Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP

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El 6 de diciembre, Marco Schwartz, director de El Heraldo, le informó a Catalina Ruíz-Navarro que cerrarían el espacio que la periodista tenía en el periódico. Esta decisión fue comunicada a través de un correo electrónico, enviado por Schwartz a la periodista, en el que no se dan explicaciones sobre el motivo de la decisión.

La comunicación vino después de una primera decisión de El Heraldo de no publicar una columna escrita por Ruíz-Navarro. En ésta, la columnista cuestionaba que durante un programa emitido por la emisora Olímpica Stereo el 19 de noviembre, día de la consulta del Partido Liberal, los locutores estuvieran haciendo un llamado al abstencionismo. Recuérdese que la emisora es de propiedad de la familia de Alejandro Char, alcalde de Barranquilla, quien hace parte del partido Cambio Radical.

Luego de que la periodista informara a la FLIP que El Heraldo había decidido no publicar su columna, la Fundación envió una carta a Schwartz en la que argumentaba que, si bien el medio de comunicación es autónomo sobre qué contenidos publicar, preocupaba que la decisión pudiera provocar el silenciamiento de opiniones críticas sobre asuntos de interés público. Hasta el momento, la FLIP no ha recibido ninguna respuesta por parte de El Heraldo.

En relación con la nueva decisión del El Heraldo, la FLIP se permite compartir las siguientes reflexiones. Si bien la Fundación reconoce la autonomía que tiene El Heraldo de prescindir del trabajo de sus colaboradores, preocupa que decisiones como esta puedan buscar censurar opiniones críticas de ciertas personas o instituciones cercanas al propio medio de comunicación. Además, la determinación de El Heraldo también puede ser un mensaje para otros periodistas del medio sobre temas vedados. Para la FLIP es preocupante esta situación pues indica lo difícil que podrá ser el libre flujo de ideas e información en el departamento del Atlántico de cara a las elecciones presidenciales y legislativas del próximo año.

Es importante señalar que los medios de comunicación también deben actuar como garantes de la libertad de expresión. Sin embargo, estas determinaciones debilitan el debate público y el pluralismo de opiniones que deben caracterizar a un medio y a un país democrático.

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El Centro de Estudios de Libertad de Expresión de la FLIP anuncia el lanzamiento de Pautavisible.org, una herramienta para facilitar el acceso a información sobre los contratos que celebran las entidades públicas con los medios de comunicación.

Como punto de partida, el portal ofrecerá información de más de 427 contratos que en su conjunto tienen un valor superior a los ciento cuarenta mil millones de pesos; suscritos por 41 entidades públicas a nivel nacional y local, a lo largo del 2016 y el primer semestre del 2017. Pauta Visible hace el seguimiento a los objetos de los contratos, así como quienes lo celebran y los criterios de selección, entre otros datos.

Este micrositio se suma al trabajo que adelanta la FLIP hace más de diez años, cuando la Fundación inició las primeras investigaciones sobre el tema y se empezaban a discutir las presiones de entidades estatales sobre los medios a partir de la pauta como un mecanismo de censura indirecta. A lo largo de esta década hemos documentado y alertado sobre la forma en la que las entidades públicas adjudican los contratos de publicidad oficial en Colombia y su impacto en la libertad de expresión a nivel nacional y local.

Vea el libro País lejano y silenciado

Vea el multimedia Fuera del aire

Este fenómeno ha desnaturalizado el propósito esencial de este tipo de publicidad: servir de canal de comunicación entre los organismos públicos y la ciudadanía sobre asuntos que a ésta última le interesan, como emergencias, campañas, subsidios o el acceso a derechos y servicios.

Los excesos y abusos que se cometen en la asignación de la publicidad oficial afectan a la libertad de prensa de manera generalizada en Latinoamérica y en otras regiones del mundo. En 2003, esta problemática fue denunciada como una forma de censura indirecta por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión. Desde entonces, organizaciones de libertad de prensa han reclamado atención pública sobre este asunto y han adelantado propuestas para revertir el efecto que esto tiene sobre el trabajo periodístico y el derecho a la información de los ciudadanos. Al respecto, un importante hito ocurrió en México días atrás, cuando La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó el proyecto con el que se obliga al Congreso mexicano a regular la publicidad oficial para evitar restricciones indirectas en el ejercicio periodístico.

