Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP

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En audiencia pública, celebrada en la mañana del viernes 9 de septiembre en Neiva, el Juez Tercero Penal Especializado de dicha ciudad impuso una pena de prisión de 47 años, 6 meses y 2 días a Juan Camilo Ortíz, alias ‘El Loco’ por la autoría material del homicidio de la periodista Flor Alba Núñez, ocurrido el 10 de septiembre de 2015 en Pitalito, Huila.

Ortiz fue condenado por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas. El Juez consideró las circunstancias de indefensión en las que se encontraba la periodista al momento de ser asesinada y tuvo en cuenta que el crimen fue consecuencia de la actividad periodística de Núñez. Un asunto relevante dado que en pocos casos se tiene en cuenta la calidad de periodista como determinante del crimen, lo que invisibiliza la violencia contra la prensa.

El juez argumentó que las pruebas obtenidas, entre las que se encuentran testimonios, videos, fotografías, entre otras pruebas técnicas, permitían probar que Ortíz fue el autor del crimen.

De acuerdo con la teoría del caso planteada por la Fiscalía, Ortíz actuó en conjunto con Jaumeth Albeiro Flórez, quien actualmente se encuentra prófugo de la justicia y a quien se acusa de ser quien conducía la moto en la que huyó Ortíz luego de ultimar a la periodista.

La FLIP reconoce esta decisión y la celeridad con la que se llevó el caso como un avance significativo en la lucha contra la impunidad, teniendo en cuenta que la pena impuesta es una de las más altas en los casos de violencia contra periodistas. Sin embargo, no se puede desconocer que esta es una victoria parcial, puesto que aún no se ha llevado a la justicia al otro autor material y tampoco se ha establecido una estrategia investigativa con el fin de identificar a los autores intelectuales del crimen.

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Viernes, 11 Agosto 2017 18:37

Juez condena al autor material del homicidio de Flor Alba Núñez

El juez tercero penal especializado de la ciudad de Neiva condenó a Juan Camilo Ortíz (alias ‘El Loco’) por el homicidio de la periodista Flor Alba Núñez, ocurrido el 10 de septiembre de 2015 en el municipio de Pitalito, Huila. En audiencia pública del viernes 11 de agosto se conoció el sentido del fallo y el próximo 8 de septiembre se emitirá la pena en contra de ‘El Loco’. El fiscal de derechos humanos que lidera la investigación del caso solicitó una condena de al menos 50 años por este crimen.

Flor Alba Núñez era la coordinadora de noticias de la emisora La Preferida Stéreo y hacía investigaciones acerca de corrupción y orden público en Pitalito. Fue asesinada cuando estaba a punto de ingresar a las instalaciones del medio.

Se manejan tres hipótesis frente a las causas del homicidio. De estas, la que relaciona directamente a Juan Camilo Ortíz se basa en los cuestionamientos que hizo Núñez contra un Juez de Timaná por concederle la detención domiciliaria a Ortíz, acusado de atentar contra la vida de la zootecnista Julieth Marcela Henao en noviembre de 2013.  

El crimen de Núñez silenció a una de las voces líderes en su municipio a la hora de denunciar el asedio de las bandas criminales a la población. Muestra de ello fue el Proyecto Pitalito, que inició un mes después del asesinato de Núñez y en el que diferentes medios de comunicación se aliaron para publicar historias durante un mes. Los reportajes estaban relacionados no sólo con la muerte de la periodista, sino también con las denuncias de la reportera con relación al crecimiento de las bandas criminales en el municipio huilense.

Núñez ocupa el renglón 153 en la lista de periodistas asesinados por razones de su oficio en los últimos 40 años. La FLIP reconoce esta condena como un progreso de la justicia en la lucha contra la impunidad. Sin embargo, la Fundación exhorta a las autoridades judiciales para que continúen las investigaciones con el fin de determinar quiénes fueron los autores intelectuales del crimen. De no ser así, se impide hacer justicia efectiva dentro de su caso.

Igualmente, para la FLIP es importante la búsqueda de justicia en los asesinatos cometidos en contra de periodistas que desarrollan su labor en las regiones más apartadas de las grandes ciudades. Es allí donde la libertad de prensa se ve más amenazada y donde existe mayor probabilidad de que estas agresiones queden en la impunidad.

Publicado en Pronunciamientos

Hasta el 20 de marzo de 1997, Gerardo Bedoya Borrero fue el editor de las páginas de opinión del diario El País de Cali. Ese día, acompañó a su amiga María Eugenia Arango, a ver un apartamento. En las horas de la noche, en el barrio Multicentro de Cali, un hombre interceptó a la pareja y le disparó a Bedoya.

