Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP

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Hace 36 años asesinaron al periodista Raúl Echavarría Barrientos en frente de su residencia en Cali, Valle del Cauca. Trabajó en El Colombiano, El País y fue subdirector del Diario de Occidente hasta el día de su muerte. Como periodista, Echavarría se caracterizó por condenar la infiltración de narcotraficantes en la política, denunciar la corrupción y apoyar la extradición

Una época álgida para hacer periodismo

A finales de la década de los setenta, el país se encontraba en una coyuntura histórica debido a la centralización de la actividad y el poder de narcotraficantes en Cali y Medellín. Los grandes carteles del narcotráfico permearon la vida de los ciudadanos y, en su intento por conquistar el poder del Estado, se convirtieron en una amenaza a la seguridad nacional y exacerbaron la violencia interna. 

Mediante el discurso político, el enriquecimiento y la acumulación de poder, los carteles ganaron un reconocimiento social. “Era la época en la que las sociedades estaban entregadas al narcotráfico y sus integrantes eran vistos como adalides, más que como unos antisociales o unos hampones —explica Héctor Echavarría, hijo del periodista—. Una gran distorsión de los valores sociales que mi padre tenía muy claro lo lesivo que podían ser para la sociedad y, por eso, los confrontó”.

Con el paso del tiempo, el tráfico de drogas y el establecimiento de la estructura sicarial permitieron el fortalecimiento de los carteles en el país. En consecuencia, se erosionó la vida institucional, primó el clientelismo y hubo un detrimento del entorno político, económico y social.  

Un periodismo crítico de las realidades

Echavarría era oriundo de Fredonia, Antioquia y desde muy joven se vinculó al periodismo. En su departamento natal inició como columnista en El Colombiano; posteriormente, en Cali, trabajó en el Diario del Pacífico; en Bogotá, estuvo en El Siglo, al lado de Laureano Gómez; luego migró a Cali a trabajar en El País, hasta que recibió una oferta para ser el subdirector del Diario de Occidente. Su larga trayectoria periodística, osadía y perseverancia, lo convirtieron en uno de los periodistas del país más críticos contra los carteles. 

Su hijo, Héctor, recuerda que cuando trabajaba en el Diario de Occidente “él dirigía el periódico, era el encargado de titular la primera página, de escribir la editorial y cada que él consideraba que era necesario emprender una cruzada que defendiera la sociedad, lo hacía”. Desde su columna, Molino de Viento, denunció abiertamente a los narcotraficantes, siendo consciente de los riesgos que corría adoptar esa posición. “En los últimos años, antes de su muerte, enfrentó los carteles de Cali y del Valle del Cauca. En ese momento tenían muchísimo poder económico, político, influencia en los medios y no permitían que fueran confrontados por ningún actor de la sociedad”, agrega.

Su labor lo llevó a forjar un carácter fuerte y a mantener una posición firme con sus convicciones. Echavarría fue una de las personas que manifestó su apoyo a la extradición de los narcotraficantes y dos días antes de su asesinato escribió Molinos de papel, una columna para el Diario de Occidente, en donde propugnaba por la pena de muerte para los mafiosos.

Además, fue un amante de las corridas de toros, bajo el seudónimo de Raulete, el periodista escribía una columna para RCN sobre la fiesta taurina en Cali. También, le llamaba la atención lo relacionado con la aviación civil y comercial, por eso, dedicó parte de su vida a escribir libros como: así se llega a las alturas (1948), historia de la aviación (1974), Fuerza Aérea colombiana, su epopeya y grandeza 1919-1974 (1974) y en la ruta de las estrellas (1983). 

El camino en búsqueda de la justicia

“Mi padre no manejaba, manejaba mi madre y usualmente ella lo recogía en el periódico que quedaba en el centro de Cali, en la Plaza de Caicedo. Pero, el 17 de septiembre de 1986, decidió irse en una camioneta del medio, en compañía del chofer y un camarógrafo. Mi madre se sentó en la sala a esperarlo y cuando estaba llegando a la puerta de la casa, unos sicarios le dispararon. El conductor lo llevó a urgencias del Hospital Universitario del Valle, que queda a una cuadra y media de mi casa, pero cuando llegó ya estaba muerto”, expresa su hijo. 

El crimen se le atribuyó al cartel de Cali, pero nunca se realizaron las investigaciones suficientes para determinar quién fue el autor del asesinato del periodista. La impunidad de este homicidio significó un golpe a la prensa crítica de las estructuras criminales, y desencadenó una persecución de aquellos periodistas que tuvieran la osadía de confrontar o significaran un riesgo para los carteles y sus organizaciones. 

Desde la FLIP, conmemoramos la labor que hizo el periodista Echavarría, que siempre mantuvo los estándares de la ética periodística y social muy altos. Gracias por recordar con nosotros. 

Publicado en Impunidad

Hoy, 2 de noviembre, conmemoramos el Día internacional para poner fin a la impunidad de crímenes contra periodistas. Para la FLIP, el Estado colombiano está fallando en su misión de investigar a quienes atacan a la prensa, lo cual es un paso indispensable para prevenir otras agresiones, como los homicidios.

En Colombia, de los 164 asesinatos a periodistas, solo en el caso de Orlando Sierra se sancionó a todos los autores del crimen, y solo en un 18% de los casos hubo algún tipo de condenas, el resto de homicidios están en completa impunidad. Este escenario de impunidad ha sido denunciado reiteradamente tanto por la FLIP, como por organizaciones internacionales, como la Sociedad Interamericana de Prensa.

Además, las estadísticas muestran que es probable que nunca se llegue a condenar a toda la cadena delictiva involucrada en los crímenes; de hecho en los últimos años se ha visto que solo se llega a condenar a los autores materiales. Ejemplo de esto son los casos de Felipe Guevara y Marcos Montalvo, asesinados en el Valle del Cauca en el 2020 y 2021, respectivamente. Aunque en sus casos se condenaron a algunos sicarios, aún no se ha esclarecido quiénes determinaron los homicidios y cuáles fueron sus motivaciones. Solo se puede desarticular el riesgo para la prensa local cuando se condene a todos los responsables y haya una reparación en términos de verdad. 

