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El 6 de mayo de 2019, el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Bogotá emitió sentencia condenatoria contra Alejandro Cárdenas Orozco y Jesús Emiro Pereira Rivera por secuestro, tortura y violencia sexual en contra de la periodista Jineth Bedoya cuando realizaba un cubrimiento periodístico en la cárcel La Modelo de Bogotá el 25 de mayo del año 2000.

Pereira Rivera (alias “Huevoepizca”) fue condenado a 40 años y seis meses de prisión por los delitos de secuestro, tortura y acceso carnal violento. Por su parte a Cárdenas Orozco (alias “JJ”), sobre quien ya pesaba una condena previa por secuestro y tortura por este mismo caso, se le impuso una pena de 30 años de prisión por el delito de acceso carnal violento.

El juzgado confirmó que en el caso de la periodista Jineth Bedoya 'las conductas punibles ejecutadas necesariamente son catalogadas como de ‘Lesa Humanidad’”. En la sentencia, el juez resaltó que “no queda duda de los vejámenes y agresiones físicas y psicológicas contra la señora BEDOYA LIMA, como parte de un plan sistémico y bien estructurado, que incluso, también fue ejecutado contra otros periodistas que igualmente fueron amenazados de muerte, por las investigaciones periodísticas que realizaban, a raíz de los hechos de corrupción que, entre otros, venían suscitándose en la Cárcel Modelo de esta ciudad, con responsabilidad de grupos de Autodefensas y funcionarios de la Fuerza Pública”.

La decisión reconoce que las amenazas que la periodista Jineth Bedoya recibió con anterioridad al secuestro -y que eran de conocimiento de las autoridades- se cumplieron y advierte que a partir de las pruebas allegadas al proceso se puede evidenciar la posible responsabilidad penal de terceras personas, especialmente de servidores públicos. Por lo tanto compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación, con el fin de que se adelante una investigación en contra del General (r) José Leonardo Gallego.

La FLIP, que desde el año 2011 obra como representante judicial de Jineth Bedoya, reconoce esta decisión como un avance en el esclarecimiento de los hechos. Sin embargo, advierte enfáticamente que esta sentencia no puede entenderse como la superación de la impunidad en el caso. Lejos de ser un punto de llegada, la justicia ha tomado casi 19 años en condenar a dos de los autores materiales. Esta es una contribución valiosa pero ínfima y tardía, sobre todo si se tiene en cuenta que en el marco de la investigación se han mencionado a por lo menos 25 personas -incluyendo funcionarios públicos- que podrían estar involucrados en los hechos. Sobre la gran mayoría de la cadena criminal no se ha adelantado una investigación eficaz y los autores intelectuales siguen sin responder ante los jueces.

Por este caso el Estado Colombiano está bajo vigilancia por parte de la la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La sentencia que condena a Cárdenas y Pereira no exime al Estado de su responsabilidad internacional.

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Washington, D.C. y Bogotá, 29 de enero, 2019 - Luego de casi 19 años del secuestro, tortura y violencia sexual contra la periodista Jineth Bedoya Lima, el 16 de enero de 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) notificó la aprobación de su informe de fondo en el caso que se adelanta por las violaciones a los derechos humanos sufridas por la periodista el 25 de mayo de 2000 que, hasta la fecha, permanecen en la impunidad. Sobre este particular la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) transmiten a la opinión pública lo siguiente:

1. Este informe concluye el análisis del caso ante la CIDH como primera instancia internacional en el marco de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y abre la puerta para que el Estado colombiano pueda ser juzgado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) con sede en Costa Rica. En este supuesto, la evaluación por parte de la Corte sería una valiosa oportunidad para revisar el cumplimiento de las obligaciones internacionales por parte de Colombia en cuanto a la garantía de los derechos de los periodistas en Colombia y, particularmente, implicaría que por primera vez este tribunal internacional se pronuncie sobre la situación de las mujeres periodistas en contextos de conflicto armado.

2. La emisión de este informe representa un paso muy importante en la incansable lucha que la periodista Jineth Bedoya ha librado por la justicia y la verdad en su caso. El mismo también tiene el potencial de poner freno a las dinámicas de impunidad generalizada en casos de violencias contra la mujer y de restricciones de hecho a la libertad de prensa.

3. Si bien los hechos denunciados acaecieron durante gobiernos anteriores, esperamos que el gobierno actual, en representación del Estado, cumpla con lo decidido por la CIDH a fin de garantizar los derechos de Jineth Bedoya y evitar la repetición de hechos de violencia contra las mujeres y su impunidad. Recordamos así mismo que este caso tiene un enorme potencial de brindar justicia no solo a nuestra representada sino a otras víctimas de violencia basada en género en el marco del conflicto armado en Colombia.

4. Una vez la CIDH corra traslado del informe a la víctima y sus representantes, daremos respuesta a los requerimientos de la Comisión de acuerdo con la normativa interamericana, la cual requiere que presentemos nuestra posición sobre el envío a la Corte.

5. Para la FLIP y CEJIL es un honor poder acompañar a Jineth Bedoya desde el apoyo judicial en su lucha que también es nuestra. Llamamos a la comunidad internacional, que siempre ha estado acompañando el caso, a que continúe su observancia del mismo. Esperamos que la veeduría internacional de este proceso emblemático sirva para vigilar la respuesta estatal y mejor abordar los desafíos que el caso revela. 