Infortunadamente, el marco normativo y las prácticas colombianas en la asignación de publicidad privilegian la discresionalidad del sector público. Esta tradición no contempla principios de Libertad de Expresión, ni cuenta con mecanismos de denuncia cuando se presentan presiones ilegales y de censura en los contenidos.

El análisis de la información recogida por Pauta Visible permite establecer, al menos, seis patrones que contaminan la adjudicación de la pauta:

1) Existe un incumplimiento generalizado por parte de las entidades públicas frente a las obligaciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

2) En la amplia mayoría de los casos no existen criterios específicos y técnicos para la selección de contratistas.

3) Los objetos de los contratos no corresponden al objeto natural de la publicidad oficial.

4) Las entidades de Control no tienen herramientas para establecer si la asignación de publicidad oficial vulnera los estándares de libertad de expresión.

5) Los recursos de la publicidad oficial se ejecutan en buena medida por intermediarios, aumentando los costos para las entidades y generando opacidad sobre estos contratos.

6) La presión de estos contratos genera un impacto indirecto: la cultura de la autocensura.

La FLIP hace un llamado al Gobierno colombiano y a las entidades de control para que en materia de libertad de expresión prioricen esta problemática, a partir de un amplio debate nacional con los distintos actores del sector.

Este es un desafío de la democracia en Colombia que nos compete a todos, muestra de ello es que sectores tan opuestos en la deliberación pública coincidan en que debe ser abordado. Durante la pasada legislatura cursó un proyecto de ley del Centro Democrático que finalmente se archivó. El próximo escenario de discusión parece ser la implementación del punto 2 del acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC donde se plantea la regulación de la publicidad oficial. Con Pautavisible.org la FLIP espera aportar insumos para impedir que la publicidad oficial sea utilizada como un mecanismo de censura.

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Con el ánimo de reforzar el análisis y la investigación sobre las condiciones para la libertad de prensa en Colombia, la FLIP creó el Centro de Estudios de Libertad de Expresión. Este grupo de investigación dentro de la FLIP cuenta con el apoyo y orientación de un grupo de expertos de distintos sectores de la academia. 

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En la sentencia T-063 de 2017, la Corte Constitucional ordenó la eliminación de un blog anónimo de la plataforma Blogger. Esta decisión generó muchas preocupaciones por las repercusiones que podría traer para la libertad de expresión de los colombianos en internet. 

Tras la decisión, Google INC y Google Colombia presentaron un incidente de nulidad que se encuentra actualmente en trámite en la Corte Constitucional. Distintas organizaciones y ciudadanos han presentado intervenciones en el caso.

A continuación se encuentran las intervenciones presentadas por: 

  1. La FLIP
  2. Catalina Botero y Carlos Cortés
  3. La Fundación Karisma y el Centro de Internet y Sociedad de la Universidad del Rosario - ISUR
  4. Access Now
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El 8 de noviembre de 2017, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) presentó una intervención ante la Corte Constitucional en relación con la acción de nulidad presentada por Google contra una sentencia de esa misma corte (T-063A de 2017) en la que se ordena que dicha empresa elimine un blog anónimo de la plataforma Blogger.

La decisión que tome la Corte sobre este caso traerá repercusiones importantes para la libertad de expresión de los colombianos en internet. Aspectos como la capacidad de realizar publicaciones anónimas en la red y el debido proceso de las personas que hacen dichas publicaciones, entre otras cosas, son el eje central de este caso. De acuerdo a lo que se decida, se podría afectar el uso de pseudónimos, como lo hacen varios caricaturistas, columnistas, defensores de derechos humanos y personas interesadas en difundir y discutir asuntos de interés público.

La sentencia que Google busca que sea anulada, publicada en septiembre de este año, trae razonamientos y órdenes preocupantes para la libertad de expresión. La Corte Constitucional consideró que la persona que interpuso la tutela no tenía forma de defenderse contra un anónimo. Basada en esto y en el argumento de que el contenido era difamatorio, deshonroso y calumnioso contra el demandante y su empresa, la Corte Constitucional consideró Google debía eliminar el blog. Además de esto, la Corte determinó:

  1. Ordenar que Google Inc. y Google Colombia Ltda. se registren como proveedores de servicios de telecomunicaciones en el registro del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MINTIC).