A este panorama se le suma el creciente número de amenazas hacia los y las periodistas. A corte del 28 de octubre de este año, documentamos 172 amenazas, la misma cantidad que se registró en todo el 2021, en el 2020 registramos 152. Además del aumento de estas agresiones, preocupa que no estén siendo investigadas diligentemente por la Fiscalía, pues en ocasiones son antesala de futuras agresiones.

Este fue el caso de Rafael Emiro Moreno, periodista asesinado el pasado 16 de octubre y quien recibió amenazas desde el 2019. Desde ese año, el comunicador denunció a la Fiscalía las agresiones de las que era víctima, algunas provenían de grupos armados ilegales y otras eran anónimas. En total, Moreno recibió en los últimos tres años seis amenazas, sin embargo, en todo este tiempo la Fiscalía no avanzó en la individualización de ningún victimario, todos los procesos se encuentran en etapa de indagación.

El caso de Moreno no es aislado, en el pasado hemos alertado de otros casos en los que periodistas quedan expuestos a ataques más graves luego de recibir amenazas. Ejemplo de esto es el caso del periodista Edison Molina, quien antes de su homicidio fue víctima de estigmatizaciones de funcionarios públicos, amenazas y de un atentado contra su vida. Del mismo modo, Jineth Bedoya también recibió amenazas antes de que fuera secuestrada, torturada y violada en marzo del 2000. En ninguno de los dos casos la Fiscalía cumplió con su deber de investigar diligentemente las amenazas.

A finales del 2022, en Colombia prescribirán nueve asesinatos de periodistas, con estos, el número total de homicidios de periodistas prescritos se eleva a 110. Esto significa que la Fiscalía no los seguirá investigando ni hará ningún esfuerzo por individualizar a las o los responsables. 

Lo anterior refleja la falta de acciones del Estado dentro del Plan de Acción de la Organización de Naciones Unidas sobre la Seguridad de los Periodistas y la Cuestión de Impunidad, que en el 2022 cumple 10 años. Es fundamental que el Estado se apropie de esta lucha para poder garantizar la integridad de la prensa y, así, asegurarse que la sociedad siga accediendo a la información. 

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Hoy, 14 de octubre, la FLIP presentó un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Florencia, Caquetá, por la decisión de absolver a una mujer señalada de ser cómplice del homicidio del comunicador Luis Antonio Peralta en 2015. Esta acción es un retroceso en la lucha contra la impunidad de los asesinatos de periodistas en Colombia. 

Peralta trabajaba en El Doncello, Caquetá, era el dueño y director de la emisora Linda Stereo, en donde denunciaba la corrupción política del municipio. Las amenazas contra el periodista comenzaron en 2010, cuando desconocidos dejaron una bomba, que fue desactivada, al frente de las instalaciones de la emisora. En febrero del 2015, Peralta fue asesinado por Yean Arlex Buenaventura y aunque ya fue condenado, la posible cómplice del crimen, quien conducía la motocicleta que movilizó a Buenaventura, fue absuelta por falta de pruebas. Según el juez del caso, no se logró probar que ella era la responsable, pues los testigos que presenciaron los hechos no la reconocen.

Sin embargo, para la FLIP, el juez no valoró las pruebas en su conjunto y desestimó un testimonio en el que la procesada le confesó a una amiga los detalles de su participación en el homicidio del periodista. Durante el juicio también se evidenció que la contraparte no tenía un relato consistente sobre lo que la acusada estaba haciendo al momento del asesinato de Peralta, lo que refuerza la teoría de la Fiscalía de que ella participó en el crimen.

Esta decisión, junto con los pocos avances de la Fiscalía para dar con quienes ordenaron el homicidio, dan cuenta del alto riesgo que tiene este caso de caer en impunidad. El Estado tiene la obligación de investigar y judicializar a las o los responsables de asesinatos contra la prensa, porque de lo contrario se envía un mensaje de permisividad hacia quienes ejecutan crímenes contra periodistas.

El homicidio de Peralta impactó en la libertad de prensa del municipio, pues Linda Stereo es uno de los pocos medios locales que existen en El Doncello. Aunque la emisora sigue en funcionamiento gracias a los esfuerzos de los familiares, el no haber judicializado a toda la cadena delictiva involucrada en el crimen puede ocasionar autocensura en las y los periodistas del municipio que tratan temas similares a los que cubría Peralta. Desde 1985 a 2022, en Caquetá han sido asesinados siete periodistas; seis de estos casos están en total impunidad. La cantidad de homicidios en el departamento es alarmante si se tiene en cuenta que para el 2019 solo había 44 medios de comunicación en Caquetá.

Por eso, la FLIP, como representantes de los familiares de Peralta, le pedimos al Tribunal Superior de Florencia que revoque el fallo de absolución contra la procesada y profiera una condena que reconozca los derechos a la verdad, justicia y reparación integral de las víctimas. La Fiscalía también debe ser más efectiva en su investigación para que se pueda capturar y condenar a las o los determinadores del crimen contra el periodista. 

Publicado en Pronunciamientos

Hoy, 17 de octubre de 2022, conmemoramos la labor que realizó Diego Vargas Escobar, también conocido entre sus colegas y audiencia como El Muchachón. Vargas fue un periodista con una larga trayectoria profesional en medios como: RCN radio, la Voz de Colombia y Caracol. Es recordado por realizar periodismo comunitario en Medellín e innovar en el formato para presentar la noticia. Hace 33 años fue asesinado cuando llegaba a su residencia, ubicada en el barrio Simón Bolívar, al occidente de la capital antioqueña. 