Contacto de prensa

Pedro Vaca Villarreal
Director FLIP
(1) 3406943
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Alex McAnarney
Prensa CEJIL
305 335 5665
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La violación, la tortura y el secuestro que sufrió la periodista Jineth Bedoya el 25 de mayo del 2000 fueron el comienzo de una pesadilla de la que aún no despierta: “Llevo casi 19 años siendo violada todos los días”, dice. Y se refiere a la impunidad que ha rodeado su caso todo este tiempo.

El proceso judicial se ha caracterizado por investigaciones insuficientes, retrasos inexplicables y obstáculos procesales que han impedido llegar a toda la cadena de implicados en el hecho. Según la periodista, peor que la violación ha sido el después: “Te siguen violando todos los días cuando no te creen; cuando te revictimizan y te obligan a sentarte frente a tu victimario; cuando la justicia no es operante; cuando la gente no cree en tu testimonio; cuando se va a centenares de audiencias y no pasa nada”.

Bedoya no ha logrado justicia. Todavía recibe amenazas constantes por su trabajo como periodista y también por su labor como activista por los derechos de las mujeres que han padecido abuso sexual.

Hoy, Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, es preciso recordar este caso por su doble condición: crimen contra la libertad de expresión y la marcada violencia de género. Ese 25 de mayo se intentó callar y amedrentar a la periodista por revelar las irregularidades de la cárcel La Modelo.

Un obstáculo tras otro

Entre 2000 y 2011 el caso estuvo prácticamente archivado por el fiscal. Su labor se centró en investigar la vida privada de Jineth Bedoya y no los móviles del crimen o la responsabilidad de sus victimarios. Así se perdieron los años más valiosos de la investigación. “El fiscal no tuvo la diligencia ni la voluntad de sacar adelante el proceso. Probablemente porque en Colombia la violencia sexual es un delito menor, incluso con menos importancia que un robo”.

En 2011, después de años de inactividad procesal, se asignó el caso a una nueva fiscal y solo hasta 2012 se vinculó a tres paramilitares como responsables. Estos avances no necesariamente deben atribuirse a la fiscalía, sino, más bien, a la “colaboración” de los paramilitares que confesaron a cambio de beneficios procesales. Según Pedro Vaca, director de la Fundación para la Libertad de Prensa, se trata de una justicia confesional y no de una que se derive de un esclarecimiento pleno de los hechos.

A la fecha se ha vinculado a varias personas y hay dos condenados: Mario Jaimes Mejía (alias El Panadero) y Alejandro Cárdenas Orozco (alias J.J.). Ambos se acogieron a un beneficio que contempla la Ley Penal, conocido como “sentencia anticipada”. Jaimes Mejía aceptó su responsabilidad en los tres cargos que le imputaron y recibió una condena de 28 años de prisión. Cárdenas Orozco aceptó cargos de secuestro y tortura, pero no de violencia sexual, por esto su responsabilidad penal no se ha definido.

El tercer paramilitar es Jesús Emiro Pereira (alias Huevoepizca), quien tiene detención preventiva por el caso de Bedoya, y además está detenido por otros delitos. La defensa de Pereira busca su libertad provisional y está pendiente un recurso de apelación donde el tribunal decidirá si continúa detenido o sale en libertad. La FLIP, como representante de la periodista, teme que el tribunal considere la segunda opción.

“Esas condenas”, dice Bedoya, “son el producto de mi persistencia, gracias al apoyo de la FLIP y otras personas”. Sin embargo, la periodista ha dicho que estas detenciones y sentencias no se pueden mostrar como una acción efectiva y reparadora de la justicia, porque se trata solo de los dos eslabones más débiles de una gran cadena de corrupción, mientras los autores intelectuales siguen sin ser mencionados.

Desde agosto de 2017 la defensa espera la sentencia que decida, de forma definitiva, la responsabilidad de los mencioandos paramilitares por los distintos crímenes cometidos en el 2000. Pero se siguen sumando días y meses de espera. 

El peso de la injusticia

El caso ha tenido cinco fiscales. El primero estuvo desde que ocurrieron los hechos hasta 2011, y fue la etapa menos productiva de la investigación. Desde 2011 se han asignado cuatro fiscales mujeres. Cada vez que un fiscal nuevo toma el caso debe leer el expediente en la Fiscalía. Son 30 cuadernos de 400 folios: unas doce mil páginas en total.

Según Pedro Vaca, solo desde mediados de 2017 la fiscalía está avanzando hacia los los otros niveles de responsabilidad. Es decir, establecer la autoría intelectual de los hechos: “Han comenzado a hacer su trabajo en el momento en el que es más difícil y dispendioso”. Vaca celebra que se retomen líneas de investigación en las que no se había avanzado desde las primeras pistas aparecidas en 2007.  Y una de estas líneas es la que involucra a funcionarios públicos como cómplices, incluidos funcionarios del INPEC.

A esto se suma otro proceso, también demorado: el caso se presentó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2011, pero solo fue admitido hasta 2014. Desde 2015, los Relatores de Libertad de Expresión de la CIDH han dicho que este es un caso priorizado, pero todavía no está en  la agenda la discusión sobre una decisión de fondo. “A veces siento que la CIDH terminó siendo igual de revictimizante que el Estado colombiano. Y lo digo con todo respeto, porque creo que hacen un muy buen trabajo en defensa de los derechos humanos, pero en mi caso no lo he sentido así”, dice Bedoya.

