Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP

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En lo corrido del 2020 el Ejército Nacional ha sido reiterativo en los ataques y agresiones contra la prensa: ayer fue asesinado Aberlardo Liz, comunicador indígena del Cauca, por impactos de balas que fueron disparadas desde donde se encontraban soldados del Ejército Nacional. Días atrás, en otra zona del país, un reportero perdió tres dedos tras una agresión física. Las detenciones ilegales y las acciones de espionaje y vigilancia han sido ampliamente denunciadas, y además, continúan las amenazas contra periodistas. 

A pesar de las constantes denuncias, a la fecha, la FLIP no tiene conocimiento de sanciones disciplinarias o condenas por ninguno de estos hechos. 

El periodismo está de luto

Ayer, 13 de agosto, la FLIP denunció el asesinato de Abelardo Liz, comunicador del la emisora Nación Nasa, quien falleció mientras era trasladado hacia Cali para recibir atención médica. El reportero recibió varios impactos con arma de fuego mientras cubría el proceso de ‘liberación de la madre tierra’ que adelantan los pueblos indígenas en la vereda El Barranco del municipio de Corinto, en el norte del Cauca. Reporteros que hacen parte del Tejido de Comunicaciones para la Verdad y la Vida de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), quienes también se encontraban cubriendo la manifestación pública, aseguran que los disparos provenían del sector en el que se encontraban los miembros del Ejército Nacional.

Este asesinato es la violación a la libertad de prensa más grave que la FLIP ha registrado en el 2020. Sin embargo, la Fundación ha documentado otros casos preocupantes durante este en los que también estarían vinculados miembros del Ejército Nacional. 

Agresiones físicas en Guaviare

En circunstancias similares en las que fue asesinado Liz, comunicadores del colectivo Voces del Guayabero, que desarrollan su labor en el sur del Meta y Norte del Guaviare, han recibido diferentes ataques durante el desarrollo de su labor informativa que han puesto en riesgo su vida y su integridad. El primero de ellos ocurrió el pasado 4 de junio cuando Fernando Osorio perdió tres dedos de su mano derecha luego de recibir disparos por parte del Ejército Nacional. 

Además de este ataque desproporcionado, Osorio y tres de sus compañeros de Voces del Guayabero han denunciado amenazas contra su vida y detenciones irregulares por parte de los uniformados, quienes constantemente señalan a los comunicadores de ser guerrilleros. Las violaciones a la libertad de prensa contra los reporteros de este medio se han presentado durante el cubrimiento de los operativos de erradicación forzada en la vereda de Vista Hermosa, Meta, donde, según los periodistas, cerca de 80 comunidades campesinas se encuentran en riesgo por las acciones militares de la Fuerza Pública. 

Vigilancia y perfilamiento

Sin embargo, las agresiones contra la prensa en las que estarían involucrados miembros del Ejército Nacional no se limitan a los ataques directos durante el cubrimiento de operativos militares. El pasado primero de mayo la Revista Semana publicó su investigación titulada Carpetas secretas en la que se denuncian las acciones de vigilancia y perfilamiento por parte del Ejército colombiano a más de 130 personas, incluidos defensores de derechos humanos, periodistas nacionales e internacionales, políticos, líderes sindicales, y otros miembros de las fuerzas armadas. El 11 de junio, luego de un informe de la Procuraduría General de la Nación, la FLIP confirmó que la cifra de periodistas vigilados por parte del Ejército Nacional ascendía a 52. 

Sin responsables

A pesar de las solicitudes de investigación que ha hecho la FLIP, hasta la fecha el Ejército Nacional no ha esclarecido los hechos denunciados ni ha informado sobre las sanciones o condenas contra los funcionarios responsables de estas graves violaciones a la libertad de prensa. Por el contrario, a través de sus comunicados de prensa, como el que se publicó ayer, 13 de agosto, la institución continúa negando que la sociedad civil esté siendo afectada por sus acciones, y señala de insurgentes o guerrilleros a periodistas y miembros de las comunidades para justificar sus acciones desproporcionadas. 

Estas situaciones son especialmente graves si se tiene en cuenta que el Estado colombiano no ha cumplido con su responsabilidad de sanción y prevención ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2013 después de los ataques contra el periodista Gonzalo “Richard” Vélez. 

