatir la opacidad. A continuación identificamos las 5 medidas y prácticas que limitan la transparencia y el ejercicio de veeduría ciudadana.
Ha pasado año y medio desde que el Gobierno duplicó los plazos de respuestas para que los funcionarios públicos entreguen información, pasando de diez días hábiles a veinte. Hoy en día las circunstancias que justificaron esta medida han desaparecido, sin embargo el Gobierno ha luchado por mantener su decreto y no ha tenido la iniciativa de restablecer la garantía de este derecho a plazos razonables. Desde hace varias semanas y por iniciativa de un grupo de legisladores, se presentó una propuesta que revierte esta ampliación, el Proyecto de Ley 448 de 2020. Sin embargo, el Senado todavía no ha citado al último debate, y algunos congresistas advierten falta de voluntad para hacerlo.
Durante el último año, la FLIP ha documentado el uso abusivo por parte de las entidades de la “reserva legal” para no entregar la información sin justificación y de manera genérica.
Es común que las entidades respondan que la información está sometida a reserva, ya sea por políticas de tratamiento de datos o por asuntos de seguridad nacional. Estas respuestas suelen ser insuficientes, pues las entidades no realizan un test para verificar si esa reserva tiene un fundamento legal, si busca proteger intereses consignados en la ley de acceso a la información pública y si la entrega de esa información genera un daño. Esto sucedió de manera recurrente con la información relacionada con los contratos entre el Gobierno nacional y las empresas farmacéuticas; así como con los hechos que guardaban relación con la información del paro nacional.
Para poder obtener una respuesta frente a las solicitudes de acceso a la información, los peticionarios deben acudir a interponer recursos de reposición, de insistencia y acciones de tutela. Esto, ya sea porque se alegan reservas, porque las entidades no responden tras el vencimiento de los plazos legales o porque las respuestas son insuficientes Esta práctica entorpece claramente el ejercicio del periodismo, y en ocasiones es una estrategia que busca dilatar las investigaciones.
Una respuesta común de las entidades es que la información ya está publicada en boletines oficiales o en la página web de las entidades públicas. En estos casos se presenta un choque entre la transparencia activa y el derecho de petición, pues el hecho de que la información esté disponible en boletines no da vía libre para que las entidades se nieguen a responder solicitudes de información bajo este argumento.
Es una práctica reiterativa que los derechos de petición sean remitidos a otras entidades y de esta manera se reinicia el conteo de los términos para responder. Los peticionarios suelen tener que tocar varias puertas para dar con las entidades competentes y obtener respuestas.
Cuando se pide información a entidades locales, éstas suelen responder que no están autorizadas para entregar la información y remiten la solicitud a entidades del orden nacional. Esto dificulta la investigación sobre asuntos locales y hace que sea casi imposible contrastar información, pues todo se centraliza y sólo unas pocas entidades están autorizadas para entregar “datos oficiales”.
Los obstáculos descritos impiden acceder a la información de manera oportuna. Tanta opacidad en la información pública impide ejercer un periodismo independiente y de calidad, lo cual obstruye el acceso a la información indispensable para el ejercicio de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
En un estado democrático es esencial que se promueva de manera activa la transparencia de la función pública, el acceso y la publicidad de la información de las entidades del Estado. Por ello, hacemos un llamado a la Procuraduría General de la Nación para que reafirme su compromiso como garante del acceso al acceso a la información y, en ese sentido:
El 23 de octubre de 2020, la Fundación para la Libertad de Prensa publicó una carta dirigida al Fiscal General de la Nación con el objetivo de transmitir su preocupación frente a las irregularidades en la investigación y la inminente imputación de cargos a la periodista Diana Díaz por la presunta comisión del delito de utilización de asunto sometido a secreto o reserva.
El día de hoy, viernes 23 de octubre, el director de la FLIP, Jonathan Bock, sostuvo una reunión con el Fiscal General de la Nación y la Vicefiscal, quienes anunciaron la conformación de un comité técnico jurídico para la revisión de este caso.