Ella siente que la CIDH la ha dejado en un vacío: “Hemos hecho hasta lo imposible para que entiendan que esto no solo es el caso de Jineth Bedoya. Es lo que afrontan centenares de mujeres en todo el hemisferio”.

La solicitud concreta ante la CIDH es que el Estado colombiano sea juzgado internacionalmente en este caso, porque varios de sus agentes pudieron estar vinculados en los hechos. El Estado no brindó protección a la reportera, aunque había denunciado amenazas previas al secuestro y había sufrido un atentado un año antes. El Estado, por último, tiene la obligación de brindar justicia y no lo ha hecho.

La CIDH tiene una gran oportunidad para sentar un precedente: se trata, al mismo tiempo, de un caso de violencia de género y el único ante el sistema interamericano que trata el tema de libertad de expresión. Una resolución de la CIDH podría dar un mayor impulso a las investigaciones a nivel nacional y hacer visibles las deficiencias que existen en algunas estructuras del Estado; sobre todo en el tiempo de respuesta.

Después de que la CIDH emita este pronunciamiento pueden ocurrir dos cosas: el caso se archiva, o pasa a la Corte Interamericana para que se juzgue al Estado. Bedoya no se amilana: “Si la justicia de este país no asume su responsabilidad frente a los victimarios, tenemos una última instancia que es la Corte Penal Internacional. No voy a desfallecer en ese propósito, ni para mí, ni para ninguna de las miles de mujeres violadas en Colombia”.

En 2012, la Fiscalía calificó este caso como un crimen de lesa humanidad, lo cual refuerza el deber internacional del Estado de investigar y sancionar a todos los responsables. Pero la espera se extiende como una agonía larga. “La impunidad va a ser siempre una segunda violación y una segunda muerte. Y cuando las tienes que cargar todos los días, lo único que te queda es pensar cómo vivir esa agonía, si llevarla con rabia, o como algo positivo que pueda transformar la vida de alguien”, dice Bedoya.

La periodista sabe que la impunidad padecida no es una excepción. Para muestra ofrece este dato: de los 136.000 sindicados que se llevaron a la justicia, solo hay cinco condenas por violencia sexual. “Yo no dejo de creer en la justicia, porque si no creyera, no tendría mi proceso adelante. Pero sí soy muy clara frente a lo que la justicia nos ha dado a las mujeres en Colombia”.

Para ella, solo habrá justicia cuando se esclarezcan los hechos. “Creo que ya no me importa si están cien, veinte o un año en la cárcel. Lo que me importa es que se conozca la verdad. Si no va a haber un escarmiento ante la justicia, creo que el peor escarmiento es el social: que esta sociedad conozca qué hubo detrás del secuestro de Jineth Bedoya. Eso me daría tranquilidad”.

La reportera y editora ha expuesto su caso en el Parlamento Europeo, en el Parlamento Británico, en la Casa Blanca y en el Congreso de los Estados Unidos. Ha recibido premios como el que entrega cada año el Departamento de Estado de los Estados Unidos, Mujeres de Coraje. Además, lidera la campaña de Intermon Oxfam, No es hora de callar, que invita a las mujeres víctimas de violencia sexual a denunciar estos crímenes. Su voz se ha vuelto relevante e influyente, pero no ha sido suficiente para conseguir justicia y reparación.

Las amenazas contra la periodista continúan, y aunque agradece el esquema de protección que le brinda el Estado, es urgente investigar de dónde viene el intento de coacción para desactivar el riesgo. Entre toda la negligencia oficial durante estos años, Bedoya piensa que la peor de todas radica en las amenazas, porque no han cesado en estos 18 años. 

“Yo aprendí que lo normal era estar amenazada”, dice resignada. Bedoya ha visto afectada su salud, por la gran angustia que le generan estos hechos. “Si esto pasa conmigo que puedo hablar directamente con el fiscal general, qué puede esperar el resto de las mujeres, a quienes ni siquiera les reciben la denuncia”.

A pesar de todo, Jineth Bedoya no se deja amedrentar en su trabajo como periodista o como activista por los derechos de las mujeres: “Esto ya no es por mí, yo solo soy un referente que aglutina miles de nombres”.

'La violación es para siempre': Jineth

“La violencia sexual nunca se supera. Es un dolor con el que uno aprende a vivir. Además de las secuelas emocionales, están las físicas. Nadie imagina cómo ha afectado mi salud todo lo que ocurrió. A veces, cuando estoy tan enferma como lo he estado en los últimos meses, pienso que esto es como el bono adicional que traía la violación. Te dañan el cuerpo, te dejan marcada, te dañan espiritualmente. Pero, además, después de casi 19 años, tienes que seguir sufriendo las secuelas de salud que deja ese hecho. Y te llenas de rabia y de impotencia porque son cosas muy difíciles de llevar. Toca agarrarse de algo para seguir viviendo. Pero hay días que no quisiera seguir viviendo. Hay días que desisto cien por ciento porque es muy difícil. A todas las mujeres les pasa eso. Hay mujeres que quedan con el útero destrozado; mujeres que nunca pueden ser madres, como yo. Hay mujeres que nunca pueden volver a tener una relación y a sentir que tienen el derecho a ser amadas. Hay mujeres que no consienten que las vuelvan a tocar. Eso es matarte en vida. Es lo que logra la violación”.