En la década de los ochenta, Medellín estaba inmersa en una oleada de violencia, terror y muerte debido a los enfrentamientos del cartel de Medellín con otros grupos ilegales. como el cartel de Cali y paramilitares del Magdalena Medio. Estos conflictos configuraron un panorama hostil y violento para vivir, pero fueron el detonante para que Vargas ejerciera su profesión desde la humanidad y una posición crítica. “Tal vez éramos demasiados ingenuos, tratando de adelantarnos a lo que la justicia no hacía”, indica León Jairo Saldarriaga, colega de Vargas en Caracol. 

Los medios para los que trabajó Vargas fueron su plataforma para hablar sobre las anomalías en la administración local, inconvenientes en la infraestructura y servicios públicos o situaciones de orden público, siempre le dio preponderancia a la noticia local. “Él rompió el esquema de los noticieros que se hacían en la época -explica León Jairo Saldarriaga-. En las noticias, si había que criticar algo, él se pegaba su pequeño editorial. Además, era un trabajo muy barrial, de la calle, de la necesidad del problema de la esquina”. Cómo amaneció Medellín fue uno de esos programas que trató las necesidades de los medellinenses.

Cuando el narcotráfico, las estructuras sicariales y la mafia se tomaron la urbe, “Diego empezó a fustigar a los sicarios y los ajusticiaba de una manera vehemente y abierta, a esos que supuestamente eran los autores de esos crímenes y pecados. Alguna vez, hasta aludió algunos de esos actos violentos a Pablo Escobar”, menciona León Jairo. En la década de los ochenta, cuando los ciudadanos aclamaban por paz, seguridad y la garantía de sus derechos, Vargas se llenó de valentía y empezó a ser más frecuente en sus denuncias. 

“Yo supe por colegas que ya había recibido llamadas amenazantes de muerte que, de alguna manera, desdeñó”, explica León Jairo. Cuando ellos trabajaron juntos en Caracol habían recibido amenazas, pero nunca había sucedido nada. “Diego se llenó de esa confianza, pensaba que iba a ser igual que las amenazas anteriores, que simplemente lo querían amedrentar, y se envalentonó más, pero los ordenadores de la muerte, esos ángeles de la muerte, lograron silenciarlo y no hubo otro Diego que asumiera ese rol”. 

En ese mismo mes, el 10 de octubre, asesinaron a los periodistas de El Espectador Roberto Sarasty y Martha Luz López López, un panorama poco alentador para la prensa de la región. En palabras de León Jairo “se sembró pavor, nos amedrentamos más y nos autocensuramos mucho. Cuando llegaban noticias de este tipo no se recibían, porque después empezaban a preguntar por el periodista que había realizado la nota y le dimos más poder a los asesinos, a las mafias, que obviamente no les interesaba que los llamaran, como debía llamárseles, criminales". Hasta la fecha, no se tiene conocimiento de quiénes fueron los autores materiales e intelectuales del asesinato del periodista. 

Desde la FLIP, conmemoramos el trabajo que realizó el periodista Diego Vargas Escobar y destacamos su iniciativa de apropiarse de los problemas de los medellinenses y así lograr cambios en la sociedad. Gracias por recordar con nosotros. 

 

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Después de dos años del asesinato de Abelardo Liz en Corinto, Cauca, las pruebas indican que un miembro del Ejército sería quien disparó al comunicador indígena. A pesar de que la investigación de la Fiscalía ha contado con largos periodos de inactividad, los recientes avances de la investigación penal apoyan esa hipótesis. A pesar de haber muerto ejerciendo su labor, la Fiscalía aún no formaliza dentro de la investigación la relación del crimen con el oficio. 

El comunicador Abelardo Liz hacía parte de la emisora Nación Nasa Estéreo en Corinto, al norte del Cauca. El 13 de agosto del 2020, fue impactado por armas de fuego mientras cubría un desalojo del Ejército a comuneros indígenas que participaban en la Liberación de la Madre Tierra en una zona rural de ese municipio. 

A pesar de que la Fiscalía inició la investigación de oficio, en el primer año no hubo avances. De los dos años transcurridos, solo durante cinco meses esta entidad emprendió acciones de acuerdo con los parámetros de rigurosidad, diligencia y exhaustividad planteados por distintos organismos internacionales de derechos humanos.

En los últimos tres meses, la Fiscalía ha practicado distintas pruebas, como testimonios, pruebas periciales y documentales, inclusive una inspección en el lugar de los hechos, para contrastar lo dicho en las distintas versiones (de la comunidad y del Ejército) sobre lo ocurrido. De ello, han surgido elementos de juicio que soportan la denuncia de la comunidad sobre la responsabilidad del Ejército en la muerte de Liz. También, que tanto el Ejército como el ESMAD impidieron el paso a la misión médica para que auxiliara al herido. 

Así, los resultados parciales de la investigación desvirtúan la versión del Ejército, que el día de los hechos afirmó que habría sido una herida causada por disparos de grupos disidentes. Es preocupante que hasta ahora no se conozca el avance del proceso disciplinario.

La FLIP solicita a la Fiscalía General de la Nación que formalice el vínculo de este crimen con el trabajo periodístico de Liz, así como el reconocimiento del impacto diferenciado de este homicidio sobre la libertad de expresión en general. Es fundamental que la Fiscalía continúe con los avances en la investigación, no únicamente bajo los impulsos solicitados por las víctimas y sus representantes. Debe haber un mensaje de urgencia para consolidar justicia en este caso, al encontrar el autor material y al reconocer el daño causado a la familia, la emisora indígena y a la comunidad.

La comunicación indígena está ligada a las luchas propias de los pueblos y es un vehículo para la participación comunitaria y la visibilización de sus necesidades y reclamos. Por ello, el silenciamiento de Abelardo Liz tuvo un impacto directo y amplio en la comunidad y en su lucha. Este caso es emblemático porque demuestra las falencias en la protección de la comunicación indígena.

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El secuestro y asesinato de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra es un punto de inflexión para el periodismo de Ecuador y en Colombia y un pendiente a reclamarle a ambos estados que han fallado en su deber de verdad y justicia. Un tablero al que le faltan fichas y en donde reina el silencio. 