Por otra parte, la FLIP reiteró la necesidad de aplicar los estándares constitucionales e internacionales de protección a la libertad de expresión, tales como la protección de la reserva de la fuente y la protección a los denunciantes, y su respeto en el marco de la investigación y sanción de delitos.
Se acordó establecer una mesa de trabajo para la creación de directrices que garanticen la protección de la libertad de prensa en las actuaciones de la Fiscalía General de la Nación y en el marco de la investigación, judicialización y sanción penal de delitos en contra de los periodistas.
La FLIP reitera que continuará ejerciendo veeduría sobre el caso de Diana Díaz hasta que la Fiscalía desista de la imputación de cargos en su contra.
En vista de la declaratoria de emergencia en todo el territorio nacional por el COVID-19 y el anuncio presidencial del aislamiento preventivo obligatorio, en todo el país, a partir del próximo martes 24 de marzo hasta el 13 de abril, la FLIP manifiesta su preocupación por las posibles limitaciones a la libertad de prensa que se puedan presentar durante este periodo.
La situación de emergencia que atraviesa el país demanda la atención plena del Estado colombiano, en cabeza del Presidente de la República, su gabinete, gobernadores, alcaldes y funcionarios públicos. Es indispensable que se garantice el acceso a información oportuna sobre los riesgos a los que está expuesta la ciudadanía, el desarrollo de la emergencia y las recomendaciones para sobrellevarla. En ese sentido, es importante que los funcionarios estatales se acojan a las recomendaciones que han hecho los organismos internacionales que promueven la defensa de la libertad de prensa.
La FLIP expresa su preocupación por las siguientes situaciones que pueden obstaculizar la labor periodística:
El Estado debe garantizar las condiciones para el cubrimiento periodístico
Las medidas como el aislamiento preventivo y el toque de queda deben contemplar excepciones para el cubrimiento de los medios de comunicación. Este tipo de directrices no pueden convertirse en un obstáculo para el ejercicio periodístico durante esta emergencia, ya que entorpece el acceso y flujo libre de la información sobre un asunto de alto interés público. La labor periodística es libre y no requiere de ninguna acreditación establecida en la ley.
En algunas ciudades y departamentos, los mandatarios han decretado este tipo de medidas, sin contemplar las excepciones para los medios de comunicación. La FLIP tuvo conocimiento de que las administraciones de Ipiales, Mocoa, Sincelejo y las gobernaciones de Sucre, Norte de Santander y Cauca; no han incluido la excepción para periodistas en sus decretos.
"La salud humana no sólo depende del fácil acceso a la atención sanitaria. También depende del acceso a información precisa sobre la naturaleza de las amenazas y los medios para protegerse a sí mismo, a su familia y su comunidad", Declaración conjunta.
Acceso a la información oficial de manera segura
La FLIP demanda del Ministerio de Salud, del Instituto Nacional de Salud, de las secretarías municipales de salud, y de las alcaldías y gobernaciones que dispongan de canales de comunicación ágiles y de fácil acceso para que los periodistas, sin ningún tipo de discriminación, obtengan la información oficial tan pronto como lo requieran.
A la FLIP le preocupa que las ruedas de prensa, entrevistas o reuniones presenciales con fuentes oficiales puedan ser espacios que faciliten el contagio de COVID-19. Por ello le exige al Gobierno Nacional y a las instituciones que mantengan sus canales abiertos para atender los requerimientos de la prensa, tomando las medidas de prevención y cuidado necesarias para proteger la salud de los reporteros.
Los medios públicos deben contar con personal y recursos suficientes durante esta emergencia
La FLIP ha recibido información sobre los retrasos en la contratación del personal periodístico y de producción en el sistema de medios públicos: Radio Televisión Nacional de Colombia (RTVC). Solo en la Radio Nacional de Colombia, en lo que va del año, han contratado a cerca de 25 personas, cuando el equipo completo supera los 150 puestos de trabajo. El bajo número de personal se convierte en un obstáculo para atender las necesidades informativas de esta situación de emergencia.