El 5 de octubre de ese año, el organismo internacional condenó al Estado por las agresiones y posteriores amenazas por parte de miembros del Ejército hacia el reportero en 1996, y que lo forzaron al exilio. Vélez estaba registrando las violaciones a los derechos humanos durante las marchas cocaleras en el departamento de Caquetá. En el fallo, el órgano internacional determinó que como garantía de no repetición el Estado colombiano debía “incorporar, en sus programas de educación en derechos humanos dirigidos a la Fuerzas Armadas, un módulo específico sobre la protección del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión de la labor que cumplen los periodistas y comunicadores sociales”.  

La sistematicidad con la que el Ejército ha actuado en detrimento de la prensa, es un grave indicio de que no se trata de actuaciones aisladas por parte de uniformados individuales, sino que existe una instrucción en el interior de las fuerzas militares para limitar el ejercicio periodístico. Por esta razón, la FLIP reitera la necesidad de que el Ejército Nacional investigue con celeridad los hechos denunciados para esclarecer la responsabilidad de los militares. 

La Fundación solicita, además, que,  al atender el fallo de la Corte Interamericana, se impartan instrucciones precisas sobre el cumplimiento de su deber como garantes de la libertad de prensa en este tipo de escenarios donde la presencia de equipos periodísticos es una garantía de transparencia alrededor de los operativos militares.

La FLIP extiende su llamado a la Procuraduría General de la Nación para que haga seguimiento a las investigaciones que se desarrollan al interior del Ejército Nacional. También le solicita a la Defensoría del Pueblo que investigue las denuncias de los periodistas con el fin de adelantar las acciones pertinentes para garantizar el respeto por la libertad de prensa.  

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  • En octubre del 2019 el Movice pintó el mural llamado ¿Quién dio la orden?. Miembros del Ejército lo pintaron de blanco.

  • En diciembre de 2019, Marcos Evangelista Pinto, uno de los generales representados en el mural, interpuso una tutela argumentando que la publicación vulneraba sus derechos al buen nombre, honra, dignidad humana y presunción de inocencia.

  • El Juez 13 Civil del Circuito ordenó al Movice retirar la foto de todas las redes sociales y medios de comunicación.

  • La FLIP presentó una acción de nulidad, si se mantiene el fallo, se solicitará su revisión ante la Corte Constitucional

 

La FLIP rechaza el fallo de tutela del 21 de febrero en el que se ordena al Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) eliminar de paredes, redes sociales y medios de comunicación la imagen del mural ¿Quién dio la orden?, altamente difundida en redes sociales desde octubre de 2019.

El 18 de octubre de 2019, el Movice y otras organizaciones de la Campaña por la Verdad pintaron un mural que mostraba los rostros de cinco altos oficiales del Ejército (dos de ellos ya retirados) con cifras de las ejecuciones extrajudiciales. En horas de la noche, miembros del Ejército irrumpieron en el lugar y pintaron la obra de blanco, hecho que fue denunciando por el Movice a través de redes sociales. El 19 de diciembre de 2019, Marcos Evangelista Pinto, uno de los generales representados en el mural, interpuso una tutela argumentando que la publicación vulneraba sus derechos al buen nombre, honra, dignidad humana y presunción de inocencia. 

Aunque el juez de primera instancia falló a favor del Movice y reconoció que la publicación es una manifestación legítima de la libertad de expresión, el juez que conoció la impugnación instó al Movice a retirar la foto de todas las redes sociales y medios de comunicación.

La FLIP considera que la decisión del Juez 13 Civil del Circuito es imposible de cumplir porque retirar la imagen de todas las redes sociales y medios de comunicación tras haber sido difundida de forma masiva excede la capacidad del Movice. Para poder cumplir con esta orden, se tendría que consultar a las demás personas y organizaciones que la replicaron para que la retiren. Esto, fuera de ser irrazonable y altamente dispendioso para el Movice, requiere vincular a quienes han reproducido la imagen al proceso de tutela.

Frente a esto, se reitera que la orden va en contra del debido proceso y la legítima defensa porque ninguno de los medios y personas que publicaron la imagen fueron vinculados al proceso de tutela, por lo que no tuvieron la oportunidad de defenderse en el proceso o aportar sus propias pruebas. La FLIP recuerda que el juez debe vincular al trámite de tutela a todas las personas que puedan verse afectadas por la decisión, pues toda persona tiene derecho a ser informada de procesos que le afectan como una garantía mínima del debido proceso.

El 27 de febrero, la FLIP presentó una solicitud de nulidad de la sentencia ante el Juez 13 Civil del Circuito por las vulneraciones que suponen frente al debido proceso. Si después de subsanada la nulidad se mantiene el fallo, se solicitará su revisión ante la Corte Constitucional. La FLIP hace un llamado al juez del caso para que anule este fallo violatorio de la libertad de expresión y el debido proceso.