Por: Juan Pablo Madrid-Malo Bohórquez

¿Por qué los asesinaron? ¿Qué ocurrió desde el momento del secuestro hasta el momento de su asesinato? ¿Por qué se frustó su liberación? —Estas son preguntas que están pendientes de resolver desde hace 4 años. Durante este tiempo sus familiares no han parado de exigirle a victimarios, y a los Estados de ambos países, dar información suficiente para aclarar lo que ocurrió con Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, el equipo periodístico del diario El Comercio de Ecuador, secuestrados y asesinados en territorio colombiano por el Frente Oliver Sinisterra (FOS) de las disidencias de las FARC en zona fronteriza con Ecuador entre marzo y abril de 2018. 

A pesar de haber dos condenas, el caso sigue sin resolverse. Ha faltado celeridad, transparencia y mayor claridad en la información sobre lo ocurrido - ¿Dónde fallaron las negociaciones del Estado ecuatoriano? ¿Por qué el Estado colombiano negó haber adelantado operativos militares que los pusieron en riesgo y frustraron su liberación?. Este todavía es un relato lleno de versiones incompletas que entorpecen un ya muy difícil camino a la justicia. 

Negociación para la liberación fallida y operaciones militares negadas por el Estado Colombiano 

La información que se conoce sobre lo ocurrido entre el 26 de marzo, fecha del secuestro, y el 11 de abril, fecha en que el FOS anunció el asesinato, reposa en expedientes que el Estado ecuatoriano prometió a las familias desclasificar y no lo ha hecho. Un compromiso roto por el gobierno de Lenin Moreno y hasta el momento también por el de Guillermo Lasso, que no solo indigna a sus familiares que buscan verdad sino que incumplen la recomendación del equipo de seguimiento especial designado por la CIDH para el caso que en su informe final dijo: “aún queda pendiente que los Estados cumplan con debida diligencia con una serie de medidas de recopilación de información y desclasificación de documentos de forma sistemática, relativas a distintas esferas que rodean a los acontecimientos y que permitirían a los familiares hacerse una composición completa de los hechos”. (Informe final ESE, Num. 335). 

Frente a esto Galo Ortega, padre de Javier, reclama aquello que buscan: “(...) sería la verdad de la investigación, qué es lo que se hizo y qué es lo que no se hizo. Estas autoridades nos niegan cosas. A lo mejor no lo investigaron, no hicieron lo que tenían que hacer. Nos han dicho cosas que sí han hecho, pero dentro de la investigación no hay nada porque nos ofrecieron la desclasificación de la investigación, eso no lo tenemos. Al principio las autoridades ofrecieron tantas cosas, que no iba a quedar en el olvido. (...) Las autoridades no hicieron nada. Cada quien tapa, cada quien esconde. Se tapan entre ellos.”. 

Aún hoy todavía no es claro quiénes, en qué niveles, estuvieron realmente involucrados en las negociaciones desde que el FOS, presumiblemente  su comandante: Walter Arizala, alias “Guacho”, contactó al mayor Zaldumbide Navia - que en ese entonces cumplía labores en San Lorenzo - para exigir el canje de los periodistas por disidentes presos en Ecuador. ¿Por qué la información que se le transmitía a las familias desde el comité de crisis creado para estos fines en Ecuador era incompleta? ¿En qué momento se derrumbaron estas negociaciones a pesar de que se había dado luz verde para el canje? y por qué queda en el aire la sensación de que, en palabras de Ricardo Rivas, hermano de Paúl, “(...) el Estado dejó en indefensión a esos ciudadanos en la frontera. Es decir, no actuaron como debían hacerlo: salvaguardando la vida de ellos, la integridad de ellos. Entonces la pregunta es ¿Por qué no lo hicieron? ¿Por qué pesó más la imagen de un país, como lo dijo el presidente Moreno, en el lado de Ecuador? ¿Es la imagen de un país, la dignidad de un país, sobre la vida de las personas? ¿Es eso realmente lo que pretende un Estado y no da la seguridad a la cual nosotros hacíamos referencia?”. Mientras familiares y colegas de la prensa pedían la liberación de los periodistas, las autoridades prefirieron el hermetismo. El apoyo y el respaldo que habían prometido altos cargos de ambos gobiernos se convirtió en algo opaco. Esta verdad, de nuevo, reposa en expedientes que las víctimas todavía no pueden ver.

Frente a esa negociación fallida es necesario un recuento de lo sucedido hace cuatro años para empezar a encajar las piezas de este rompecabezas. Hay evidencia que la comunicación entre el FOS y el Estado ecuatoriano se quebró días antes del asesinato del equipo, pero todavía es incierto si fueron los trámites burocráticos y judiciales en ese país los que lo frustraron y, por otra parte, el impacto real que pudieron tener los operativos que las fuerzas militares colombianas hicieron en la zona. Un primer episodio que alimenta las dudas ocurrió el 28 de marzo de 2018, dos días después del secuestro, cuando el periódico El Tiempo, de Bogotá, publicó un artículo en el que afirmó que los periodistas serían liberados aduciendo a altas fuentes en el Ministerio de Defensa colombiano. El exministro del interior ecuatoriano Cesar Navas, relata en el libro Rehenes ¿Por qué ejecutaron a los periodistas de El Comercio?, que Luis Carlos Villegas, Ministro de Defensa de Colombia se comunicó con su homólogo de Ecuador para iniciar los preparativos. Tan confiable era la información que el fiscal ecuatoriano, Christian Rivadaneira, se movilizó hasta San Lorenzo, en frontera colombo-ecuatoriana, para recibirlos. Sin embargo esa liberación nunca ocurrió, la rueda de prensa convocada por el Ministerio de Defensa de Colombia se canceló sin explicación y todavía no es claro lo que pasó durante esos días, aunque hay versiones que indican que la cantada liberación se frustró por operativos militares adelantados en la zona por parte del Ejército de Colombia. 

