Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP

Este 6 de octubre, la FLIP interpuso una demanda de reparación directa contra el Ejército y la Policía por el asesinato del comunicador indígena Abelardo Liz, ocurrido el 13 de agosto del 2020. Con esta acción se pretende que se reconozca la responsabilidad del Estado colombiano en la muerte del periodista. La FLIP, como representante de la familia de la víctima, ha logrado recolectar pruebas y testimonios que confirman que el Ejército disparó contra Liz mientras él cubría los enfrentamientos entre la fuerza pública y la comunidad Nasa en Corinto, Cauca.

Después de la muerte de Liz, el Ejército aseguró que los disparos contra el comunicador provenían de disidencias de las FARC. Sin embargo, de acuerdo con los análisis forenses, la FLIP puede afirmar que el proyectil que impactó al comunicador concuerda tanto en calibre como en marca con las armas de dotación oficial que estaba portando el Ejército el día del asesinato. Así mismo, las pruebas indican que ese día, durante los enfrentamientos de la fuerza pública con la comunidad, los grupos armados ilegales que operan en la zona no accionaron armas de fuego.

Sumado a esto, en la investigación se evidenció que la fuerza pública obstruyó en reiteradas ocasiones el paso de vehículos y personas que pretendían auxiliar al periodista cuando resultó herido. Miembros del Ejército y del ESMAD impidieron el paso del vehículo de atención médica del cabildo y apuntaron a las personas de la misión médica con un arma. La camioneta que finalmente pudo ingresar al lugar de los hechos para auxiliar a Liz llegó hasta allí porque se encontraba al otro lado de la carretera, donde no había presencia de la fuerza pública. Sin embargo, mientras trasladaban a los heridos al hospital de Corinto, este vehículo también fue agredido por uniformados.

En el departamento del Cauca, al igual que en otras regiones, existe un patrón de agresiones y estigmatizaciones por parte de agentes de la fuerza pública, en contra de  las y los comunicadores indígenas. En escenarios como los procesos de la Minga, estos ataques se presentan con mayor intensidad. 

El impacto colectivo que ha tenido este asesinato en el tejido de comunicaciones y los integrantes de la emisora es profundo. Durante los últimos dos años sus integrantes han sentido temor a ataques o estigmatizaciones, y se han visto obligados a acudir a la autocensura. Así mismo, ha habido una afectación en la comunidad, pues se silenció la voz de todo el pueblo Nasa que habita al norte del Cauca. Liz se formó como comunicador comunitario en el 2010 y desde el 2015 trabajaba en la emisora Nación Nasa de Corinto. Con su labor, visibilizó las luchas indígenas, los procesos culturales del pueblo Nasa y sus problemáticas sociales. Por esto, a través de la demanda esperamos que se reconozcan reparaciones simbólicas y colectivas para la comunidad. 

Dora Muñoz, coordinadora del Tejido de comunicaciones del Cabildo de Corinto, ha mencionado que “asesinar a un comunicador es [...] como asesinar a un sabedor espiritual, porque es intentar callar la voz de la comunidad. Es intentar callar todo este proceso de lucha y de denuncia que se ha venido caminando por varios años y que ha sido a través de estos comunicadores y comunicadoras indígenas”. 

En el 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció que “el ejercicio del derecho a la libertad de expresión a través de los medios de comunicación indígenas se realiza individualmente, pero también se manifiesta colectivamente debido a la particular forma de organización de las comunidades indígenas”. Además, para ese tribunal, a través de la comunicación los pueblos indígenas pueden ejercer otros derechos como la autonomía y la cultura. 

Por todo eso, la FLIP, como representante de la familia de Abelardo Liz, busca que el Estado colombiano establezca condiciones óptimas para que comunicadores y comunicadoras indígenas puedan ejercer su oficio sin ser víctimas de estigmatizaciones y hechos violentos por parte de la fuerza pública. 

En concreto, solicitamos que se ordene al Ejército y la Policía realizar un acto público de perdón que incluya un reconocimiento expreso de responsabilidad por el homicidio de Liz y por las afectaciones que con ello generaron en la libertad de expresión y en la comunicación indígena. También pedimos que estas dos instituciones expidan un protocolo que garantice y proteja el ejercicio de la libertad de expresión de los comunicadores indígenas, con esto se podrán emprender acciones preventivas. Finalmente también exigimos que se construya un monumento en Corinto que visibilice el liderazgo que tenía Liz en la comunidad como reportero indígena. 

Después de dos años del asesinato de Abelardo Liz en Corinto, Cauca, las pruebas indican que un miembro del Ejército sería quien disparó al comunicador indígena. A pesar de que la investigación de la Fiscalía ha contado con largos periodos de inactividad, los recientes avances de la investigación penal apoyan esa hipótesis. A pesar de haber muerto ejerciendo su labor, la Fiscalía aún no formaliza dentro de la investigación la relación del crimen con el oficio. 