  2. Exhortar al MINTIC a establecer “una regulación nacional con miras a lograr la protección de los derechos de los usuarios de Internet, especialmente en lo que tiene que ver con publicaciones abusivas, difamatorias, deshonrosas, calumniosas e injuriantes, que atenten contra el honor de las personas en Internet”.

  3. Adviertir a Google que, en casos de blogs anónimos publicados en Blogger.com que publiquen contenido difamatorio, Google “deberá a proceder a eliminar el contenido denunciado sin exigir una orden judicial previa”. Es decir, es Google - y no un juez - quien debe decidir qué contenidos son o no son difamatorios y proceder a eliminar los blogs.

El caso

El señor John William Fierro, propietario de “Muebles Caqueta”, interpuso una acción de tutela en contra Google Inc. y Google Colombia Ltda. porque se negaron a borrar un blog anónimo publicado en Blogger.com (servicio de blogs de Google) titulado “No compren en Muebles Caquetá!”. El blog, publicado de manera anónima, decía que la empresa de muebles estafaba a sus clientes, argumentando que solicitaban adelantos y que luego no entregaban los trabajos solicitados y agregando: “Por favor divulgan (sic) este mensaje para evitar que mas (sic) personas sean estafadas”.

El señor Fierro solicitó a Google Inc. la eliminación del contenido, al considerar que las acusaciones era infundadas y que, en consecuencia, se vulneraba su honra y su buen nombre. Sin embargo, Google respondió que el contenido publicado no era inapropiado y que sólo lo retiraría mediante una orden judicial que así lo ordene. En consecuencia, el señor Fierro interpuso una acción de tutela que fue negada en primera instancia, sin que ninguna de las partes apelara el fallo.

Preocupaciones

La Corte Constitucional está creando nuevas reglas que limitan la libertad de expresión en Internet más allá de lo establecido en la ley y completamente alejadas a su jurisprudencia sobre este derecho fundamental. Entre las principales preocupaciones se encuentran:

  1. La Corte desconoce su propio precedente en cuanto a las reglas que deben aplicarse para determinar si un tipo de contenido debe limitarse o si debe ser protegido. Aunque la Corte ha desarrollado pasos y criterios para hacer esta evaluación, estas reglas no han sido aplicadas. La Corte debía evaluar la proporcionalidad de la eliminación del contenido y ponderar los derechos alegados por el demandante junto con el interés que pueda haber en la publicación del condenido.

  2. Si bien la Corte no exige que se revele quién es la persona detrás de los comentarios, cosa que es buena para la libertad de expresión, sí parece darle menor protección a este tipo de discursos. Sorprende que mientras Google solicita una orden judicial como requisito necesario para limitar la libertad de expresión anónima en Internet, la Corte quiera eliminar el fuero que la Constitución exige y, en cambio, entregar esta tarea a una empresa extranjera. La Corte advierte a Google que, en caso de discursos anónimos, es Google quien debe tomar la decisión de si ellos son difamatorios, y, en caso de serlo, deberá proceder a borrarlos. Es decir, no se requiere la intervención de un juez calificado que pueda hacer una ponderación de derechos, de acuerdo con los estándares de protección de la ley colombiana y la jurisprudencia nacional e interamericana. En consecuencia, desconoce el derecho a acceder a un juez y el derecho de defensa, garantías del derecho al debido proceso.

  3. La decisión que toma la Corte de exhortar al MINTIC a que regule sobre el tema desconoce principios básicos de la constitución. El ejecutivo no está facultado para regular aspectos esenciales de derechos fundamentales como la libertad de expresión o la honra y el buen nombre. Estos son aspectos que le corresponden al Congreso. Mientras que una regulación del ejecutivo es unilateral, las leyes del Congreso son aprobadas a partir de mayorías y con el cumplimiento de unos mínimos de debate público.

  4. Por último, se destaca que la Corte Constitucional está tomando decisiones relacionadas con la libertad de expresión y otros derechos en internet sin consultar a personas con experiencia y conocimiento en los debates a nivel internacional. Peor aún, causa mucha preocupación que la sentencia de la Corte Constitucional se limita a citar unas sentencias de otros países, sin siquiera ocuparse de examinar su contenido y si este es aplicable en el derecho colombiano. Asuntos como los que se tratan en este caso, a pesar de ser novedosos, cuentan con una amplia discusión a nivel global y requieren de un análisis más detallado.

