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Cada vez son más los periodistas que ejercen un liderazgo social en sus comunidades y se enfrentan a múltiples violencias: actores armados, desprecio de la política local e intereses económicos. Este periodismo de urgencia es uno de los cambios más relevantes del ecosistema mediático y su protección uno de los desafíos más urgentes del Estado. ¿Quiénes encarnan esas voces y por qué es tan importante su papel?
Por: César Paredes
No tienen una sala de redacción ni grandes equipos de producción. Combinan fórmulas del periodismo tradicional con nuevas maneras de contar lo que pasa en su localidad. No tienen un guion, pues con el tiempo han aprendido empíricamente qué es lo que funciona para que la comunicación sea efectiva. En la calle son conocidos por sus vecinos y seguidores. Su punto de vista es del testigo directo de los acontecimientos. Aunque algunos han recibido formación académica o técnica, en la práctica cuestionan la dogmática de la objetividad en el oficio. Hay quienes consideran su trabajo un servicio social, otros, un activismo o, incluso, una militancia. Su ventaja es la proximidad a la noticia. Su audacia, emprender un proyecto, la mayor de las veces unipersonal, para suplir la falta de información en un país en el que la tercera parte de los municipios no cuentan con medios locales. Su desventaja es el fruto de esa condición, ya que la misma notoriedad que los lleva a convertirse en las únicas voces que vigilan y controvierten al poder local, los puede poner en riesgo, sobre todo en las zonas más conflictivas del país. Se trata de un nuevo tipo de periodista que, al alero de la transformación de la industria del periodismo, ejerce el liderazgo social en su territorio.
En los últimos tres años en Colombia han sido asesinados, en razón de su oficio, cinco periodistas, de los cuales cuatro eran independientes y cumplían con este perfil: Abelardo Liz, en Corinto, Cauca; Efraín Montalvo, en Tuluá, Valle del Cauca; Rafael Emiro Moreno, en Montelíbano, Córdoba; y Wilder Alfredo Córdoba, en La Unión, Nariño.
Su desaparición ha supuesto una herida para las comunidades que admiraban su valentía al denunciar la corrupción o al visibilizar el trabajo comunitario; su silenciamiento, un golpe brutal al maltrecho ecosistema mediático de las regiones en donde a veces ni siquiera hay medios de comunicación local. Estas muertes coincidieron con la oleada de asesinatos de líderes sociales que, según Indepaz, entre 2020 y 2022 ascendieron a 670 a lo largo y ancho del país, así como con el aumento sostenido de las amenazas contra las y los periodistas que pasó de 152 en 2020 a 218 en el último año; la cifra más alta que la FLIP haya registrado.
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Las muertes de estos periodistas regionales son el cierre de una espiral del riesgo que enfrentan cuando ejercen el liderazgo social y que empieza con la estigmatización en las redes sociales con expresiones como“no sea sapo” o comentarios que buscan deslegitimar su trabajo como “sicario de micrófono” o “chismoso”; solicitudes anónimas de no meterse con los políticos locales y no informar sobre algún tema. El riesgo se escala con el desprecio público de funcionarios que se atreven a cuestionar su trabajo periodístico, con la intimidación de desconocidos contra su familia a través de redes sociales o, incluso, con mensajes de texto directos en sus comunicaciones. Esta espiral puede llegar a la amenaza con panfletos o sicarios que transmiten el mensaje de la muerte. El asesinato de un periodista en estas comunidades profundiza la violencia contra la ciudadanía vulnerable, representada en un ciudadano de a pie que solo cuenta con su voz y una audiencia que ha quedado sola.
Vale preguntarse ¿por qué estos periodistas que tienen liderazgos sociales están tan expuestos? ¿Cuál es el papel que cumplen en una democracia? ¿Por qué su desaparición compromete a toda la sociedad?
“Los periodistas que ejercemos un liderazgo social hemos sido el resultado de una necesidad”, anota Diana Jembuel, periodista de la emisora Namui Wam, (“Nuestra Palabra” en español), y quien pertenece al pueblo misak, ubicado en el suroriente del departamento del Cauca. Para ella, la información que provenía de los medios de comunicación ajenos a su territorio no era precisa ni suficiente, lo que la motivó a estudiar comunicaciones y a dedicarse a la transmisión de contenidos en su propia lengua. “Yo creo que dentro de los territorios tiene que haber alguien que conozca la historia, conozca el espacio y además interactúe con el resto de la comunidad, para que resalte la realidad de lo que pasa”, agrega. Su trabajo periodístico, además de conectar interculturalmente a su comunidad, ha sido destacado por dar a conocer el papel de la mujer en el pueblo misak.
Laura Giraldo, una socióloga de la Universidad de Antioquia que aprendió el oficio en los talleres del proyecto Consonante de la FLIP, secunda esta opinión: “aquí en El Carmen de Atrato [en Chocó] no llegan los medios grandes. Para poner un ejemplo: hay una sola corresponsal de Caracol para todo el departamento y pues no puede darle una mayor visibilidad a las historias del municipio”. Para ella, la combinación de periodismo y liderazgo social es fundamental para poner el foco en los temas ambientales de su municipio.
Como ellas, otros periodistas han encontrado en sus localidades un acervo de historias que han potenciado su capacidad de influencia. Ese es el caso de Éder Narváez en Caucasia, Antioquia, director del portal NP Noticias Online y corresponsal de Teleantioquia. En diciembre del 2021, cuando se preparaban las corralejas de su municipio, Narváez comenzó a publicar noticias sobre el maltrato animal con un seguimiento detallado de los caballos heridos, los toros asesinados y las personas afectadas. Pero no solo eso, con documentación en mano se fue a visitar a las autoridades del departamento. “Teniendo en cuenta mi capacidad de buscar información, de buscar datos, de contrarrestar, me di a la tarea de visibilizar ese problema. Yo dije: a los defensores de derechos animales los intimidan, pero si lo hago yo puedo generar reflexión y hacer cuestionamientos con argumentos, a mí posiblemente me van a escuchar más”, dice.