Publicado en Casos prescritos

El 28 de septiembre, en la Resolución No. 048, la Fiscalía General de la Nación declaró que los asesinatos de estos tres periodistas, y de otros defensores de derechos humanos, eran de lesa humanidad. Con ello se ratificó que estos crímenes fueron planeados por la Fuerza pública y los grupos paramilitares dentro un patrón sistemático y generalizado que usó el Estado colombiano en contra de la población civil. 

La Fiscalía determinó que “en atención al carácter inalienable de los derechos violados, la gravedad de los hechos, el derecho de las víctimas y la obligación de investigar y juzgar a los presuntos responsables por parte del Estado, este despacho declarará la imprescriptibilidad de la acción penal”.

El asesinato del periodista y humorista Jaime Garzón, ocurrió el 13 de agosto de 1999. La investigación por estos hechos ha tenido varias dilaciones y montajes para evitar sancionar a los responsables, que involucra a altos funcionarios públicos como  José Miguel Narváez (exsubdirector del DAS) y el Coronel (r) Plazas Acevedo. La FLIP, junto con los familiares del periodista y otras organizaciones, venía solicitando desde tiempo atrás esta declaratoria debido al carácter sistemático de la violencia que sufrieron Garzón, otros periodistas y defensores de derechos humanos para la época.

La Fiscalía concluyó que el asesinato de Jaime Garzón Forero obedeció a que “fue considerado en los informes de inteligencia del Ejército una persona que por sus labores humanitarias a favor de la paz con los grupos insurgentes, estaría favoreciendo dichos grupos”. Razón por la que fue declarado objetivo militar.

Por su parte, Mario Calderón y Elsa Alvarado, investigadores y periodistas del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), fueron asesinados el 19 de mayo de 1997 a raíz de sus trabajos sobre investigación social en el Urabá antioqueño y en el páramo de Sumapaz.  En la investigación por estos hechos se encuentra vinculado Diego Fernando Murillo, alias Don Berna.

Según la Fiscalía, los asesinatos de estos tres periodistas, y el de los defensores de derechos humanos Jesús María Valle y  Eduardo Umaña, coincidían en que “todos denunciaron amenazas y seguimientos; los perpetradores fueron los sicarios de la temida banda La Terraza de Medellín; la orden siempre vino de Carlos Castaño, pero con anuencia de agentes del Estado”. Además afirmó que las investigaciones judiciales se desviaron y fueron “ejecuciones extrajudiciales”.

La FLIP respalda esta decisión y hace un llamado a la Fiscalía General de la Nación y al poder judicial para que esta declaratoria se acompañe con investigaciones y juicios más efectivos. Solo así se lograrán avances significativos, los cuales puedan llevar a la sanción de todas las personas responsables. Igualmente, teniendo en cuenta que esta declaración de lesa humanidad hace que estos delitos no puedan prescribir, la FLIP solicita que esto no se convierta en un incentivo para que estas investigaciones se dilaten aún más en el tiempo sin resultados y sin consecuencias. 

Publicado en Noticias

La Fundación para la Libertad de Prensa – FLIP – considera positiva la condena proferida por el Consejo de Estado en contra de la Nación por el crimen de Jaime Garzón. Además hace un llamado a las autoridades judiciales para que incorpore las consideraciones de este fallo dentro de los procesos que se siguen en contra los exfuncionarios presuntamente responsables del crimen.

El miércoles 14 septiembre el Consejo de Estado responsabilizó al Ministerio de Defensa, al Ejército, a la Policía y al antiguo DAS como autores determinantes en el asesinato del periodista y humorista Jaime Garzón. Además, el alto tribunal reconoció el homicidio como un crimen de lesa humanidad.

Según el fallo proferido por la entidad judicial, el coronel del Ejército en retiro, Jorge Eliécer Plazas Acevedo, y el exsubdirector del DAS, José Miguel Narváez, son responsables de los seguimientos ilegales en contra de Garzón. Se les atribuye, también, la responsabilidad de compartir con Carlos Castaño la información recogida durante esos operativos ilícitos.

Por estos hechos, el alto tribunal determinó que el Estado era responsable por la permisividad frente a los vínculos existentes entre fuerzas estatales y los grupos armados al margen de la ley. Consideró, además, que el asesinato se cometió con fines terroristas y que fue una vulneración grave a los derechos humanos, especialmente por la indefensión en la que se encontraba el periodista para el momento del crimen.