Así, el 11 de abril, fallidas las negociaciones con el Estado ecuatoriano, empezó a circular un panfleto firmado por el FOS en el que anunciaba el asesinato de Javier, Paúl y Efraín señalando que operaciones militares en el territorio habían sido determinantes para el desenlace. Ese mismo día el Ministerio de Defensa colombiano aprovechó para contestar sobre tales operaciones militares, desmarcándose de cualquier responsabilidad. Dijo Villegas: “Nuestra presencia en ese territorio de frontera territorio colombiano es de control territorial, no ha habido ni desembarcos, ni acciones especiales que no sean de conocimiento ni coordinación con las fuerzas armadas y policiales del Ecuador”.

A partir de una acción de tutela1 contra el Ministerio, la FLIP logró comprobar que sí se llevaron a cabo operaciones militares ofensivas en territorios donde se encontraba el equipo de El Comercio y volvió sobre la mesa la importancia de responder estas preguntas: ¿Por qué, sabiendo que los ponían en inminente riesgo, el Estado colombiano adelantó operaciones ofensivas contra el FOS, más si se estaba adelantado una negociación? ¿Por qué el Estado colombiano buscaba negar la existencia de tales operaciones militares?  

Frente a esto, es importante anotar que la Fiscalía ha omitido indagar en esta línea de investigación a pesar de que el equipo especial de seguimiento de la CIDH le recomendará lo contrario, señalando que la verdad sobre este asunto es una pieza clave de todo este rompecabezas. 

Verdad incompleta y revictimización 

Por otra parte, varias de las principales respuestas de lo que ocurrió con Javier, Paúl y Efraín las tienen, por supuesto, quienes el 26 de marzo de 2018 los secuestraron y posteriormente acabaron con su vida. Del comandante del FOS y máximo responsable del secuestro y asesinato del equipo, Walter Arizala, conocido como alias Guacho, no fue posible ninguna información pues fue abatido a finales de ese mismo año. 

A día de hoy la Fiscalía General de la Nación colombiana ha condenado a dos miembros del FOS: Jesús Vargas Cuajiboy, alias ‘Reniel’, y Gustavo Angulo Arboleda, alias ‘Cherry’. En julio de 2018 se legalizó su captura y se impuso medida de aseguramiento contra ambos, pero sus audiencias se aplazaron por varias razones: por fallas en la conexión de los centros penitenciarios, por un brote de COVID-19 (en el caso de la Cárcel de Cómbita), por incapacidades de los jueces, y por la inasistencia de la Fiscalía o integrantes de la defensa. La situación fue así durante el 2019 y el 2020. Finalmente fueron condenados en el 2021 producto de un preacuerdo celebrado con la Fiscalía General de Colombia en donde se comprometían a realizar actos de reconocimiento de responsabilidad, verdad y perdón como medida de reparación para las familias. 

Por su parte, Gustavo Alonso Ospina Hernández, alias Barbas, señalado de ser responsable de grabar las pruebas de supervivencia, quedó en libertad en junio de 2020 por vencimiento de términos, hoy se desconoce su paradero.  Y, por último, El 30 de marzo de 2021 la Fiscalía presentó como avance la imputación de cargos contra Jesús Alfredo Arroyo, alias Roberto y Juan Carlos Portocarrero Cortés, alias Chuky, ambos señalados de participar directamente en el secuestro y posterior asesinato. A pesar que desde el 2019 venían anunciando tales actuaciones a la fecha sus casos no han avanzado. 

Frente a esto, Cristian Segarra, hijo de Efraín, relata que “Colombia con algunos detenidos procesados, hasta ahí llegaron las cosas. Ecuador se lavó las manos sin mayor investigación, sin mayores avances. Autoridades fueron, otras llegaron. Pero nada más ha pasado. No ha habido un resultado concreto, no ha habido ayuda y las cosas se han quedado estancadas. Tanto así que estamos planteando un proceso internacional de cara a este y los siguientes años”. 

Volviendo a las condenas que ya hay y frente a los actos de reconocimiento de responsabilidad, verdad y perdón surge un nuevo problema: la manera en la que se han dado estos actos. Los testimonios otorgados por ambos se contradicen y no cumplieron mínimos de respeto y solemnidad necesarios en un escenario de perdón. Las condiciones básicas de audio y video que debían ser garantizadas por la Fiscalía no se cumplieron. La disposición de los victimarios de tratar este como un asunto meramente formal para cumplir con el preacuerdo fue notoria: respuestas genéricas, afirmaciones que tendían a desconocer los motivos de los homicidios por parte de “Cherry” aún cuando antes había aceptado a la Fiscalía ser responsable de la seguridad del secuestro y había detallado las circunstancias de los homicidios. Por parte de “Reinel” manifestó temor frente a su situación de seguridad, cosa que sin duda limitaba su versión; dejando el vacío frente a las medidas de protección que debe tomar el Estado colombiano para asegurar la verdad en su testimonio. Esto en últimas, se convirtió en un escenario de revictimización para las víctimas y un episodio que deja más dudas que certezas.  

Frente a esto, dice Galo Ortega que “cuando íbamos a las versiones a la fiscalía yo sentía mucha humillación. Porque cuando iban estos jefes, iban con dos y tres abogados, y los abogados susurraban al oído del oficial que tenía que dar la versión. Cuando ya terminaba el informe lo leían, lo releían. El Fiscal no hacía preguntas, sólamente básicas. Todo eso era humillante para mi. Mi deber como padre es estar donde tenga que dar la cara por mi hijo. Por los tres. Eso siempre es un momento de indignación”. En suma, la justicia y la verdad que debe garantizar la Fiscalía colombiana frente a este caso sigue coja: No es esta una cuestión tan simple como capturar y condenar, hacen falta aún explicaciones y respuestas a los familiares; hace falta reparación real y, por supuesto, hace falta aún un gran camino de justicia. 