La FLIP espera que la Corte Constitucional tome en cuenta los argumentos presentados por la fundación y por otras organizaciones y expertos que han presentado escritos en los últimos días. Es la oportunidad para que la Corte recupere su rol protagonista como defensora de la libertad de expresión.

Vea la intervención que presentó la FLIP a la Corte Constitucional.

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La Policía Nacional de Colombia en el marco del Proceso de Modernización y Transformación Institucional (MTI) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) anuncian la creación conjunta del curso “Libertad de prensa y función policial en Iberoamérica”.

A través de esta alianza asesorada y acompañada por la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), se creará una plataforma virtual y en línea, para capacitar masivamente a miembros de la Policía Nacional de Colombia y de otros cuerpos policiales del continente en estándares internacionales de acceso a la información, libertad de pensamiento y de expresión. 

El pasado 13 de septiembre, miembros de la Policía Nacional de Colombia que incluyen al señor GENERAL CARLOS MENA BRAVO – Inspector General de la Institución Policial, a la señora Coronel MARTHA LIGIA HERRERA BETANCOURTH - Jefe Área de Derechos Humanos y a funcionarios adscritos a la Dirección Nacional de Escuelas de la Institución, se reunieron con el señor GUILHERME CANELA - Consejero de Comunicación e Información para el Mercosur de la Unesco, y con el señor PEDRO VACA, Director Ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa – FLIP, para formalizar su compromiso de realizar el curso. 

Los asistentes a la reunión reiteraron la necesidad de contar con una plataforma digital de enseñanza de libertad de expresión que sea de fácil acceso para integrantes de la Policía Nacional en todo el país y cuya experiencia pueda ser replicable masivamente en otros países de la región. En palabras del General Mena, este programa “busca del mejoramiento continuo para ser una Policía más humana, íntegra, disciplinada, innovadora y efectiva en su gestión”. Así mismo, en la reunión se definió el cronograma para el diseño del material pedagógico y la implementación de las herramientas en la plataforma.  

Este 28 de septiembre, Día Internacional por el Derecho de Acceso Universal a la Información, la UNESCO, la Policía Nacional de Colombia y la FLIP reafirman su interés en continuar trabajando en la generación de garantías para la actividad periodística y en reforzar el rol de garantes de la libertad de prensa.

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La FLIP expresa su preocupación por la situación en la que resultó afectada la periodista Gina Rojas, a quien las directivas del periódico Extra de Boyacá le solicitaron su renuncia por no hablar bien de la gestión del gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya.

El pasado 18 de julio, Rojas, para ese momento editora del periódico, publicó una entrevista al precandidato presidencial por el Centro Democrático, Rafael Nieto. La periodista le preguntó cómo calificaba el gobierno de Amaya, a lo que el precandidato respondió: “Malo, porque ofrece y no cumple, porque tiene problemas de corrupción”. Después de la publicación de este artículo, la editora recibió una serie de presiones por parte del medio: le enviaron un memorando con copia a la hoja de vida, solicitaron su renuncia, le hicieron un proceso de descargos y la descendieron de su cargo de editora general a reportera. Rojas, el pasado 29 de julio, envió al medio su renuncia.

En el memorando, firmado por Hernando Suárez Burgos, director del grupo editorial El Periódico, se puede leer: “Se les había manifestado la ayuda total y directa al gobernador Carlos Andrés Amaya (…) por lo tanto debe salir una noticia semanal de todo lo que está haciendo. En ningún momento criticando de él o de su gobernación”. La FLIP se comunicó con las directivas del medio en Boyacá quienes confirmaron todos los hechos.

Con esta decisión el diario El Extra se aparta de los valores de independencia de los medios de comunicación con respecto al Estado e impone una orden que va en contra de la vocación democrática de la libertad de prensa. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que “es fundamental que los periodistas que laboran en los medios de comunicación gocen de la protección y de la independencia necesarias para realizar sus funciones a cabalidad, ya que son ellos quienes mantienen informada a la sociedad, requisito indispensable para que ésta goce de una plena libertad y el debate público se fortalezca”.