Las cifras del proceso

  • 18 años y cinco meses han transcurrido desde que ocurrieron los hechos. 
  • 5 fiscales ha tenido el caso. El primero estuvo a cargo durante once años, sin ningún avance. 
  • 99,8 % es la tasa de impunidad en los casos de amenazas a periodistas en Colombia.
  • 97 % de impunidad hay en los casos de violencia sexual.
  • 30 libros de aproximadamente 400 folios cada uno es el expediente del caso que reposa en la Fiscalía. 
  • 11 años de prisión fue la sentencia para Alejandro Cárdenas, uno de los paramilitares que se atribuye responsabilidad material de dos de los delitos cometidos contra Bedoya. 
  • 28 años de prisión le dictaron a Mario Jaimes Mejía, también confeso.

 

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La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza las amenazas en contra del equipo periodístico de RCN Radio y les solicita a las autoridades que investiguen y sancionen a los responsables de estos hechos.

Este lunes 16 de julio los periodistas de RCN Radio, Jorge Espinosa, Yolanda Ruiz y Juan Pablo Latorre, recibieron una amenaza al máster de la emisora durante el informativo de la mañana. Cuando los reporteros informaban sobre las intimidaciones contra Jineth Bedoya, María Jimena Duzán y los periodistas de La Silla vacía, ocurridas el 14 y el 15 de julio, un hombre que se identificó como alias “Nini” llamó a intimidar a los reporteros.

Según la persona que respondió la llamada, un hombre que se identificó como “Nini”, miembro del ELN, le dijo “Dígale a Espinosa que tiene 72 horas para callarse la boca y dejar de estar hablando de las organizaciones. Y también a Juan Pablo”. Luego, el desconocido agregó “y eso que la vieja que está hablando me cae mejor”, refiriéndose a Yolanda Ruíz, la directora del informativo.  Horas después, el ELN emitió un comunicado negando su vinculación con esta amenaza.

Esta amenaza guarda coincidencias y podría estar conectada con otra intimidación recibida por miembros de RCN Radio en Santander. El pasado 5 de junio Nelson Cipagauta, Slendy Blanco y Melissa Munera, periodistas de la filial de RCN en Bucaramanga, también recibieron una llamada al máster por parte de un hombre que se identificó como alias “Nini”. El desconocido los amenazó con declararlos objetivo militar si denunciaban en la emisora una limpieza social que adelantaría el grupo armado.

La FLIP reitera su preocupación por el aumento en las amenazas contra los periodistas en Colombia y le solicita a la Unidad Nacional de Protección que implemente medidas de protección adecuadas para salvaguardar la vida y la integridad de los periodistas amenazados.

La Fundación le solicita a la Fiscalía General de la Nación que investigue a los responsables de estos hechos, en especial al desconocido que se identifica como alias “Nini, para dar con su paradero y poder adelantar las sanciones judiciales a las que haya lugar.

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La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechaza las amenazas en contra de las reporteras y La Silla Vacía por el desarrollo de su labor periodística. Les exigimos a las autoridades diligencia para investigar y sancionar a los responsables.

Este sábado 14 de julio fue difundido un panfleto firmado por el Bloque Central de Las Águilas Negras en el que Jineth Bedoya y los periodistas de La Silla Vacía fueron estigmatizados como guerrilleros y declarados objetivo militar. El grupo criminal emitió la siguiente amenaza: “Esta vez no estamos jugando, a partir de la fecha procedemos a la ejecución total de nuestras advertencias por varios años y que no fueron escuchadas por estos milicianos guerrilleros disfrazados de supuestos líderes y lideresas sociales”. Junto a los nombres de los periodistas aparecen también los de otros activistas, líderes sociales, defensores de derechos humanos y sindicalistas.

El domingo 15 de julio la periodista María Jimena Duzán recibió una amenaza a través de la cuenta de twitter @Gustavo68831299. El desconocido que se hace llamar LíederSocialSigloXXI le envió el siguiente mensaje a la reportera: “la verdad colombianos hagan patria esta sra @MJDuzan deber ser violada, escupuda, pucada con motosierra y cokgada eln plaza Bolivar, hagan honor al nombre de paramilitares.”

Teniendo en cuenta la dificultad que han tenido las autoridades para investigar este tipo de amenazas transmitidas a través de internet, la FLIP le exige a la Fiscalía General de la Nación que solicite el apoyo de expertos en delitos informáticos de otros países para dar con el paradero de los responsables de estas intimidaciones y que reciban las sanciones judiciales correspondientes.

La FLIP expresa su preocupación por estos hechos, debido a que, en el caso de Jineth Bedoya y los periodistas de La Silla Vacía, los agresores sentenciaron: “Para nuestra organización no existe ningún esquema de seguridad que nos impida proceder y ejecutar a cada uno de estos guerrilleros”. Por lo anterior, la Fundación le solicita a la Unidad Nacional de Protección que implemente medidas de protección adecuadas para salvaguardar la vida y la integridad de los periodistas amenazados a través de internet.

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Hoy, 25 de mayo de 2018, se cumplen 18 años de los hechos de secuestro, tortura y violencia sexual de los que fue víctima Jineth Bedoya Lima. La periodista lleva casi 20 años en una lucha incansable por alcanzar justicia.