 

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El 24 de septiembre, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) tomó una importante decisión en un caso del llamado “derecho al olvido” en Europa, en el que la FLIP intervino en noviembre de 2017. En el caso se discutía si las decisiones de eliminación de determinados enlaces en los resultados búsqueda de Google deben aplicarse en el país de la persona involucrada o en todo el mundo. El TJUE dictaminó que la exclusión sólo debe aplicarse en el país desde donde se hace la solicitud, manteniéndose disponibles para el resto del mundo.

El derecho al olvido en la Unión Europea

Las solicitudes de “derecho al olvido” surgen por la sentencia de 2014 del TJUE en el caso Google Spain, S.L. y Google Inc. vs Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y Mario Costeja González (también conocido como “caso Costeja”). De acuerdo con dicha decisión, los buscadores de internet –como Google– que tengan actividades en la UE están obligados a excluir de sus resultados de búsqueda los enlaces que se muestren al digitar el nombre de una persona, si tales sitios muestran información inadecuada, impertinente o excesiva de una persona. Las personas pueden solicitar directamente a los buscadores que se eliminen los resultados y, en caso de que los buscadores nieguen la solicitud, pueden acudir a las autoridades relevantes para que resuelvan el caso.

La decisión en el caso Costeja ha sido ampliamente criticada por su afectación a la libertad de expresión y por dejar esta clase de decisiones en manos de una empresa privada. En Colombia, la Corte Constitucional concluyó en 2015 que una decisión como la que tomó el TJUE estaría en contra de la libertad de expresión.

El caso francés

Desde el caso Costeja, Google ha cumplido con la orden del TJUE a través de la desvinculación de los enlaces en cada país en el que se hacen las respectivas solicitudes. Es decir, si la persona A solicita que la búsqueda de su nombre no se vincule con determinado link en Francia, de concederse la solicitud, el contenido dejaría de aparecer en las búsquedas en ese país, pero seguiría apareciendo en el resto del mundo. La Comisión Nacional de Informática de las Libertades (CNIL) de Francia sancionó a Google por considerar que las desvinculaciones debían aplicarse en los demás países y no sólo en Francia. 

Primero, el caso fue llevado ante el Consejo de Estado de Francia. El 26 de octubre de 2016, la Fundación para la Libertad de Prensa –FLIP– presentó una intervención con relación a las problemáticas que el caso planteaba con respecto a la libertad de expresión en internet. Después, el Consejo de Estado remitió una serie de preguntas al TJEU sobre la forma en la que se debía aplicar la decisión del caso Costeja y el 28 de noviembre de 2017, la FLIP presentó una intervención más, esta vez ante el TJUE.

Argumentos de la FLIP

La intervención de la FLIP defendió la posición de Google según la cual las desvinculaciones deben ser locales. Bajo la posición de la CNIL, Francia u otros países de la UE se convertirían en un punto central que puede decidir que determinada información no sea conocida en ningún lugar del mundo. Para la FLIP, sería un absurdo que un juez o un funcionario de Google en Francia pueda decidir sobre la disponibilidad de enlaces relacionados con asuntos de interés público en otros lugares del mundo, incluyendo Colombia y los demás países de Latinoamérica. Esto iría en contra del carácter descentralizado de Internet, por el que la red que no tiene un punto central ni un foco en donde se centre toda la información o decisiones.

Por otro lado, la postura de la CNIL también está en contra de principios de derecho internacional, como la soberanía de los Estados (cada país está en libertad de autogobernarse) y el principio de pacta sunt servanda (los Estados sólo están obligados a cumplir los tratados de los que forman parte).

La decisión del TJUE

El TJUE ha dictaminado que la extensión jurisdiccional del deber de desreferenciación derivada de la implementación del derecho al olvido debe limitarse al alcance de la UE. El tribunal concluyó que, según la ley europea, los motores de búsqueda no están obligados a promover la eliminación global de enlaces de sus resultados. Según el tribunal, los motores de búsqueda no están obligados a realizar la desreferenciación en todas las versiones de su motor de búsqueda. Sin embargo, contrario a lo que defendió la FLIP en sus intervenciones, declaró que es necesario llevar a cabo esa desreferenciación de las versiones correspondientes a todos los Estados miembros. Además, sostuvo que los buscadores deben tomar todas las medidas necesarias para evitar o desalentar a los usuarios ubicados en la UE a tener acceso a resultados no indexados a través de versiones de motores de búsqueda de otros países.