Así fue. Narváez se convirtió en un defensor de los animales. El eco de sus denuncias obligó a las autoridades a crear protocolos para la celebración de las fiestas. Pero también vinieron las amenazas. Hoy Narváez tiene un esquema de seguridad con dos escoltas de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y está a la espera de más protección, pues los peligros no han parado en una región en la que el liderazgo social incrementa los riesgos en la seguridad.
Para Germán Rey, profesor e investigador de comunicación de la Universidad Javeriana, la emergencia de este tipo de periodistas tiene que ver con los cambios en la forma de percibir el valor social, la elaboración y circulación de la información. Con los cambios tecnológicos y sociales se ha incrementado un periodismo que desafía la frontera del oficio con el activismo. “Este incremento tiene aspectos favorables, pero también riesgos y problemas”, dice. En su trabajo de investigación ha podido constatar que entre las ventajas de este periodismo están “una mayor visibilidad de sus propósitos, un diálogo con otros campos de movilización social y una agenda de temas concretos que interesan a la comunidad”.
En efecto, en los medios alternativos y redes sociales no solo han fortalecido la agenda comunitaria de las mujeres y de los pueblos indígenas contada en su propia lengua, como en el caso de Jembuel o las demandas ambientalistas específicas de una comunidad como en el caso de Giraldo o el llamado animalista que hace Narváez en una región con una cultura ganadera. El trabajo periodístico local también ha impulsado liderazgos campesinos, de la población LGTBI, o de quienes reclaman mejores servicios públicos o sanitarios, entre muchas posibilidades.
Según Rey, quien fue relator del Informe del Centro Nacional de Memoria Histórica sobre la violencia contra periodistas (2015) y coordinó una investigación sobre medios nativos digitales en América Latina (2022), una persona con la misión de informar sobre algún aspecto de la comunidad casi de inmediato se convierte en líder. Sin embargo, este periodismo enfrenta problemas como: “una adscripción militante que puede disminuir su capacidad crítica, unos compromisos que confunden su sentido y papel en la sociedad, y un énfasis político que desvanece la libertad del periodismo”.
Desde otra orilla, hay quienes consideran que su papel en el periodismo contrarresta narrativas dominantes que han contribuido a la estigmatización de sectores vulnerados. Para Mauricio Reyes, periodista de Trochando sin fronteras, un proyecto de comunicación transmedia que cubre las demandas de organizaciones sociales campesinas de Arauca, el periodismo de su medio es militante y no puede adscribirse a la objetividad pregonada por las escuelas de periodismo. “Es militante en el entendido de que las organizaciones de las que hacemos parte tenemos un concepto de mundo y un plan de vida”, afirma.
Reyes, quien es ingeniero de sistemas e hizo una maestría en periodismo de datos, lo ilustra con un ejemplo: “durante varios años la matriz mediática impulsada por el Estado era que Arauca estaba lleno de coca y traficaba hacia Venezuela. Pero nosotros hicimos una investigación con datos sobre la erradicación, las incautaciones, destrucción de laboratorios y la lucha de la gente por cambiar los cultivos sin la ayuda del Estado, demostramos que no era cierto y contrastamos esa estigmatización”.
Otra de las razones clave para entender la emergencia de este tipo de periodismo y liderazgos es la financiación. Según los periodistas consultados para esta revista, quienes pertenecen a colectivos, se sostienen gracias a la gestión de sus líderes que buscan recursos con la cooperación de ONG o en concursos del Estado. En cambio, para las y los periodistas que tienen su propio medio la tarea es más difícil. Ellas y ellos refieren que la actividad informativa no puede sostenerse sin la ayuda de la pauta de emprendedores, la política local o el apoyo en otras actividades económicas. “Yo me he dedicado a hacer notas sobre la entrega de regalos, a hacer cubrimientos con fotografías sobre algunos temas por los que pagan, si no, no llego a fin de mes”, dice Yamir Jhan Pico, director del portal Caribe Noticias 24/7 del sur de Córdoba.
De ahí que el liderazgo sea una llave que abre puertas en el mundo de la representación social y que da otras ventajas, ya sea para emprender nuevos proyectos o para participar en política. Sin embargo, con esa visibilidad también aumentan los riesgos. Los dos periodistas asesinados el año pasado Rafael Moreno (37 años, Montelíbano), fundador de Voces de Córdoba, y Wilder Alfredo Córdoba (44 años, La Unión) no se limitaban a comunicar. El primero aspiró a una de las curules especiales de la circunscripción por la paz; el segundo, además de denunciar la corrupción y la falta de atención de las autoridades locales a los problemas de su comunidad, también convocaba jornadas para tapar huecos de las calles de su municipio. “Los riesgos se aumentan —advierte Reyes— cuando a la función periodística se suman los liderazgos sociales y políticos, entre otros motivos porque se agregan otros conflictos, otros intereses y actores, que en algunos contextos se tornan muy peligrosos y difíciles de manejar”.
La manera de enfrentar los riesgos también cambia de acuerdo a los contextos y el apoyo que estos periodistas líderes puedan tener. Jembuel, por ejemplo, se siente rodeada por una comunidad que valora y demanda su trabajo. “Hasta ahora no he recibido amenazas o presiones, pues estamos en el territorio y tenemos el respaldo de nuestras autoridades”, dice. No obstante, reconoce que hay temas que entrañan un peligro latente y requieren de cuidado para su cubrimiento, por ejemplo, lo que las comunidades indígenas del Cauca llaman la recuperación de tierras mediante la ocupación de predios.
En otra esquina del país, Giraldo considera que se trata de un dilema: hacer periodismo con mayor protagonismo o mantenerse al margen, a pesar de que muchas de las noticias en El Carmen de Atrato tienen que ver con su activismo. “Si por ejemplo hiciera más opinión, que a mí me gusta, entraríamos en las disputas más de tipo político y eso me pondría en riesgo. A veces pienso ‘eso hay que decirlo’, pero no me atrevo porque este es un municipio en el que hay de todos los actores armados y un tema conflictivo que es la presencia de una multinacional minera”.