Acceso a fuentes no oficiales
Es importante tener en cuenta que el libre ejercicio periodístico comprende la contrastación de información con fuentes no oficiales para fortalecer el debate público. En este caso, el personal médico que atiende la emergencia de primera mano y los pacientes son fuentes indispensables para la prensa. Es imperativo que las autoridades hospitalarias se abstengan de promover medidas restrictivas que dificulten el diálogo de la prensa con este tipo de fuentes.
"El periodismo cumple una función crucial en un momento de emergencia de salud pública, en particular cuando tiene por objeto informar al público sobre información crítica, y monitorear las acciones del gobierno (…) La información falsa sobre la pandemia podría provocar preocupaciones en materia de salud, pánico y desorden", Declaración conjunta.
A partir de lo anterior, la FLIP considera fundamental que:
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Actualización 24 de marzo de 2020
La FLIP tuvo conocimiento de que RTVC, el Sistema de Medios Públicos de Colombia, acelerará esta semana la contratación de periodistas, corresponsales, productores y demás personal. Según fuentes de RTVC entre el martes y el miércoles, 84 personas serán contratadas; y entre el jueves y viernes, contratarán a 44 más. La FLIP celebras esta decisión, pues es indispensable que en medio de la emergencia #CoronavirusColombia los ciudadanos reciban información oportuna de parte de sus medios de comunicación públicos.
La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza la orden dada por la Juez Segunda Penal Especializada de Bogotá de censurar las expresiones de la periodista Claudia Julieta Duque en el marco del proceso adelantado contra Emiro Rojas Granados, ex funcionario del DAS, por tortura psicológica contra Duque.
La orden de la Juez consiste en limitar la publicación de informaciones por parte de Duque a que estas sean veraces, imparciales y concretas, pero sin tergiversaciones u opiniones; restringir la emisión de opiniones que pongan en tela de juicio a los acusados, testigos o al despacho mismo y; prohibir la publicación de fotos de las partes del proceso.
Las restricciones que se impone a Duque a opinar sobre dicho proceso son contrarias a la libertad de expresión, protegida por el artículo 20 de la Constitución y 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos. La orden de la Juez es una forma de censura previa, prohibida por el artículo 13 de la Convención Americana.
La Corte Constitucional ha dicho que las autoridades no pueden establecer medidas de “supeditar la divulgación del contenido a su permiso, autorización, examen previo, o al recorte, adaptación o modificación"1.
La FLIP considera grave que la Juez restrinja la opinión de Duque de una forma completamente alejada de las garantías de la libertad de expresión. En palabras de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), “la opinión no puede ser objeto de sanción, más aún cuando se trata de un juicio de valor sobre un acto oficial de un funcionario público en el desempeño de su cargo"2. Adicionalmente, la libertad de expresión “no sólo se protege la emisión de expresiones inofensivas o bien recibidas por la opinión pública, sino también la de aquellas que chocan, irritan o inquietan a los funcionarios públicos o a un sector cualquiera de la población"3.
Limitaciones como la determinada por la Juez sólo pueden darse en los casos más extremos, en los que esté comprobado que se causaría un daño superior al interés que existe para que la sociedad conozca lo que pasa en el transcurso de dicho juicio. En este caso, las opiniones e informaciones que Claudia Julieta Duque pueda dar sobre este proceso son de un alto interés público, pues el crimen que se investiga es una grave violación a los derechos humanos y ha sido declarado como crimen de lesa humanidad por parte de la Fiscalía.
Las restricciones que se imponen a Duque, además de violar la libertad de expresión de la periodista, vulneran gravemente el derecho de la sociedad a recibir informaciones y opiniones. Adicionalmente, la libertad de expresión no solo "protege la emisión de expresiones inofensivas o bien recibidas por la opinión pública, sino también la de aquellas que chocan, irritan o inquietan a los funcionarios públicos o a un sector cualquiera de la población".
