Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP

Logo Flip

 

Ayer, 6 de junio de 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos -Corte IDH- hizo pública la sentencia en la que se declara responsable al Estado de Colombia por el homicidio del periodista Nelson Carvajal Carvajal.  Es el primer caso en el que una corte internacional condena a un Estado por un homicidio motivado en razón del ejercicio periodístico de la víctima.

Nelson Carvajal fue un periodista radial colombiano que trabajó como director del noticiero ‘Momento Regional’ y de las radio-revistas ‘Mirador de la Semana’, ‘Amanecer en el Campo’ y ‘Tribuna Médica’ de la Emisora Radio Sur, en el municipio de Pitalito, Huila. Desde allí, se concentró en la investigación de asuntos de corrupción local como las irregularidades en la administración de fondos públicos y el lavado de dinero proveniente del narcotráfico. La Corte Interamericana reconoce que fueron estas denuncias las que motivaron su asesinato el 16 de abril de 1998, fecha en la que sicarios lo abordaron a la salida del colegio del que también era docente y le dispararon en 7 oportunidades.

¿Por qué Colombia es responsable internacionalmente en este caso?

La Corte reconoció el contexto de violencia generalizada existente contra los periodistas en el país, advirtiendo que, para 1998, año en el que Nelson Carvajal fue asesinado, Colombia fue catalogado como el “lugar más mortífero para la prensa en el mundo”[1]. Esta situación se ve agravada por la impunidad de las agresiones contra periodistas, según afirma la Corte IDH, “la justicia colombiana ha experimentado dificultades a la hora de investigar a los responsables”. De los 157 casos de homicidios a periodistas en Colombia, sólo ha habido condenas a autores intelectuales en 4 casos.

La Corte IDH advierte que tras 20 años desde la muerte del periodista la investigación no ha concluido y no se ha hallado a los implicados en el crimen, por lo que concluye que “el Estado es, en gran medida, responsable por la dilación extraordinaria de este asunto”. Igualmente, el Tribunal indica que Colombia es responsable por no haber desarrollado las investigaciones relacionadas con las amenazas proferidas en perjuicio de varios familiares de Nelson Carvajal Carvajal y que produjeron su exilio fuera del país.

En este sentido, el tribunal internacional concluye que la investigación inadecuada del homicidio de Nelson Carvajal constituye, en sí misma, una violación a la obligación de garantizar el derecho a la vida. Esto implica que las carencias en la investigación que perjudiquen la eficacia para establecer la causa de la muerte o identificar a los responsables podrían constituir una violación del derecho a la vida[2].

Sobre el derecho a la libertad de expresión, la Corte IDH sostiene que “una de las formas más violentas de suprimir el derecho a la libertad de expresión es a través de homicidios contra periodistas”. La Corte concluyó tanto el homicidio como la falta de investigación del mismo constituyen una violación al derecho a la libertad de expresión.

Así mismo, la Corte declaró a Colombia internacionalmente responsable como consecuencia de la falta de investigación de las múltiples amenazas que recibió la familia de Nelson luego del homicidio y que forzaron el exilio de nueve de sus integrantes. Lo anterior, aunado al profundo sufrimiento que les causó la muerte del periodista, la afectación del tejido familiar y la dilación injustificada del proceso.

¿Cuáles son las medidas de reparación ordenadas por la Corte IDH?

Como parte de la decisión, la Corte ordenó a Colombia reparar los daños infringidos a los derechos humanos del fallecido periodista y de sus familiares. Entre las medidas de reparación ordenadas por la Corte, se ordena al Estado:

  1. Continuar con las investigaciones y procesos judiciales relacionados con la muerte de Nelson Carvajal dentro de un plazo razonable.

  2. Realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional en relación con los hechos del caso.

  3. Se publique el resumen oficial de la sentencia en el Diario Oficial y en otro diario de circulación nacional.

  4. Garantizar las condiciones de seguridad adecuadas para que los familiares de Nelson puedan retornar a sus lugares de residencia, si así lo desean.

  5. Remitir a la Corte los informes periódicos que envía a los organismos especializados de la OEA y de las Naciones Unidas relacionados con las medidas implementadas para la prevención y protección de las y los periodistas en Colombia.