Por su parte, Jhan Pico, en el Sur de Córdoba, quien en el 2018 fue víctima de un atentado en el que sicarios con moto pasaron frente a su casa disparando, siente un miedo constante. Él ha considerado cambiar el enfoque investigativo de su trabajo por uno que le represente menos riesgos en el territorio. No le falta razón, pues Jhan Pico, primo de Rafael Moreno, era uno de los cuatro periodistas de la región que eventualmente se juntaban para hacer investigaciones compartidas. “Yo vivo con terror —dice—, porque la gente que me quiere, ocho de cada diez me saludan, pero también me advierten, ‘¡cuídese!’... Yo no he vuelto a ver una nota de denuncia contra la corrupción, nadie se atreve a publicar sobre los políticos, vivimos censurados. Rafa era valiente, pero también creo que el periodismo de mártires no va”.
Y es que la pérdida de un periodista que ejerce el liderazgo en el territorio es irreparable. Su desaparición frustra “la posibilidad de compartir información, construir vida pública, hacer seguimiento a problemas que afectan a la comunidad y poner freno a las arbitrariedades —dice Rey—. La violencia contra los periodistas no es solo una violencia individual, sino sobre todo una vulneración muy grave de la vida de una comunidad”. El vacío que dejan resquebraja cualquier asomo de tejido social y en su lugar se afianza el poder de facto de los corruptos y los violentos.
Los cambios en el panorama mediático demandan una apertura de miras de la sociedad para desestigmatizar este tipo de periodismo. El gobierno actual, en su compromiso con defender la vida e integridad de las y los líderes sociales, tiene el reto de desarrollar una estrategia que proteja a las y los periodistas con este perfil. No solo que brinde garantías para su seguridad —que es lo mínimo—, sino que fortalezca los medios de comunicación nacientes en escenarios que resienten los vacíos de información. Reconocer el trabajo de estos guardianes de sus territorios y valorar el aporte que hacen a una comunidad es un factor clave para el fortalecimiento de las democracias locales, pues estos periodistas regionales en la mayoría de municipios del país suplen las necesidades de información que los grandes medios de comunicación no proporcionan. Su voz no representa una alternativa entre otras, sino que muchas veces es la única vigilante de una comunidad.
Las decisiones que tienen que tomar las y los periodistas de regiones afectadas por la violencia no son fáciles: callar, asumir los riesgos, trabajar bajo la amenaza inminente, denunciar. Este es el relato de la prensa en tres departamentos al sur del país que convive con la violencia, que en algunos casos asume el rol de liderazgo social y que con distintas motivaciones trabaja a nivel local para informar a sus comunidades.
Por: Carolina Arteta Caballero y Juan Pablo Madrid-Malo
Colombia sigue siendo un país en guerra. Con muchas guerras. El panorama de paz que por un tiempo se vivió en algunas regiones después de la firma del acuerdo con las FARC-EP poco a poco se ha esfumado. En los últimos cuatro años ha aumentado de manera sostenida la presencia de grupos armados en todo el país, como lo expone Indepaz en su más reciente informe. Hoy retumba con cada vez más fuerza el ruido de los combates con la fuerza pública, las disputas territoriales, los atentados, los asesinatos y las masacres. Lo que poco se escucha es el asfixiante control social ejercido sobre la población civil por parte de los miembros de grupos paramilitares y guerrillas. Hoy, los habitantes de más de 600 municipios todavía cuentan las heridas que deja la confrontación armada en sus territorios.
En este contexto trabajan —y han trabajado por años— periodistas en todo el país. Reporteros y reporteras que informan desde sus territorios, pero que también suelen recurrir al silencio para protegerse. El Cauca, Nariño y Putumayo, cuyas geografías abarcan desde el piedemonte amazónico hasta el macizo y la costa Pacífica, se han consolidado como corredores estratégicos del narcotráfico y escenarios en donde confluyen múltiples actores armados en constante disputa.
Este es el relato de periodistas, en diferentes zonas de los tres departamentos, que a diario conviven, en mayor o menor medida, con la amenaza latente de la violencia. Directores/as de medios, locutores/as, fotógrafos/as, reporteros/as y presentadores/as que ejercen su labor en emisoras comunitarias, comerciales y públicas; sitios web o plataformas digitales y como corresponsales para distintos medios también. Muchos/as con un importante rol de liderazgo social en sus comunidades. Sus testimonios constituyen la historia de una prensa que, lejos de los círculos de poder de grandes medios y por momentos acorralada, trabaja localmente contando lo que ocurre, aunque a veces las circunstancias no se lo permitan.
“Lo primero que hago es asomarme a la puerta y salir con temor”, afirma Andrés* al hablar de su espacio en una emisora comunitaria. A sus 46 años, además de periodista, se ha convertido en líder en su comunidad. Carga, a su vez, la dolorosa memoria del asesinato de un miembro de la emisora ya hace varios años atrás. “Queremos decirle a Colombia y al mundo lo que ocurre en nuestra región, pero hay cierta gente que no quiere que eso salga a la luz pública”, sentencia.
Como él, periodistas en todo el departamento se debaten entre informar sobre la situación de orden público o asegurar su integridad en un territorio donde confluyen principalmente estructuras del Comando Coordinador de Occidente, del ELN y de la Segunda Marquetalia. Dentro del conflicto por controlar los numerosos cultivos de uso ilícito y los corredores del narcotráfico que del sur del país conducen hacia el Pacífico los periodistas han quedado entre la espada y la pared. La constante se encuentra en la autocensura.
Entre las limitaciones que enfrentan están una geografía complicada y la multiplicidad de actores armados. Ambos conllevan riesgos al momento de desplazarse que pocos están dispuestos a asumir. Otro radialista al sur del departamento afirma: “en cada corregimiento hay un grupo predominante. Hay líneas imaginarias y por eso se dan enfrentamientos. Acá en nuestro municipio ninguna persona puede andar sin una carta de recomendación emitida por un líder de la zona”. Un escenario crítico sobre el que Martín, radialista también, explica: “cayó un petardo en plena cabecera municipal y sacamos la noticia. Luego hubo una granada contra la estación de policía y reportamos. Hubo dos bombas a la entrada del municipio. Hubo dos hostigamientos más. En medio de todo eso laboramos”.