La FLIP entiende que la aplicación de un derecho de desreferenciación en los Estados miembros distintos de aquel en el que se realizó la solicitud va a implicar varias dificultades. Primero, el motor de búsqueda o la autoridad de protección de datos en la que se realizó la solicitud deberá evaluar si el contenido es de interés público general preponderante en los otros Estados miembros de la Unión Europea. En segundo lugar, incluso si se considera que se realizará dicha evaluación, impedirá la intervención de otras autoridades nacionales y sociedades de la Unión Europea.

Además de todo eso, el Tribunal señaló que, si bien la legislación de la UE no exige actualmente una desreferenciación en todas las versiones del motor de búsqueda, tampoco prohíbe dicha práctica. O sea, el TJUE aclara que la ley europea no tenía la intención de tener un efecto extraterritorial del "derecho al olvido", pero deja abiertas varias puertas para que la CNIL y otras autoridades impulsen un bloqueo geográfico o una exclusión global caso por caso.

Teniendo en cuenta los argumentos de la petición de FLIP y otras organizaciones de libertades civiles sobre el carácter descentralizado de Internet y principios de derecho internacional, como la soberanía de los Estados y el principio de pacta sunt servanda, la Corte argumentó que una desreferenciación global cumpliría con el objetivo de protección al que se refiere la legislación de la UE en su totalidad. Sin embargo, también entendió que numerosos terceros Estados no reconocen el derecho a desreferenciar o tienen un enfoque diferente a ese derecho. 

Finalmente el Tribunal añadió que el derecho a la protección de datos personales no es un derecho absoluto, sino que debe considerarse en relación con su función en la sociedad y equilibrarse con otros derechos fundamentales, de conformidad con el principio de proporcionalidad. Además, el equilibrio entre el derecho a la privacidad y la protección de datos personales, por un lado, y la libertad de información de los usuarios de Internet, por otro, es probable que varíe significativamente en todo el mundo.

El otro gran caso del TJUE relacionado con el derecho al olvido

En un segundo caso, el tribunal emitió otra decisión sobre el derecho al olvido, nuevamente en torno a un desacuerdo entre la CNIL y Google. El Consejo de Estado de Francia solicitó asesoramiento después de que CNIL decidió no ordenar a Google que elimine los enlaces de los resultados de búsqueda de internet basados en los nombres de cuatro personas. 

Específicamente, el tribunal dictaminó sobre la implementación del derecho al olvido en casos que implican la desindexación de datos sensibles. Según el tribunal, las restricciones en el manejo de ciertas categorías de datos sensibles también se aplican a los buscadores. Por lo tanto, al recibir una solicitud de desindexación relacionada con datos sensibles, el operador del motor de búsqueda debe evaluar si la indexación de ese resultado es estrictamente necesaria para garantizar la protección del derecho de acceso de los usuarios a la información, en detrimento del derecho a la privacidad y protección de datos del solicitante.

Pero lo que realmente se destaca es lo que parece ser un hecho totalmente inadvertido por parte del TJUE hacia el final de la sentencia. El tribunal dijo que los buscadores deben asegurarse de que los principales resultados de búsqueda "reflejen la posición legal actual". En otras palabras, si alguien fue exonerado después de ser acusado de un delito, ese debe ser el vínculo principal. La decisión parece reforzar la idea de que los tribunales pueden determinar cómo las empresas privadas deben gestionar su algoritmo de búsqueda.

 

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La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- expresa su preocupación por el cierre de siete emisoras en la ciudad de Pasto, departamento de Nariño.

El pasado jueves 17 de mayo, la Fiscalía Seccional Nariño, con apoyo de la Sijín, allanó tres emisoras indígenas y dos campesinas de zonas rurales de Pasto. Además, sus equipos de funcionamiento fueron incautados. Las tres emisoras indígenas afectadas son La Voz de Obunoco, Quilla Huirá Stereo de Catambuco, y La Voz Quillasinga de Mocondino. Los otros dos medios sellados son Chuquimarca Stereo y Latina Stereo. Sumado a esto, las autoridades indígenas decidieron apagar otras dos emisoras que funcionaban sin licencias, una en el corregimiento el Encano y otra en La Laguna.