Para la FLIP esta sentencia representa un avance en la garantía efectiva del derecho a la libertad de expresión en Latinoamérica y el Caribe, puesto que reconoce el fenómeno de la violencia contra la prensa y la impunidad generalizada en estas agresiones. Adicionalmente, desarrolla criterios que orientan la investigación, juzgamiento y sanción de los homicidios contra periodistas como medidas que deben seguir los Estados para cumplir su rol de contrarrestar la violencia contra la libertad de expresión.

Este logro no habría sido posible sin el esfuerzo de los familiares de Nelson Carvajal que no desistieron en su búsqueda de justicia durante 20 años, y gracias al liderazgo de la Sociedad Interamericana de Prensa y el Robert F. Kennedy Human Rights que litigaron el caso. La FLIP presentó -en alianza con el International Freedom of Expression Exchange- un Amicus Curiae a la Corte Interamericana solicitando la condena del Estado colombiano por su negligencia en investigar el homicidio de Nelson.

Esta sentencia debería invitar al Estado colombiano a desarrollar una política criminal robusta para hacer frente al fenómeno de la violencia contra la prensa y a que tome medidas efectivas para detener el aumento exponencial de las amenazas a periodistas que ha registrado la FLIP en los últimos 5 años. En criterio de la FLIP esto pasa por una revisión y reforma al sistema de protección actual que incorpore elementos de prevención

La FLIP continuará acompañando a la familia de Nelson Carvajal y vigilará el cumplimiento a cabalidad de la sentencia en los términos ordenados por la Corte Interamericana.

Una decisión fundamental para enfrentar las violencias contra la prensa en las Américas

Las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se convierten en un estándar de derechos humanos para los países de las américas que han suscrito la Convención Americana de Derechos Humanos. Esto quiere decir que no sólo Colombia de manera principal adquiere obligaciones para la protección de periodistas y la lucha contra la impunidad, estos estándares también deberán ser acatados por países donde persiste la violencia contra la prensa como México, Guatemala, Honduras, Paraguay y Brasil.

La FLIP confía en que este precedente sea de utilidad para el fortalecimiento de las garantías a la libertad de prensa en las américas.

 

 


 

[1]           Comité para la Protección a Periodistas, “Resúmenes por país: Colombia”, 1998, citado en el peritaje de Carlos Lauría rendido durante la audiencia pública del presente caso. Disponible en: https://cpj.org/es/2004/07/resumenes-por-pais.php

 

[2]           Cfr. Caso Baldeón García Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de abril de 2006. Serie C No. 147, párr. 97, Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costars. Sentencia de 5 de julio de 2006. Serie C No. 150, párr. 83.

 

Publicado en Pronunciamientos

Este 2 de noviembre, Día Internacional para poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, la FLIP hace un llamado al Estado colombiano para que garantice la justicia en los casos de agresiones a la prensa, especialmente en los asesinatos a periodistas.

El 2017 ha sido un año determinante en cuanto a lucha contra la impunidad en casos de agresiones a periodistas. Si bien se han dado algunos avances en casos emblemáticos como la condena a Jorge Noguera, exdirector del DAS, o la pena de 47 años impuesta al asesino de la periodista huilense Flor Alba Núñez, la impunidad en casos de asesinatos sigue siendo alarmante. De los 154 periodistas asesinados en los últimos 40 años, solamente en un caso se ha condenado a toda la cadena criminal y la inmensa mayoría se encuentra en la total impunidad.

El 8 de octubre la comunicadora indígena Efigenia Vásquez Astudillo fue asesinada mientras ejercía labores periodísticas y de comunera en Puracé, Cauca. Ella ocupa el último renglón de los 154 periodistas asesinados por razones de su oficio desde hace 40 años. La investigación por el crimen Vásquez apenas comienza y se espera que, a diferencia de lo que ha ocurrido con la gran mayoría de casos, el proceso judicial avance y las autoridades sancionen a los responsables con celeridad. 

Las cifras de impunidad en casos de asesinatos a periodistas son dramáticas. De los 154 casos de homicidios a periodistas por su trabajo, 129 se mantienen en total impunidad. Únicamente en 22 casos ha habido algún tipo de condena contra autores materiales y sólo en 3 casos se han condenado a los autores intelectuales. El único caso en el que la justicia ha logrado condenar a toda la cadena criminal es el del subdirector del diario La Patria de Manizales, Orlando Sierra, asesinado en 2002. Además, de la totalidad de estos casos, hasta la fecha han prescrito 77, es decir la mitad.

