Sarayaku es un asentamiento de la nacionalidad Kichwa que se encuentra al sur de la zona amazónica del Ecuador. El Estado ecuatoriano le adjudicó sus tierras en 1992 a través del Instituto de Reforma Agraria y Colonización. El conflicto se originó cuando la empresa argentina, "Compañía General de Combustibles", en 1996 recibiera una concesión de parte del gobierno de Ecuador para la exploración petrolera en la zona donde habita la comunidad Kichwa de Sarayaku.
El Amicus Curiae presentado considera que en el contexto de conflictos sociales como los que se registran en distintos países de la región entre Estados, comunidades indígenas y empresas vinculadas a las industrias extractivas, el derecho de acceso a la información impone obligaciones especiales de transparencia activa a los Estados, que si se incumplen impiden la efectiva participación de las comunidades en los procesos de toma de decisiones sobre proyectos industriales que tienen el potencial de afectar su territorio, su calidad de vida y su misma subsistencia.
Los miembros de la Alianza Regional consideramos que el acceso a la información oportuna y veraz, presentada en manera clara y sencilla, constituye un requisito esencial para que todos los habitantes y en este caso, las comunidades indígenas, puedan prestar conocer y aceptar de forma libre el desarrollo de proyectos industriales en sus territorios. Ello sólo puede suceder luego de un proceso abierto y transparente de difusión de información y deliberación para otorgar consentimiento de acuerdo a lo exigido por el derecho internacional de los derechos humanos.
Por último, la Alianza Regional apoya este tipo de acciones de litigio estratégico como modo de intervención judicial por considerarlas una herramienta valiosa para someter al debate público los temas de defensa de la libertad de expresión y acceso a la información, apoyando las necesidades de la región y resaltando el trabajo y la experiencia que poseen las organizaciones no gubernamentales en estos temas.
Este documento contó con la destacada colaboración del abogado Ramiro Alvarez Ugarte de la ADC- Argentina y los aportes de Moisés Sánchez de Proacceso - Chile, Ezequiel Santagada de IDEA- Paraguay y Katya Salazar de la Fundación para el Debido Proceso Legal - USA.
ALIANZA REGIONAL POR LA LIBRE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN
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