Si bien los medios de comunicación tienen plena libertad de definir sus líneas editoriales, lo sucedido sí es reprochable desde una perspectiva de libertad de prensa por dos razones. La primera es constatar que un medio de comunicación local, en regiones con una oferta de medios limitada, asigne consecuencias graves a sus periodistas en materia laboral como instrumento para proteger la “ayuda total y directa al Gobernador”, como reza el memorando.

La segunda, porque estas instrucciones de favorecer y no criticar a un gobernante deben ser anunciadas con transparencia a las audiencias. Los ciudadanos tienen derecho a conocer que un determinado medio de comunicación ha dado la instrucción de favorecer a un gobernante. Existe un pacto tácito entre medios y audiencias basado en la confianza de los ciudadanos en que tanto los periodistas como los medios proporcionarán de manera imparcial información sobre asuntos de interés público. La decisión de proteger a un gobernante se escapa de la esfera del periodismo y entra en el terreno de la propaganda. Eso es algo que los ciudadanos tienen derecho a saber.

Esta no es una situación exclusiva del Diario El Extra ni limitada al departamento de Boyacá. De manera informal es común que los periodistas comenten que este tipo de situaciones se presenten a nivel nacional. Sin embargo, por los intereses en juego y la estabilidad laboral, no es fácil documentar los casos con detalle. Es en definitiva un asunto autocensurado que afecta el derecho a la información de los ciudadanos.

La FLIP lamenta que el diario El Extra de Boyacá prefiera conservar sus buenas relaciones con el gobernador en perjuicio de la autonomía de sus periodistas y del derecho a la información imparcial de los ciudadanos boyacenses.

Esta situación se agudiza si tenemos en cuenta que el señor Hernando Suárez Burgos es dueño de 23 medios de comunicación en distintas regiones del país. Por esta razón la FLIP invita al señor Suárez Burgos a indicar con cuáles administraciones tiene una afinidad similar a la que defiende con respecto al Gobernador de Boyacá.

Vea abajo el memorando, el proceso de descargos, la notificación del cambio de cargo, la carta que dirigió Rojas al área de personal para pedir explicaciones por el cambio de cargo y la carta de renuncia de la periodista.

*El Gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya, se pronunció frente a este caso el 1 de agosto. (Vea aquí el comunicado.)

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Washington, D.C. – La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su preocupación por los recientes episodios de estigmatización y violencia contra periodistas en Colombia e insta al Estado a fortalecer las medidas integrales de prevención, protección y procuración de justicia en estos casos.

De  acuerdo con la información disponible, el 5 de junio de 2017 el subsecretario del senado Saúl Cruz denunció ante el plenario del Congreso haber sido víctima de una agresión del equipo reporteril del noticiero Noticias Uno. El equipo se encontraba cubriendo las elecciones a magistrados de la Corte Constitucional de ese país. Varios senadores tomaron por cierta la denuncia y plantearon la necesidad de investigar los hechos y establecer sanciones penales en contra los reporteros. La senadora Rosemary Martínez, del partido Cambio Radical, habría ordenado "que se haga una investigación […] sino va a venir el ELN disfrazado de doctor y nos va a masacrar en este Congreso". Posteriormente, videos y testimonios revelaron que el subsecretario habría fingido la agresión física. La Procuraduría General de la Nación habría iniciado una investigación disciplinaria y ordenado la suspensión de Saúl Cruz por tres meses de su cargo.

Posteriormente, de acuerdo con la información recibida, el 19 de junio los periodistas holandeses Derk Johannes Bolt y Eugenio Ernest Marie fueron secuestrados en el norte del Departamento de Santander por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Los periodistas fueron  liberados el día 24 del mismo mes y entregados a una comisión de la Defensoría del Pueblo de Colombia.

Según la información recibida, el 14 de julio, el ex presidente y hoy senador Álvaro Uribe, a través de su cuenta en Twitter, acusó al periodista de la Revista Semana Daniel Samper Ospina de ser "violador de niños". En una columna posterior el senador colombiano ratificó su afirmación anterior e indicó que "el referido periodista maltrató a una niña de tres meses de nacida, hizo asociación pública de su nombre con drogas ilícitas, y atentó contra la honra de su madre y de su familia". Las acusaciones contra Samper fueron rechazadas a través de diversos comunicados de prensa por la Federación de Periodistas de Colombia (FECOLPER), la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y mediante una carta pública firmada por reconocidas personalidades, juristas y periodistas del país. Los distintos pronunciamientos alertaron sobre la falta de fundamento de las acusaciones y repararon además en el riesgo que suponían para el comunicador.