El comunicador Abelardo Liz hacía parte de la emisora Nación Nasa Estéreo en Corinto, al norte del Cauca. El 13 de agosto del 2020, fue impactado por armas de fuego mientras cubría un desalojo del Ejército a comuneros indígenas que participaban en la Liberación de la Madre Tierra en una zona rural de ese municipio. 

A pesar de que la Fiscalía inició la investigación de oficio, en el primer año no hubo avances. De los dos años transcurridos, solo durante cinco meses esta entidad emprendió acciones de acuerdo con los parámetros de rigurosidad, diligencia y exhaustividad planteados por distintos organismos internacionales de derechos humanos.

En los últimos tres meses, la Fiscalía ha practicado distintas pruebas, como testimonios, pruebas periciales y documentales, inclusive una inspección en el lugar de los hechos, para contrastar lo dicho en las distintas versiones (de la comunidad y del Ejército) sobre lo ocurrido. De ello, han surgido elementos de juicio que soportan la denuncia de la comunidad sobre la responsabilidad del Ejército en la muerte de Liz. También, que tanto el Ejército como el ESMAD impidieron el paso a la misión médica para que auxiliara al herido. 

Así, los resultados parciales de la investigación desvirtúan la versión del Ejército, que el día de los hechos afirmó que habría sido una herida causada por disparos de grupos disidentes. Es preocupante que hasta ahora no se conozca el avance del proceso disciplinario.

La FLIP solicita a la Fiscalía General de la Nación que formalice el vínculo de este crimen con el trabajo periodístico de Liz, así como el reconocimiento del impacto diferenciado de este homicidio sobre la libertad de expresión en general. Es fundamental que la Fiscalía continúe con los avances en la investigación, no únicamente bajo los impulsos solicitados por las víctimas y sus representantes. Debe haber un mensaje de urgencia para consolidar justicia en este caso, al encontrar el autor material y al reconocer el daño causado a la familia, la emisora indígena y a la comunidad.

La comunicación indígena está ligada a las luchas propias de los pueblos y es un vehículo para la participación comunitaria y la visibilización de sus necesidades y reclamos. Por ello, el silenciamiento de Abelardo Liz tuvo un impacto directo y amplio en la comunidad y en su lucha. Este caso es emblemático porque demuestra las falencias en la protección de la comunicación indígena.

Los periodistas Abelardo Liz y Felipe Guevara fueron asesinados durante el 2020. Sus casos dejaron al descubierto la violencia cruda que se siguen enfrentando los periodistas, tanto por parte de la fuerza pública como de bandas criminales. 

Abelardo: la muerte que lloran los indígenas y exhibe la desidia del Estado

Abelardo, en una trágica coincidencia, murió el 13 de agosto, el día del aniversario de la muerte de Jaime Garzón. El periodista indígena se encontraba en Corinto, Cauca, cubriendo un desalojo por parte de la Policía y el Ejército. En medio de las confrontaciones, resultó herido por un arma de fuego. La fuerza pública afirmó que la bala provenía de grupos ilegales que habían disparado también; sin embargo, la comunidad indígena niega que ese día hubiera habido enfrentamientos con la guerrilla.

Ni Iván Duque ni ninguna autoridad se pronunció respecto al tema. Seis meses después, el caso ha avanzado muy poco y son insuficientes las respuestas que dan la Fiscalía y el Ejército sobre el avance de la investigación. No hay ninguna garantía de que esta se esté llevando a cabo de una forma seria e imparcial.

Si quiere leer el reportaje completo sobre el asesinato de este comunicador indígena y cómo esto afecta gravemente a una comunidad, vaya a la página 7 del PDF de nuestra revista Páginas para la libertad de expresión.

El periodista de los barrios de Cali

Felipe tenía solo 27 años cuando fue asesinado en el barrio Mariano Ramos en Cali, Valle del Cauca. Trabajaba como periodista judicial en el diario Q’hubo, el periódico popular más consumido en la ciudad. Le dispararon a las afueras de su casa el 21 de diciembre y murió en cuidados intensivos el 23 del mismo mes. 

A pesar de las reiteradas amenazas que Felipe había recibido en el pasado, la primera reacción del comandante de la Policía de Cali fue negar la hipótesis de que el asesinato estuviera relacionado con su labor periodística. A inicios de enero de 2021 se capturó a uno de los presuntos autores materiales, un joven de 16 años que negó los cargos por homicidio agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.

Este asesinato afecta gravemente a la libertad de prensa. Es posible que luego de estos hechos, algunos reporteros prefieran alejarse de ciertas zonas y también sacar otros temas de la agenda. 

Para leer la historia completa sobre este periodista, lea la página 15 del PDF de Páginas para la libertad de expresión.

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