Decisiones relevantes

El asesinato de Gerardo Bedoya, ocurrido el 20 de marzo de 1997, fue declarado crimen de lesa humanidad días antes de que operara la prescripción. Teniendo en cuenta que esta decisión implica que estos delitos no prescriben, la FLIP celebra esta decisión pero expresa su preocupación ya que no existen avances significativos en la investigación, a pesar de que han pasado 20 años desde que se cometió el crimen contra el periodista de El País de Cali. La Fundación hace un llamado a la Fiscalía y a la rama judicial a que no asuman esta declaratoria como un incentivo para dilatar los resultados de las investigaciones y de las sanciones.

Este año, además, se conmemoraron 30 años del asesinato del médico y periodista Héctor Abad Gómez. El homicidio ocurrió el 25 de agosto de 1987 en Medellín. Han pasado tres décadas y su caso continúa sin ser resuelto. Este homicidio continúa en la completa impunidad sin que las investigaciones demuestren avances relevantes en la identificación y posterior sanción a los responsables.

Otra decisión relevante en el escenario de la impunidad en crímenes contra la prensa es la condena de más de 47 años de cárcel a Juan Camilo Ortíz, alias “El Loco”, por su participación en el asesinato de la periodista huilense Flor Alba Núñez. La periodista fue asesinada el 9 de septiembre de 2015 en Pitalito. Núñez, a través de la emisora La Preferida Stereo y el Canal 6, hacía constantes denuncias acerca de la delincuencia común que operaba en el municipio y sus posibles relaciones con funcionarios públicos.

La Fundación reconoce esta condena como un avance en la búsqueda de justicia en este crimen y destaca, además, que el juez haya tenido en cuenta la calidad de periodista de la víctima en el momento de valorar los móviles del homicidio. Sin embargo, dentro del proceso judicial aún hace falta condenar a toda la cadena criminal, mediante el esclarecimiento de los autores intelectuales y del autor material restante que se encuentra libre.

En el caso de Jineth Bedoya Lima se llevaron a cabo los alegatos de conclusión en los que la Fiscalía solicitó la condena de Alejandro Cárdenas Orozco y Jesús Emiro Pereira. Sumado a esto, la Corte Suprema de Justicia confirmó la exclusión de Justicia y Paz de dos de los implicados en estos delitos. Sin embargo, las autoridades judiciales que intervienen en el proceso continúan sometiendo a la reportera a escenarios de revictimización en los que no se generan mayores aportes al proceso. El primero de marzo, la reportera fue llamada por decimosegunda vez para declarar como parte de la investigación por la tortura, el secuestro y la violación de las que fue víctima en mayo del 2000.

Otro avance en la búsqueda de justicia en los crímenes contra la prensa es la condena al exdirector del DAS, Jorge Noguera, por las interceptaciones, los hostigamientos y la tortura a líderes sociales y políticos, abogados y periodistas. La Corte Suprema de Justicia condenó a Noguera a una pena de 7 años, 10 meses y 15 días de prisión. La FLIP reconoce esta decisión como un avance, teniendo en cuenta que Noguera era el más alto funcionario del extinto DAS cuando ocurrieron los hostigamientos y las interceptaciones. Sin embargo, espera que las investigaciones continúen y se condene a todos los responsables de estos crímenes.

Una de las víctimas de la tortura impartida por el extinto órgano de seguridad es la periodista Claudia Julieta Duque. Este año se llevó a cabo el proceso de extradición a Enrique Ariza Rivas, uno de los responsables de las agresiones a la periodista. Además, continuó el proceso en contra del General Jorge Luis Ramírez Aragón, director del INPEC. Sumado a esto, el pasado 19 de octubre, los delitos de tortura y persecución de los que fue víctima Duque fueron declarados crímenes de lesa humanidad.