Días previos, la periodista Claudia Gurisatti, directora de Noticias RCN y de NTN24, denunció haber sido víctima de una campaña de hostigamiento a través de redes sociales, que podría poner en riesgo su integridad personal.

La situación de la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo en Colombia fue objeto de una audiencia pública en el marco del 163 periodo de sesiones de la CIDH celebrado en Lima, Perú. En esta audiencia la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH recibió información por parte de organizaciones de la sociedad civil y del Estado colombiano sobre este tema. En particular, la sociedad civil afirmó que, si bien durante 2016 no se registraron asesinatos contra periodistas en el país, persistían otras formas de agresiones, como secuestros, presiones indebidas, hostigamiento, y declaraciones estigmatizantes.  Por su parte, el Estado ratificó su compromiso con la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo en Colombia e informó sobre las medidas adoptadas para fortalecer los mecanismos de protección e investigación existentes.

La Relatoría Especial recuerda al Estado colombiano que tiene la obligación de prevenir, proteger, investigar y sancionar la violencia ejercida contra periodistas, y en particular, de aquellos que hayan sido objeto de intimidación, amenazas u otro acto de violencia. La obligación de prevenir, supone – entre otras- la de adoptar un discurso público que contribuya a prevenir la violencia contra periodistas, lo cual "requiere que los funcionarios públicos se abstengan de realizar declaraciones que expongan a periodistas y trabajadores de medios de comunicación a un mayor riesgo de actos de violencia". En este sentido, los funcionarios públicos deben promover de manera activa el pluralismo y la tolerancia propios de una sociedad democrática.

En la Resolución AG/RES. 2908 (XLVII-O/17), aprobada por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos en el marco de su cuadragésimo séptimo período ordinario de sesiones, los Estados miembros de la Organización reafirmaron que "la actividad periodística debe ejercerse libre de amenazas, agresiones físicas o psicológicas u otros actos de hostigamiento", e instaron a implementar medidas integrales de prevención, protección y procuración de justicia en esta materia.

El principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH, aprobada en el año 2000, establece que "[e]l asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada".

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina creada por la CIDH a fin de estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, considerando su papel fundamental en la consolidación y el desarrollo del sistema democrático.

Vea aquí el comunicado de la RELE.

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Como parte del periodo 163 de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH- la Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- participó en la audiencia pública sobre libertad de expresión a la que estaba citada el Estado colombiano. La sesión se realizó en la mañana del miércoles 5 de julio en Lima, Perú y había sido solicitada por la FLIP.

En la audiencia, la FLIP expuso un panorama de las agresiones más graves que ha sufrido el periodismo entre 2016 y lo corrido de este año. Un recuento que, más allá de las cifras, evidencia las omisiones del Gobierno colombiano para proteger a los periodistas, investigar y procesar a los agresores, evitar las violaciones a la libertad de prensa y garantizar el acceso a la información, entre otras acciones.

 

Los constantes secuestros en el Catatumbo, en el Norte de Santander, son solo el reflejo de las muchas zonas en las que el Gobierno no puede garantizar la seguridad de los periodistas. Y en otras regiones donde sí hay presencia del Estado, muchos funcionarios, en vez de cumplir con su obligación de garantes de la libertad de prensa, atacan o estigmatizan periodistas para entorpecer su trabajo. Desde el comienzo de 2016 a la fecha, 71 funcionarios públicos han agredido a la prensa y la ausencia de correctivos es la constante.

La Fuerza Pública también se encuentra en el top 3 de los agresores identificados más frecuentes. En menos de dos años la FLIP ha registrado 13 agresiones, 12 obstrucciones al trabajo periodístico, 5 amenazas, 4 detenciones ilegales y en 2 ocasiones han eliminado el material de trabajo de los reporteros.

Uno de los casos más recientes lo protagonizó el Comando General de las Fuerzas Militares cuando citó a la periodista Maritza Aristizábal, de Noticias RCN, para que revelara una fuente. El Comando se retractó al día siguiente de haber hecho la citación, pero las presiones que sufrió el equipo del Canal RCN durante esas semanas reflejan el débil respeto de las más altas esferas del Estado hacia los derechos que rodean el trabajo periodístico. 