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El panorama hacia el norte es similar. Desde un medio digital Andrea* ejerce su labor para mostrar otra cara de un territorio, colindante con los departamentos de Tolima y Valle del Cauca, conocido por su violencia, según cuenta. “Nosotros siempre estamos con el temor de cubrir. Siempre pensamos que tenemos los ojos encima de alguien que está pensando que no es así lo que uno escribe. Casi siempre evitamos meternos en ese tema”, afirma al hablar de la agenda de orden público y también de corrupción. “No va a ser posible la libertad de prensa en el norte del Cauca”, finaliza.
Y entre tanto riesgo, vale la pena preguntarse por las motivaciones que llevan quienes se dedican a esto. En la respuesta de Martín* hay, tal vez, un espíritu común para todos: “yo creo que es la única forma de que el país entienda que hay otros territorios y otra gente que construye esta nación. Yo vengo de un lugar muy complejo, allá sólo mandaban los grupos armados en los 2000. Yo crecí en eso. Yo viví en medio de esa violencia. Yo escogí esto para tratar de revertir eso. Queremos seguir trabajando”.
Cauca en cifras
Si algo tiene claro Alberto*, después de 25 años trabajando en la radio, es que un periodista debe contar las dos caras de la moneda: lo bueno y lo malo. Esa premisa le devuelve la tranquilidad cuando recuerda que en un par de meses la emisora comunitaria que dirige cumplirá un año sin emitir noticias locales en el bajo Putumayo, a pocas horas de la frontera con Ecuador. A inicios del año pasado, el periodista suspendió la transmisión del informativo local después de que dos miembros de su equipo recibieron amenazas.
La emisora, fundada hace más de veinte años, enfrentaba dificultades económicas desde la pandemia, pero había logrado mantenerse a flote con una parrilla informativa que combinaba las voces de campesinos y mujeres con música y noticias. Hasta aquel día en que suspendieron la difusión del noticiero. Alberto tomó la decisión cargando a cuestas con el recuerdo de un colega de la región que fue asesinado por su liderazgo social. “Uno siente nostalgia de no tener el noticiero. No poder hacer lo que deberíamos hacer… ¿para qué sirve una radio que solo pasa música o mensajes a la alcaldía o del hospital si hay otras cosas que contar? Lastimosamente no se pueden decir”, se lamenta.
La autocensura como estrategia de autoprotección es una de las prácticas que han implementado los periodistas del Putumayo desde que el conflicto recobró su fuerza. Hoy, al menos cuatro grupos armados están presentes en el departamento, entre ellos el Frente Carolina Ramírez del Bloque Suroriental y los Comandos de la Frontera. En el territorio están dos de los enclaves productivos de coca más importantes a nivel nacional, y hasta finales de 2021 había 28 mil hectáreas de coca, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD).
En este contexto, muchos reporteros evitan desplazarse hacia áreas rurales o publicar noticias relacionadas con el orden público. “Yo lo hago para proteger mi integridad. Uno sabe que corre peligro si dice algo malo o no maneja bien la información. Cualquiera puede terminar amenazado”, sostiene César*, quien dirige un portal de noticias. Por su parte, un locutor de una emisora comunitaria afirma: “yo trato de ser muy técnico… de no usar adjetivos”.
Los pocos periodistas que cubren hechos violentos suelen enfrentar decenas de barreras, entre ellas el silencio estatal. “Es un problema grandísimo lograr que una autoridad se pronuncie sobre un hecho para tener una fuente oficial”, afirma César. Esto ha llevado a que la gente critique su labor. Hace unos meses, participó en un panel sobre periodismo que fue transmitido en vivo a través de redes sociales. En uno de los comentarios que recibieron ese día los llamaron periodistas mediocres. “Yo les pedía disculpas por eso —cuenta César—. A veces terminamos siendo mediocres, pero detrás de eso están las limitaciones que tenemos para informar. Si tuviéramos más libertad tal vez podríamos hacer otro periodismo”.
Putumayo en cifras
El periodismo en Nariño tiene puntos ciegos. Es decir, porciones del territorio en las que está vedado el ingreso de periodistas. En este departamento fronterizo, ONUDD ha identificado enormes laboratorios de cocaína en los que se llega a producir hasta cinco toneladas en un mes. Allí confluyen varios grupos armados y organizaciones criminales que se disputan el control de las zonas cocaleras y las rutas de narcotráfico. De acuerdo con Indepaz, los enfrentamientos se concentran en las subregiones Saquianga, Pacífico Sur y Telembí, especialmente en municipios como Tumaco, Roberto Payán, Olaya Herrera y Barbacoas. Repartidos en pequeñas fracciones del territorio, hay miembros de al menos ocho grupos que por momentos actúan unidos, en bloque, y en otros se enfrentan entre ellos o con el Ejército.
Las dinámicas de la guerra en el departamento son tan confusas y cambiantes que la gente no logra seguirle la pista al fuego cruzado. Las y los periodistas, que en otros lugares del país se las ingenian para hacer reportería en lugares controlados por los grupos armados, quedan atrapados entre fronteras invisibles. “Al viajar durante una hora desde la zona de piedemonte hasta la frontera puedes encontrar un grupo y en 45 minutos va a ser otro”, ilustra Diego*, un periodista que a pesar de las limitaciones publica algunas noticias sobre el conflicto en medios regionales y nacionales. Para hacerlo sin correr demasiados riesgos, se vale de varias estrategias como enviar reportes para que sean otros colegas quienes den la información o utilizar imágenes de archivo al momento de mencionar ciertos lugares. “Hay sitios en donde es imposible llegar con cámaras. Se limita hasta el uso de dispositivos móviles. Si los usas y sale algo de por allá, te van a llegar amenazas”, explica. Aún así, Diego ha recibido mensajes intimidantes. “Vea cuidese con la información que mandó”, le dijeron hace poco a través de un mensaje de texto.