A pesar de estos avances en la lucha contra la impunidad, a la FLIP le preocupa la postura del Estado colombiano frente al caso del asesinato de Carvajal Vs. Colombia que se está llevando a cabo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Durante las audiencias realizadas en agosto, la defensa del Estado utilizó argumentos ofensivos contra las víctimas y manipuló información para no aceptar su responsabilidad. La representación del Estado culpó de su negligencia a la familia Carvajal por no entregar suficiente información acerca de los responsables. Además, negó las condiciones reales de la libertad de prensa en el país y afirmó -erróneamente- que estaba cumpliendo con su deber de prevenir la violencia contra la prensa.

Nelson Carvajal fue asesinado el 16 de abril de 1998 en Pitalito, Huila. El Estado colombiano falló en la prevención de la violencia contra la prensa, en la protección de Carvajal a pesar de conocer el riesgo inminente y en la posterior investigación y sanción a los responsables de este crimen atroz.

El 2017 ha sido un año determinante en la búsqueda de justicia en los casos de agresiones a la prensa. La FLIP reconoce los pequeños avances en los casos previamente mencionados. Sin embargo, la Fundación exige al Estado colombiano que, a través de las distintas instituciones, haga parte de la lucha contra la impunidad en los casos de agresiones a periodistas.

Este año volvió a ser asesinada una comunicadora durante su trabajo periodístico. El Estado debe garantizar la justicia en el caso de Efigenia Vásquez y de los otros 153 periodistas que han sido asesinados desde 1977. La FLIP solicita a la Fiscalía que sea diligente en las investigaciones de estos crímenes y a la rama judicial a que condene fuertemente a los responsables de la forma de censura más atroz: el asesinato a periodistas. 

Publicado en Pronunciamientos

Efigenia Vásquez fue herida mortalmente mientras ejercía su derecho a la libertad de expresión como periodista en el municipio de Puracé, Cauca. La Fundación para la Libertad de Prensa maneja la hipótesis que la comunicadora pudo haber muerto a causa de un “proyectil de carga múltiple” accionado por un agente del ESMAD.

Efigenia, de 31 años, se encontraba cubriendo y participando en una protesta en la que comuneros del pueblo indígena Kokonuko reclamaban la propiedad colectiva de un predio que está en poder de un actor privado, Diego Angulo, quien administra “Aguas Tibias”, un negocio turístico de termales ubicado al interior de las tierras en disputa.

Ese día hacia las 4 de la tarde la comunidad bloqueó la entrada de “aguas tibias” en donde se encontraba el ESMAD. Este reaccionó enfrentando a los manifestantes haciendo que se replegaran hacia la parte alta de la montaña, en territorio del resguardo. En ese operativo resultaron heridos 40 indígenas, según dijo a la FLIP Isneldo Avirama, gobernador del resguardo. Ahí también cayó herida Efigenia Vásquez.

Una misión de la FLIP viajó del 18 al 20 de octubre al resguardo Kokonuko en Puracé, Cauca. La Fundación habló con integrantes de la guardia indígena presentes ese día en la protesta, con personas cercanas a la investigación que cursa en la Fiscalía y con familiares de la comunicadora para reconstruir los hechos del 8 de octubre. Así mismo, la FLIP indagó acerca de la situación de libertad de expresión del pueblo Kokonuko.

El Cauca es un departamento en silencio. La mayor parte de su territorio no cuenta con medios de comunicación que produzcan información local. De sus 42 municipios, 24 no tienen medios, 16 tienen algo de información local y sólo dos tienen un mínimo de variedad de medios de comunicación: Popayán y Santander de Quilichao.  De los 75 medios de comunicación que tiene el Cauca, sólo 22 tienen informativos o noticieros.

En este contexto opera la emisora Renacer Kokonuko 90.7 FM, el único medio de comunicación del municipio de Puracé. Su sede es una pequeña casa campesina ubicada al interior del resguardo y cuenta con los equipos mínimos para emitir su señal. Su potencia de 250 kw que sólo dan para cubrir unos 10 kilómetros a la redonda. Por esta razón, alrededor del 40 % de los habitantes del municipio no pueden acceder a su señal desde sus casas. La mayor parte de las 9 personas que están en la emisora son campesinos que trabajan la tierra sembrando frijol, maíz y papa como su actividad principal; y en sus ratos libres colaboran de manera voluntaria en Renacer.