Las tareas pendientes

Todo este panorama se condensa en una larga lista de tareas pendientes para el Estado colombiano. En la audiencia, la FLIP lamentó la ausencia del Ministerio de las TIC en el encuentro. Adicionalmente, la Fundación se dirigió:

A la Fiscalía: para pedir diligencia en las investigaciones de los crímenes contra la prensa, avanzar en la priorización de casos con miras a procesar a los responsables y reducir los índices de impunidad. Además, es necesario que esta entidad se comprometa con la reestructuración del Programa de protección a periodistas para que este funcione de manera integral y preventiva.

A la Procuraduría: para que adelante las investigaciones de todos los funcionarios públicos que han atentado contra la prensa y comuniquen los avances de estos procesos. Además, en su papel como garante de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Procuraduría debe informar y corregir las infracciones a esta norma.

Al MinTIC (a través de la Cancillería): para que adjudique las frecuencias radiales en las regiones más apartadas del país. Muchos de estos procesos están congelados desde 2005.

Al Gobierno y entes descentralizados: para que informe cómo se implementarán los puntos del Acuerdo Final que involucran a los medios de comunicación. La FLIP pidió al Gobierno a que se comprometa con el pluralismo para que se adjudiquen las radios comunitarias a las que se compromete el acuerdo en las regiones que más lo necesitan.

¿Quienes asistieron?

La Fundación para la Libertad de Prensa asistió en representación de la sociedad civil. Vivian Newman, subdirectora de Dejusticia e integrante de la junta directiva de la FLIP, y Pedro Vaca Villarreal, director de la Fundación, expusieron las amenazas que enfrenta la libertad de prensa en el país y dirigieron preguntas y solicitudes tanto a la Comisión como a distintas entidades del Estado.

En representación del Estado asistieron Luz Angélica Mariño, asesora de la Fiscalía General de la Nación; Diego Mora, director de la Unidad Nacional de Protección; Viviana Ferro, subdirectora de la Unidad de Atención y Reparación Integral de las Víctimas; y la Cancillería colombiana.

En la mesa de la Comisión se encontraban los comisionados José de Jesús Orozco Henríquez, Margarette May Macaulay (Presidenta), Paulo Vannuchi, James L. Cavallaro y el Relator Especial de Libertad de Expresión Edison Lanza.

Vea la audiencia completa aquí:

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La Fundación Para la Libertad de Prensa (FLIP) condena las agresiones del subsecretario del senado y senadores de la República en contra de Noticias Uno.

El jueves 1 de junio el periodista Eduardo López Hooker, acompañado de un camarógrafo de Noticias UNO, cubría la sesión en el senado para elegir un magistrado para la Corte Constitucional. Durante la sesión, el subsecretario del Senado, Saúl Cruz, simuló ser golpeado en la cara por el camarógrafo. Luego denunció la inexistente golpiza ante policías que custodiaban el recinto. “Iba al baño y me he encontrado con una cámara de Noticias Uno, y -podrán ver- me han pegado en la cara. Yo no entiendo; yo cumplo mi función. Esto me tiene muy consternado,” dijo luego ante el Senado en pleno.

Noticias Uno tenía asignada una cámara para documentar las labores de Cruz de cabildeo a favor de uno de los candidatos a la Corte Constitucional. Lo que muestran las cámaras de seguridad del Congreso es que en realidad el propio camarógrafo fue embestido por Cruz.

Como reacción a la denuncia del subsecretario, el Presidente del senado Mauricio Lizcano, dio la palabra para que los senadores discutieran estos hechos. En ese momento algunos senadores hicieron declaraciones contrarias a su obligación de generar un ambiente favorable a la libertad de expresión.

Un grupo de congresistas pidió encarcelar a los periodistas y tomar acciones legales en su contra. José Obdulio Gaviria, del Centro Democrático, dijo que “tiene que haber algún tipo de sanción penal (…) ojalá cárcel al agresor”. Así mismo, Rosmary Martinez de Cambio Radical pidió demandar a Noticias Uno: “o si no va a venir el ELN disfrazado de doctor (sic) y nos va a masacrar en este Congreso”. Por su parte, Mílton Rodríguez, del partido de la U pidió sanciones “ejemplares” porque “la prensa no puede dar ese ejemplo aquí en la casa de la democracia”.