Los registros de las organizaciones humanitarias dan cuenta de la dimensión del conflicto. Solo en febrero del año pasado se registraron cinco desplazamientos masivos en La Tola, Mosquera, Olaya Herrera y Barbacoas, de acuerdo con Médicos Sin Fronteras. Pero el verdadero impacto que está teniendo la violencia en la vida de la población civil no se ve en los medios, pues las mismas cifras de los grupos defensores de derechos humanos alimentan el miedo de los periodistas. “Una vez intenté hacer un acercamiento para viajar con un abogado conocido allá (en Ricaurte). Me dijeron que fuera y que al siguiente día me secuestraban”, cuenta un fotógrafo que utiliza la ciudad de Pasto como sede. El cronista asegura que en Nariño casi todos los días ocurren decenas de asesinatos de los que nadie se entera. “Eso no lo publica nadie porque es como meterse en la boca del lobo”. Un colega de Ipiales coincide. Para él, el miedo es un sentimiento permanente: "es una amenaza indirecta”.
Nariño en cifras
* Los nombres de los periodistas consultados han sido modificados por su seguridad.
Este 6 de octubre, la FLIP interpuso una demanda de reparación directa contra el Ejército y la Policía por el asesinato del comunicador indígena Abelardo Liz, ocurrido el 13 de agosto del 2020. Con esta acción se pretende que se reconozca la responsabilidad del Estado colombiano en la muerte del periodista. La FLIP, como representante de la familia de la víctima, ha logrado recolectar pruebas y testimonios que confirman que el Ejército disparó contra Liz mientras él cubría los enfrentamientos entre la fuerza pública y la comunidad Nasa en Corinto, Cauca.
Después de la muerte de Liz, el Ejército aseguró que los disparos contra el comunicador provenían de disidencias de las FARC. Sin embargo, de acuerdo con los análisis forenses, la FLIP puede afirmar que el proyectil que impactó al comunicador concuerda tanto en calibre como en marca con las armas de dotación oficial que estaba portando el Ejército el día del asesinato. Así mismo, las pruebas indican que ese día, durante los enfrentamientos de la fuerza pública con la comunidad, los grupos armados ilegales que operan en la zona no accionaron armas de fuego.
Sumado a esto, en la investigación se evidenció que la fuerza pública obstruyó en reiteradas ocasiones el paso de vehículos y personas que pretendían auxiliar al periodista cuando resultó herido. Miembros del Ejército y del ESMAD impidieron el paso del vehículo de atención médica del cabildo y apuntaron a las personas de la misión médica con un arma. La camioneta que finalmente pudo ingresar al lugar de los hechos para auxiliar a Liz llegó hasta allí porque se encontraba al otro lado de la carretera, donde no había presencia de la fuerza pública. Sin embargo, mientras trasladaban a los heridos al hospital de Corinto, este vehículo también fue agredido por uniformados.
En el departamento del Cauca, al igual que en otras regiones, existe un patrón de agresiones y estigmatizaciones por parte de agentes de la fuerza pública, en contra de las y los comunicadores indígenas. En escenarios como los procesos de la Minga, estos ataques se presentan con mayor intensidad.
El impacto colectivo que ha tenido este asesinato en el tejido de comunicaciones y los integrantes de la emisora es profundo. Durante los últimos dos años sus integrantes han sentido temor a ataques o estigmatizaciones, y se han visto obligados a acudir a la autocensura. Así mismo, ha habido una afectación en la comunidad, pues se silenció la voz de todo el pueblo Nasa que habita al norte del Cauca. Liz se formó como comunicador comunitario en el 2010 y desde el 2015 trabajaba en la emisora Nación Nasa de Corinto. Con su labor, visibilizó las luchas indígenas, los procesos culturales del pueblo Nasa y sus problemáticas sociales. Por esto, a través de la demanda esperamos que se reconozcan reparaciones simbólicas y colectivas para la comunidad.
Dora Muñoz, coordinadora del Tejido de comunicaciones del Cabildo de Corinto, ha mencionado que “asesinar a un comunicador es [...] como asesinar a un sabedor espiritual, porque es intentar callar la voz de la comunidad. Es intentar callar todo este proceso de lucha y de denuncia que se ha venido caminando por varios años y que ha sido a través de estos comunicadores y comunicadoras indígenas”.
En el 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció que “el ejercicio del derecho a la libertad de expresión a través de los medios de comunicación indígenas se realiza individualmente, pero también se manifiesta colectivamente debido a la particular forma de organización de las comunidades indígenas”. Además, para ese tribunal, a través de la comunicación los pueblos indígenas pueden ejercer otros derechos como la autonomía y la cultura.
Por todo eso, la FLIP, como representante de la familia de Abelardo Liz, busca que el Estado colombiano establezca condiciones óptimas para que comunicadores y comunicadoras indígenas puedan ejercer su oficio sin ser víctimas de estigmatizaciones y hechos violentos por parte de la fuerza pública.
En concreto, solicitamos que se ordene al Ejército y la Policía realizar un acto público de perdón que incluya un reconocimiento expreso de responsabilidad por el homicidio de Liz y por las afectaciones que con ello generaron en la libertad de expresión y en la comunicación indígena. También pedimos que estas dos instituciones expidan un protocolo que garantice y proteja el ejercicio de la libertad de expresión de los comunicadores indígenas, con esto se podrán emprender acciones preventivas. Finalmente también exigimos que se construya un monumento en Corinto que visibilice el liderazgo que tenía Liz en la comunidad como reportero indígena.
Después de dos años del asesinato de Abelardo Liz en Corinto, Cauca, las pruebas indican que un miembro del Ejército sería quien disparó al comunicador indígena. A pesar de que la investigación de la Fiscalía ha contado con largos periodos de inactividad, los recientes avances de la investigación penal apoyan esa hipótesis. A pesar de haber muerto ejerciendo su labor, la Fiscalía aún no formaliza dentro de la investigación la relación del crimen con el oficio.