En parte de los contenidos de la emisora los comunicadores indígenas informan a la comunidad sobre temas de gobierno propio. En sus 15 años de existencia, Renacer ha consolidado una capacidad para informar en tiempo real a los comuneros acerca del estado de las confrontaciones con la Policía o el Ejército. “El cabildo nos pide que estemos presentes para recoger las evidencias de lo que pasa”, dice Emildre Avirama, comunicadora de la emisora. En esos casos la emisora orienta a los comuneros sobre cómo actuar. “Cuando hay confrontaciones los compañeros nos dicen ‘¡Informen que se necesita que la comunidad haga presencia ya en tal parte!’,” dice Avirama.

El 13 de junio de este año, los comuneros se preparaban para adelantar una protesta para exigir al gobierno nacional la entrega del predio “Aguas Tibias”. Sin embargo, según cuenta Fabio Avirama, ex gobernador del resguardo, ese día antes de las 5 de la mañana un grupo del ESMAD rodeó la emisora e intentó ingresar a las instalaciones. En el lugar se encontraba el periodista Jesús Melenge. “Lo que querían era cortar la comunicación: dañar los equipos para impedir que la emisora saliera al aire”. Sin embargo, Melenge alcanzó a alertar a otros comuneros que llegaron al lugar. “La valentía de la comunidad impidió que golpearan a nuestros comunicadores,” dijo Avirama a la FLIP.   

El 12 de julio, un mes después, durante una nueva jornada de enfrentamientos entre la guardia indígena y el ESMAD, se fue la luz en la emisora Renacer Kokonuko durante varias horas, esto impidió a los comunicadores informar qué estaba pasando con la protesta. Para los comunicadores indígenas no cabe duda que esto fue obra de la Policía. “A ellos no les conviene que uno divulgue la realidad,” dice desde la cabina de Renacer, Emildre Hol Avirama.

En julio la FLIP intentó contactar telefónicamente al ESMAD para preguntar su versión de los hechos y no obtuvo respuesta. La semana pasada, la FLIP fue hasta el comando de Policía de Popayán para indagar sobre estos hechos. Hasta el momento, ningún funcionario ha accedido a hablar con la Fundación.

Dos días después de la muerte de Efigenia Vásquez, una comunera indígena -cuyo nombre se reserva la FLIP- se encontraba cuidando la emisora cuando una camioneta de vidrios oscuros y una moto llegaron a la entrada. Le preguntaron cuáles eran los nombres de las personas que trabajaban en Renacer. Ella respondió preguntando a los desconocidos quiénes eran y qué necesitaban. Los extraños dijeron que solamente necesitaban los nombres de los comunicadores de la emisora. Al no obtener respuesta inmediata y al no abrir la reja de la emisora para permitirles la entrada, los desconocidos dijeron que regresarían pronto.  Hasta el momento no lo han hecho.

Desde que era una adolescente, Efigenia se interesó por la comunicación.  Por este motivo, a sus 17 años los comunicadores del resguardo comenzaron a invitarla a espacios de capacitación en comunicación propia y periodismo. Con el tiempo, Efigenia pasó a integrar el equipo de comunicaciones del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y a participar en la emisora Renacer Kokonuco, en donde contribuyó al informativo “amanecer indígena”, así como al programa “minga”, que trata de temas culturales de la comunidad.

Efigenia participó en talleres de formación periodística impartidos por el sistema de radiodifusión pública alemana “Deutsche Welle” que apoya al CRIC, así como en seminarios de comunicación propia con integrantes de pueblos indígenas de otras partes del país y en escenarios internacionales con periodistas indígenas de otras partes de Latinoamérica.

Efigenia alternaba el trabajo en un cultivo de fresa con sus aportes a la emisora. Sin embargo, desde hacía dos años se había alejado parcialmente de Renacer. Su madre, Ilda Astudillo dice que al separarse de su pareja, Efigenia “quedó al cuidado de sus tres hijos y le quedaba difícil” asistir con regularidad a la emisora.

A pesar de esto, las autoridades del cabildo continuaban reconociendo a Efigenia como comunicadora y como miembro de Renacer. En palabras de Emildre Avirama: “su papel acá en la emisora no se desconoce”. Sentada en una silla Rimax en la sala de la casa en que habitaba su hija, Ilda Astudillo dice a la FLIP: “Efigenia estaba pensando volver de lleno a la emisora pero pues…. no se pudo”.