La investigación de los hechos ha sido injustificablemente lenta y las autoridades han actuado de forma negligente. Los pocos avances en materia judicial se han dado por la tenacidad de la periodista en la búsqueda de verdad.

De acuerdo al expediente judicial, los autores materiales del delito son Mario Jaimes Mejía -alias Panadero-, Alejandro Cárdenas -alias J.J.- y Jesús Emiro Pereira -alias 'Huevo de Pizca'-. Hasta el momento solo se han producido dos condenas anticipadas contra Mario Jaimes Mejía por secuestro, tortura y acceso carnal violento, y en contra de Alejandro Cárdenas por los delitos de secuestro y tortura.

Estas decisiones judiciales son contribuciones muy pobres para las dimensiones de este crimen atroz. Aún es necesario determinar quiénes ordenaron y planearon estos graves delitos, y cuál fue su grado exacto de participación y responsabilidad.

 

En el marco de este mismo proceso y a más de 7 meses desde que la FLIP solicitara la condena de Jesús Emiro Pereira -alias 'Huevo de Pizca'- por secuestro, tortura y acceso carnal violento, y en contra de Alejandro Cárdenas por el delito de acceso carnal violento, no existe una decisión definitiva sobre el caso.

En estos 18 años, Bedoya  ha sido llamada a declarar sobre los mismos hechos en más de 17 oportunidades, sin que con ello se generen mayores aportes a la investigación. El obligar a la periodista a repetir lo que ya está consignado en el expediente dilata el proceso de forma injustificable y la revictimiza.

El caso de Jineth Bedoya ilustra los miles actos de violencia cometidos contra las mujeres periodistas en el marco del conflicto armado colombiano con el objetivo de silenciarlas. Ante la impunidad generalizada en estos crímenes su campaña #NoEsHoradeCallar brinda esperanza para la reivindicación de derechos de las mujeres.

Ante la ausencia de justicia en Colombia, la esperanza está hoy en la justicia internacional. En el 2011 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos accedió a estudiar el caso y se dispone a presentar un informe de fondo sobre el caso en los próximos meses. Dicha instancia evaluará la responsabilidad del Estado Colombiano tanto en la comisión de los hechos como en la ausencia de cumplimiento en los estándares internacionales de justicia y verdad.

La FLIP reafirma su compromiso de acompañar a Jineth Bedoya en la búsqueda de la verdad y la justicia ante la comisión de los crímenes en su contra. La Fundación resalta la valentía con la que Bedoya ha enfrentado esta situación y reitera su voluntad de llevar este caso hasta las últimas instancias..

 

El 25 de mayo del 2000, Bedoya -quien en esa época trabaja como reportera en el diario El Espectador- se dirigía a entrevistar al jefe paramilitar Mario Jaimes Mejía, alias ´Panadero´, en la cárcel Modelo de Bogotá. La periodista investigaba irregularidades en el centro penitenciario que incluyen la desaparición forzada de detenidos y enfrentamientos armados entre distintos grupos ilegales al interior del penal. Antes de entrar al centro penitenciario, fue secuestrada secuestrada torturada y violentada sexualmente. La reportera fue encontrada 16 horas después en un sector de la Vía al Llano. Su caso es emblemático para la libertad de prensa y los derechos de las mujeres.


No es Hora de Callar

El valor de la periodista durante estos años se ha materializado en la campaña “No es hora de callar”. Desde 2009, Bedoya incentiva a las mujeres víctimas de violencia sexual a que denuncien a sus agresores y compartan su experiencia como parte de un proceso de socialización en busca el empoderamiento y la confianza en que la voz de las mujeres debe ser escuchada. Por este trabajo, Bedoya ha sido víctima de constantes amenazas de muerte y estigmatizaciones por parte de grupos al margen de la ley.

Vea aquí más información sobre la campaña.



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La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- rechaza las amenazas del Bloque Capital de la Águilas Negras en contra de las periodistas Salud Hernández-Mora y Jineth Bedoya Lima, además de otras líderes políticas y sociales.

La tarde de este 27 de noviembre, la Representante a la Cámara Ángela Robledo hizo público un comunicado que llegó a su correo electrónico el pasado viernes. En un archivo de Word se amenaza, con un lenguaje agresivo, a siete mujeres que aportan con su liderazgo a la vida pública del país. Entre ellas se encuentran las periodistas Salud Hernández y Jineth Bedoya. El panfleto, firmado por “Bloque Capital D.C.” sentencia que “les damos pocos días para que abandonen la ciudad de Bogotá ya la tenemos ubicadas a todas para llenarlas de plomo. No es un juego gonorreas” (sic.).

A pesar de que el documento está fechado de octubre de este año, hasta hoy se hizo público. Este mensaje proviene de la dirección de correo Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo..

La FLIP exige a la UNP tomar las medidas de protección necesarias para garantizar que las periodistas puedan desarrollar su oficio. De igual forma, exigimos a la Fiscalía General de la Nación investigar el origen de esta amenaza como parte de sus obligaciones para garantizar la libertad de prensa.

En el caso de Bedoya, esta es la cuarta amenaza que recibe la subeditora del diario El Tiempo desde que fue a La Habana en representación de las víctimas del conflicto. Resulta inadmisible que estas amenazas no se esclarezcan. La impunidad de estas agresiones a la libertad de prensa sólo incentiva la repetición de la intimidación como mecanismo de censura.