El comunicador Abelardo Liz hacía parte de la emisora Nación Nasa Estéreo en Corinto, al norte del Cauca. El 13 de agosto del 2020, fue impactado por armas de fuego mientras cubría un desalojo del Ejército a comuneros indígenas que participaban en la Liberación de la Madre Tierra en una zona rural de ese municipio.
A pesar de que la Fiscalía inició la investigación de oficio, en el primer año no hubo avances. De los dos años transcurridos, solo durante cinco meses esta entidad emprendió acciones de acuerdo con los parámetros de rigurosidad, diligencia y exhaustividad planteados por distintos organismos internacionales de derechos humanos.
En los últimos tres meses, la Fiscalía ha practicado distintas pruebas, como testimonios, pruebas periciales y documentales, inclusive una inspección en el lugar de los hechos, para contrastar lo dicho en las distintas versiones (de la comunidad y del Ejército) sobre lo ocurrido. De ello, han surgido elementos de juicio que soportan la denuncia de la comunidad sobre la responsabilidad del Ejército en la muerte de Liz. También, que tanto el Ejército como el ESMAD impidieron el paso a la misión médica para que auxiliara al herido.
Así, los resultados parciales de la investigación desvirtúan la versión del Ejército, que el día de los hechos afirmó que habría sido una herida causada por disparos de grupos disidentes. Es preocupante que hasta ahora no se conozca el avance del proceso disciplinario.
La FLIP solicita a la Fiscalía General de la Nación que formalice el vínculo de este crimen con el trabajo periodístico de Liz, así como el reconocimiento del impacto diferenciado de este homicidio sobre la libertad de expresión en general. Es fundamental que la Fiscalía continúe con los avances en la investigación, no únicamente bajo los impulsos solicitados por las víctimas y sus representantes. Debe haber un mensaje de urgencia para consolidar justicia en este caso, al encontrar el autor material y al reconocer el daño causado a la familia, la emisora indígena y a la comunidad.
La comunicación indígena está ligada a las luchas propias de los pueblos y es un vehículo para la participación comunitaria y la visibilización de sus necesidades y reclamos. Por ello, el silenciamiento de Abelardo Liz tuvo un impacto directo y amplio en la comunidad y en su lucha. Este caso es emblemático porque demuestra las falencias en la protección de la comunicación indígena.
El 24 de abril de 2022, se cumplieron 13 años del asesinato de José Everardo Aguilar. Al momento de su muerte, tenía 72 años. Dejó diez hijos tras de sí y años de trabajo en el periodismo. En Radio Súper Popayán, en el Cauca, trabajó cerca de 10 años, en donde denunciaba la corrupción y cubría temas políticos. El 24 de abril de 2009, siete disparos sepultaron su voz, en el barrio Las Ferias, del municipio de Patía, Cauca. El asesino entró a su hogar haciéndose pasar por un mensajero que le traía fotografías y documentos. Ese día, José Everardo se encontraba con su esposa e hija.
En la FLIP, no olvidamos a José Everardo Aguilar y su compromiso con la verdad y la comunidad. Gracias por recordar con nosotros.
El 14 de octubre de 2010, el comunicador y líder indígena Rodolfo Maya Aricape fue asesinado en Caloto, Cauca. Rodolfo era periodista de Radio Payumat, secretario del Cabildo Indígena de López Adentro e integrante de la Escuela del Tejido de Comunicaciones NASA ACIN.
Un periodista que rechazó la presencia de grupos armados en la región
Rodolfo era el penúltimo de los siete hijos de la familia Maya Aricape. A sus 12 años, dejó el municipio de Caldono, Cauca y, en compañía de dos de sus hermanas mayores, viajó a Bogotá para finalizar sus estudios de bachillerato. En la capital, trabajó como ayudante en una ensambladora de automóviles y en una carpintería. Sin embargo, tras 10 años lejos de su comunidad, regresó a Cauca para apoyar el proceso de organización indígena de su región.
Al volver a Cauca, Rodolfo integró el movimiento juvenil Álvaro Ulcué Chocué, una colectividad que buscaba posicionar a los jóvenes Nasa dentro de la esfera política en el municipio de Corinto, Cauca. Años más tarde, Rodolfo ingresó a la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) como secretario del Cabildo Indígena del resguardo de López Adentro. A la vez, se desempeñó como coordinador de la Escuela del Tejido de Comunicaciones y comunicador en Radio Payumat.
El liderazgo y compromiso con el que asumió la tarea de informar a la población, lo convirtió en un periodista reconocido dentro de la comunidad indígena Nasa. “Siempre estaba con su cámara capturando momentos en familia, tomando fotos y grabando en eventos y marchas. Una de sus motivaciones fue el apoyo de la comunidad frente a sus procesos de comunicación”, recuerda su hija, Xiomara Maya.
Desde 2009, Rodolfo estuvo liderando las comunicaciones del pueblo Nasa. Sus notas informativas y reportajes denunciaban la presencia de grupos armados en los territorios, el reclutamiento de jóvenes y la amenaza a líderes indígenas. “Era muy espontáneo al hablar, identificándose con el proceso de la comunidad. Por eso Rodolfo empezó a denunciar los atropellos del mismo gobierno y de los actores armados legales e ilegales que se disputaban el territorio”, señala su hermano, Diego Maya.
El silencio que dejó el conflicto
En septiembre de 2010, los pronunciamientos periodísticos de Rodolfo empezaron a generar malestar en los grupos armados que rodeaban la zona. Dos semanas antes de su muerte, Rodolfo recibió una amenaza en la que, además, fue señalado como miembro de la guerrilla. “En las paredes de un colegio del municipio, aparecieron unos escritos en los que lo señalaban de ser cabecilla de la guerrilla. Había un número de teléfono y una recompensa de 20 millones. Él alcanzó a denunciar este hecho”, cuenta el hermano del periodista.