Ese ocho de octubre Efigenia Vásquez asistió a la movilización junto a los demás comuneros para exigir la propiedad colectiva del predio que actualmente le pertenece a Angulo. Emildre Avirama asegura que durante las movilizaciones la orden del cabildo es que los miembros de la emisora se organicen para tener una cobertura informativa de lo que vaya sucediendo. Durante la manifestación Vásquez debía contribuir a la documentación de los hechos: “Ella tenía la misma misión de nosotros: estar grabando”, recuerda Avirama.

Después de iniciada la protesta hacia las 4 de la tarde, la FLIP pudo constatar -por medio de videos grabados ese día- que los miembros del ESMAD abandonaron el predio “Aguas Tibias” y se enfrentaron a la comunidad en un territorio que hace parte del resguardo.

Según Edward Avirama, coordinador de la guardia indígena Kokonuko, los manifestantes se dispersaron por temor a las armas que estaba accionando el ESMAD: “La comunidad estaba tirando piedra desde la parte alta (de la montaña) y se escucharon disparos”. Avirama cuenta que en ese momento la situación se agravó, debido a que podía tratarse de armas de fuego que estarían siendo usadas en contra de la comunidad.

Minutos después de que se escucharan los disparos, Efigenia Vásquez cayó herida al suelo: “Ahí fue donde yo pedí ayuda para la compañera y entonces ya fue donde miramos que sí fue herida de gravedad”, asegura Avirama. De inmediato los miembros de la guardia solicitaron el ingreso de una ambulancia para trasladar a la comunicadora a un centro médico, pero el vehículo nunca llegó debido a que, según Avirama, el conductor afirmó que no tenía permitido el ingreso a ese lugar.

La situación de emergencia obligó a que la comunidad buscara un vehículo particular para trasladar a Vásquez a un centro de salud. Sin embargo, miembros de la comunidad denuncian que los uniformados intimidaron al conductor: “los del ESMAD se encontraban en parte de la carretera e incluso encañonaron al señor para que no la recogiera”, asegura un indígena que estuvo ese día en el lugar de los hechos.

Horas después, cuando Efigenia Vásquez estaba recibiendo atención en el Hospital San José de Popayán, falleció a causa de las heridas producidas por proyectiles de “carga múltiple” que la hirieron en el pecho, según el dictamen de Medicina Legal. Esto significa que Efigenia pudo haber muerto a causa de perdigones disparados desde un arma de fuego -por ejemplo: una escopeta-, o a causa del estallido de un artefacto explosivo cargado con pedazos de metralla; esto es, clavos, tornillos, pedazos de metal, balines….etc.

Dos días después, el Mayor General de la Policía, William Salamanca, declaró a medios de comunicación Payaneses que las heridas por las que fallece Vásquez no pudieron haber sido causadas por integrantes del ESMAD. “Perdigones, artefactos y armamento de este tipo (no convencional) no utiliza la Policía Nacional,” dijo. “En mi opinión, los responsables son los mismos indígenas, aquellos que con el rostro cubierto y utilizando armas de fuego no convencionales pudieron haber causado la muerte de la periodista”, concluyó.

El 25 de octubre la FLIP recibió una comunicación firmada por el comandante de Policía de Popayán, Coronel Pompy Arubal Pinzón, en la que se reitera lo expresado por el General Salamanca y agrega que: “La señora en mención (refiriéndose a Vásquez) no se encontraba realizando labores como comunicadora social (...) por el contrario estaba participando activamente en las diferentes protestas indígenas”.

Pero las autoridades del resguardo rechazan esta versión. “Acá nos han atacado con recalzadas”, dice Edward Avirama refiriéndose a proyectiles de carga múltiple que integrantes del ESMAD estarían disparando ilegalmente desde los lanzagranadas que usa habitualmente la Policía. “El gobierno puede decir ‘esos son simples gases’ pero nosotros podemos dar fé que ellos están recalzando,” agrega Avirama.  