Por último, instamos al Gobierno Nacional, especialmente al Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior, para que ofrezcan respuestas sobre el alcance de esta intimidación y las medidas que tomarán para garantizar la libertad de prensa. 

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Este 2 de noviembre, Día Internacional para poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, la FLIP hace un llamado al Estado colombiano para que garantice la justicia en los casos de agresiones a la prensa, especialmente en los asesinatos a periodistas.

El 2017 ha sido un año determinante en cuanto a lucha contra la impunidad en casos de agresiones a periodistas. Si bien se han dado algunos avances en casos emblemáticos como la condena a Jorge Noguera, exdirector del DAS, o la pena de 47 años impuesta al asesino de la periodista huilense Flor Alba Núñez, la impunidad en casos de asesinatos sigue siendo alarmante. De los 154 periodistas asesinados en los últimos 40 años, solamente en un caso se ha condenado a toda la cadena criminal y la inmensa mayoría se encuentra en la total impunidad.

El 8 de octubre la comunicadora indígena Efigenia Vásquez Astudillo fue asesinada mientras ejercía labores periodísticas y de comunera en Puracé, Cauca. Ella ocupa el último renglón de los 154 periodistas asesinados por razones de su oficio desde hace 40 años. La investigación por el crimen Vásquez apenas comienza y se espera que, a diferencia de lo que ha ocurrido con la gran mayoría de casos, el proceso judicial avance y las autoridades sancionen a los responsables con celeridad. 

Las cifras de impunidad en casos de asesinatos a periodistas son dramáticas. De los 154 casos de homicidios a periodistas por su trabajo, 129 se mantienen en total impunidad. Únicamente en 22 casos ha habido algún tipo de condena contra autores materiales y sólo en 3 casos se han condenado a los autores intelectuales. El único caso en el que la justicia ha logrado condenar a toda la cadena criminal es el del subdirector del diario La Patria de Manizales, Orlando Sierra, asesinado en 2002. Además, de la totalidad de estos casos, hasta la fecha han prescrito 77, es decir la mitad.

Decisiones relevantes

El asesinato de Gerardo Bedoya, ocurrido el 20 de marzo de 1997, fue declarado crimen de lesa humanidad días antes de que operara la prescripción. Teniendo en cuenta que esta decisión implica que estos delitos no prescriben, la FLIP celebra esta decisión pero expresa su preocupación ya que no existen avances significativos en la investigación, a pesar de que han pasado 20 años desde que se cometió el crimen contra el periodista de El País de Cali. La Fundación hace un llamado a la Fiscalía y a la rama judicial a que no asuman esta declaratoria como un incentivo para dilatar los resultados de las investigaciones y de las sanciones.

Este año, además, se conmemoraron 30 años del asesinato del médico y periodista Héctor Abad Gómez. El homicidio ocurrió el 25 de agosto de 1987 en Medellín. Han pasado tres décadas y su caso continúa sin ser resuelto. Este homicidio continúa en la completa impunidad sin que las investigaciones demuestren avances relevantes en la identificación y posterior sanción a los responsables.

Otra decisión relevante en el escenario de la impunidad en crímenes contra la prensa es la condena de más de 47 años de cárcel a Juan Camilo Ortíz, alias “El Loco”, por su participación en el asesinato de la periodista huilense Flor Alba Núñez. La periodista fue asesinada el 9 de septiembre de 2015 en Pitalito. Núñez, a través de la emisora La Preferida Stereo y el Canal 6, hacía constantes denuncias acerca de la delincuencia común que operaba en el municipio y sus posibles relaciones con funcionarios públicos.

La Fundación reconoce esta condena como un avance en la búsqueda de justicia en este crimen y destaca, además, que el juez haya tenido en cuenta la calidad de periodista de la víctima en el momento de valorar los móviles del homicidio. Sin embargo, dentro del proceso judicial aún hace falta condenar a toda la cadena criminal, mediante el esclarecimiento de los autores intelectuales y del autor material restante que se encuentra libre.

En el caso de Jineth Bedoya Lima se llevaron a cabo los alegatos de conclusión en los que la Fiscalía solicitó la condena de Alejandro Cárdenas Orozco y Jesús Emiro Pereira. Sumado a esto, la Corte Suprema de Justicia confirmó la exclusión de Justicia y Paz de dos de los implicados en estos delitos. Sin embargo, las autoridades judiciales que intervienen en el proceso continúan sometiendo a la reportera a escenarios de revictimización en los que no se generan mayores aportes al proceso. El primero de marzo, la reportera fue llamada por decimosegunda vez para declarar como parte de la investigación por la tortura, el secuestro y la violación de las que fue víctima en mayo del 2000.

Otro avance en la búsqueda de justicia en los crímenes contra la prensa es la condena al exdirector del DAS, Jorge Noguera, por las interceptaciones, los hostigamientos y la tortura a líderes sociales y políticos, abogados y periodistas. La Corte Suprema de Justicia condenó a Noguera a una pena de 7 años, 10 meses y 15 días de prisión. La FLIP reconoce esta decisión como un avance, teniendo en cuenta que Noguera era el más alto funcionario del extinto DAS cuando ocurrieron los hostigamientos y las interceptaciones. Sin embargo, espera que las investigaciones continúen y se condene a todos los responsables de estos crímenes.