A pesar de que esta amenaza fue puesta en conocimiento de las autoridades, con 36 años, Rodolfo fue asesinado el jueves 14 de octubre de 2010, en Caloto, Cauca. Alrededor de las 4:30 p.m., dos sicarios que iban en una moto lo abordaron en la puerta de su casa y silenciaron su voz. Hoy, once años después de su asesinato, la Fiscalía continúa en indagaciones por su homicidio, pero nadie ha sido responsabilizado por el crimen
En la FLIP, no olvidamos a los comunicadores indígenas que, como Rodolfo, han sido asesinados por denunciar la violación de derechos humanos en sus comunidades y hacemos un llamado a la Fiscalía para que su caso no quede en la impunidad.
Gracias por recordar con nosotros.
La FLIP rechaza las agresiones y obstrucciones de las que fueron víctimas los periodistas Juan Ortega, Óscar Solarte y Kevin Acosta mientras cubrían las manifestaciones en Popayán el pasado 12 de mayo. Acosta fue fuertemente atacado por miembros de la Policía, mientras que Ortega y Solarte fueron agredidos por personas encapuchadas que participaban de la manifestación.
Por un lado, Acosta, quien trabaja para el medio digital Red Alterna, fue agredido por cerca de seis agentes de la Policía luego de que grabara a uno de los uniformados golpeando a un joven que participaba de la manifestación en el barrio El Pajonal de Popayán. El periodista le aseguró a la FLIP que inicialmente un agente motorizado le obstruyó el paso e intentó impedir que continuara con la transmisión. Luego, cerca de seis agentes lo rodearon, le intentaron quitar el celular, lo golpearon en su cabeza, brazos y pecho, y lo lanzaron al piso. Esta agresión se suma al ataque que recibió Acosta el 28 de abril por parte de agentes del ESMAD en el mismo escenario de cubrimiento y dadas las heridas de ese momento tuvo que recibir atención médica. En ambos casos el periodista se encontraba visiblemente identificado como prensa con chaleco, casco y credencial.
Reiteramos nuestro rechazo a las agresiones a la prensa por parte de la fuerza pública. En distintos videos se evidencia la desproporcionalidad del uso de la fuerza de los miembros de la Policía que golpearon fuertemente a Acosta. Insistimos en que la fuerza pública está obligada a proteger a la ciudadanía y garantizar el trabajo periodístico.
En lo corrido del paro nacional, la FLIP ha documentado 49 periodistas víctimas de agresiones por parte de la Policía. Los ataques más frecuentes son los disparos directos y las agresiones físicas como golpes con escudos o bolillos, patadas y puños.
La FLIP le solicita a la Policía Nacional y a la Procuraduría que inicien las investigaciones disciplinarias relacionadas con la agresión contra el periodista Kevin Acosta y contra todos los otros periodistas que han sido víctimas de agresiones por parte de uniformados.
Por otro lado, las agresiones contra Juan Ortega, del medio Periódico Virtual, y Óscar Solarte, del Diario Cauca y el Extra, sucedieron mientras cubrían la jornada de protestas en el parque Caldas, en el centro histórico de Popayán. Los dos periodistas fueron atacados por personas encapuchadas que se encontraban participando en la manifestación. Solarte reportó haber sido golpeado con canicas en su espalda y una pierna, mientras que Ortega fue intimidado por un hombre que se le acercó en varias ocasiones a decirle que dejara de grabar e intentó quitarle el celular luego que de que el periodista grabara a algunos manifestantes lanzando piedras a la fachada de la alcaldía.
Para la Fundación es preocupante que el escenario de protesta social esté siendo utilizado para debilitar uno de los pilares de las sociedades democráticas: la prensa libre e independiente. El derecho a la protesta y el derecho a informar y ser informados son fundamentales en la democracia.
El escenario de protestas se ha convertido en un ambiente hostil y violento para el ejercicio del periodismo. Con estos casos, son once los ataques contra la prensa ocurridos en Popayán registrados por la FLIP en el cubrimiento de las protestas desde el 28 de abril. Esto refleja un panorama de violencia contra la prensa durante estas jornadas.
La Fundación reitera su preocupación por la escalada de ataques contra los y las periodistas por lo que exige:
El cubrimiento de la Minga Indígena ha dejado en lo corrido del año diez ataques contra la prensa en el departamento del Cauca. De ellas, cuatro agresiones provinieron de desconocidos y tres de la fuerza pública.
Las primeras agresiones se dieron en marzo. Dos periodistas fueron víctimas de obstrucción, agresión y retención arbitraria por parte de miembros del Esmad en Cajibío y otros tantos sufrieron obstrucciones e intimidaciones por parte de encapuchados mientras se dirigían a cubrir una rueda de prensa del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC).
La FLIP se pronunció en ambos casos y exigió garantías para la prensa por parte de las autoridades de ese departamento. Sin embargo, el miércoles 3 de abril se presentó una nueva violación a la libertad de prensa. Los periodistas Juan David Rodríguez de Colombia Informa y Richard Calpa de Radio 1040 fueron agredidos por los manifestantes que se encontraban frente a la sede del CRIC en la ciudad de Popayán, protestando por los bloqueos que se han presentando a raíz de la Minga llevada a cabo en el suroccidente del país. Además, ambos reporteros fueron víctimas de una obstrucción al trabajo periodístico por parte de agentes del Esmad.
Rodríguez, quien estaba identificado con el chaleco del medio, asegura que miembros del Esmad lo señalaron de guerrillero, lo que provocó que los manifestantes lo insultaran, agredieran con piedras e intentaran quitarle la cámara, frente a la mirada indiferente del Esmad. Este tipo de señalamientos hacia la prensa, provenientes de funcionarios públicos, pueden, como sucedió en este caso, exponer a un mayor riesgo a lo periodistas de ser víctimas de conductas violentas en su contra.
Sobre esto, la La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe anual de 2010, señaló que “una medida de protección simple pero sumamente eficaz consiste en que las más altas autoridades del Estado reconozcan de manera constante, clara, pública y firme la legitimidad y el valor de la labor periodística”.
Richard Calpa, también fue agredido con puños y patadas por los manifestantes, quienes, además, intentaron quitarle los equipos de grabación. Esto, después de que un miembro de la Policía cuestionara la veracidad de los logos del medio así como la labor del periodista.