El abogado que representa a Duque presentó un recurso de reposición para que la juez reconsiderara su decisión y esta última indicó que se pronunciaría otro día. La FLIP exige a la juez que revoque su decisión y que otorgue garantías para el ejercicio de la libertad de expresión por parte de la periodista Duque.
Para conocer más sobre el caso de Duque, consulte en este enlace.
El 2 de septiembre de 2019, la FLIP presentó una tutela en representación de la periodista Claudia Julieta Duque contra el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Conocimiento de Bogotá por la vulneración de los derechos a la libertad de expresión e información de la periodista.
En la tutela se solicitó que se revoque la decisión que prohíbe a Claudia Julieta Duque realizar valoraciones sobre el proceso y opinar de forma tal que pongan en tela de juicio a los acusados, testigos o al despacho mismo. Esta decisión constituye censura previa, la cual está absolutamente prohibida por el artículo 20 constitucional y el artículo 13 de la Convención Americana. Al respecto, la Corte Constitucional ha dicho que todo control o prohibición de información y opiniones antes de la publicación está proscrito y constituyen una violación a la libertad de expresión (Sentencia T-098 de 2017).
En la tutela también se argumentó que, contrario a lo que señaló la Juez Segunda Penal, según la cual las expresiones críticas respecto de su labor no están protegidas por la libertad, la Corte Constitucional ha señalado que la libertad de expresión protege también aquellas expresiones críticas, molestas, chocantes e, incluso, insultantes (Sentencia C-417 de 2000).
En la tutela se argumentó que la actuación de la juez es un intento por silenciar posturas críticas con su labor como funcionaria pública y, como tal, corresponde al juez de tutela tomar las medidas necesarias para garantizar los derechos de la periodista.
En los próximos días el Tribunal Superior de Bogotá se pronunciará de fondo sobre la tutela interpuesta por la FLIP.
El 18 de septiembre de 2019, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá se pronunció en primera instancia respecto de la acción de tutela interpuesta por la FLIP en representación de la periodista Claudia Julieta Duque contra la Juez 2° Penal de Bogotá.
La Sala Penal del tribunal declaró improcedente la acción de tutela por considerar que la periodista cuenta con otros mecanismos judiciales para proteger sus derechos fundamentales. Además, exhortó a la Juez 2° Penal "para que en el término máximo de 10 días se pronuncie respecto de la recusación" planteada en su contra en el proceso que adelanta contra el exfuncionario del DAS, Emiro Rojas. Esto con miras a que se defina lo antes posible el juez que deberá resolver el recurso de reposición interpuesto contra su decisión de prohibir a la periodista opinar respecto del proceso.
Sin embargo, La FLIP manifiesta su preocupación respecto de la parte considerativa de la sentencia toda vez que, a pesar de haber declarado la improcedencia de la decisión, se pronunció señalando que "la limitación impuesta por el juez accionado ofreció una justificación constitucional admisible".
Al respecto, la FLIP le recuerda al Tribunal que al declarar improcedente la acción de tutela debió abstenerse de hacer mención respecto del fondo del asunto en cuestión. Más importante aún, que ninguna limitación previa a la libertad de expresión es legalmente permitida en Colombia.
En el caso en concreto, la FLIP se abstendrá de impugnar el fallo de tutela a la espera de que se resuelva el recurso de reposición en contra de la decisión de la Juez 2° Penal. En caso que la decisión sea confirmada, la FLIP tomará las medidas judiciales necesarias para proteger los derechos fundamentales de la periodista Claudia Julieta Duque.
Las organizaciones Artículo 19, Círculo de Periodistas de Bogotá, Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), Fecolper, International Media Support (IMS), Reporteros Sin Fronteras y la Fundación para la Libertad de Prensa manifiestan su preocupación por el ambiente hostil en contra de Noticias Uno y su directora Cecilia Orozco.