En este caso asistimos a una serie compleja de interrogantes que todavía no tienen respuesta:  (i) opacidad por parte de los Estados para revelar cuáles fueron sus actuaciones en torno a la preservación de la vida y la liberación de Javier, Paúl y Efraín, esto incluye lo relativo a las negociaciones entre el FOS y el Estado ecuatoriano pero también el actuar de las fuerzas militares de Colombia. (ii) Una justicia, que como se ha expuesto, poco ha servido para reparar y brindar certezas a las víctimas sobre lo sucedido. Y, englobando lo anterior, queda entonces como gran deuda de todo esto la verdad, la posibilidad de conocer y entender realmente qué ocurrió en torno al secuestro y asesinato del equipo periodístico de El Comercio. Nos faltan 3 es un lema que nació a partir de la tragedia que vivieron familiares, amigos y colegas de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra. Es un lema que sigue vigente hasta el día de hoy. Que seguirá vigente hasta que la verdad completa esté en manos de sus familiares, hasta que la justicia indague e investigue la responsabilidad de todos los actores y hasta que las condiciones de abandono y de inseguridad que viven los territorios donde ocurrieron estos hechos sean, de una vez por todas, asumidas por los Estados. 

1 La FLIP solicitó información sobre operaciones militares en las zonas en donde se encontraba el equipo periodístico, esta información fue negada por parte del Ministerio de Defensa justificándose en que era información reservada por seguridad nacional. Sin embargo, por orden judicial finalmente aceptaron que: “En el lapso del 26 de marzo al 13 de abril, por parte de la Fuerza de Tarea Conjunta de Estabilización y Consolidación "HÉRCULES", se ejecutaron dos (2) operaciones militares sostenidas: i) operación de acción ofensiva San Mateo que incluye las veredas Montañita, Brisas de Mataje, Corriente Larga, Mata de Plátano, entre otras zonas de Nariño (...) entre otras zonas de Nariño, que tenía como propósito la garantía de la defensa del área asignada incluyendo tropas y recursos, así como la de neutralizar los fenómenos de criminalidad, y ii) operación de acción ofensiva Arcángel sostenida en los municipios de Barbacoas, Magüi Payan, Roberto Payan y el sector oriental de Tumaco en el Departamento de Nariño, orientada a ejecutar operaciones de acción directa y reconociendo. (sic)”  

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Después de más de ocho años, no han habido avances significativos en la investigación del homicidio del periodista Edison Molina, ocurrido el 11 de septiembre de 2013 en Puerto Berrío, Antioquia. La investigación adelantada por la Fiscalía no ha arrojado resultados contundentes que permitan avanzar en la individualización, juzgamiento y sanción de los responsables de este crimen.  Por esta razón, le solicitamos a la Fiscalía que lleve a cabo un Comité Técnico Jurídico para apoyar, hacer seguimiento a la investigación e identificar  sus debilidades, para así construir una hoja de ruta que permita solventarlas.

A través de este Comité Técnico Jurídico, solicitamos que se evalúe el avance de la investigación y se identifiquen las fallas que no han permitido encontrar justicia. El Comité deberá entregar una serie de recomendaciones para que la Fiscalía a cargo del caso acelere el proceso de investigación. 

El periodista Edison Molina trabajaba en la emisora Puerto Berrío Estéreo y realizó más de 60 denuncias sobre distintas irregularidades de la administración municipal. Como represalia, Molina recibió amenazas y agresiones que fueron denunciadas ante la Fiscalía y la Procuraduría. Sin embargo, estas no fueron investigadas diligentemente ni se adoptaron medidas de protección. 

Durante estos años la FLIP, como representante de las víctimas, ha identificado una serie de errores en la investigación que han contribuido a que el proceso no avance. Ejemplo de esto es que en un comienzo no se garantizó la independencia del fiscal a cargo y la investigación no se orientó a establecer la relación que tenía el homicidio con la labor periodística de Molina.

A pesar de que el caso se trasladó a la Unidad Nacional de Fiscalías de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario; tampoco ha habido un avance diligente en la investigación: han habido deficiencias en la recolección oportuna de las pruebas y se han destacado largos períodos de inactividad procesal. Además, desde el 10 de junio de 2019, la Fiscalía no ha ordenado la práctica de pruebas que impulsen el avance de la investigación del homicidio del periodista Molina. 

El paso del tiempo, sin el desarrollo de una investigación diligente, condena a este caso a mantenerse en la lista de homicidios contra periodistas en total impunidad. Por eso, esperamos que la Fiscalía, en cumplimiento de las obligaciones internacionales que tiene para la investigación de crímenes contra la prensa, acoja nuestra solicitud de establecer un comité técnico jurídico, con el que se pueda dar esclarecimiento de los hechos.

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Presentamos la serie de pódcast La verdad entre fuegos cruzados. Aquí podrán escuchar los testimonios de periodistas colombianos sobre el rol de los medios para escribir el borrador de la historia, el riesgo, responsabilidad y la impunidad en los casos de violencia. Una serie de cinco episodios realizada por el Proyecto Antonio Nariño (FLIP, CdR, Fescol, Ami y Fundación Gabo) para la Comisión de la Verdad

La Comisión de la Verdad realizó un proceso de escucha a periodistas de distintas regiones de Colombia con el fin de contar con una reflexión individual y colectiva sobre su papel, los impactos y sus propuestas para que la historia no se repita. La producción sonora es una curaduría de estos aportes para difundir masivamente los testimonios de periodistas con trayectorias diversas.

Yo creo que gran parte de la prensa se silenció. Nos callamos porque había miedo y no se podía entrar a las regiones a contar nada de esto”, afirma José Navia, uno de los periodistas que más crónicas y reportajes ha realizado en zonas de conflicto. Su testimonio aborda los contextos de riesgo donde se ejerció el periodismo y cómo se vio afectada la libertad de prensa en Colombia.

A través de cinco episodios, los y las periodistas relatan su experiencia en distintos aspectos como: la soledad y la resistencia del periodismo regional en el marco del conflicto armado, la estigmatización a periodistas, la censura, las formas de resistencia para seguir informando en medio del fuego cruzado y, finalmente, su rol en el proceso de paz y sus recomendaciones de no repetición.