La FLIP pudo constatar, a través de personas cercanas a la investigación que en este momento cursa en la Fiscalía, que los investigadores del caso están manejando tres hipótesis. La primera es que Efigenia muere a causa de un explosivo cargado por metralla lanzado por alguna de las dos partes. La segunda apunta a que fue herida por un proyectil disparado por un integrante del ESMAD. Y  la tercera indica que Efigenia murió por una situación de “fuego amigo”, en la que manifestantes accidentalmente accionaron un explosivo que la hirió mortalmente.  

La FLIP tuvo acceso a un video captado en el lugar de los enfrentamientos, que dura un minuto y 20 segundos, y que es parte del acervo probatorio de la Fiscalía. El video captura un plano general del enfrentamiento hasta que se escucha una fuerte explosión. Acto seguido la cámara enfoca a un miembro del ESMAD apuntando y disparando su lanzagranadas hacia un grupo de indígenas entre quienes se encontraba Efigenia. Con posterioridad, la cámara enfoca a una persona tendida en el suelo, -en principio, Efigenia-, a quien acuden a socorrer otros indígenas.

El reporte de medicina legal señala que “la trayectoria anatómica de las heridas de proyectil de arma de fuego es anterior-posterior”. De esta manera, es posible asegurar que Efigenia recibió el impacto de frente y que el proyectil no salió de su cuerpo.   

Así mismo, de acuerdo con fuentes cercanas a la investigación, al caer herida Efigenia, la Policía se encontraba a una distancia aproximada de 56 metros de los indígenas. En la necropsia se determinó que las heridas de Efigenia no tenían residuos de pólvora, lo que señala que había más de un metro y medio de distancia entre la boca del arma y el cuerpo de la periodista.

Desde el 10 de septiembre del año 2015, cuando la periodista Flor Alba Nuñez fue baleada por sicarios en Pitalito, Huila, no se presentaba un asesinato a periodistas por razones de oficio en Colombia.

La FLIP condena el asesinato de Efigenia Vásquez en funciones periodísticas durante los enfrentamientos del 8 de octubre. Este crimen atenta también contra el derecho a la libre expresión y a la información del pueblo indígena Kokonuko.

La Fundación hace un llamado especial a la Fiscalía General de la Nación para que avance con diligencia en las actividades investigativas para determinar quién accionó el proyectil de carga múltiple que acabó con la vida de Efigenia y establezca si esa persona actuó siguiendo órdenes de alguien más. También invita a la Policía Nacional de Colombia y a las autoridades indígenas del Cauca para que condenen públicamente el uso de armas no convencionales al interior de sus filas.  

La FLIP solicita especialmente a la Procuraduría General de la Nación que con base en las agresiones a periodistas documentadas por la FLIP, tome medidas para establecer criterios de monitoreo y verificación al ESMAD, para que su uso de la fuerza sea acorde al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y a los estándares internacionales sobre el tratamiento de manifestaciones públicas.

________________________________________

 

Antecedentes de agresiones del ESMAD

El Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) ha sido un constante agresor, especialmente en el contexto de las manifestaciones sociales. En lo que va corrido del año, la FLIP ha registrado seis casos en los que agentes del ESMAD agreden y estigmatizan a periodistas. En agosto, durante el paro minero en el Nordeste Antioqueño, uniformados tildaron de revoltoso y hostigador a un reportero, además intentaron quitarle la cámara (http://bit.ly/2h6Gxxd). El 15 del mismo mes, Alexei Castaño, periodista de Caracol Radio y Red+Noticias, fue atacado con gases por agentes del Escuadrón durante protestas por el relleno Doña Juana en Bogotá (http://bit.ly/2zAVMVG). A mediados de julio, en medio de confrontaciones entre campesinos y Fuerza Pública por la erradicación forzada en Meta, la periodista de la Red de Medios Alternativos – Agencia Colombiana de Prensa Popular (REMA-Acpp), Heliana Montoya, resultó herida por balas de goma y gases disparados por miembros del ESMAD (http://bit.ly/2iAiWZm). El primero de julio, la periodista de Colombia Informa, María Montiel fue agredida y detenida ilegalmente por agentes antimotines (http://bit.ly/2h7pE5v). En mayo, Pedro García, colaborador de El Turbión, resultó gravemente herido por un impacto de bala durante protestas de indígenas Nasa en Cauca (http://bit.ly/2yP4p22).