Otros senadores pidieron obstruir el trabajo periodístico del noticiero. Jorge Pedraza, del Partido Conservador le dijo a Mauricio Lizcano: “debe usted tomar medidas de inmediato para que este periodista no se mantenga en el recinto”. Maritza Rodríguez, de la U, pidió que como medida cautelar se retirara al periodista y no se permitiera “nunca más” su entrada al Congreso. De igual modo, José Obdulio Gaviria expresó que tenía que haber una medida administrativa que impidiera “para siempre” la presencia de quienes atacaron a Cruz.

Por último, la senadora del partido liberal Sofía Gaviria insinuó sentirse en riesgo por estos hechos y dijo que Noticias Uno tenía que responder como empresa. “Yo me siento amenazada,” concluyó.

Para la FLIP estos hechos son de la mayor gravedad pues sucedieron en el Congreso de la República, en donde deben existir las mayores garantías para el cubrimiento periodístico y el derecho a la información. En segundo lugar, porque están enmarcados dentro de una serie de agresiones repetitivas por parte de congresistas y que están generando un ambiente cada vez más hostil para la prensa en el congreso.

El 28 de marzo de 2016, la periodista Tania Guevara, después de cubrir una sesión en el Congreso, fue retenida por los guardaespaldas del secretario del senado Gregorio Eljach y conducida a una oficina en donde le obligaron a borrar las fotografías que había tomado. El primero de abril de 2017, mientras se realizaba una marcha en contra de la corrupción en Cartagena, el congresista Fernando Araújo, exhibió pancartas que incitaban a obstruir el trabajo periodístico. De igual forma, el pasado 15 de mayo de 2017, el senador Álvaro Uribe acusó de ser “pro Farc” a un periodista de Noticias Uno que estaba cubriendo presuntos malos manejos de recursos públicos con los que se habría beneficiado un predio propiedad del senador.

La simulación de la agresión por parte de Saúl Cruz, la posterior falsa denuncia presentada ante la policía y el Congreso y la andanada de llamados a encarcelar, censurar, demandar y obstruir el trabajo de Noticias Uno por parte de senadores de la República son una violación de las obligaciones internacionales adquiridas por el Estado colombiano en materia de la libertad de expresión. 

Según la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los funcionarios públicos tienen la obligación de adoptar un discurso favorable que contribuya a prevenir la violencia contra la prensa: “la obligación de garantizar los derechos de libertad de expresión y a la integridad personal requiere que los funcionarios públicos se abstengan de realizar declaraciones que expongan a periodistas y trabajadores de medios de comunicación a un mayor riesgo de actos de violencia”.

Así mismo, el comportamiento de Cruz es contrario a la obligación de los funcionarios públicos a ser tolerantes a la crítica. “En una sociedad democrática, la prensa debe informar ampliamente sobre cuestiones de interés público, que afectan bienes sociales, y los funcionarios rendir cuentas de su actuación en el ejercicio de sus tareas públicas” (Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Kimel vs. Argentina. Sentencia de 2 de mayo de 2008).

La FLIP también recuerda a los senadores que hicieron el llamado a la censura que “el ejercicio efectivo de la libertad de expresión implica la existencia de condiciones y prácticas sociales que lo favorezcan. Es posible que esa libertad se vea ilegítimamente restringida (…) por condiciones de facto que coloquen, directa o indirectamente, en situación de riesgo o mayor vulnerabilidad a quienes la ejerzan o intenten ejercerla, por actos u omisiones de agentes estatales” (Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Ríos versus Venezuela. Sentencia de 28 de enero de 2009).

La FLIP está evaluando qué medidas tomará para que se avance en la investigación y sanción de los responsables de estos graves hechos así como para proteger a Noticias Uno de futuras agresiones de las que puede ser víctima en el Congreso. 

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Actualización

El 29 de noviembre de 2017, la Procuraduría General de la Nación sancionó con suspensión e inhabilidad por 8 meses al subsecretario del Senado Saúl Cruz. La defensa del funcionario apeló el fallo y el caso pasó a la Sala Disciplinaria de la Procuraduría.

La FLIP espera que esta sanción sirva de ejemplo para que los funcionarios se apropien del respeto a la libertad de prensa como un principio fundamental de su labor.

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