Una de las víctimas de la tortura impartida por el extinto órgano de seguridad es la periodista Claudia Julieta Duque. Este año se llevó a cabo el proceso de extradición a Enrique Ariza Rivas, uno de los responsables de las agresiones a la periodista. Además, continuó el proceso en contra del General Jorge Luis Ramírez Aragón, director del INPEC. Sumado a esto, el pasado 19 de octubre, los delitos de tortura y persecución de los que fue víctima Duque fueron declarados crímenes de lesa humanidad.

A pesar de estos avances en la lucha contra la impunidad, a la FLIP le preocupa la postura del Estado colombiano frente al caso del asesinato de Carvajal Vs. Colombia que se está llevando a cabo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Durante las audiencias realizadas en agosto, la defensa del Estado utilizó argumentos ofensivos contra las víctimas y manipuló información para no aceptar su responsabilidad. La representación del Estado culpó de su negligencia a la familia Carvajal por no entregar suficiente información acerca de los responsables. Además, negó las condiciones reales de la libertad de prensa en el país y afirmó -erróneamente- que estaba cumpliendo con su deber de prevenir la violencia contra la prensa.

Nelson Carvajal fue asesinado el 16 de abril de 1998 en Pitalito, Huila. El Estado colombiano falló en la prevención de la violencia contra la prensa, en la protección de Carvajal a pesar de conocer el riesgo inminente y en la posterior investigación y sanción a los responsables de este crimen atroz.

El 2017 ha sido un año determinante en la búsqueda de justicia en los casos de agresiones a la prensa. La FLIP reconoce los pequeños avances en los casos previamente mencionados. Sin embargo, la Fundación exige al Estado colombiano que, a través de las distintas instituciones, haga parte de la lucha contra la impunidad en los casos de agresiones a periodistas.

Este año volvió a ser asesinada una comunicadora durante su trabajo periodístico. El Estado debe garantizar la justicia en el caso de Efigenia Vásquez y de los otros 153 periodistas que han sido asesinados desde 1977. La FLIP solicita a la Fiscalía que sea diligente en las investigaciones de estos crímenes y a la rama judicial a que condene fuertemente a los responsables de la forma de censura más atroz: el asesinato a periodistas. 

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El pasado 8 y 9 de agosto se llevaron a cabo dos actuaciones clave dentro del proceso que se adelanta por el secuestro, tortura y violencia sexual de los que fue víctima la periodista Jineth Bedoya Lima en el año 2000.

Por un lado, en el proceso que se adelanta contra Alejandro Cárdenas Orozco (alias 'J.J.') y Jesús Emiro Pereira Rivera (alias 'Huevo de Pizca'), se llevó a cabo la lectura de alegatos de conclusión en donde las partes del proceso recogieron sus argumentos con el fin de exponer al juez por qué debe condenarlos o absolverlos.

En su intervención, la Flip solicitó al juez que condenara a los acusados teniendo en cuenta que la agresión a Jineth Bedoya Lima se enmarca en un escenario de agresiones a la prensa y a las mujeres por parte de estructuras paramilitares. La Fiscalía y el Procurador del caso igualmente solicitaron que tanto ‘J.J.’ como ‘Huevo de Pizca’ fueran condenados. Las partes quedaron a la espera la decisión del juez.

Al mismo tiempo, la Corte Suprema de Justicia confirmó ayer la sentencia de primera instancia del Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá, mediante la cual ordenó la exclusión de Alejandro Cárdenas y Mario Jaimes Mejía (Alias 'Panadero') de Justicia y Paz. Con esta decisión, tanto ‘J.J.’ como el ‘Panadero’ pierden el beneficio de una pena alternativa y deberán cumplir penas ordinarias en caso de que sean condenados en los múltiples procesos que se adelantan en su contra.

La Flip reconoce estas actuaciones como un avance en la lucha contra la impunidad en crímenes contra periodistas y exhorta a las autoridades judiciales para que continúen su labor en la búsqueda de verdad y justicia para Jineth Bedoya. Sin embargo, la Flip no desconoce que los 17 años que han transcurridos sin justicia efectiva se han constituido en una nueva forma de revictimización para Bedoya.

Por ello, la Fundación reafirma su compromiso sobre este caso e insiste en la necesidad de avanzar en el proceso con celeridad y diligencia de tal forma que se logre garantizar la verdad y la justicia.

Con lo anterior, se sentaría un importante precedente no sólo para las mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado, sino también para todas aquellas periodistas que han experimentado la crueldad de la guerra como consecuencia de su compromiso con contar la verdad.

Antecedentes

El 25 de mayo de 2000 la periodista Jineth Bedoya Lima, que en ese momento trabajaba en el diario El Espectador, fue víctima de violación, tortura y secuestro luego de acudir a la cárcel La Modelo de Bogotá para entrevistar al jefe paramilitar Mario Jaimes Mejía.

Tres años después, la reportera fue nuevamente víctima de secuestro, pero esta vez por parte de las Farc en Caño Jabón, Meta. Para ese entonces, Bedoya estaba realizando seguimiento a la situación de orden público del municipio, luego del secuestro masivo perpetrado allí por el grupo guerrillero en el año 2002.

Por estos hechos Bedoya lidera, desde 2009, la campaña ‘No es hora de callar’, que busca que las mujeres víctimas de violencia sexual denuncien a sus agresores y socialicen sus casos con el fin de recuperar su dignidad. Estas campañas, así como otras iniciativas que lidera la reportera para promover el perdón y la reconciliación, han aumentado su situación de riesgo por las múltiples amenazas que ha recibido durante los últimos 17 años.