Frente a esta situación, las organizaciones publicaron un comunicado conjunto con algunas consideraciones.
El Centro de Estudios de Libertad de Expresión de la FLIP anuncia el lanzamiento de Pautavisible.org, una herramienta para facilitar el acceso a información sobre los contratos que celebran las entidades públicas con los medios de comunicación.
Como punto de partida, el portal ofrecerá información de más de 427 contratos que en su conjunto tienen un valor superior a los ciento cuarenta mil millones de pesos; suscritos por 41 entidades públicas a nivel nacional y local, a lo largo del 2016 y el primer semestre del 2017. Pauta Visible hace el seguimiento a los objetos de los contratos, así como quienes lo celebran y los criterios de selección, entre otros datos.
Este micrositio se suma al trabajo que adelanta la FLIP hace más de diez años, cuando la Fundación inició las primeras investigaciones sobre el tema y se empezaban a discutir las presiones de entidades estatales sobre los medios a partir de la pauta como un mecanismo de censura indirecta. A lo largo de esta década hemos documentado y alertado sobre la forma en la que las entidades públicas adjudican los contratos de publicidad oficial en Colombia y su impacto en la libertad de expresión a nivel nacional y local.
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Este fenómeno ha desnaturalizado el propósito esencial de este tipo de publicidad: servir de canal de comunicación entre los organismos públicos y la ciudadanía sobre asuntos que a ésta última le interesan, como emergencias, campañas, subsidios o el acceso a derechos y servicios.
Los excesos y abusos que se cometen en la asignación de la publicidad oficial afectan a la libertad de prensa de manera generalizada en Latinoamérica y en otras regiones del mundo. En 2003, esta problemática fue denunciada como una forma de censura indirecta por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión. Desde entonces, organizaciones de libertad de prensa han reclamado atención pública sobre este asunto y han adelantado propuestas para revertir el efecto que esto tiene sobre el trabajo periodístico y el derecho a la información de los ciudadanos. Al respecto, un importante hito ocurrió en México días atrás, cuando La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó el proyecto con el que se obliga al Congreso mexicano a regular la publicidad oficial para evitar restricciones indirectas en el ejercicio periodístico.
Infortunadamente, el marco normativo y las prácticas colombianas en la asignación de publicidad privilegian la discresionalidad del sector público. Esta tradición no contempla principios de Libertad de Expresión, ni cuenta con mecanismos de denuncia cuando se presentan presiones ilegales y de censura en los contenidos.
El análisis de la información recogida por Pauta Visible permite establecer, al menos, seis patrones que contaminan la adjudicación de la pauta:
1) Existe un incumplimiento generalizado por parte de las entidades públicas frente a las obligaciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
2) En la amplia mayoría de los casos no existen criterios específicos y técnicos para la selección de contratistas.
3) Los objetos de los contratos no corresponden al objeto natural de la publicidad oficial.
4) Las entidades de Control no tienen herramientas para establecer si la asignación de publicidad oficial vulnera los estándares de libertad de expresión.
5) Los recursos de la publicidad oficial se ejecutan en buena medida por intermediarios, aumentando los costos para las entidades y generando opacidad sobre estos contratos.
6) La presión de estos contratos genera un impacto indirecto: la cultura de la autocensura.
La FLIP hace un llamado al Gobierno colombiano y a las entidades de control para que en materia de libertad de expresión prioricen esta problemática, a partir de un amplio debate nacional con los distintos actores del sector.
Este es un desafío de la democracia en Colombia que nos compete a todos, muestra de ello es que sectores tan opuestos en la deliberación pública coincidan en que debe ser abordado. Durante la pasada legislatura cursó un proyecto de ley del Centro Democrático que finalmente se archivó. El próximo escenario de discusión parece ser la implementación del punto 2 del acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC donde se plantea la regulación de la publicidad oficial. Con Pautavisible.org la FLIP espera aportar insumos para impedir que la publicidad oficial sea utilizada como un mecanismo de censura.