En rueda de prensa, Nelson Andrés Escobar López, director de la Fiscalía Seccional Nariño, afirmó que durante los procedimientos habían dialogado con las autoridades indígenas para evitar el uso de la fuerza. Como resultado, los equipos de transmisión quedaron en custodia de las comunidades indígenas con el compromiso de no utilizarse hasta no tener los permisos para el uso del espectro.  “Al desarticular esas emisoras logramos sellar, conjuntamente con la Policía Nacional, esos focos ilegales de radiodifusión. Teniendo en cuenta que hay que hacer respetar la legalidad”, puntualizó Escobar.

La FLIP resalta lo inconveniente que resulta referirse en estos términos a medios de comunicación que buscan ejercer legítimamente su libertad de expresión y que durante años han buscado normalizar su situación, sin encontrar garantías por parte del Estado para hacerlo. En este sentido, la FLIP también expresa su preocupación por las dificultades que enfrentan los propietarios de las emisoras de Pasto para obtener las licencias de funcionamiento.

En 2013, el Ministerio del Interior creó la “Mesa Regional Permanente de concertación para el Desarrollo Integral de los Pueblos Pastos y Quillacingas”. Uno de los acuerdos a los que se llegó fue la legalización de 32 emisoras indígenas. No obstante, según algunas fuentes consultadas por la FLIP, personas particulares interpusieron denuncias ante la Fiscalía con el fin de sellar estos medios de comunicación. El taita Efrén Achicanoy -gobernador del pueblo Obonuco- afirmó que ha habido negligencia del MinTIC para la legalización de estas emisoras.

Esta situación es problemática ya que a los ciudadanos de Pasto se les ha limitado su derecho a acceder a una diversidad de medios de comunicación. Según datos de Cartografías de la Información, en la ciudad funcionan 17 emisoras legales, de estas, tres son oficiales: RTVC Pasto, Radio Universidad UDENAR y la emisora de la alcaldía. El panorama refleja que en este momento en Pasto no hay ninguna emisora indígena o campesina al aire.

La FLIP expresa su preocupación por el debilitamiento de la pluralidad en los medios de comunicación de Pasto. Esta situación afecta directamente la libertad de información y silencia la voz de comunidades valiosas para la democracia.

La FLIP hace un llamado al MinTIC para que garantice el principio de diversidad y pluralismo en los medios de comunicación a la hora de tomar decisiones tan restrictivas que no garantizan la operación. Es necesario que se estimule el desarrollo de los medios de comunicación de interés público, en especial los que representan los intereses de una población étnica.

Algunas consideraciones

La fundación de medios de comunicación es un derecho fundamental protegido expresamente como parte del derecho a la libertad de expresión por el artículo 20 de la Constitución. Este derecho no sólo genera la obligación del Estado colombiano de respetar la creación y la operación de medios de comunicación creados por sus ciudadanos. Además, los Estados deben tomar acciones para incentivar y hacer posible la creación de medios, en especial cuando dichos medios den voz a grupos que han sido tradicionalmente marginalizados o excluidos. En este sentido, y según la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, los Estados están obligados a adoptar medidas “para revertir o cambiar situaciones discriminatorias existentes que comprometan el goce y ejercicio efectivo del derecho a la libertad de expresión de ciertos grupos, en condiciones de igualdad y no discriminación”1.

El Estado debe crear las condiciones para que estos sectores sociales puedan operar legalmente, lo que, en el caso de la radiodifusión sonora, exige la apertura de procesos de concesión de licencias para el uso del espectro radioeléctrico. Además de los estándares interamericanos que apuntan en este sentido, el Estado colombiano tiene también esta obligación específicamente en relación con los grupos étnicos a partir de la Ley 335 de 1996, la cual dispone en el parágrafo segundo de su artículo 20 que el Estado debe garantizar a los grupos étnicos el acceso permanente al uso del espectro y la creación de medios de comunicación propios.

La inacción del Estado colombiano en relación con las emisoras indígenas de la ciudad de Pasto no solo viola el derecho de los periodistas de fundar medios de comunicación y de expresarse a través de ellos. También vulnera el derecho de las audiencias a contar con medios de comunicaciones plurales, que ofrezcan mayor diversidad en los contenidos.

 


1.RELE, Informe Anual 2008.

 

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La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) intervino en el proceso de tutela del abogado José Luis Reyes en contra de la Casa Editorial El Tiempo y Julio César González (Matador). El concepto de la Flip en defensa del caricaturista expone varios argumentos, apoyados en otros ejemplos de caricaturas, que expresan de forma más clara, no solo la jurisprudencia colombiana que protege la libertad de expresión, sino además los estándares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que respaldan la libre opinión.