En cuanto a la reparación, el Consejo ordenó que el Estado debe pagar casi 700 millones de pesos, equivalentes a 200 SMLMV, a la familia del periodista. El comandante general del Ejército y el director general de la Policía deberán presentar excusas públicas a los familiares de la víctima y citar con anticipación a los medios de comunicación para el cubrimiento del suceso. Este acto solemne debe realizarse dentro de los siguientes dos meses a la ejecución del fallo.   

Adicionalmente, el Ministerio de Defensa Nacional deberá crear un link, que tendrá que estar disponible en la web durante al menos seis meses, para que los ciudadanos puedan consultar la decisión del Consejo de Estado. Se enviará, también, una copia de la sentencia al Centro Nacional de Memoria Histórica para contribuir con este caso a la construcción de la memoria sobre los crímenes ocurridos contra la prensa en medio del conflicto armado interno.

La FLIP le solicita a la Fiscalía General de la Nación que asuma su tarea de individualizar y castigar a todos los funcionarios que pudieron haber participado del crimen desde el interior de las instituciones públicas mencionadas en el fallo.

Hasta la fecha ningún funcionario o exfuncionario ha sido condenado por el asesinato de Garzón. La única sentencia existente que vincula a algún autor determinante se profirió en 2004 en contra de Carlos Castaño, sin embargo, para esa fecha el jefe paramilitar ya había desaparecido. 

 
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Hoy, 10 de Septiembre de 2015 hacia las 11:30 de la mañana al sur de la ciudad de Pitalito departamento del Huila, fue asesinada la periodista Flor Alba Núñez Vargas coordinadora de noticias de la emisora La preferida Stereo de ese municipio.

Flor Alba trabajaba además en los espacios informativos locales de Canal 6, TV5 y del Canal Nación TV.  Anteriormente había trabajado para la emisora HJDOBLEK.

De acuerdo con la información recolectada por la FLIP, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta la abordaron para dispararle cuando se disponía a ingresar a la emisora donde transmitiría el informativo del medio día.

Hasta el momento se manejan tres posibles hipótesis sobre los móviles del asesinato. La primera es que Flor Alba publicó recientemente - en su cuenta personal de Facebook - fotografías de una banda delincuencial que realizó un atraco en inmediaciones de la Alcaldía de Pitalito.

La segunda hipótesis plantea una relación entre el asesinato y el cubrimiento sobre el proceso electoral.

Por último, fuentes consultadas por la FLIP indican que la periodista habría recibido amenazas e intimidaciones con posterioridad a la publicación de una entrevista hecha a las personas que se vieron implicadas en el asesinato de un perro de raza bull terrier el pasado mes de Agosto.

La FLIP quiere recordar que el asesinato es la forma de censura más extrema. No solo atenta contra la expresión del periodista asesinado, sino que impide que la comunidad conozca la verdad sobre lo que se quería informar. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que "los actos de violencia que se cometen contra periodistas violan el derecho de estas personas a expresar e impartir ideas, opiniones e información y además, atentan contra los derechos de los ciudadanos y las sociedades en general a buscar y recibir información e ideas de cualquier tipo”.

Flor Alba había estudiado Licenciatura en Lengua Castellana y se preparaba para especializarse en Comunicación.

Una misión de la FLIP se dirigirá hasta Pitalito con el fin de averiguar en terreno más detalles sobre lo sucedido.

La FLIP envía un mensaje solidario a familiares y colegas y hace un llamado a la Fiscalía General para que actúe con diligencia. Las primeras horas son esenciales para la recolección de la información y de las pruebas que podrán ayudar a dar con los responsables tanto materiales como intelectuales. Dejar pasar el tiempo sin actuar, a pocas horas de ocurrido el asesinato, en otros casos ha resultado un obstáculo para la investigación penal. 

 
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Hoy, 19 de marzo de 2015, se cumplen cinco años del asesinato de Clodomiro Castilla en Montería, Córdoba. Castilla solía hacer denuncias sobre corrupción política y paramilitarismo en el departamento.

En su momento, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dijo en un comunicado, emitido el 22 de marzo del 2010, que reconocía “el rápido repudio de este crimen por las más altas autoridades colombianas pero expresa su profunda preocupación por la situación de desprotección en la que se encontraba el periodista, pese a haber solicitado oportunamente la actuación del Programa de Protección a Periodistas del Estado colombiano”.