“La prensa ha padecido el frío de la impunidad tanto como la mayoría de víctimas en Colombia”, se escucha en uno de los episodios donde se recopilan relatos sobre la persecución, vigilancia y estigmatización que sufrieron tanto profesionales como medios de comunicación. Teléfonos interceptados, amenazas y hostigamientos fueron parte de su diario vivir o aún persiste.

María Paula Martínez Concha, coordinadora de la alianza proyecto Antonio Nariño e integrante del equipo de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), destaca el valor de incluir voces diversas y ponerlas en diálogo: “Periodistas de larga trayectoria con periodistas más jóvenes o de gran experiencia en el periodismo regional. También familiares como es el caso de Daniel Chaparro, hijo de Julio Daniel, asesinado el 24 de abril de 1991 en Segovia, Antioquia; así como el punto de vista de corresponsales como Stephen Ferry”.

El borrador de la historia lo escriben los medios de comunicación”, destacó en los espacios de escucha la comisionada Marta Ruiz, parafraseando a Oriana Fallaci, y en el marco del proceso de esclarecimiento de la verdad se resalta la importancia de que estas historias se cuenten desde las regiones y no solo desde el centro del país.

“La destrucción de sedes, como sucedió con la emisora Radio Caribabare de Saravena, Arauca; el asesinato de Guzmán Quintero, jefe del periódico El Pilón en Valledupar o la amenaza a todos los integrantes de una radio en la Amazonía son ejemplos de grandes relatos de censura que guardan las regiones de Colombia”, anota Martínez Concha. Por esta razón, después de los espacios de escucha, el pódcast quiso volver sobre la idea de la vulnerabilidad de la prensa regional en medio del conflicto y los esfuerzos que hizo para informar.

El auge del formato y la incipiente narrativa sonora sobre libertad de expresión y conflicto colombiano motivó la creación de este pódcast. Una memoria que también está hecha para jóvenes periodistas y estudiantes en proceso de formación.

Los espacios de escucha contaron con el apoyo del Proyecto Antonio Nariño, iniciativa que agrupa a las organizaciones civiles integradas por la Fundación Gabo, la FLIP, Consejo de Redacción, Fundación Fescol y Asociación Colombiana de Medios Informativos.

Episodio 1: La soledad y la resistencia del periodismo regional en el marco del conflicto armado

Periodistas rememoran el temor, los peligros, amenazas que tuvo que enfrentar el oficio en medio del principal escenario del conflicto armado en las regiones, lugares donde si no se lograba seducir a los y las periodistas, se les terminaba por estigmatizar, desprestigiar e incluso silenciar su vida.

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Han pasado cuatro años desde el secuestro y asesinato de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, equipo periodístico del diario El Comercio de Ecuador, a manos de una disidencia de las FARC. Luego de este tiempo, la deuda de verdad, justicia y reparación por parte de Ecuador y Colombia sigue intacta.

Si bien en Colombia la Fiscalía ha avanzado en la investigación y ha condenado a dos responsables de los crímenes, son pocos los avances en cuanto a verdad. Gran parte de la investigación ha estado fundamentada en las versiones —en ocasiones contradictorias— que han rendido exintegrantes del Frente Oliver Sinisterra, que no dejan claro el papel que desempeñaron las personas que participaron en los hechos y que no aclaran las condiciones en que se dio el secuestro y el homicidio del equipo periodístico

Además, el Estado se ha negado a responder las preguntas fundamentales sobre el caso: ¿cómo se desarrollaron las actividades de cooperación entre Ecuador y Colombia?, ¿por qué se negó sin mayor sustento que el cautiverio y asesinato tuvieron lugar en Colombia?, ¿por qué no se detuvieron las actividades militares del Ejército contra el Frente Oliver Sinisterra para facilitar la liberación de los periodistas?, ¿qué factores influyeron para que se frustrara la liberación de los periodistas?

En el 2021, la justicia colombiana condenó a Jesús Vargas Cuajiboy, alias Reinel, y a Gustavo Angulo Arboleda, alias Cherry, por los hechos en los que perdió la vida el equipo periodístico. Estas condenas se obtuvieron como parte de preacuerdos celebrados entre la Fiscalía y los acusados, que incluían como medida de reparación actos de reconocimiento de verdad y perdón en aras de lograr el esclarecimiento de los hechos.

Sin embargo, estos actos, lejos de otorgar una verdad para las víctimas, se convirtieron en un nuevo escenario de revictimización debido a la falta de condiciones dignas para su realización y de las contradicciones entre las distintas versiones de los hechos. Específicamente, en el caso de alias Cherry existieron contradicciones evidentes que impiden afirmar que hubo una reparación real y efectiva a las víctimas. Sin embargo, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Tumaco avaló el trámite del preacuerdo. Por esta razón, la FLIP apeló la sentencia condenatoria ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Pasto. 

Además, en marzo del 2021 la Fiscalía anunció como un gran avance las futuras imputaciones de cargos en contra de Jesús Alfredo Segura Arroyo, alias Roberto, y Juan Carlos Portocarrero Cortés, alias Chuky. Sin embargo, esos avances prometidos no se han materializado, ya que la audiencia de formulación de imputación no pudo realizarse porque los procesados habían recobrado su libertad, pues no se encontraba pendiente una orden de captura por este caso. Sumado a esto, el proceso contra otro de los implicados, Gustavo Alonso Ospina, alias Barbas, no ha tenido muchos avances después de que fue dejado en libertad por vencimiento de términos, más allá de que se hayan programado las audiencias de juicio. 

Así, la Fiscalía, al no aportar más pruebas y quedarse únicamente con los testimonios de los procesados, perpetúa la revictimización y no aporta al esclarecimiento de los hechos. Esto va en contra de la recomendación que hizo el Equipo de Seguimiento Especial (ESE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en las que afirmó que la investigación y el juzgamiento no puede basarse únicamente en las versiones que rindan los acusados, pues deben contar otros elementos de prueba que corroboren lo dicho por los acusados. 