Vea aquí la intervención de la Flip en el proceso de tutela.

Estas son las caricaturas, y los conceptos, que explican por qué no tiene fundamento el intento de censura de Reyes:

El Estado no puede controlar lo que pensamos

 

“Sólo un Estado totalitario puede pretender ingresar a la cabeza de sus ciudadanos, escudriñar en lo más profundo de sus conciencias para restringir o cambiar - incluso - la manera en cómo una persona piensa".

 

"No es posible que un Estado que reconoce la autonomía moral de sus ciudadanos limite la difusión de mensajes que no se ajustan a los gustos y moral de otros".

 

 

 

  

 

 

 

La democracia es soportar las opiniones divergentes

 

"En una democracia, los ciudadanos no tenemos más alternativa que soportar las opiniones que difieren de nuestros gustos propios".

 

 

"Las discusiones sobre las opiniones de una persona no pueden resolverse en el plano de los gustos, las impresiones o las preferencias de otro".

 

 

 

 

 

¿Para qué son los medios entonces?

 

Y en últimas, ¿para qué son las caricaturas si no para generar reflexión en los lectores?

 

"¿Caricaturas políticas que hagan pensar a la gente? ¿Está loco? ¡No queremos distraer a nuestros lectores del pronóstico del clima, el horóscopo y los anuncios!"

 

 

 

 

 

La sátira habla por sí sola

 

En 1998, la Corte Suprema de Justicia de EE-UU decidió que la sátira era tan evidente en este anuncio parodia de la revista Hustler que nadie podría pensar que lo dicho era cierto. En consecuencia, esta publicación estaba protegida por la libertad de expresión. ¿Qué se había dicho? El artículo sugería que un conocido pastor cristiano había tenido una relación incestuosa con su madre.

 

"La anécdota curiosa es que años después de la decisión de la Corte Suprema, Falwell se dejó contagiar del humor de Flynt, invitándolo a debatir juntos a lo largo del país, lo cual los llevó a convertirse en amigos hasta la muerte de Falwell en 2007".

 

  

¿Seguros que quieren una rectificación?

 

En 2013, la Superintendencia de Comunicaciones de Ecuador obligó al caricaturista Bonil a hacer una rectificación de su caricatura. Pero Bonil dio una lección de sarcasmo y humor publicando una nueva caricatura en forma de rectificación en la que demuestra que son necios los esfuerzos de un Estado que pretende cambiar o silenciar la opinión.

 

 

Nos vamos a quedar sin caricaturas el día que tengan que ser respetuosas o política, cultural, étnica o religiosamente correctas

 

"Asistiremos al día del fin de la caricatura el día en que los jueces concedan las pretensiones de censura de aquellos que se sientan agraviados por la parodia, la broma, la ridiculización o la exageración en una caricatura".

 

 

 

 

Vea aquí la intervención de la Flip en el proceso de tutela.

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La Fundación para la Libertad de Prensa rechaza la forma en que el Ministerio del Interior ha desarrollado el proceso de formulación de la política pública de libertad de expresión.  

En 2012, el gobierno de Juan Manuel Santos anunció la creación de una política pública para garantizar el derecho a la libertad de expresión de quienes ejercen el periodismo en Colombia. En noviembre de 2017, el Ministerio del Interior envió a organizaciones de la sociedad civil un borrador de esta política. Sin embargo, días después, el Ministro del Interior Guillermo Rivera afirmó en Twitter que ese borrador “se redactó sin q yo autorizara sus contenidos, no será expedido” (sic.).

En su momento la FLIP respaldó la idea inicial de desarrollar la política, esperando que esta contribuyera a atacar los problemas estructurales que afectan la libertad de expresión en el país. Cinco años después, la FLIP tiene hoy serios reparos al texto borrador del decreto que creaba la política.

La formulación de este proyecto de decreto ha implicado una enorme inversión económica. Según la información entregada por el Ministerio del Interior a la FLIP, el diseño y formulación de la política han costado mil dieciocho millones ciento treinta y siete mil quinientos dieciocho pesos ($1.018.137.518). Adicionalmente, el proceso de formulación ha sido injustificablemente largo: desde el 2012 ha pasado por las manos de seis ministros del interior y dos directoras de Derechos Humanos de esa entidad. El borrador no refleja esa cantidad de años de trabajo ni el volumen de recursos públicos invertidos.