Con el ánimo de reforzar el análisis y la investigación sobre las condiciones para la libertad de prensa en Colombia, la FLIP creó el Centro de Estudios de Libertad de Expresión. Este grupo de investigación dentro de la FLIP cuenta con el apoyo y orientación de un grupo de expertos de distintos sectores de la academia.
En la más reciente edición del Premio y Festival Gabriel García Márquez, Fernando Alonso Ramírez recibió el Reconocimiento Clemente Manuel Zabala al editor ejemplar. Ramírez, editor de La Patria de Manizales, es corresponsal voluntario de la Red de Corresponsales de la FLIP desde hace más de 17 años y desde este año es el presidente del Consejo Directivo de la Fundación. A continuación, una transcripción del discurso que ofreció durante la premiación del viernes 29 de septiembre en el Orquideorama del Jardín Botánico de Medellín:
Buenas noches,
La vida es mucho más fácil cuando se camina sobre hombros de gigantes, y a mí me han sobrado hombros para apoyarme, por fortuna, como los de mi esposa, la que me recuerda que al regresar a casa siempre encontraré Esperanza. Y, por supuesto, mi hija, Valeria, el motor que desde que crecía en el vientre de su madre ya movía mi mundo con solo un dedo.
Y en hombros me lleva Orlando Sierra Hernández, mi jefe asesinado hace 15 años por el poder político sicarial que mandaba en Caldas. Este es el único caso en Colombia del asesinato de un periodista en el que se ha condenado a toda la cadena criminal. Falta que se pronuncie la Corte Suprema de Justicia para saber si se quedará así definitivamente o engrosará las listas de impunidad en nuestro país. Ya veremos. Igual nada nos devolverá el inteligente humor de Orlando.
A él y a ustedes les debo presentar excusas por estar aquí y por haber mojado prensa durante esta semana. Mi editor interno me recordó una y otra vez que “los periodistas no son noticia”, tal como reza el Manual de Trabajo Periodístico de La Patria, por lección de Orlando. Para superarlo, me engañé con un cuentazo de cronista: no es protagonismo, es perspectiva de autor. Así llaman ahora al yoísmo, terminacho con el que designo esa necesidad de algunos periodistas por hacernos creer que las cosas son importantes porque ellos se meten a contaminar la historia. A mí no me vengan con ese cuentazo.
Cuando me llamaron a darme la noticia: que el jurado había seleccionado mi nombre para recibir este reconocimiento, no pude evitar darme cuenta de que ese 21 de septiembre él cumpliría 57 años. Él debería estar aquí antes que yo recibiendo el homenaje que nunca tuvo en vida, como los tantos que ha tenido tras su asesinato. Yo, apóstata, convencido de que no se puede tener por cierto nada que no se pueda comprobar por el método científico, tengo que reconocer la magia de Orlando en todo esto. No en vano, su nombre bautiza en La Patria la sala en la que los periodistas libramos a diario batallas campales en el consejo de redacción en busca de un mejor producto. Confiamos en su magia y en las lecciones que repetimos como mantras.
En 1995 recibí una beca de la FNPI para asistir a un taller de reportaje. No estaba programado con Gabriel García Márquez, pero él lo dictó. Escuché de su voz, y lo vi simular con sus manos, esta anécdota: cuando llegó a El Universal, en Cartagena, Clemente Manuel Zabala le corregía de una manera sencilla. Le tachaba todos los renglones escritos y encima de las enmendaduras escribía con corrección.
Nos contó entonces García Márquez que él se fijaba en las correcciones y las iba teniendo en cuenta. Así, cada vez las enmendaduras eran menos, hasta lograr textos limpios. Siempre les cuento esta enseñanza a mis alumnos, porque me funciona. Fijarme en las correcciones que me hacen es una buena forma de soñar con el ideal de un texto limpio.