Castilla había sido beneficiario de medidas del programa de protección del Ministerio del Interior y de Justicia desde agosto de 2006. No obstante, estas habían sido retiradas en febrero de 2009. Ante nuevas amenazas, el periodista solicitó en noviembre del mismo año que tales medidas fueran reasignadas. Esta petición fue negada pues el estudio de riesgo de Castilla había resultado “ordinario”.

Cinco años después de ocurridos estos hechos son pocos los avances en la justicia. Según información de la Fiscalía General de la Nación entregada a la FLIP a finales de 2014, la investigación por el asesinato de Castilla permanece en etapa de indagación.

La FLIP hace un llamado a la Fiscalía para que de impulso a la investigación por el asesinato de Castilla y de esta forma evite que permanezca en la impunidad. Al respecto, el principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión indica que “el asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.

 
 
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El domingo 5 de octubre de 2003 fue asesinado el locutor José Nel Muñoz a dos kilómetros de la vereda Puerto Libertad en el departamento de Putumayo, al sur del país. El cadáver fue recogido por 5 periodistas de la región y por su esposa, quienes manifestaron que éste mostraba señales de tortura y tres impactos de bala.

Muñoz llevaba trabajando más de un año como locutor de la emisora Latina Estéreo en Puerto Asís. Allí conducía espacios musicales e información comunitaria. Esporádicamente cubría eventos noticiosos del conflicto armado y noticias políticas. Sin embargo, en Puerto Asís era más conocido por su labor como locutor y animador de fiestas. 

Muñoz salió de su casa el sábado 4 de octubre a animar una fiesta en la vereda Puerto Libertad en compañía de la persona encargada del sonido. Su esposa Diteli Portillo afirmó que esperaba que el periodista regresara al siguiente día, pero ni él ni el sonidista regresaron. Por eso, ese domingo, junto con un grupo de periodistas emprendieron su búsqueda.

"Hay un gran vacío entre la última vez que lo vieron a las 12 de la noche y hasta que recogimos el cadáver", señaló Jesús Bernal, periodista de Colombianísima Estéreo. En efecto, la esposa de Muñoz le dijo a la FLIP que había un gran hermetismo entre la gente de la vereda respecto a lo acontecido. "Llegamos a la vereda y solamente nos dijeron que los siguiéramos a donde estaba el cuerpo", señaló. Así lo hicieron, recogieron el cadáver y regresaron a Puerto Asís. Los periodistas agregaron que al parecer el acompañante del periodista logró escapar, pero hasta la fecha se desconoce su paradero. 

Por la zona donde se cometieron los hechos y por la información divulgada en distintos medios de comunicación, todo parece indicar que los autores del asesinato del locutor fueron miembros del frente 48 de las Farc. Según periodistas de la región, Muñoz nunca había sido víctima de amenazas. 

La FLIP no ha podido determinar específicamente las circunstancias y motivos del asesinato de José Nel Muñoz. Sin embargo, seguirá investigando el caso para establecer con mayor certeza si existe un nexo causal entre el homicidio y la labor periodística de Muñoz.




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La Fundación para la Libertad de Prensa-FLIP publica este 9 de febrero, día del periodista, su informe anual en el que hace una radiografía de la situación de la libertad de prensa en el 2012. La FLIP ve con preocupación que se hayan registrado un total de 158 agresiones directas contra periodistas en el ejercicio de su oficio, entre las que se incluye el asesinato de Guillermo Quiroz en San Pedro, Sucre; el atentado contra Fernando Londoño en Bogotá; la amenaza colectiva a 10 periodistas de Santa Marta, Magdalena; el desplazamiento forzado de 6 reporteros y el exilio de uno. 

Si bien las condiciones de seguridad para periodistas en otros países de América Latina, como México, Honduras y Brasil son muy delicadas, Colombia es uno de los lugares más peligrosos para el periodismo, especialmente a nivel local. Igualmente preocupa el estado de impunidad en que se encuentran varias investigaciones. 

En 2012 prescribieron dos casos de asesinatos de periodistas: el de José Domingo Cortés Soto, del Diario del Otún, baleado el 15 de noviembre de 1992 en Valencia, Córdoba; y el de John Félix Tirado Castañeda de la emisora Ondas del Urrá, ocurrido el 5 de agosto del mismo año en Cartago, Valle. Esto significa que, de los 140 periodistas asesinados desde 1977, hay 59 casos que ya prescribieron. 