En marzo de este año, la periodista fue revictimizada al ser llamada una vez más a contar lo ocurrido en mayo de 2000.

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Pese a todo ese tiempo, los procesos que se adelantan por estos hechos avanzan a media marcha debido a que la periodista se ha enfrentado a un sistema judicial negligente y a un Estado sin voluntad política a la hora de investigar y sancionar a los responsables de estos crímenes. Muestra de ello es que, a la fecha, sólo se han producido dos condenas anticipadas en contra de Alejandro Cárdenas Orozco y Mario Jaimes Mejía por la vía de aceptación parcial de cargos.

Este panorama evidencia el poco interés que han tenido las autoridades por buscar justicia efectiva en el caso de Bedoya y que ha derivado en la revictimización y en el desconocimiento de los derechos de la reportera como víctima del conflicto armado.

Visibilidad

En este escenario tan desolador, vale la pena resaltar la valentía con la que la periodista ha afrontado estos hechos y que la han llevado a no rendirse y seguir luchando. Un ejemplo de ello es su labor periodística en el diario El Tiempo, así como las múltiples campañas lideradas por ella, que ha contribuido a la visibilidad de las mujeres agredidas sexualmente con el fin de devolverles la dignidad a las víctimas de este flagelo.

Fruto de este esfuerzo el 25 de mayo se convirtió, desde 2014, en el Día Nacional por la Dignidad de Víctimas de Violencia Sexual y a través del cual se conmemora la lucha y la resistencia que ejercen las mujeres no sólo para evitar ser víctimas de violencia sexual sino también para lograr justicia efectiva en sus casos.

La FLIP le solicita al Estado que tome las medidas necesarias para dar celeridad a los procesos y sancionar a los responsables de estos crímenes y hace un llamado para que estos casos de agresión a mujeres periodistas sean atendidos con un enfoque diferencial de género con el fin de que no se desconozca que el hecho de ser mujeres es una de las razones que motiva las agresiones de las que son víctimas.

Sobre este punto, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos a través de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión ha señalado que “en casos de violencia contra mujeres periodistas los Estados tienen, además de las obligaciones genéricas señaladas, una obligación reforzada de actuar con debida diligencia a partir de las disposiciones existentes en materia de los derechos de las mujeres, como los establecidos en la Convención Belém do Pará”. Y añade: “[l]os Estados deben adoptar medidas de protección en casos específicos en los que determinadas mujeres periodistas corren un riesgo especial de ser víctimas de violencia, tomando en consideración las distintas formas de discriminación por otros motivos conexos como su raza, etnia, edad u orientación sexual, entre otros”.

Y concluye diciendo que “[r]esulta indispensable además que las autoridades encargadas de proteger e investigar sean debidamente capacitadas en materia de género para evitar estereotipos discriminatorios a la hora de evaluar la credibilidad de la denuncia presentada, culpabilizar a la víctima, justificar los hechos por su actitud o comportamiento, o que por sus relaciones sentimentales se cuestione su honra o se utilice un vocabulario sexista”.

De acuerdo con los registros de la FLIP, entre 2006 y 2016 al menos 191 mujeres periodistas fueron víctimas de agresiones en el marco de su ejercicio periodístico. Estas comprenden, entre otras, amenazas, estigmatización, atentados, obstrucción a su trabajo y violencia sexual; las cuales han sido cometidos por grupos guerrilleros, paramilitares, actores estatales o particulares.

Por último, la Relatoría también ha señalado que los actos de violencia contra periodistas tienen un triple efecto: “vulneran el derecho de las víctimas a expresar y difundir sus ideas, opiniones e información, generan un efecto amedrantador y de silenciamiento en sus pares, y violan los derechos de las personas y las sociedades a buscar y recibir información e ideas de cualquier tipo”. Por lo anterior, de acuerdo con este mismo organismo, los Estados tienen la obligación de prevenir, proteger y procurar justicia. El caso de Jineth Bedoya es un claro ejemplo de una falla por parte del Estado en el cumplimiento de dicho deber por lo que se hace necesario que este caso siente un precedente para que las instituciones actúen y reivindiquen su responsabilidad a la hora de evitar que las agresiones contra la libertad de prensa se repliquen.

Antecedentes

El 25 de mayo de 2000 la periodista Jineth Bedoya Lima, que en ese momento trabajaba en el diario El Espectador, fue víctima de violación, tortura y secuestro luego de acudir a la cárcel La Modelo de Bogotá para entrevistar al jefe paramilitar Mario Jaimes, alias El Panadero.

Tres años después, la reportera fue nuevamente víctima de secuestro, pero esta vez por parte de las Farc en Caño Jabón, Meta. Para ese entonces, Bedoya estaba realizando seguimiento a la situación de orden público del municipio, luego del secuestro masivo perpetrado por el grupo guerrillero en el año 2002.

Por estos hechos Bedoya lidera, desde 2009, la campaña ‘No es hora de callar’, que busca que las mujeres víctimas de violencia sexual denuncien a sus agresores y socialicen sus casos con el fin de recuperar su dignidad. Estas campañas, así como otras iniciativas que lidera la reportera para promover el perdón y la reconciliación, han aumentado su situación de riesgo por las múltiples amenazas que ha recibido durante los últimos 17 años.

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