Por otro lado, la participación de la sociedad civil en la propuesta ha sido insuficiente. Si bien en ocasiones hubo consultas a organizaciones de la sociedad civil, durante los últimos dos años la información acerca de los avances a las organizaciones de periodismo estuvo restringida. En los 8 meses antes del conocimiento del borrador, la información fue prácticamente inexistente.

Después de este periodo de casi total silencio y opacidad, un funcionario del Ministerio del Interior envió a la FLIP el borrador del decreto que creaba la política solicitando que se enviaran comentarios, pues de manera “pronta” el Ministro adoptaría la política.

Pero más allá de la forma apresurada en que el Ministerio pretendía dar por superada la socialización del proyecto, el borrador no contiene respuestas concretas que contribuyan a superar los obstáculos que impiden el ejercicio de la libertad de expresión. El exceso de capacitaciones e intercambios de experiencias deja entrever la ausencia de acciones contundentes por parte del Estado como garante del derecho.

Ejemplo de lo anterior es un artículo llamado “Capacitación, interlocución y diálogo extracurricular conjunto entre jueces y personas que ejercen la actividad periodística”. En este se propone un intercambio de experiencias entre periodistas y jueces para solucionar el problema de acceso de los medios de comunicación para el cubrimiento de las audiencias públicas judiciales. Esta propuesta podría ser pertinente como ejercicio y/o como parte del diagnóstico del problema pero como política pública deja mucho que desear.

Con todo, el problema central no es que el Ministro del Interior haya desautorizado de manera pública a sus funcionarios. La gravedad está en que estando a pocos meses de terminar su mandato, se ve muy difícil que el gobierno de Juan Manuel Santos logre resolver las deficiencias del borrador del decreto y cree una política pública conforme a los estándares internacionales de libertad de expresión. Después de más de mil millones de pesos y cinco años de trabajo invertidos, la política pública se ve hoy más lejos que nunca.

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El 6 de diciembre, Marco Schwartz, director de El Heraldo, le informó a Catalina Ruíz-Navarro que cerrarían el espacio que la periodista tenía en el periódico. Esta decisión fue comunicada a través de un correo electrónico, enviado por Schwartz a la periodista, en el que no se dan explicaciones sobre el motivo de la decisión.

La comunicación vino después de una primera decisión de El Heraldo de no publicar una columna escrita por Ruíz-Navarro. En ésta, la columnista cuestionaba que durante un programa emitido por la emisora Olímpica Stereo el 19 de noviembre, día de la consulta del Partido Liberal, los locutores estuvieran haciendo un llamado al abstencionismo. Recuérdese que la emisora es de propiedad de la familia de Alejandro Char, alcalde de Barranquilla, quien hace parte del partido Cambio Radical.

Luego de que la periodista informara a la FLIP que El Heraldo había decidido no publicar su columna, la Fundación envió una carta a Schwartz en la que argumentaba que, si bien el medio de comunicación es autónomo sobre qué contenidos publicar, preocupaba que la decisión pudiera provocar el silenciamiento de opiniones críticas sobre asuntos de interés público. Hasta el momento, la FLIP no ha recibido ninguna respuesta por parte de El Heraldo.

En relación con la nueva decisión del El Heraldo, la FLIP se permite compartir las siguientes reflexiones. Si bien la Fundación reconoce la autonomía que tiene El Heraldo de prescindir del trabajo de sus colaboradores, preocupa que decisiones como esta puedan buscar censurar opiniones críticas de ciertas personas o instituciones cercanas al propio medio de comunicación. Además, la determinación de El Heraldo también puede ser un mensaje para otros periodistas del medio sobre temas vedados. Para la FLIP es preocupante esta situación pues indica lo difícil que podrá ser el libre flujo de ideas e información en el departamento del Atlántico de cara a las elecciones presidenciales y legislativas del próximo año.

Es importante señalar que los medios de comunicación también deben actuar como garantes de la libertad de expresión. Sin embargo, estas determinaciones debilitan el debate público y el pluralismo de opiniones que deben caracterizar a un medio y a un país democrático.

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El Centro de Estudios de Libertad de Expresión de la FLIP anuncia el lanzamiento de Pautavisible.org, una herramienta para facilitar el acceso a información sobre los contratos que celebran las entidades públicas con los medios de comunicación.

Como punto de partida, el portal ofrecerá información de más de 427 contratos que en su conjunto tienen un valor superior a los ciento cuarenta mil millones de pesos; suscritos por 41 entidades públicas a nivel nacional y local, a lo largo del 2016 y el primer semestre del 2017. Pauta Visible hace el seguimiento a los objetos de los contratos, así como quienes lo celebran y los criterios de selección, entre otros datos.