En 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostuvo que “el ejercicio efectivo de la libertad de expresión implica la existencia de condiciones y prácticas sociales que lo favorezcan. Es posible que esa libertad se vea ilegítimamente restringida por actos normativos o administrativos del Estado o por condiciones de facto que coloquen, directa o indirectamente, en situación de riesgo o mayor vulnerabilidad a quienes la ejerzan o intenten ejercerla, por actos u omisiones de agentes estatales o de particulares”.
La FLIP expresa su preocupación por estos hechos y hace un llamado a la Policía Nacional y demás autoridades para que garanticen el cubrimiento periodístico de todo tipo de manifestaciones sociales. Es sumamente importante la labor de la prensa en este tipo de escenarios para que la ciudadanía reciba un flujo de información plural que le permita entender y participar en la discusión de estos temas de alto interés público.
Adicionalmente, la Fundación hace un llamado a todos los manifestantes para que no se conviertan en agresores a la prensa. Todo acto de violencia es inadmisible independientemente de quien provenga y altera las condiciones para una deliberación pública libre y abierta.
La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) expresa su preocupación por la obstrucción e intimidación de la que fueron víctimas en el departamento del Cauca varios periodistas de medios locales y nacionales por parte de encapuchados mientras se dirigían a cubrir una rueda de prensa del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC).
Dos de los periodistas manifestaron que al llegar al sector de La Agustina, jurisdicción de Santander de Quilichao, encapuchados no los dejaron avanzar y amenazaron con quemar los vehículos en los que se movilizaban si no se retiraban del lugar. En esta misma zona, el el 19 de marzo, fue asesinado un patrullero de la Policía Nacional en circunstancias que aún no han sido esclarecidas.
Los periodistas aseguran que cuando fueron interceptados, informaron a los encapuchados que tenía autorización del CRIC para ingresar a la rueda de prensa. Sin embargo, tras las intimidaciones, los reporteros decidieron retirarse del lugar. Otros periodistas manifiestan que colegas y habitantes de la zona les informaron sobre los bloqueos y las presencia de encapuchados por lo que se abstuvieron de seguir avanzando.
Durante el 2018 y en lo que va del 2019 la Fundación ha registrado 18 ataques a la prensa durante el cubrimiento de manifestaciones. Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha dicho que “los ataques contra periodistas que cubren estas situaciones violan tanto el aspecto individual de la libertad de expresión —pues se les impide ejercer su derecho a buscar y difundir información, y se genera un efecto de amedrentamiento—, como su aspecto colectivo —pues se priva a la sociedad del derecho a conocer la información que los periodistas obtienen—”.
En comunicación con la Policía del Cauca, la institución dio a conocer que los canales para denunciar este tipo de hechos están abiertos. La Fundación invita a los periodistas para que informen a las autoridades este tipo de situaciones y exhorta a estas instituciones para que adelanten las investigaciones correspondientes y brinden las garantías de seguridad necesarias para que los periodistas puedan desarrollar libremente su labor periodística.
En las últimas horas del miércoles 1 de agosto los periodistas Valentín Tezada y Jairo Calderón fueron asesinados en Cauca y Valle del Cauca. El periodismo del suroccidente del país perdió dos voces en una misma noche.
Valentín Tezada Rúa se desempeñaba como locutor en la emisora comunitaria Salvajina Estéreo, del municipio de Suárez, Cauca. Desde hace más de trece años, Tezada trabajaba como comunicador en el municipio. Harold Ambuila, director de Salvajina Estéreo, afirmó a la FLIP que el locutor trabajaba en programas musicales.
Jairo Calderón Plazas era el director de la revista digital Contacto. El medio es una guía comercial y cultural del municipio de Tuluá, Valle del Cauca. Años atrás había trabajado como camarógrafo en el canal de televisión local Tuluá Centro Televisión. Carlos Guillermo Palomino, presidente de la Asociación de Periodistas y Líderes de Opinión de Tuluá, informó a la FLIP que la revista Contacto había tenido una edición impresa pero que actualmente publicaba en línea.
Los dos comunicadores fueron asesinados en la noche del miércoles 1 de agosto en circunstancias que aún no son claras. Según la información publicada por medios nacionales, Tezada recibió una llamada y salió a encontrarse con una persona a quien las autoridades aún no identifican. En un parque cercano, le dispararon con arma de fuego. Por su parte, según la información que brindó el Mayor Julio Fernando Mora, comandante de Policía de Tuluá, Jairo Calderón se desplazaba en una motocicleta con su esposa, cuando dos hombres que se movilizaban en motocicleta le dispararon. Jairo acababa de firmar un documento relacionado con el alquiler de la moto que conducía.
Los dos homicidios se presentaron en municipios que han sido golpeados por la violencia. Suárez está ubicado en el norte del departamento del Cauca, en una región con alta extracción artesanal de oro. Además, esta región ha sido escenario para el desarrollo de cultivos ilícitos administrados por actores ilegales. Por su parte, Tuluá está ubicada en el centro del Valle del Cauca y durante años el delito con mayor impacto ha sido el asesinato. Según cifras publicadas por el diario El País, solo en junio de este año se registraron 8 asesinatos en Tuluá, lo que representa una disminución del 20% en comparación a junio del 2017.
Estos escenarios pueden implicar riesgos para el desarrollo periodístico, en especial, si se tiene en cuenta el actuar de los distintos actores ilegales que consolidan un ambiente extremadamente hostil para el ejercicio de la libertad de expresión. En estas regiones la seguridad de periodistas es aún más frágil que en el resto del país, especialmente si se tiene en cuenta que cualquier manifestación de opinión de temas de interés puede ponerlos en riesgo frente a los actores que delinquen en el territorio.
Por lo anterior, la FLIP considera que la Fiscalía General de la Nación debe incluir dentro de sus investigaciones la hipótesis de que estos crímenes podrían estar relacionados con el oficio. La FLIP presentará solicitudes formales a los fiscales en tal sentido.
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