El último día del taller, García Márquez tomó el trabajo que yo había enviado. El bueno, el de mostrar. ¿Recuerdan que había que enviar uno bueno y uno malo? Claro, uno nunca enviaba el más malo. Empezó a leerlo y terminó con una frase concluyente: “esta es una excelente investigación”. Mi ego subió más que si me hubiera ganado el reconocimiento Clemente Manuel Zabala, y continuó: “pésimamente escrito”.
Ese día él me entrevistó, largo, sobre el reportaje mal escrito, con el fin de ayudarme a encontrar el camino para reescribirlo. Me puso a habilitar. Que lo volviera a escribir y se lo enviara. Les confieso, le incumplí, pero aprendí a revisar mis errores cada día. Y corrigiéndome corrijo a otros, no siempre con éxito. Que lo digan los lectores de La Patria, que nos envían a diario los gazapos que se encuentran en la maraña de las letras impresas, pero tengan la certeza que no lo hacemos a propósito como muchos piensan. Trabajamos cada día por un periódico más riguroso en el quehacer periodístico y más limpio en la gramática y la ortografía.
Volví a la Fundación en 1998, a una reunión de directores de medios, a la que me colé, gracias a que el director de La Patria de entonces, Luis Felipe Gómez -maestro y mentor- no podía asistir. En ese encuentro conocí a María Teresa Ronderos y a Ignacio Gómez, quienes me llevaron de su mano a colaborar con la Fundación para la Libertad de Prensa, en donde me han formado en estas lides y me dieron alas para ser un activista.
La Flip ha sido mi casa desde entonces. Esta semana celebramos el encuentro de corresponsales, aquí en Medellín, y estoy seguro que al recibir hoy este reconocimiento se está rindiendo homenaje a ese grupo de valientes. Yo solo los represento, este año desde la Presidencia, debido a lo mucho que me quiere la gente. Era impensable hace unos años, que se tuviera un presidente de la Flip que vive en una ciudad pequeña como Manizales y de un medio modesto como La Patria.
Y gracias a la Flip conocí a otras personas. Carlos Huertas me invitó a ser parte de un grupo para promover el periodismo de investigación en Colombia y acepté. Consejo de Redacción, la organización que mi maestra Ginna Morelo, y a quien presuntuoso llamo mi mejor amiga, ha hecho grande. CdR está compuesto en su mayoría por periodistas regionales que pagan una mensualidad con el único fin de capacitarse y de mejorar la información periodística en el país.
La Flip y Consejo de Redacción no serían lo que son, si no fuera por los periodistas de región. Y yo estoy aquí simplemente en nombre de todos esos periodistas que se la juegan a diario en sus regiones para informar a sus coterráneos. De todos esos a quienes ningunean desde Bogotá, de esos corresponsales a los que sus jefes no les creen, de esos que quedan en riesgo por su medio cuando un irresponsable enviado especial vuelve a la comodidad de las capitales y suelta cualquier barbaridad sin reflexión previa. En nombre de un país sometido a lo que he llamado el provincianismo a la inversa, que no es otra cosa que ese talento natural que tienen la mayoría de medios nacionales de sentar cátedra de las regiones con base en la mirada de su propio ombligo.
A esto, súmenle los desplantes que se reciben en despachos públicos: “tiene que pedir esa información por Bogotá”. Además de la pésima gramática, esa muletilla oficial demuestra el Bogocentrismo colombiano. O cuando un alto funcionario va a tu región y todos esperamos que resuelva los asuntos pendientes de su cargo allí, pero él se lleva encamado un séquito de periodistas capitalinos a los que les habla de otras cosas. Y si acaso el corresponsal de región puede preguntar se verá obligado a hacerlo sobre lo que le ordenan desde Bogotá porque lo que interesa es su declaración sobre un tema nacional y no la acción o la denuncia de una inversión pendiente en un departamento.