Este micrositio se suma al trabajo que adelanta la FLIP hace más de diez años, cuando la Fundación inició las primeras investigaciones sobre el tema y se empezaban a discutir las presiones de entidades estatales sobre los medios a partir de la pauta como un mecanismo de censura indirecta. A lo largo de esta década hemos documentado y alertado sobre la forma en la que las entidades públicas adjudican los contratos de publicidad oficial en Colombia y su impacto en la libertad de expresión a nivel nacional y local.

Vea el libro País lejano y silenciado

Vea el multimedia Fuera del aire

Este fenómeno ha desnaturalizado el propósito esencial de este tipo de publicidad: servir de canal de comunicación entre los organismos públicos y la ciudadanía sobre asuntos que a ésta última le interesan, como emergencias, campañas, subsidios o el acceso a derechos y servicios.

Los excesos y abusos que se cometen en la asignación de la publicidad oficial afectan a la libertad de prensa de manera generalizada en Latinoamérica y en otras regiones del mundo. En 2003, esta problemática fue denunciada como una forma de censura indirecta por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión. Desde entonces, organizaciones de libertad de prensa han reclamado atención pública sobre este asunto y han adelantado propuestas para revertir el efecto que esto tiene sobre el trabajo periodístico y el derecho a la información de los ciudadanos. Al respecto, un importante hito ocurrió en México días atrás, cuando La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó el proyecto con el que se obliga al Congreso mexicano a regular la publicidad oficial para evitar restricciones indirectas en el ejercicio periodístico.

Infortunadamente, el marco normativo y las prácticas colombianas en la asignación de publicidad privilegian la discresionalidad del sector público. Esta tradición no contempla principios de Libertad de Expresión, ni cuenta con mecanismos de denuncia cuando se presentan presiones ilegales y de censura en los contenidos.

El análisis de la información recogida por Pauta Visible permite establecer, al menos, seis patrones que contaminan la adjudicación de la pauta:

1) Existe un incumplimiento generalizado por parte de las entidades públicas frente a las obligaciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

2) En la amplia mayoría de los casos no existen criterios específicos y técnicos para la selección de contratistas.

3) Los objetos de los contratos no corresponden al objeto natural de la publicidad oficial.

4) Las entidades de Control no tienen herramientas para establecer si la asignación de publicidad oficial vulnera los estándares de libertad de expresión.

5) Los recursos de la publicidad oficial se ejecutan en buena medida por intermediarios, aumentando los costos para las entidades y generando opacidad sobre estos contratos.

6) La presión de estos contratos genera un impacto indirecto: la cultura de la autocensura.

La FLIP hace un llamado al Gobierno colombiano y a las entidades de control para que en materia de libertad de expresión prioricen esta problemática, a partir de un amplio debate nacional con los distintos actores del sector.

Este es un desafío de la democracia en Colombia que nos compete a todos, muestra de ello es que sectores tan opuestos en la deliberación pública coincidan en que debe ser abordado. Durante la pasada legislatura cursó un proyecto de ley del Centro Democrático que finalmente se archivó. El próximo escenario de discusión parece ser la implementación del punto 2 del acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC donde se plantea la regulación de la publicidad oficial. Con Pautavisible.org la FLIP espera aportar insumos para impedir que la publicidad oficial sea utilizada como un mecanismo de censura.

Publicado en Noticias

Con el ánimo de reforzar el análisis y la investigación sobre las condiciones para la libertad de prensa en Colombia, la FLIP creó el Centro de Estudios de Libertad de Expresión. Este grupo de investigación dentro de la FLIP cuenta con el apoyo y orientación de un grupo de expertos de distintos sectores de la academia. 

Publicado en Centro de estudios

En la sentencia T-063 de 2017, la Corte Constitucional ordenó la eliminación de un blog anónimo de la plataforma Blogger. Esta decisión generó muchas preocupaciones por las repercusiones que podría traer para la libertad de expresión de los colombianos en internet. 

Tras la decisión, Google INC y Google Colombia presentaron un incidente de nulidad que se encuentra actualmente en trámite en la Corte Constitucional. Distintas organizaciones y ciudadanos han presentado intervenciones en el caso.

A continuación se encuentran las intervenciones presentadas por: 

  1. La FLIP
  2. Catalina Botero y Carlos Cortés
  3. La Fundación Karisma y el Centro de Internet y Sociedad de la Universidad del Rosario - ISUR
  4. Access Now
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