En su informe, el ESE “reconoce que han sido identificados los cabecillas de la organización, no obstante sería valioso documentar la forma en que se impartieron las órdenes desde esa dirigencia y cómo se condujo el secuestro, a fin de avanzar en la reconstrucción de lo sucedido y extender las imputaciones a la mayor cantidad de delitos investigados que se hubieran cometido bajo su mando”. 

Las fallas en el proceso demuestran que no se han seguido estas recomendaciones del ESE. Si bien las medidas cautelares de la CIDH fueron clausuradas en agosto del 2020, la CIDH indicó que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE), en el marco de sus funciones, podría realizar seguimiento de la implementación de las recomendaciones y conclusiones. Por eso, la FLIP solicita a la RELE y a la CIDH que evalúen la posibilidad de hacer seguimiento a este caso y que emitan las alertas necesarias para encontrar verdad y justicia.

También es urgente que la Fiscalía adopte las recomendaciones dadas por el ESE y actúe con diligencia en el desarrollo de la investigación, aportando pruebas y adoptando las medidas necesarias para el adecuado juzgamiento de los responsables, dentro de términos razonables y evitando la configuración de escenarios de impunidad. Finalmente, los jueces a cargo del juzgamiento deben evaluar los actos de perdón y contrastar la información declarada con las demás pruebas, para determinar su consistencia y con ello, su potencial reparador.

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Este 2 de noviembre, Día internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas', la FLIP llama la atención sobre el persistente contexto de violencia contra la prensa y un ambiente generalizado de impunidad en estos crímenes en Colombia. La impunidad en casos de asesinatos a periodistas en el país alcanza el 78.8%; esta cifra aumenta si se tienen en cuenta otros crímenes como las amenazas que llegan al 98% de impunidad. 

Según el informe de tendencias mundiales sobre seguridad de los periodistas de UNESCO, ha habido una disminución del 20% en el número de asesinatos a periodistas entre el 2016 y 2020, comparado con el periodo entre 2011 y 2015. Sin embargo, en Colombia esta tendencia es contraria. En los últimos cinco años fueron asesinados ocho periodistas en el país, mientras que entre el 2011 y 2015 fueron asesinados siete. Esto evidencia la violencia contra la prensa y la persistencia de los homicidios como la forma más severa de silenciamiento.

La impunidad en estos crímenes genera un ambiente de permisividad para que los violentos sigan agrediendo a la prensa sin temor a consecuencias. En Colombia, entre 1938 y 2021 han asesinado a 163 periodistas por razones vinculadas a su oficio. En el 78.8% de estos casos no se ha proferido ninguna condena a los responsables y sólo en uno de ellos, el caso de Orlando Sierra, se ha logrado una justicia plena. 

El caso más reciente se presentó el 19 de septiembre de este año. El periodista Marcos Efraín Montalvo fue asesinado en Tuluá en hechos que aún no han sido esclarecidos, pero sobre los cuales, según pudo conocer la FLIP, existen indicios suficientes para sostener que su homicidio está relacionado con las denuncias que realizaba. 

En otros crímenes contra la prensa el panorama es similar. En los últimos cinco años las amenazas han ido en aumento hasta consolidarse como la agresión más recurrente contra periodistas. Durante todo el 2020 la FLIP registró 152 amenazas, y en lo corrido del 2021 van 132. A pesar de algunos avances en las investigaciones, la Fiscalía General de la Nación mantiene el 98% de los casos de amenazas a periodistas en la impunidad.

Como lo estableció la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el reciente fallo del caso de la periodista Jineth Bedoya, las amenazas no son una agresión menor, pues deben analizarse como indicadores de predictibilidad de hechos de violencia que pueden atentar de manera más grave la integridad de los y las periodistas. Además, la falta de investigación diligente y oportuna de las amenazas puede conllevar a que se cataloguen como tortura. 

A pesar de que el Estado ha implementado estrategias para avanzar en la investigación y sanción de los responsables de estos crímenes, estas han sido insuficientes y no analizan el fenómeno de la violencia de manera integral. La falta de sistemas de información unificados para obtener un diagnóstico real de la problemática, investigaciones que no exploran motivaciones de los victimarios relacionadas con el oficio periodístico, la falta de recursos físicos y de personal idóneos, largos periodos de inactividad procesal, y la ausencia de independencia de los funcionarios, son algunos de los factores que obstaculizan el acceso a la justicia y que originan las altas cifras de impunidad. 

El Estado debe cumplir la deuda histórica en la lucha contra la impunidad de los crímenes contra los y las periodistas. Solo a través del trabajo diligente de las entidades encargadas de la investigación y judicialización se podrán disminuir las cifras de ataques contra la prensa y se logrará justicia.

Las medidas de reparación ordenadas por la Corte IDH en el caso de la periodista Jineth Bedoya, constituyen una nueva oportunidad y una hoja de ruta clara para que el Estado avance en la dirección correcta para formular una política integral de prevención, protección y procuración de justicia en los crímenes contra la prensa, que resulta esencial para el fortalecimiento de una sociedad democrática. 

En 2013, la Asamblea General de las Naciones Unidas, proclamó el 2 de noviembre como Día internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas. El alto número de casos de violencia contra medios y periodistas, y los escasos avances judiciales sobre los mismos, justificaban la alarma internacional sobre la magnitud del fenómeno. Ocho años después, en Colombia predomina una impunidad que amedrenta a la prensa e incentiva a los violentos a atentar contra los y las periodistas.


Como parte de la conmemoración de este 2 de noviembre, realizamos un evento en Tuluá sobre los impactos y las huellas locales que dejan los crímenes contra periodistas. Esto como homenaje a la memoria de Marcos Efraín.

Así mismo, estuvimos en el primer Tribunal sobre periodistas asesinados en La Haya, organizado por FreePress Unlimited. 

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