Una buena manera de superar mis carencias han sido los libros. No alcanzo a leer los deseados. Si algo no lo entiendo, busco un libro que me lo explique; si estoy cansado, leo un libro que me divierta; si tengo tiempo libre, leo poesía. Pierdo la cuenta de la cantidad de libros que me han hecho mejor en este oficio. Los subrayó y los comparto, son mi mayor vicio. A ellos llegué inspirado por Fernando y Margarita, mis papás, que todavía viven en la república independiente de Pensilvania, mi pueblo. Ellos dos nos inculcaron a hijos y familia muchos valores, de los cuales resalto tres: honestidad, responsabilidad y solidaridad.
Honestidad es lo que intento lograr en cada información, solidaridad es la que me mueve a aportar algo, desde el voluntariado, a organizaciones como la Flip, como Consejo de Redacción y como Estoy con Manizales, grupo ciudadano para pensar la ciudad. Pero quiero hablarles de la responsabilidad, la que me permitió salir adelante, porque es en acatamiento de este valor que he podido ir superando todas mis carencias. Para que un reportaje saliera bien, yo tenía que madrugar más; si mi sección era chiviada, tenía que buscar la manera de encontrar un nuevo ángulo y me costaba mucho, y aún me cuento entre los primeros que entra a la oficina y entre los últimos que salen. No tengo mucho que enseñar, pero de lo que se acuerdan todos aquellos que han laborado conmigo es que nunca dejé tirado un trabajo y es ese ejemplo el único que me siento en capacidad de dar.
Cuento estas anécdotas, porque de alguna manera hoy, al lograr este reconocimiento se confirma el esfuerzo que ha hecho durante 22 años la Fundación García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano. Si estoy aquí, parado frente a ustedes, para recibir este galardón, es gracias a las entidades que se han preocupado por hacer de mí un periodista menos mediocre.
En La Patria, el periódico de casa, que hoy es además web e informativo radial, todos los que salimos a aprender en talleres como los de estas organizaciones, tenemos el permiso, siempre y cuando asumamos el compromiso de replicar lo aprendido. Esto se hace en el consejo de redacción, que debe ser siempre una tertulia en la que aporta el practicante más joven o el más veterano editor. Y por si acaso no se puede en este espacio, también tenemos una tertulia informal cada miércoles a las 5:30 de la tarde. Están invitados.
Eso es la escuela de La Patria, un lugar en el que aprendemos cada día a hacer un mejor periodismo entre todos, desde que se inició un cambio, que no ha parado, a comienzos de los años 90. Una redacción pequeña con ínfulas, llena de periodistas con la ambición de contar buenas historias y en la que yo apenas soy un coequipero al que el director que nos ha dejado hacer, Nicolás Restrepo, le dio la confianza de coordinarla y permitir varias locuras. Gracias por eso, jefe.
A mis pupilos, que han traído mi nombre a este premio, gracias. Son ellos los que me han graduado como editor y como profesor en la Universidad de Manizales, en donde me sufren. Nunca me preparé para ser jefe, pero las circunstancias determinaron que me convirtiera en eso, como nos pasa a casi todos los editores en Latinoamérica. He tratado de hacerlo de la manera más decorosa posible, y sé que en mi aprendizaje se me fue la mano muchas veces. Repartí más garrote del necesario. A todos con los que en algún momento me excedí, aprovecho aquí para pedirles que me perdonen y sepan que cada día me esfuerzo por repartir menos ‘madrazos pedagógicos’, como los definió un pupilo, y por ser más paciente, lo que tanto me cuesta.
A María Teresa Ronderos, mi guía; a Mónica González, mi maestra en el periodismo de investigación; y a Germán Rey, una inspiración para entender los meandros de la comunicación, gracias por su generosidad. Ustedes y quienes me postularon son la prueba de que soy el producto de la gente que me quiere mucho más de lo que merezco y que hoy encontrará motivos para quererme más.
Gracias.
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