Publicado en Pronunciamientos

Este miércoles 1 de marzo, la periodista Jineth Bedoya Lima tendrá que contar por doceava vez la agresión de la que fue víctima hace diecisiete años.  El 25 de mayo de 2000 Jineth fue secuestrada, torturada y violada mientras realizaba su trabajo periodístico en la cárcel Modelo de Bogotá, ha declarado once veces ante la Fiscalía General de la Nación sobre estos hechos, pero parece no ser suficiente para la justicia colombiana.

Publicado en Noticias

Hoy, 19 de marzo de 2015, se cumplen cinco años del asesinato de Clodomiro Castilla en Montería, Córdoba. Castilla solía hacer denuncias sobre corrupción política y paramilitarismo en el departamento.

En su momento, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dijo en un comunicado, emitido el 22 de marzo del 2010, que reconocía “el rápido repudio de este crimen por las más altas autoridades colombianas pero expresa su profunda preocupación por la situación de desprotección en la que se encontraba el periodista, pese a haber solicitado oportunamente la actuación del Programa de Protección a Periodistas del Estado colombiano”.

Castilla había sido beneficiario de medidas del programa de protección del Ministerio del Interior y de Justicia desde agosto de 2006. No obstante, estas habían sido retiradas en febrero de 2009. Ante nuevas amenazas, el periodista solicitó en noviembre del mismo año que tales medidas fueran reasignadas. Esta petición fue negada pues el estudio de riesgo de Castilla había resultado “ordinario”.

Cinco años después de ocurridos estos hechos son pocos los avances en la justicia. Según información de la Fiscalía General de la Nación entregada a la FLIP a finales de 2014, la investigación por el asesinato de Castilla permanece en etapa de indagación.

La FLIP hace un llamado a la Fiscalía para que de impulso a la investigación por el asesinato de Castilla y de esta forma evite que permanezca en la impunidad. Al respecto, el principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión indica que “el asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.

 
 
Publicado en Noticias

A propósito del Día Mundial de la lucha contra la Impunidad, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) quiere llamar la atención sobre la falta de justicia en amenazas y agresiones contra periodistas.

La FLIP ha visto que en los últimos años se ha reducido el número de asesinatos de periodistas por razones de su oficio. Paradójicamente, la cantidad de amenazas contra la prensa sigue creciendo. De esta forma, junto a los 2 asesinatos registrados por la FLIP durante el 2013, se ha tenido conocimiento de 46 amenazas que han afectado a 62 periodistas y un total de 17 agresiones contra 36 periodistas.

Publicado en Noticias

Cuando se habla de la impunidad de agresiones contra la prensa en Colombia, es inevitable referirse al conflicto armado y a los procesos de justicia transicional que se han derivado de esta situación.

De acuerdo con la Unidad de Justicia y Paz de  la Fiscalía, sólo se registran 10 casos de asesinatos de periodistas atribuidos a paramilitares y uno relacionado con desmovilizados de las FARC. Situación que contrasta con la proporción de asesinatos atribuibles a dichas estructuras. De 142 periodistas asesinados por razones de oficio que registra la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), 50 podrían tener como autores a grupos armados al margen de la ley, 30 casos se atribuyen a organizaciones paramilitares, 13 a las FARC y 7 casos al ELN.

Publicado en Noticias

Foto tomada de: El Tiempo

Hoy, 8 de octubre de 2013, iniciaba el juicio contra Jorge Noguera Cotes, ex director del extinto  Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) por escándalo de las ‘chuzadas’. No obstante, la Corte Suprema decidió declarar prescritos los delitos relacionados con la intervención de comunicaciones a periodistas y opositores. Esto quiere decir que se venció el tiempo para investigar y sancionar. El juicio se dará únicamente por los delitos de concierto para delinquir y abuso de poder con relación a hechos ocurridos en el exterior.

Publicado en Noticias

Siete años después del asesinato del periodista y humorista Jaime Garzón, ocurrido en Bogotá el 13 de agosto de 1999, no hay un solo detenido por el crimen. El único condenado por los hechos fue el jefe paramilitar Carlos Castaño, desaparecido desde abril de 2004.

Publicado en Noticias
Página 3 de 6