Las investigaciones por las interceptaciones y seguimientos a periodistas por parte del DAS, parecen haber entrado en un letargo. Se dieron condenas contra mandos medios de la entidad, pero las investigaciones a funcionarios de alto nivel siguen sin mostrar avances. 

Por otro lado, se destacan ciertos avances en el caso de Jineth Bedoya, que fue declarado crimen de lesa humanidad, así como en los de Orlando Sierra y Jaime Garzón, ambos en etapa de juicio.

La FLIP registró el incremento de procesos judiciales contra periodistas como método de censura. En el 2012 la inquietud ha llegado al extremo con la condena dada por el Tribunal Superior de Cundinamarca contra el periodista de Fusagasugá, Luis Agustín González, por el delito de injuria tras cuestionar en un editorial las aspiraciones políticas de una reconocida dirigente del departamento. Igualmente notorio, entre otros, fue el caso ocurrido en agosto, cuando la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia anunció una denuncia penal contra la columnista de El Espectador, Cecilia Orozco, por criticar el trabajo de esta Corporación. Al final, la Corte se retractó. 

La FLIP destaca que en el 2012 los roces entre periodismo y fuerza pública se acentuaron. La muerte de Guillermo Quiroz involucró a miembros de la Policía en hechos que están por esclarecerse. A su vez, se dieron agresiones en Bogotá, Arauca y Santander. Por otro lado, se resalta la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de condenar a Colombia por las agresiones cometidas por miembros del Ejército al camarógrafo Richard Vélez, en 1996, y por la falta de justicia en el esclarecimiento de los hechos. 

Por último, en el 2012 se dieron algunos avances en el reconocimiento de los periodistas que han sido afectados por el conflicto. En el marco de la Ley de Víctimas, la Unidad de Atención y Reparación a Víctimas reconoció a los periodistas como una población beneficiaria de reparación colectiva y, la Alcaldía de Bogotá, a través del Centro de Memoria Distrital, hizo un monumento a los afectados por el conflicto, dentro de las que se incluyó a los periodistas.

Lea aquí el informe completo en línea.

Publicado en Informes Anuales

• Solo han sido condenados 5 autores intelectuales de asesinatos a periodistas desde 1977.

• Dos periodistas fueron asesinados en 2010.

De los 138 casos de periodistas asesinados por razones de su oficio desde 1977 hasta 2010, 19 están cerca de prescribir y 46 ya prescribieron. Es decir, el 90% de los casos de periodistas asesinados antes de 1991 quedaron impunes. Así lo revela el informe sobre el estado de la libertad de prensa en Colombia 2010: "El olvido de la Justicia", que presentó hoy la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), en conmemoración del día del periodista. 

Hasta el momento, solo se conocen cinco sentencias condenatorias a autores intelectuales por homicidios a periodistas, ocho sentencias absolutorias y 29 casos permanecen estancados en investigación preliminar. Por otro lado, en el caso de las amenazas, no existe en Colombia una sola condena contra alguien por atentar de esa manera contra la vida de un periodista.

Durante el 2010 se presentaron los lamentables asesinatos de los periodistas, Clodomiro Castilla en Montería, Córdoba; y Rodolfo Maya Aricape en Caloto, Cauca. Castillo era reconocido por denunciar la presencia de grupos armados ilegales en sus regiones y Maya era un reconocido comunicador y líder comunitario. La FLIP también documentó 51 casos de amenazas contra periodistas durante el año, varios atentados contra instalaciones de emisoras radiales, los avances judiciales por los seguimientos e interceptaciones ilegales hechos por el DAS contra periodistas y la difícil situación que se vive en Córdoba para ejercer el periodismo. 

Igualmente, la FLIP subraya con preocupación el incremento de denuncias penales, sin justa causa, por injuria y calumnia contra periodistas. Se documentaron 10 casos a lo largo del año donde la mayoría de denuncias son de líderes políticos o funcionarios públicos.

Finalmente, se señala que durante el 2010 se aprobó la ley 1426 que aumentó a 30 años la prescripción de homicidios a periodistas, sin embargo esta ley no tiene carácter retroactivo. Asimismo, la FLIP destaca la declaración como crimen de lesa humanidad del asesinato del ex director de El Espectador, Guillermo Cano, sucedido en 1986 y la vinculación de los líderes políticos Ferney y Dixon Tapasco al proceso por el homicidio del periodista Orlando Sierra, ocurrido en el 2002.

Vea aquí el informe completo en línea.

Publicado en Informes Anuales
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